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Procuraduría formuló cargos a Alejandro Lyons en el denominado Cartel de la Toga

El exgobernador de Córdoba habría entregado al exmagistrado Camilo Tarquino $30 millones, y al exsenador Mussa Besayle $600 millones para ser favorecido en actuaciones judiciales.

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus (2012-2015), por posibles irregularidades derivadas de la entrega de dinero para el favorecimiento en actuaciones judiciales y conductas relacionadas con actos de corrupción en la administración de justicia, en lo que se denominó el cartel de la toga.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario regional habría entregado al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Camilo Tarquino, $30 millones, para que los togados José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte ejercieran sus influencias con los funcionarios que en la Fiscalía tramitaban procesos penales en su contra.

Señaló el Ministerio Público que, al entregar los dineros al exmagistrado, el exgobernador pudo incurrir en cohecho, razón por la cual la falta fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.

En un segundo cargo, se investiga a Lyons Muskus por la presunta entrega al entonces senador Mussa Besayle Fayad de $ 600 millones, cuyo destino, al parecer, fue el pago de un soborno a través del exfiscal Luis Gustavo Moreno, para impedir que la CSJ le expidiera una orden de captura en un proceso por parapolítica que esa corporación adelantaba en su contra.

A juicio del ente disciplinario el investigado sabía que estos dineros se entregarían en el marco de una actividad ilícita y, a pesar de ello, no denunció ante la autoridad competente tales hechos, permitiendo que estos se prolongaran en el tiempo, hasta por lo menos el 2017.

Esta segunda conducta objeto de investigación fue calificada en esta etapa procesal provisionalmente como falta gravísima a título de dolo.

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Mayor presencia de Fuerza Pública solicitan autoridades civiles

Tres planteamientos tangibles para tomar con urgencia un accionar estratégico, sugirió el alcalde de Barrancabermeja al gobierno nacional con el propósito de mantener el orden público en la región.

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El alcalde Distrital, Alfonso Eljach Manrique, le reiteró al Gobierno Nacional a través del Congreso de la República, en materia de seguridad para Barrancabermeja, tres planteamientos tangibles para tomar con urgencia un accionar estratégico.

El primero de esos planteamientos se refiere a un proceso de descentralización de los organismos de seguridad al interior de la ciudad. Con disposición y voluntad para llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de la Estación de Policía en la Comuna 7.

De igual forma la viabilidad para la construcción de la nueva cárcel con capacidad de 1.500 personas, en la cual se contemple un verdadero proceso de resocialización integral.

Además, aseguró que “necesitamos una decisión de Estado en la reorganización institucional de todo el sistema de seguridad del Magdalena Medio. Sin esto, no podemos avanzar”.

Y por supuesto, dejó en claro que “el Distrito de Barrancabermeja no solo es petróleo, es gente que merece estar segura y protegida”.

“Tenemos que trabajar articuladamente para que no solo Barrancabermeja, sino el Magdalena Medio, prosperen en los componentes de orden público, pie de fuerza, y en un ambiente de tolerancia y respeto para todos”, manifestó Eljach Manrique.

Los planteamientos del alcalde de Barrancabermeja al gobierno nacional los hizo a través de la Cámara de Representantes de Colombia que desde el puerto petrolero de Barrancabermeja sesionó la Comisión Segunda, en forma descentralizada, según informó la Cámara para “escuchar a la comunidad sobre las situaciones de inseguridad que afectan al departamento de Santander”.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, presente en la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en Barrancabermeja, compartió que “participamos en la Sesión Descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en Barrancabermeja. Con los Representantes avanzamos en acciones conjuntas que nos permitan disminuir los índices de violencia, inseguridad y mantener el orden público”.

Compartió también que “agradezco a los honorables Representantes por su preocupación en Santander. La seguridad es un tema de todos, que no tiene espera y requiere acciones urgentes. Seguiremos apoyando la fuerza pública para entregarle a la comunidad la tranquilidad que tanto necesita”.

Expresó Aguilar Hurtado que “el Magdalena Medio requiere mayor pie de fuerza, nuestra Policía del Departamento de Magdalena Medio -DEMAM- no cuenta con la suficiente capacidad operativa para atender toda la región, hecho que le da paso a la delincuencia. Le pedimos al Ministerio de Defensa desplegar más uniformados para este territorio”.

Aidubby Mateus, la alcaldesa de Gámbita, presente en la sesión descentralizada, compartió que “participamos activamente en la Sesión descentralizada pública de la Comisión Segunda con el fin de trabajar las problemáticas de seguridad en Santander. Gracias Erika Tatiana por gestar espacios en el territorio”.

