Gerson Chaverra Castro, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó, a través de un comunicado de prensa que “la Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
El asedio al Palacio de Justicia se dio en Bogotá luego de que desconocidos conocieran que la Corte Suprema de Justicia, pese a ser una segunda votación, no logró la elección del Fiscal General de la Nación que reemplazará a Francisco Barbosa Delgado, quien ya completa su periodo al frente de la Fiscalía.
La explicación de la Corte Suprema de Justicia, desde cuando se dio la primera votación, es que la elección del Fiscal General de la Nación se haría bajo los sustentos democráticos y sin ninguna presión de ningún orden. Es más, se conoció que en esa primera votación una de las ternadas por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no logró ningún voto en uno de los ítems a tener en cuenta.
De nuevo se conoció este jueves ocho de febrero que ninguna de las ternadas logró la votación necesaria para llegar a ocupar el más alto cargo de la Fiscalía General de la Nación, y que la siguiente votación se daría hasta el 22 de febrero. Sin embargo, el 13 de febrero, como no se ha elegido Fiscal General de la Nación, entraría en encargo la vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, funcionaria que genera rechazo en algunos estamentos.
Como la elección del Fiscal General de la Nación no se dio este jueves, como el presidente de la República lo esperaba y muchos colombianos en realidad el ambiente se alborotó y empezó la manifestación de desacuerdo por la falta de decisión en la Corte Suprema de Justicia en la elección del Fiscal General.
En varias ciudades del país se dieron manifestaciones de violencia. En Bucaramanga, por ejemplo, pintaron grafitis y letreros en las paredes del búnker de la Fiscalía, mientras en Medellín y Bogotá hubo enfrentamientos con la Policía al expresar en actos violentos la inconformidad por la no elección del Fiscal General.
En Bogotá se presentaron las mayores situaciones de protesta, tanto que el Palacio de Justicia fue asediado y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargados de elegir al Fiscal General de la Nación se sintieron amenazados. Algunas personas señalaron que algunos magistrados tuvieron que ser evacuados, mientras que otros ya en la tarde lograron salir por el parqueadero en sus camionetas blindadas, mientras un contingente policial generaba un pasillo de seguridad para los magistrados como para los trabajadores del Palacio de Justicia.
Por ello la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir un comunicado en donde “rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
Chaverra Castro, presidente de la CSJ, advierte además en el comunicado de la Corte, que “como no solo lo ha manifestado sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en los asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”.
Se señala en el comunicado que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”.
Ya en el párrafo final del comunicado se enfatiza en que “la Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamiento o amenazas”.