Este jueves se adelantó una reunión virtual entre el presidente Iván Duque y José Miguel Vivanco, director para Las Américas de la ONG Human Rigths Watch, para analizar la situación de los líderes sociales.
En el encuentro, ambos expusieron sus puntos ante la protección de los defensores de Derechos Humanos, el trabajo de las autoridades y el esclarecimiento de los asesinatos. Además del reto para brindarles seguridad a todos.
Enfatizó en que el Gobierno colombiano reaccionó de forma «lenta y deficiente» ante los más de 400 asesinatos de defensores de Derechos Humanos que han tenido lugar desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, según denunció Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe.
Además que los asesinatos de defensores de los Derechos Humanos aumentaron desde la desmovilización de las Farc en 2017, debido al espacio que entraron a llenar otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios.
Por su parte, la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno “no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de Derechos Humanos, y para lograr mejores condiciones de seguridad, porque tiene claro que los enemigos, para su protección, son los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO) en su accionar criminal relacionado con las actividades de narcotráfico y extracción ilícita de minerales”.
La alta funcionaria destacó los resultados contundentes contra estas estructuras criminales, que son las principales causantes de violencia contra los líderes y defensores de Derechos Humanos.
Durante 2020 fueron capturados 14 y abatidos tres de los 31 delincuentes relacionados en el ‘cartel de los más buscados’ por homicidios a líderes y defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8%.
De la misma forma, destacó la labor de la Fiscalía con el esclarecimiento del 63,5% de los homicidios y la creación de once juzgados penales especializados en este tipo de delitos, que le permitirá al país garantizar una justicia efectiva y oportuna.
Además que “se sigue trabajando en la consolidación de la institucionalidad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia”.
