Por: Diego Ruiz Thorrens/ El 25 de marzo de 2020 comenzó a regir el llamado Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena, cuyo objetivo era preparar al país ante la inminente llegada del Covid–19 y brindar tiempo para ‘fortalecer’ los (precarios y débiles) servicios de salud.
A partir de la fecha, el gobierno nacional ha venido promulgando toda una serie de decretos cuya implementación están dirigidas a la prevención y detección temprana del coronavirus. Estos decretos son conocidos como el abecé de las ‘medidas frente a la crisis sanitaria Covid-19’, disponibles en redes sociales y en las páginas oficiales del Gobierno colombiano. Ver decretos.
Algunos decretos no escaparon de la polémica (ejemplo: decreto 444 que expidió el Ministro de Hacienda). Otros, pasaron casi inadvertidos. Sin embargo, existe un decreto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, que genera mayor malestar y tiene que ver con la ocupación de camas pertenecientes a UCI o Unidades de Cuidados Intensivos.
Me explico: La directiva de emergencia sanitaria menciona la “cancelación de procedimientos clínicos y quirúrgicos no urgentes” para evitar, tanto la saturación de los servicios de salud, como el posible escenario de adquirir el coronavirus por vía de aerosoles en entornos cerrados.
Hasta ahí, digamos, todo bien.
En Santander, hasta finales del mes de abril se habían registraron menos de 50 casos confirmados de Covid–19. Al 15 de junio el número de casos por Covid–19 era menor a 120. Por esta razón, la máxima autoridad del departamento declaró en distintos medios de comunicación su deseo de levantar de manera paulatina algunas de las restricciones emitidas por el Gobierno Nacional y que lastimaban la economía, sin descuidar el posible avance del coronavirus en territorio.
Este pronunciamiento fue duramente criticado por diversos sectores. El departamento se encontraba ante un porcentaje (relativamente) bajo de casos por Covid–19, y por esta razón, no debíamos incentivar escenarios dónde la pandemia pudiese salirse del control, algo que eventualmente terminó ocurriendo.
Este desproporcionado aumento de casos generó una mayor demanda de camas de Unidades de Cuidados Intensivos, las cuales se encuentran actualmente al tope, siendo priorizadas para la atención de pacientes Covid–19 y desplazando la atención dirigida a pacientes con otras patologías.
Iniciando el mes de julio los casos por Covid–19 comenzaron a dispararse de forma exponencial. La explicación del gobierno departamental ante el (preocupante) aumento era que esto se debía a la masificación de pruebas y testeos. Ergo, el número de nuevos casos también debería aumentar.
Esto podría parecer bastante lógico: mayores pruebas = mayores casos positivos.
Sin embargo, esta insulsa argumentación no se ajustaba con lo expuesto por algunos miembros del Puesto de Mando Unificado: “Después de la reactivación económica del primero de junio, los casos aumentaron. Al principio del mes de junio, los casos no superaban los 150 y un mes después ya son 1.064”, manifestaron en aquel momento.
La medida de “cancelación de procedimientos clínicos y quirúrgicos no esenciales” para evitar la saturación de los servicios de salud, especialmente de las UCI, fue reforzada. A excepción de aquellos pacientes que ya se encontraban hospitalizados (algunos casos por obesidad, problemas del sistema respiratorio, entre otras patologías) las nuevas remisiones quedaron literalmente en el limbo.
A medida que aumenta el número de muertes por Covid–19, también emergen denuncias que cuestionan el deceso de personas que al ingresar a los servicios de urgencia no presentaban síntomas asociados al coronavirus, falleciendo posteriormente aislados y lejos de sus familiares.
Aquí surge una preocupante denuncia que realizan distintas organizaciones que trabajan para salvar las vidas de pacientes identificados como pacientes de alto costo (enfermedad renal crónica; cáncer de cérvix; de mama; de estómago; de colon y recto; de próstata; leucemia, etc.) que no están siendo escuchados y a quienes los gobiernos siguen ignorando: se necesita urgentemente atención a todos los pacientes con patologías que requieren la atención y los controles en salud ininterrumpidos, atención que en su totalidad ha sido truncada (dícese, cancelada) con la llegada del Covid–19.
Algunas de las denuncias, replicadas por distintos medios de comunicación, concuerdan en que la preparación de los servicios de salud se limitó exclusivamente a la atención de casos por Covid–19, sin contar con la continuación y la garantía de la atención en salud integral para casos cuyo principal enemigo es el tiempo.
La pandemia no sabe de tiempos ni de patologías. Al parecer, tampoco saben de ello las EPS e IPS que decidieron suspender la atención en salud a cientos de pacientes que ahora se encuentran graves en salud, necesitando desesperadamente de tratamientos esenciales para salvaguardar la vida.
La pandemia parece que cobrará la vida de más personas, no sólo debido al virus del SARS-CoV-2, sino de patologías relegadas debido a la falta de estrategias y de destreza administrativa en salud de nuestro gobierno nacional.
El gobierno colombiano ha mencionado que debemos aprender a con – vivir con el virus causante del Covid–19. Esta premisa también debería funcionar en el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que permitan la no interrupción de la atención integral en salud a pacientes cuyas vidas penden de un procedimiento médico.
Ojalá el Gobierno pueda entender que prevenir el Covid–19 no es únicamente sinónimo de evitar el aumento de nuevos casos, sino evitar y nunca permitir la negligencia de aquellas personas y pacientes que deben vivir bajo estrictos tratamientos médicos que podrán, eventualmente, salvar sus vidas.
*Director de la Corporación Conpázes – Proyecto Santander Vihda. Estudiante de Maestría en derechos humanos y gestión de la transición del posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública.
Twitter: @Diego10T