Por: Óscar Castro/ El óptimo desarrollo de un territorio en materia turística requiere la consolidación de la superestructura y la Infraestructura. Esta hace alusión a las de vías públicas, así como a los terminales aéreos, terrestres, marítimos y fluviales. En tanto que la superestructura hace alusión al conjunto de organismos público y privados que promueven, regulan, soportan y organizan la actividad turística, los convenios internacionales que causan las visitas turísticas de un país a otro con el ánimo de incrementar el tráfico turístico internacional y su libre locomoción, entre otros.
La infraestructura también abarca al conjunto de prestadores u operadores de servicios turísticos, la cadena de stakeholders del sector, la formación académica y pragmática de los mismos, los clústeres de hotelería, agencias de viajes, guianza turística, adecuación y optimización de los recursos naturales para adaptarlos como espacios sostenibles convertidos en producto turístico exportable.
Cabe destacar que Colombia en este sentido posee abundantes atractivos turísticos de exóticas características conjugados en las tres cordilleras que confluyen en el macizo colombiano al suroeste del país, tejidos por una riqueza hídrica de alrededor de cincuenta ríos, dos océanos y una extensión territorial de dos millones setenta mil kilómetros cuadrados de los que casi la mitad constituye mar territorial y el resto territorio continental.
De esta última, la mitad está conformada por montañas, bosques, selvas, manglares, desiertos, acuíferos, entre otros, que dan cuenta del importante valor de la riqueza rural de nuestra patria pues de este bloque un treinta por ciento corresponde a la selva amazónica que colinda con nuestros hermanos países Brasil y Perú.
Esta riqueza orográfica que recorre al territorio nacional a lo largo y ancho se condensa en seis regiones cuyas características socioculturales se asemejan. Caribe, Andes, Pacífico, Orinoquía, Amazonas e Insular. Con este contexto queda claro que nuestro país es el de las oportunidades en cuanto a generosidad y diversidad de nuestras tierras tanto para desarrollar un turismo sostenible basado en las nuevas tendencias ecofriendly así como generar emprendimientos en cualquier eslabón de la cadena de valor, tales como hoteles, hostales, servicios de guianza turística, gastronomía, seguros de viajes, plataformas digitales y servicios de transporte multimodal entre otras.
Así entonces, el turismo entendido como un dinamizador económico de las Naciones, requiere la atención del Estado con todo un enfoque estratégico de política pública pues la falta de una superestructura y una infraestructura sólida, impide en consecuencia el buen desempeño del sector lo que repercute en el descenso de la masa crítica turística internacional o nacional de visitas, así como la merma en la capacidad de carga de nuestras regiones.
Ahora bien, de los diversos elementos señalados en párrafo anterior, de gran importancia resulta analizar la Movilidad como eslabón clave en la cadena de valor de la Industria turística Nacional. En Colombia en operación existen siete Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en las ciudades principales Bogotá (Transmilenio) Cali (Calimo) Medellín (Metroplús) Barranquilla (Transmetro) Bucaramanga (Metrolínea) Cartagena (Transcaribe) Pereira (Megabus) al tiempo que operan ocho Sistemas Estratégicos de Transporte Público (que no requieren de buses padrones) en ciudades intermedias por el tamaño de las mismas, como el caso de Santa Marta, Sincelejo, Montería, Valledupar, Armenia, Pasto, Popayán y Neiva.
En este sentido ya nos volveremos a referir a los SITM en especial al de Bucaramanga que cumple aproximadamente quince años de operación. Existen ocho aerolíneas que operan en Colombia que en su orden de tradición y tamaño son Avianca, Copa Airlines, Latam y las lowcost Viva Air y Wingo. A estas se suman las regionales Satena, Easyfly y GCA Airlines.
Con lo anterior podríamos inferir que en frecuencias de viajes, oferta y demanda, contamos con una buena tasa de crecimiento en el número de prestadores de servicios de transporte multimodal que están a la orden de viajeros nacionales e internacionales, habida consideración que unos cuantos años atrás la única aerolínea que manejaba el transporte aéreo era Avianca y el terrestre estaba operado por diversas empresas de transporte colectivo que hoy son consorcios con una marca común que presta el servicio de recaudo y operación de los SITM y SETP enunciados atrás.
Ahora bien, precisamente respecto a estos últimos (cuyo objetivo principal es facilitar la movilidad y tráfico de las ciudades de manera eficiente y sostenible para colocarnos a la vanguardia de países desarrollados) que deben permanecer como prioridad en la política pública de transporte pero no como política de gobierno (que es transitorio) sino de Estado que sí permanece, hay que decir que es lamentable que prácticamente todos se encuentran en déficit por diversos factores que han incidido en que la planeación estratégica, los estudios técnicos, procesos de urbanismo y proyección de las ciudades 2030 no haya sido asertiva y acorde al desarrollo holístico de las ciudades ni a las expectativas tanto de los ciudadanos usuarios como los miembros transportadores que por años habían manejado la operación en vehículos convencionales.
