Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ En los últimos días el desarrollo de nuevos tributos en el país, se ha consolidado como una problemática muy importante para el bolsillo de los colombianos, no solamente nuevos impuestos en el precio de la canasta familiar, también los servicios básicos en tiempos de pandemia, como el internet, y la telefonía celular.
Las acciones relacionadas en la reforma tributaria, en donde se ha fomentado y se ha vendido la idea a la ciudadanía, que el aumento de los impuestos es justificado, debido a la necesidad de establecer un nuevo estado de bienestar que mitigue los daños económicos y sociales ocasionados por la pandemia en temas económicos, creando programas sociales como el llamado ingreso solidario; ha sido una de las principales banderas que ha manejado el gobierno nacional, liderado por el presidente Iván Duque para la nueva reactivación económica.
A pesar de que el desarrollo de un ingreso solidario y una renta básica como lo ha sugerido algunos asesores del gobierno, es fundamental para la reactivación, en especial para brindar una ayuda a las familias más necesitadas del país a solventar los gastos relacionados en términos de la pandemia como lo son la alimentación y los arriendos.
Una reforma tributaria en tiempos de pandemia en Colombia, es una acción muy lesivos debido a que afectan a las empresas que generan empleo y riqueza en el país, igualmente una reforma tributaria que pretende vender un estado de bienestar, poniendo en riesgo al sector empresarial; en especial en una época difícil en donde las ventas y la producción que se ha disminuido, conlleva a protestas e incluso a fenómenos económicos en donde la inversión y la capacidad de endeudamiento frena el desarrollo económico del país de una manera significativa.
Además de esto, una reforma tributaria en tiempo de pandemia es un elemento que puede terminar acabando y sacando la inversión del país, especialmente la relacionada con empresas que han venido invirtiendo en el país y desarrollando empresa en Colombia debido a la potencialidad de desarrollo que puede establecerse, por lo tanto generar impuestos a empresas de inversión, sobre todo a empresas que se han encaminado en el desarrollo sostenible, la prestación de servicios, la producción por medio de esquemas eficientes ecológicamente, no hace atractivo la inversión económica y mucho menos hace sostenible el desarrollo empresarial e industrial en Colombia.
La reforma tributaria actualmente está fomentando una serie de impuestos denominados impuestos verdes, los cuales buscan establecer una reglamentación a proceso de contaminación este proceso se ha llamado “solidaridad sostenible”, en donde se busca establecer un paquete de cambios para fomentar el uso de energías alternativas, por medio de impuestos y también con el propósito de reducir la contaminación y el consumo de productos no saludables con lo que se pretende recaudar por lo menos 3.8 billones de pesos anuales.
A pesar de que el desarrollo de los procesos de impuestos verdes, no es un tema nuevo en el país y tenemos que destacar que el impuesto a las bolsas plásticas, la sobretasa ambiental, y los procesos de compensación y pago por daños ambientales en algunos municipios y ciudades de Colombia, han sido los principales esquemas de tributación para el estado; en donde la reducción de los daños ambientales y la mitigación de los procesos de contaminación se han fundamentado principalmente en un principio de solidaridad en donde las personas deben reducir su contaminación y llevarla a parámetros legales Niveles de emisión mínimos, caudales de vertimiento mínimos, y concentraciones de contaminación mínimos que no generen afectaciones ambientales a los ecosistemas y los seres humanos.
A pesar de que los impuestos verdes son una alternativa muy interesante para fomentar el desarrollo, también se está promoviendo este tipo de impuesto saludables y verdes como estrategias que permitan resoluciones de cero carbono de aquí al 2050. teniendo en cuenta que ya es una política de estado e incluso esta legislada una ley acerca de los procesos de reducción de carbono; pero que en la práctica no se han desarrollado procedimientos para su mitigación que sean eficientes, sobre todo no se han fomentado los procesos de tipo ingenieril y tecnológico que puedan lograr el desarrollo sostenible y la neutralidad del carbono de una manera medible y sostenible.
Otra de las propuestas que se permite es establecer un impuesto local a los vehículos para contrarrestar los efectos de la contaminación según ministerio de hacienda, este proceso puede aportar 1.7 billones al año más para los recursos de contaminación, especialmente estos recursos podrían aportarse a las corporaciones autónomas regionales para el desarrollo de sus planes de acción trianual (PAT), qué son muy importantes en la gestión ambiental de las áreas de su jurisdicción.
Para nuestros lectores cabe destacar que a pesar de que estas medidas son muy importantes, pero estarán afectando al sector productivo del país, debido a que las soluciones ambientales no solamente deben proyectarse como una serie de impuestos a pagar, también como una inversión que debe hacerse de la manera más óptima y austera con los impuestos que actualmente se pagan sin una reforma tributaria abusiva,
En vez de una reforma tributaria en pandemia, los actos de corrupción, el peculado por apropiación y explotación de recursos del estado, la ineficiencia técnica de las corporaciones autónomas regionales y la ausencia de procesos de inversión series en el contexto de las alcaldías, siendo destacable la ausencia de un control ambiental para la sobretasa que se pagan los impuestos prediales municipales, hace necesario que más de una reforma de impuestos verdes. Lo que se requiere en nuestro país es una reforma política en contra de la corrupción.
No podemos seguir ahorcando tributariamente a la clase media y baja de nuestro país, para el desarrollo y el cumplimiento de los parámetros de la OCDE (organización para la cooperación y el desarrollo económico), sobre todo en un país en donde los altos niveles de corrupción, y especialmente en las corporaciones autónomas regionales, que en muchos contextos no han actuado de una manera técnica y Autónoma como lo dice su nombre en la reducción de los impactos ambientales en la ejecución de la gestión ambiental municipal, regional y local en nuestro país.
Por lo tanto es necesaria una reforma tributaria que no acose a la clase media y baja de nuestro país, porque no pensar en una reforma tributaria que reduzca los salarios de los congresistas, qué límite los gastos de operación del estado colombiano, que ponga en jaque a los corruptos, y sobre todo que se haga un correcto uso de los dineros públicos por parte de los funcionarios, en donde los impuestos no solamente sean la razón de ser de la clase política, sino la justificación para el desarrollo de estrategias eficientes y eficaces de ahorro en las inversiones y bienes del estado, así mismo de austeridad en tiempos de pandemia.
*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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