Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ El pasado 9 de abril, como ya es costumbre desde el año 2012, diferentes Instituciones públicas y no gubernamentales conmemoraron el ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado’, luego de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en el año 2011 y prorrogada a través de la ley 2078 del 2021.
Este día fue elegido por el Congreso de la República para esta conmemoración, teniendo en cuenta que el 9 de abril de 1948 fue asesinado el líder político Jorge Eliécer Gaitán, hecho que es considerado por los historiadores como aquel que detonó la violencia política en nuestro país y con la que se recrudecieron las desigualdades sociales internas.
El propósito fundamental de esta ley, complementada con lo acordado en la habana en el punto quinto del acuerdo de paz, es la reparación integral a las víctimas, lo cual implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.
Colombia tiene en este momento más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, por cuenta del accionar de grupos guerrilleros y paramilitares, quienes han asesinado, torturado, secuestrado y desplazado a miles de personas y de igual forma en esta triste estadística hay que incluir las victimas por cuenta del Estado que en actuaciones extrajudiciales, exceso de fuerza y autoridad, errores militares y en una vergonzosa y oscura relación con los grupos paramilitares han aportado para incrementar el número de familias con luto en nuestro país.
A Colombia la reparación de las víctimas se le ha ido en discurso y en leyes incumplidas, pues aunque no hay cifras concretas, 10 años después de instituida la ley de reparación de víctimas, tan solo el 20% aproximadamente han sido “reparadas” a medias, pues aunque el Estado aplica el principio de que “las penas con hambre duelen más” y por ello la reparación se hace económicamente, no puedo imaginar como una madre dormirá en una cama confortable sin conocer noticas del paradero de su hijo desaparecido por varios años.
Reparar las victimas implica presupuesto, eso es claro, pero también amerita una enorme voluntad política para apoyar las instituciones que trabajan en esa reparación y que buscan la verdad de lo ocurrido. Es necesario encontrar a los muertos, sepultaros de acuerdo a su fe, es necesario dignificar sus memorias, es necesario devolverles su buen nombre, es necesario conocer quien los mató y quien dio la orden.
Desafortunadamente en Colombia todo lo politizamos y por ello la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado y la Jurisdicción especial para la paz, constantemente son atacadas mediáticamente y por diferencias con el gobierno en que fueron instituidas, no reciben el apoyo político y económico que requieren para hacer su trabajo y conocer la verdad en torno a las masacres, secuestros, desplazamientos y torturas a los que la población civil ha sido sometida durante los años del conflicto interno.
Creo que es hora de dejar los discursos y de expedir leyes que no se cumplen, es claro que se requieren acciones concretas, devolver las tierras a los campesinos, levantar hasta la última mina antipersonal sembrada en nuestros campos, remediar el dolor de las víctimas con estímulos económicos, pero acompañados de una acción integral, que dignifique, que permita sanar heridas, que permita conocer la verdad, que conceda justicia, pero sobre todo que garantice que nunca más estos hechos de barbarie promovidos por la guerrilla, los paramilitares y el estado se vuelvan a repetir.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.