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Asegurados policías por homicidio del presunto responsable de abuso sexual en Estación de Transmilenio

Fiscalía estableció que los uniformados a cargo de las celdas omitieron las funciones propias de su cargo, no intervinieron ni evitaron la violenta reacción contra la víctima.

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Por solicitud de un fiscal de la Seccional Bogotá, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco integrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en la muerte de Juan Pablo González Gómez, el señalado abusador sexual de una adolescente en una estación de Transmilenio en el norte de la ciudad de Bogotá.

La agresión ocurrió el pasado 6 de noviembre, en las celdas de la SIJIN en la localidad de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá.

Los elementos de prueba indican que González Gómez fue llevado a la fuerza por varios privados de la libertad a un baño, donde le raparon la cabeza, y lo golpearon sistemáticamente durante, al menos, 27 minutos. De acuerdo con el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte fue un politraumatismo severo que le causó una insuficiencia respiratoria aguda.

La investigación de la Fiscalía, realizada con apoyo del CTI de la Seccional de Bogotá, estableció que los uniformados a cargo de las celdas de paso, al parecer, omitieron las funciones propias de su cargo, no intervinieron ni evitaron la violenta reacción contra la víctima. En ese sentido, fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio agravado.

Los procesados son: Bayron Arley González Martínez, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Andrés Marín Tovar y Jimer Eduardo Blanco López, informó la Fiscalía General de la Nación.

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500 imputaciones por maltrato animal en el país, reportó el Fiscal General

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, destacó labor de Grupo Gelma. Trabajo investigativo ha permitido conocer casos en los que los agresores someten a las mascotas de sus parejas como métodos de presión psicológica y manipulación en los hogares.

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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, participó en el foro ‘Protección legal de los animales en Colombia: avances y desafíos frente al derecho penal’, organizado por Foros Semana, en el que resaltó el fortalecimiento constante del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) para contribuir en la protección de los animales y garantizar una sanción ejemplar contra los agresores.

“Los derechos de los animales son un planteamiento que no puede ser simple y llanamente un asunto de vanguardia, tiene que ser un asunto que esté integrado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo hemos hecho, estamos hablando de nuevas ciudadanías que tienen que ser reconocidas y esto tiene que ver necesariamente con el compromiso de la Fiscalía General de la Nación de poder ampliar el espectro de protección que hemos venido adelantando a través del Grupo Gelma”, aseguró el Fiscal General.

Indicó que el crecimiento investigativo y judicial del grupo Gelma ha permitido poner en evidencia fenómenos delictivos en diferentes escenarios de la sociedad, como la familia y el hogar, donde los animales son involucrados y vulnerados.

“No es que estas conductas no existieran, es que realmente no se veían y esto tiene que ver necesariamente también con el maltrato a la mujer que hemos empezado a ver, en donde ese maltrato a la mujer está atado con una presión sicológica sobre sus macotas y terminaba siendo objeto de extorsiones y de manipulaciones al interior de sus casas”, enfatizó.

Durante su intervención el Fiscal General detalló las herramientas que han sido creadas y puestas en funcionamiento desde febrero de 2020, para incrementar la capacidad de respuesta de los fiscales e investigadores de Gelma, abordar los casos con riguridad y obtener resultados que generen consciencia sobre la protección a los animales.

“Esta acción se fundamenta en cinco pilares: uno, un enfoque diferencial; dos, una corresponsabilidad individuo – sociedad – Estado; tres, una transversalidad, en el entendido de que el maltrato animal es compatible y concursable con la comisión de otros delitos; cuatro, fenómenos de microcriminalidad para casos puntuales y macrocriminalidad cuando se presentan delitos contra el medio ambiente y recursos naturales; y cinco prevención de violencias interrelacionadas, el maltrato animal escala hacia otros grupos poblacionales vulnerables”, explicó el fiscal Barbosa Delgado.

En cifras

En algo más de 31 meses, desde febrero de 2020, el Grupo Gelma ha realizado 498 imputaciones y ha obtenido 122 condenas por maltrato animal. Estos logros, además aumentar anualmente, inciden positivamente en la reducción de delitos contra los animales y ha permitido acercar la Fiscalía a varios sectores sociales que muestran su interés por el cuidado y la protección a los animales.

“Una reducción de 50% en casos de maltrato animal en contexto de violencia sexual, avance de 80% de los casos de maltrato animal en contexto de violencia intrafamiliar, 185 jornadas de capacitación a actores externos con competencia en la temática, y un diálogo intercultural con pueblos indígenas y comunidades afro de Cauca respecto a justicia indígena y justicia ordinaria frente a la protección animal que creo es un tema de vanguardia en el país”, concluyó el Fiscal General.

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