Por citar un ejemplo local, en Bucaramanga en el último informe de gerencia, el sistema continua registrando cifras negativas a razón de 102’000.000.000 de pesos lo que en consecuencia se traduce en descontento de los clientes internos (cadena de valor conductores, inversionistas asociados, despachadores, gerentes, operadores) quienes al no estar satisfechos con las condiciones óptimas para prestar un servicio eficiente, traducen este sentir a los clientes externos usuarios quienes en últimas son la razón de existencia de estas modalidades de transporte.
Ahora bien, si a este contexto sumamos los volúmenes de parque automotor que cada día se incrementan y congestionan las calles cediendo espacios más para tráfico vehicular que para el peatón como razón misma del Estado, encontramos una contracultura que distorsiona lo acordado en el Acuerdo de Paris de 2019 cuya conclusión principal fue la adopción por parte de los países miembros dentro de los cuales se encuentra Colombia por supuesto, de políticas de inversión inmediata para robustecer los sistemas de transporte público de las ciudades bajo sistemas de combustiones limpias con tendencia a desaparecer los combustibles fósiles que son catalizadores del cambio climático y en consecuencia el calentamiento global.
En Bucaramanga, para hacer un análisis local el parque automotor de vehículos particulares, según registros RUNT, bordean los 750.000 en su área metropolitana al tiempo que dentro de los últimos nueve años paralelo al desarrollo de los SITM se incrementó desenfrenadamente el número de motos que hoy bordea las 450.000 unidades en este mismo AMB, 7216 taxis y alrededor de 800 busetas convencionales y en construcción los primeros veinte kilómetros de ciclorutas.
Las disposiciones descritas tanto en el Acuerdo de parís de 2019 en consonancia con la Carta Andina Ecológica suscrita en diciembre del 2020, sostienen la importancia que revisten para las transformaciones territoriales del mundo, la adopción de nuevos sistemas de movilidad limpia, en donde los sistemas de transporte sean enteramente óptimos para que se cumpla el objetivo de poner en el centro de atención al ser humano y al ecosistema global del planeta como casa común.
En este sentido si Colombia y en especial Bucaramanga quiere transitar en torno a una Infraestructura turística y urbana realmente óptima debería repensarse en estrategias público privadas en trabajo articulado con Centros de Pensamiento Universitario, empresas de transporte, operadores, ciudadanos entre otros, si el desmedido incremento de vehículos con cifras ya descritas en párrafo anterior, va en línea con los acuerdos internacionales, o si contrario censu debemos participar más activamente para detener las decisiones de Estado que a través del Congreso como ente legislativo, promueve paradójicamente iniciativas legislativas que buscan inundar las calles del país con vehículos particulares de diversas combustiones prestando servicios de transporte público, como el caso del proyecto de ley 003 del 2020 que promueve la ruptura de los esquemas de transporte futuros cuyo respaldo jurídico entre otros, se encuentran descritos en el Código Nacional de Tránsito, Ley 336 de 1996 y 105 de 1993 al pretender que cualquier vehículo particular pueda prestar un servicio público esencial del estado como lo es el movilizar a las personas, transgrediendo la soberanía nacional y la capacidad del Estado de brindar seguridad jurídica a los actores del transporte legal vigente, abriendo paso a dos fenómenos depredadores propios de la Globalización; uno el monopolio rentístico de las transnacionales que sacan parte del PIB nacional para trasladarlo a sus países de origen y no reinvertirlos en nuestra propia economía, y dos la proliferación de las patologías respiratorias dada la consecuente liberación de monóxido de carbono por las masas rodantes en las calles, las congestiones que se pueden generar, al tiempo que deterioran la capa de ozono generando aceleración al calentamiento global siendo este uno de los ejes transversales ya señalados como principales en los diversos acuerdos que contienen efectos jurídicos vinculantes para el país al haber sido avalados y sancionados por el Gobierno.
Posdata. La invitación es a generar consciencia ciudadana y a cuestionarnos si con el ánimo de configurar esa Infraestructura óptima para propios y extranjeros, debemos contar con más vehículos particulares inundando las calles del país o si contrario censu somos más propositivos y activos en la consolidación de sistemas de transporte público eficientes multimodales y con energías limpias en sus sistemas de combustión.
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*Empresario, abogado especialista en dirección de empresas, Máster en gestión internacional del turismo de Barcelona. Músico. Degustador de la vida.
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