Por: Hernando Ardila González/ El pasado 28 de abril, se dio inicio al Paro Nacional en Colombia, el cual venía cocinándose por todo lo que ha sido el fracasado régimen del señor duque, de quien de sobra se comenta llegó de inquilino a la Casa de Nariño de manera fraudulenta y con apoyo de los otrora denominados Dineros Calientes, esto es, dineros provenientes de las mafias del Narcotráfico, (caso Ñeñe Hernández, posteriormente asesinado en Brasil, dicen que por robarle, o acaso por callarle?), fiasco gubernamental que se refleja en el manejo de la pandemia, que nos tiene en los primeros lugares en el mundo por el pésimo manejo de la misma.
Como si fuera poco las masacres ocurridas en el gobierno de la “paz hecha trizas” a instancia de sectores oscuros de la ultraderecha liderada por el judicializado Uribe Vélez, los dineros de la pandemia, 117 billones según el gobierno, pero en análisis de los eruditos de la economía no más de 25 billones, fueron a parar a bolsillos de banqueros, grandes empresarios, congresistas, tanquetas, pertrechos para el Esmad, compra de helicóptero para el aprendiz de gobernante, quien además se gasta una millonada diaria en tratar de mejorar su irrecuperable imagen cada día maltrecha por él mismo y compra de una flota de vehículos para presidencia.
Y no contento con esto, no obstante, su anuncio, se pretende una reforma tributaria eufemísticamente denominada “Ley de Solidaridad Sostenible”. Como si ponerle ese maquillaje la hiciera menos lesiva, o provocara que el pueblo cayera en la trampa de las 2 primeras reformas del régimen del integrante del sexteto de los hoy menos queridos en Colombia, (Sarmiento Angulo multimillonario banquero recordado por el puente de Chirajara y Odebrecht, Uribe Vélez recordado por los falsos positivos y por ser el primer expresidente puesto preso por la justicia, José Félix Lafaurie presidente de Fedegan, María Fernanda cabal radical derechista senadora y mujer del anterior, recordada por creer que aún existe la Unión Soviética, por tratar de vagos a los manifestantes y decir que la fuerza pública es letal y debe entrar a matar y Paloma Valencia recordada por que su propia hija la pone en evidencia por su violencia y de igual esencia de su compañera de bancada uribista.
El caso es que el pueblo no pisó la cáscara y a pesar del ridículo internacional de una magistrada que mediante auto de su despacho pretendió parar el paro, presuntamente presionada por esas fuerzas oscuras de la patria, superando todas las expectativas y contrariando toques de queda, aislamiento social absoluto y advertencias de sectores partidistas y la gran prensa, se tomó las calles en toda Colombia, recuperando lo que le pertenece, ¡el poder!
Pero el ocupante del solio de Bolívar, cuestionado por inepto, se cerró a la banda, (la presidencial y a su jefe, el que sin ostentar poder alguno ordenó al ejército salir a las calles y a la policía usar las armas como realmente está ocurriendo) y en cambio de escuchar el clamor del pueblo, lo está reprimiendo con saldo de casi veinte muertos, cientos de heridos y de privados de la libertad.
Cabe entonces hacernos una primera reflexión y cuestionamiento: ¿Hasta dónde llega el derecho del estado, (que no es el estado sino una élite gobernante) para reprimir las protestas bajo el argumento de preservar el orden público mediante el uso legítimo de la fuerza?
Partamos de la base de que esta es una democracia representativa, (lo de participativa se queda en la letra muerta de la Constitución Nacional), por tanto, el ágora del pueblo es la calle, el escenario de su interlocución es la calle, pues no hay una oficina donde el pueblo engaripolado, perfumado y burócrata, esté sentado tomando tinto y desde la misma llamando al gobierno para decirle: “Ala muchacho será que podemos garlar un poco sobre la inconveniencia de la Reforma Tributaria, o los proyectos un tanto lesivos de la salud con el concepto del autocuidado y póliza para garantizarlo pagada por el pueblo y de la reforma laboral que desaparece de pura bacanería derechos conquistados con sangre por la clase trabajadora a lo largo de la historia?”
No nunca podría ser así en un régimen que va camino de ser fascista al engullirse todos los poderes del estado para control absoluto y silencio cómplice, (prueba de ello es que mientras masacran al pueblo el Defensor Nacional está en una finca de recreo, la procuradora y el fiscal guardan silencio y los medios tratan de vándalos a los manifestantes).
Pues no señor mandatario, ¡usted no es el que manda, es el que debe obedecer la voluntad de un pueblo soberano que cuando sale a la calle a hacer ejercicio de su poder soberano, debe ser respetado, cuidado y escuchado!
Cómo se les ocurre pensar que la patada de un muchachito menor de edad sea tan amenazante como para luego que emprende carrera dispararle por la espalda y asesinarlo, cómo se les ocurre que un muchacho que va por una calle de Floridablanca sea impactado por policiales, (afortunadamente parece que no corrió igual desgracia que la del chico de Cali) yendo solo e indefenso, cómo se les ocurre legitimar la agresión de la fuerza pública aduciendo “Legítima Defensa”, cuando son 3 o 4 o más policiales con uniforme que los blinda, con escudo, garrote y arma de fuego, los que agreden con exceso de violencia a cuanto manifestante logran atrapar.
La fuerza pública debe ser persuasiva y no lo que dice la senadora Cabal o el subjudice Uribe, si una marcha es pacífica no tiene por qué estar el ESMAD, el que a propósito debería ser desmotado por toda la sangre que le mancha. Si un marchante se torna vándalo, reducirlo no implica molerlo a bolillo hasta reventarle o sacarle un ojo, o dispararle, la sola fuerza de dos policiales es suficiente para aprehenderle y conducirle.
No entiendo como si uno o un plural de vándalos cometen actos que a nuestro juicio son reprochables y los demás marchantes inermes salen corriendo, por qué se les persigue como si fuera una cacería, si retirarse del sitio de su manifestación es una notificación de que se desiste, al menos momentáneamente de su derecho, lo que desde luego no significa una renuncia al mismo, entonces lo obvio es que la fuerza pública desista de toda acción represiva porque su función no es perseguir y ensañarse contra quienes las más de las veces nada tienen que ver con los actos vandálicos.
Sea la oportunidad para llamar a los jóvenes a que no entreguen su salud, su libertad, el sosiego de su familia o hasta la vida misma, a un régimen que así va fortaleciendo su estrategia de miedo que en últimas debilita la movilización y ahí sí que se provoca la renuncia al derecho supremo del pueblo a movilizarse para defender sus derechos o crear unos nuevos que merece.
¡Las calles son la sede natural y legítima de la asamblea del pueblo!
Abogado Penalista, postulado a Maestría en Derecho Constitucional. Presidente Colegio Nacional de Abogados de Colombia Conalbos Santander y Vicepresidente Nacional.
Twitter: @HernandoArdila6
