Por: Javier Antonio Rojas Quitian/ “Nada dice más del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus hijos”: Nelson Mandela.
Espantoso y aterrador, resulta el inicio del año 2021 para los niños y las niñas de Colombia, en tan solo 16 días, ya se reportan 6 escabrosos y brutales asesinatos de niñas indefensas, en los que también en algunos casos incluyó abuso sexual.
Y es que según la ONG Save the children (Salva a los niños), Colombia ocupa el deshonroso y vergonzoso tercer lugar en el mundo de los países donde más se matan niños. El conflicto interno, pandillas, violencia urbana y violencia intrafamiliar y sexual son las causas más frecuentes de homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país.
Este vergonzoso escalafón que posiciona a Colombia como uno de los peores países para ser niño y adolescente en el mundo, genera más indignación, si a ello le sumamos que el número más alto de homicidios no es a causa de la violencia interna que vive el país, sino a causa de la violencia intrafamiliar, el hogar, el lugar en el que nuestros menores se deberían sentir más seguros y protegidos, es en realidad, el espacio en el que más casos de violencia y abusos físicos, psicológicos y sexuales se producen.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señala que cada día, reciben en promedio 66 casos de todo tipo de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que van desde el maltrato verbal, hasta el abuso y la explotación sexual comercial, cifras que espantan, pues en muchos de esos casos, las agresiones propinadas a los menores terminan brutalmente con sus vidas.
Ante esta horrenda situación, se ha considerado el endurecimiento de las penas como una medida para proteger la niñez y en este sentido fue aprobada por el Congreso de la República en junio del 2020, la Ley que consagra la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes, a la cual aún no se puede recurrir, toda vez que el Gobierno Nacional tiene hasta mediados del 2021 para reglamentarla y al parecer se está tomando todo su tiempo, pues a la fecha aún no ha presentado el documento reglamentario al Congreso.
Esta ley, aunque importante, si la Corte Constitucional la aprobara, tampoco pareciera ser la solución al problema, pues la gran mayoría de los casos de abuso sexual y violencia contra los menores, ocurridos en el hogar por un familiar, nunca se denuncian, quedan en total impunidad y una cadena perpetua no va a ser una solución real ante este flagelo, que además incurre en una doble victimización a los menores, ya que cuando en un hogar se conoce del abuso a un niño, una niña o un adolescente lo que está ocurriendo es que se separa del hogar a la víctima, al menor, para protegerlo porque su abusador sigue cerca, negándole además a estos menores el derecho y la posibilidad de contar con una familia que le respalde y le quiera.
Así las cosas, el panorama no es muy claro frente a una solución a este problema en nuestro país, endurecer las penas es necesario, pero ¿cómo llevar los abusadores y violadores de menores ante las autoridades? ¿Cómo hacer que una madre denuncie a su pareja por abuso de sus hijos? ¿Cómo comprobar que un padre, un padrastro, un hermano, un primo abusa de un menor?
El Estado debe empezar por lo básico, invertir en formación integral a los padres y madres de familia para que logren darse cuenta si es el caso que su hijo está siendo abusado, que aprendan a interpretar esas señales en los cambios físicos y de comportamiento de los menores que sugieren un abuso.
Una vez exista una sospecha o comprobación de abuso, una madre o un padre de familia o un docente debe encontrar en el menor tiempo posible ese canal institucional en donde pueda colocar en manos de las autoridades el caso, para ello el Estado debe potenciar esta red, formando técnica y profesionalmente la Policía de infancia y adolescencia y fortaleciendo los equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia, ya que en la mayoría de los municipios de Colombia, las comisarías no cuentan con los recursos humanos, técnicos y financieros para el restablecimiento de los derechos de los menores y la atención médica y legal oportuna de los casos de abuso.
Además, se debe fortalecer todo el aparato investigativo de la fiscalía para que, una vez conocido el caso, oportunamente se determinen las pruebas y se garantice la legalidad y la cadena de custodia de los elementos con los que se puedan judicializar a los culpables del hecho, no puede ser que un menor con sospechas de abuso, dure 4 o 5 meses esperando una cita con un psicólogo forense, para determinar su maltrato, mientras el abusador se encuentra libre y seguramente abusando del menor.
Si Colombia fortalece toda la cadena profesional de atención a menores abusados o con sospecha de serlo, de seguro podrá actuar a tiempo y empezar aplicar penas más severas, con lo que se evitaran abusos y maltratos a los menores y salvajes que cometan estos actos pagaran con creces el daño causado a menores indefensos que lo único que requieren es atención y protección por parte de sus familias y del Estado.
*Exalcalde de Sucre (Santander), Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Pública y Magister en Políticas Públicas y Desarrollo.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
