Por: Diego Ruiz Thorrens/ Una vez más, la violencia se ensaña con los cuerpos de las mujeres y la población LGBTI del departamento de Santander. En las primeras semanas del 2021 los medios de comunicación han denunciado más de 8 casos de agresiones en razón del género en la ciudad de Bucaramanga y el Magdalena Medio. La población LGBTI tampoco escapa de esta violencia (se han presentado casi el mismo número de agresiones), aunque su visibilidad (violencia cometida en razón de la orientación sexual y la identidad de género) siguen siendo menos visibles.
En lo que va corrido del año, diariamente en promedio, 12 mujeres son víctimas de maltrato y acoso. Según la Oficina de la Mujer del departamento, en los 36 primeros días del año han recibido 325 denuncias por maltrato y 128 casos de abuso sexual.
A pesar del abrumador panorama, el nivel de impunidad sigue siendo angustioso, perjudicando la calidad de vida de las mujeres víctimas de agresión. La demora en las investigaciones obliga a las víctimas a tomar nuevas medidas. Por ello, plataformas virtuales como Facebook, Twitter o Instagram vienen siendo usadas para lograr lo que difícilmente podrá brindarles la institucionalidad: visibilidad, demostrar que la problemática está ahí, que sigue presente. Exigir Justicia.
En nuestro departamento (al igual que en todo el país) la autoridad policiva y judicial parecieran mantener (por física costumbre) la descalificación o minimización de las denuncias realizadas tanto por aquellas mujeres que son agredidas (por familiares, esposos, amigos, incluso desconocidos) como de la población LGBTI, sin importar su nivel de gravedad. Para nadie es secreto que una denuncia por violencia física, por amenaza proferida de manera verbal, por ataque psicológico o físico o aquella que ponga en riesgo la integridad y la vida de la mujer o de la persona LGBTI, puede quedar enterrada en un folio o en una carpeta por indeterminada cantidad de tiempo, viendo posiblemente la luz cuando la víctima es agredida una vez más o cuando termina siendo asesinada.
La violencia contra las mujeres mantiene un peligroso ascenso y pareciera que ninguna institución quisiera tomar acciones al respecto. Es necesario recordar que por cada denuncia que emerge y que tiene como víctima a una mujer o una persona LGBTI que decide hablar, existen decenas de casos que permanecen en total oscuridad y anonimato.
También, es importante denunciar que algunos tipos de violencia no generan el mismo nivel de indignación o malestar, puesto que estas violencias siguen siendo toleradas no solo por la institucionalidad y/o la justicia colombiana, sino también por muchos sectores de la sociedad: la violencia contra mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales y personas pertenecientes a los sectores de la población trans. Muchas de las denuncias que también emergieron en últimos días son sumamente graves. A pesar de ello, nada ha sucedido.
Como respuesta a las distintas manifestaciones de violencia proferidas en razón de la orientación sexual e identidad de género, en los últimos años, han emergido nuevos liderazgos LGBTI y distintas organizaciones defensoras de los derechos de estas poblaciones. Pero sigue sin existir un elemento vital para la reducción de las violencias y es la voluntad política e institucional que permitan canalizar, visibilizar, contabilizar y darle correcto manejo a los casos por violencia a las que estas poblaciones vienen siendo sujetos. En Santander no existen laboratorios u observatorios que permitan medir el nivel de violencia que presentan las poblaciones sexualmente diversas o LGBTI, y el rol de las mesas municipales o de la mesa departamental LGBTI sigue siendo ornamental, de no liderazgo.
Algunas organizaciones han decidido hacer seguimientos a estas denuncias desde las redes sociales, y el resultado es tan preocupante como desgarrador. Solo en 2020, el número de denuncias reportadas y, posteriormente, acompañadas por las distintas fundaciones, plataformas o corporaciones, fue mayor a lo que hemos venido encontrando en años anteriores.
El confinamiento disparó la violencia en algunos de estos sectores, principalmente en niños, niñas y adolescentes LGBTI, mujeres lesbianas y mujeres pertenecientes a la población trans en regiones como magdalena medio y el área metropolitana de Bucaramanga. Y lo más triste, al profundizar en algunas de estas denuncias, ha sido que los principales victimarios y/o agresores de estas poblaciones son, precisamente, personas cercanas a los núcleos familiares de las víctimas. Luego le siguen, desde la vigilancia y la protección, la institución que debería proteger a la ciudadanía: la policía.
Tanto para las mujeres víctimas de violencia en razón del género como para algunas personas de la población LGBTI, el acceso a la justicia también se ha visto truncado por razones que se alejan de la lógica humana y se acercan más a la mezquindad y al odio más visceral en razón del género y diversidad sexual.
Según información testimonial recogida por organizaciones LGBTI como la corporación Conpazes, muchas de las denuncias proferidas a la línea 123 posterior al momento de la agresión fueron desestimadas por los uniformados o fueron forzadas a ser retiradas por intimidación de los agresores. Para el caso de la violencia dirigida a personas pertenecientes a la población gay o entre parejas homosexuales, una vez fue descubierta la orientación sexual de la o las víctimas, las mismas denuncias fueron desestimadas, casi de manera instantánea.
El escenario de la violencia en razón de género al igual que la violencia en razón de la orientación sexual e identidad de género en el departamento de Santander sigue siendo preocupante. Por ello, es urgente propulsar políticas que estén orientadas a la educación y formación en derechos humanos y de la diversidad sexual dirigidas tanto a funcionarios de las distintas ramas judiciales como a todos aquellos encargados de control y la vigilancia social, dónde se exponga tanto las leyes existentes que protegen a mujeres y poblaciones sexualmente diversas y a su vez creando puentes de empatía con las víctimas, no permitiendo que se sientan solas ni mucho menos revictimizadas.
Solo espero que la movilización social y la denuncia de tan reprochables actos continúen, utilizando los medios que sean necesarios.
Para las todas víctimas en razón del género, la orientación sexual y la identidad de género, quisiera recordarles que no están solos ni solas.
Y para aquellas personas que siguen sufriendo en silencio, no olviden que existimos muchas personas con quienes ustedes pueden contar.
*Estudiante de Maestría en Derechos Humanos y Gestión de la Transición del Posconflicto de la escuela superior de administración pública – ESAP Santander.
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