Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ Da gusto escuchar hablar al Gobierno Nacional sobre reactivación económica, apoyo al productor campesino y promoción del turismo nacional, pero irónicamente, lejos de este discurso, el principal estímulo para estos sectores es el alza en la cantidad y en las tarifas de los peajes en el país.
En la actualidad se recaudan más de 3 billones de pesos anuales, por concepto 144 peajes instalados en el territorio nacional, 45 administrados por el Invias y 99 por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) la cual administra estos peajes a través de concesiones viales.
Las concesiones viales son el mecanismo mediante el cual el gobierno desde hace cerca de 30 años, durante la presidencia de César Gaviria, ha venido recurriendo con el fin de apoyarse en empresarios privados en el desarrollo vial del país. Se delega la construcción, rehabilitación, mantenimiento y operación de varias de las vías más importantes del país a cambio de la explotación económica de las vías por parte de la empresa privada.
Aunque las alianzas público – privadas en muchos casos ha dado resultado, en este caso resulta evidente que los costos de los peajes no corresponden con la realidad de la infraestructura vial del país, que se encuentra obsoleta, deteriorada, paupérrima y como ejemplo tenemos la vía entre Barbosa y Bucaramanga, que en un tramo de aproximadamente 220 Km cuenta con tres peajes que solo les alcanza para el mantenimiento de la vía, porque hace muchos años que no se hacen obras de modernización y mejoramiento.
Los elevados precios de los peajes incrementan directamente los fletes y pasajes afectando la competitividad de todos los sectores económicos, el turístico, el productivo, pero somos los ciudadanos quienes acabamos pagando estos incrementos en los productos y servicios que consumimos a diario y afectando directamente nuestra canasta familiar.
Si las vías estuvieran en buen estado, hasta daría gusto pagar los peajes, el problema es que sagradamente año por año las tarifas se incrementan, pero el estado de las carreteras desmejora, es evidente que la plática no se está invirtiendo toda en la administración y mejoramiento de la infraestructura vial, es posible que esté tomando otros oscuros destinos, enriqueciendo a los dueños de las empresas concesionarias, que son también los dueños de los bancos y financiadores de campañas presidenciales.
Los Entes de control deberían dar una mirada con lupa a estas concesiones y al destino de estos importantes recursos, pues es grande el daño de los peajes a la economía nacional y familiar y no puede ser que no alcance para modernizar los más importantes corredores viales de nuestro país o por lo menos mantenerlos en buen estado.
Ahora bien, el Estado como siempre fuerte en la imposición de impuestos y en su recaudo, pero flojo en el control y la vigilancia, ya en el Congreso de la Republica varias veces algunos senadores han prendido las alarmas sobre la debilidad institucional en el control y supervisión de los ingresos percibidos en las vías concesionadas a través del recaudo de peajes, pero como no son senadores del gobierno, no se les ha prestado atención.
Urge en nuestro país una política pública sobre peajes, donde se regule la distancia entre un peaje y otro, la cual no puede ser menor a 150 km, en donde a quienes transporten productos agrícolas y de manufactura producidos en nuestro país tengan una tarifa preferencial, en donde se eliminen los peajes internos de las áreas metropolitanas o en vías hacia terminales y aeropuertos, pero sobre todo donde se controle rigurosamente la inversión de cada peso recaudado.
Actualmente un representante santandereano ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la Republica con estas iniciativas, por ello, como ciudadano que conduzco por las difíciles vías del país y que pago peajes, pero también como ciudadano que en cada producto de la canasta familiar pago un sobrecosto por concepto de las altas tarifas en estos peajes, exijo a la clase parlamentaria del departamento y del país apoyar esta iniciativa y acabarle el negocio a las concesionarias, legislen a favor del pueblo, no sigan siendo cómplices de este atraco a los Colombianos.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
