Por: Beatriz E. Mantilla/ Desde hace varias décadas la violencia urbana y la criminalidad se han convertido en los protagonistas de la agenda informativa nacional y del sin sentido de la experiencia de vivir en un país como Colombia. Las cifras de asesinatos en las diferentes regiones del país que deja entre sus registros casos de víctimas como niños, mujeres, adultos mayores, líderes sociales, es un tema de tratamiento diario, así como ha sido el mejor argumento para fortalecer y destinar recursos para las fuerzas del Estado, priorizar ese rubro por encima de otros como salud y educación.
Sin embargo, y muy a pesar de la amplia y reconocida propaganda triunfalista de la popular “seguridad democrática”, que ha sido usada como mensaje publicitario por el uribismo en los últimos años, lo cierto es que en 2020 ni si quiera la sindemia por Covid–19 logró disminuir notoriamente las estadísticas de inseguridad y los casos asociados a violencia con arma de fuego siguieron registrándose día a día, aunque se suponía todos estaríamos “seguros” en casa.
Lo anterior resulta contradictorio con la reciente propuesta de un grupo de congresistas del Centro Democrático que justifican un proyecto de ley con el cual buscan permitir el porte de armas para quienes tengan amenazas contra su vida.
Como se recordará, la iniciativa liderada por la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, considera que la normatividad vigente restringe “de manera radical la posibilidad de acceder al porte de armas legal por parte de los ciudadanos que tienen problemas de seguridad”.
En contexto de pandemia nacional tanto el gobierno nacional como las administraciones locales informaron como un logro propio la disminución de delitos en 2020. Y aunque hubo quienes debatieron dicho resultado de gestión con el argumento del reducido desplazamiento, el cierre de establecimientos, comercio, sector educativo, así como el bajo contacto social, aun así las cifras fueron absurdas cuando se estuvo varios meses en confinamiento estrictos y se identificó que continúo el fenómeno de asesinato a líderes sociales y la violencia post firma de Acuerdo de paz en territorios que pasó a ser víctima de las FARC a la ejercida por diversos grupos armados al margen de la ley; la inseguridad asociada a la migración masiva de venezolanos sin mayores oportunidades para acceder a ingresos, así como el creciente desempleo ocasionado por la recesión económica de la pandemia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a lo largo de 2020 fueron asesinados 309 líderes sociales en Colombia. De hecho, entre el 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz, y noviembre de 2020, se han registrado un total de 1055 asesinatos a líderes. Y ni siquiera el confinamiento bajó los índices de agresiones, por el contrario, según el programa Somos Defensores, los asesinatos aumentaron en un 61 % entre enero y junio de 2020, en comparación con 2019.
Los datos en mención facilitan concluir que, al parecer, el gobierno nacional carece de las competencias para resolver los problemas asociados a la violencia contra líderes sociales, masacres o el control de las regiones fronterizas y con ello, que la administración liderada por Duque pasará a la historia por su carencia de resultados positivos en materia de seguridad.
Como si lo anterior fuera poco, el proyecto se elabora en un contexto en el cual la credibilidad e imagen de la institucionalidad que representa la fuerza pública, ocasionada por excesos de la Policía y las consecuencias de los falsos positivos del Ejército, está cada vez más afectada y la percepción que se tiene es de un país en el cual las variables económicas y de seguridad van en declive.
Bien podría decirse que el liderazgo nacional en el sector de seguridad y defensa no pasa por sus mejores momentos y ante las adversas circunstancias de excesos por parte de miembros de la fuerza pública, en donde varios colombianos resultaron muertos y heridos en 2019 y 2020, las declaraciones de los ministerios de Defensa, Justicia, Interior y sus respectivas consejerías se asemejan más a las que darían funcionarios de una dictadura, sin ningún tipo de empatía auténtica hacia los ciudadanos víctimas, que a las que corresponden en el marco de una democracia.
En 2019 se realizó el lanzamiento de la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento, la Equidad – PDS – de acuerdo con la cual “la seguridad es un presupuesto de la convivencia pacífica y del ejercicio de derechos ciudadanos, siendo un bien público, un derecho y una de las razones de la existencia del Estado”; sin embargo, esta no condujo a una real y efectiva ejecución en las prácticas cotidianas convirtiéndose en uno de los hechos nacionales en los que prevalen los anuncios, la publicidad mediática del gobierno nacional y no la ejecución eficiente y los resultados efectivos que beneficien a todos los colombianos.
La propuesta
“Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso”, manifestó la senadora Cabal. Una afirmación que sorprende porque denota claramente la percepción de una situación problema superior que, presuntamente, le estaría quedando grande al Estado.
Por su parte, el senador Roy Barreras afirmó que permitir que los ciudadanos porten armas es “estar dispuesto a matar cuando el Estado fracasa en seguridad. Como el uribismo fracasó en seguridad, entonces propone que cada quien dispare como pueda y a quien quiera”.
Ante este panorama no es extraño que se revivan fenómenos asociados al incremento de la inseguridad, que el mismo proyecto de ley se convierta en una justificación e invitación a regresar a la ley del talión en donde cada quien hace justicia por mano propia lo cual representa a mi parecer una propuesta fuera de foco y que nos llevaría a retroceder décadas de aprendizajes en convivencia y construcción de paz. Quizá sea el momento de recordar las lecciones que nos dejó la época de la violencia.
*Comunicadora Social organizacional y periodista; docente universitaria y consultora en asuntos corporativos y de Responsabilidad Social Empresarial.