Por: José Luis Arias Rey/ Con el pasar de los días le evolución del proceso que envuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez, toma visos novelescos, pareciera un libreto de lo absurdo, en vez de un proceso judicial.
Esta investigación, que dado el fuero especial que ostentaba el señor Uribe, en su condición de Senador en funciones del Congreso de la Republica, que se desarrolla en la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, con la decisión adoptada por el sindicado en este proceso, de renunciar a su condición de congresista, deriva en el decaimiento de la competencia especial que dicha corporación tiene para conocer del proceso, dado que, con la renuncia al cargo de elección popular por parte del encartado, se pierde la calidad de aforado y el proceso debe adelantarse en la jurisdicción ordinaria, esto es, debe investigar la Fiscalía General de la Nación y debe juzgar un juez Penal de Circuito.
Este ha sido el devenir habitual en procesos de similar situación y así lo ha hecho dicha corporación, esto es, frente a la perdida de la calidad de aforado, la corte ha enviado el expediente a la Fiscalía, para que sea esta, la que continúe con la investigación y en caso de encontrar elementos de juicio suficientes, hacer la formulación de cargos, para que un juez adopte la decisión de fondo frente a la responsabilidad que le pueda asistir al imputado.
No deja de sorprender como personas ajenas al aparato jurisdiccional del Estado y que dicho sea de paso, pertenecen a otras de las ramas del poder público, como el senador Cepeda, hoy se arrogan el derecho de pronunciarse frente a dicha situación jurídico procesal del doctor Uribe, una vez se produjo la renuncia de este a su curul, el señor Cepeda salió raudo y veloz a pronunciarse en redes sociales al respecto, como si ostentara la calidad de Magistrado o de Juez de la Republica afirmando “Renuncia de Uribe no implica que la Corte Suprema de Justicia pierda competencias”, esta afirmación es una clara intromisión de un miembro de la rama legislativa, en los asuntos que son propios de la rama judicial, esto constituye en el derrumbamiento de la teoría de los pesos y los contrapesos, que con tanto esfuerzo enseñamos en las escuelas de derecho y que constituye uno de los pilares fundamentales de las democracias liberales post contemporáneas, nacidas de la revolución francesa y su evolución paulatina, pero segura, derivada de la posguerra de la segunda guerra mundial.
Pareciera que quien tomara la decisiones en los despachos judiciales, fueran las personas interesadas en las resultas de los procesos y no los jueces, pareciera que estos reciben la línea a seguir dentro de las indagaciones, de parte de quienes son partes en los mismos, esto huele mal, esto no brinda seguridad a los ciudadanos, esto empieza a parecerse mas a la justicia acomodada de un vecindario que nos causaba risa en el pasado y que hoy pareciera haber permeado nuestras fronteras, contaminado a esa corte que otrora era el orgullo de la juridicidad colombiana.
La izquierda armada de este país se ha tomado ya dos veces la justicia colombiana, una con la toma del palacio de justicia, en su calidad de mandadera del narcotráfico y otra con la influencia ideológica de personas que cohonestan con sus actos vandálicos y reprimen sin piedad alguna, a aquellos que nos atrevemos a ponerlos en evidencia.
Tal y como lo dije en una columna anterior, no entiende uno, como hechos como la confesión de Antanas Mockus, no haya servido siquiera para una indagación preliminar de la justicia colombiana, como declaraciones tan comprometedoras como las que se hacen en contra del Juez autoproclamado, senador Cepeda, no den merito a investigación alguna, pero paralelamente a esta desidia, escritos anónimos son atendidos y valorados de manera inmediata y dan para emitir ordenes de captura en contra de uno de los hombres mas importantes de la época Republicana de Colombia.
Este escrito no pretende erigirse en una defensa rabiosa de Álvaro Uribe Vélez, él como cualquier ciudadano, esta en el deber de concurrir al llamado de la justicia para dar explicaciones y debe brindarlas de la mejor manera, para que la nación colombiana tenga claridad frente a su actuar, lo que resulta imperdonable e inentendible es que en este país se de total impunidad a criminales de lesa humanidad mientras que los hombres que ha dado sus mejores días a esta nación son recriminados judicialmente mientras los victimarios se autoproclaman como la conciencia moral de nuestra nación.
Quienes me conoce saben que, por encima de mi ideología política, siempre he procurado por una justicia que garantice los derechos de todos los sindicados y que no se erija en un medio de acceso irregular del poder.
*Abogado y Magister en Derecho Público
Twitter: @asjuram