El Gobierno destacó los resultados de un operativo policial que logró capturar a los representantes legales de tres empresas de seguridad, incautar un centenar de armas, ocupar ocho bienes con fines de extinción de dominio y desmantelar una organización controlada por estructuras al margen de la ley, dedicadas a transportar armas y dar fachada legal a hechos criminales.
La operación se desarrolló en Bogotá, Barranquilla, Doradal, Ibagué, Neiva y Villavicencio de manera conjunta entre unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación y dejó al descubierto actividades como alquiler de armas amparadas y la vinculación de delincuentes como falsos empleados de las empresas de vigilancia privada.
El presidente Gustavo Petro resaltó la trascendencia de la operación y desde su cuenta de X posteó: “Las mafias que se incrustaron en la Fiscalía, la UNP (Unidad Nacional de Protección) y la Supervigilancia para legalizar armas y vehículos criminales”, aduciendo a las empresas allanadas por la Policía.
Los ocho bienes que pasaron a extinción de dominio están avaluados en más de 1.800 millones de pesos y las más de cien armas de fuego incautadas serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía, tras describir la organización como un verdadero “holding criminal”.
Actuación delictiva
Mediante esa fachada legal, personas solicitadas por las autoridades pasaban como escoltas o coordinadores del servicio de protección. Ellos alquilaban las armas, incluidos los salvoconductos para transportarlas por todo el territorio nacional con apariencia de legalidad, facilitándoles el desarrollo de actividades delictivas en sus zonas de injerencia.
Uno de esos delincuentes que usaba este tipo de servicio ilegal fue Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ abatido por la Policía el 22 de febrero de 2025. También se estableció que miembros de denominado Clan del Golfo se encontraban entre sus habituales clientes.
En la revisión documental se estableció que 60 de los falsos escoltas amparados con credenciales laborales también falsas tenían antecedentes penales. Entre ellos estaba Oliverio Isaza, alias ‘Terror’, abatido por la Policía el 22 de febrero de 2025. Algunos miembros de la lista habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Los investigadores han establecido que las armas, si resultaban incautadas en algún procedimiento de las autoridades, las empresas las recuperaban relativamente fácil por medio de los documentos exigidos por la ley.
