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Delimitación del Páramo de Santurbán vuelve a enredarse en MinAmbiente

MinAmbiente se niega a reconocer y dar cumplimiento a los acuerdos suscritos con los municipios que ya concertaron, y brindar seguridad jurídica a las comunidades afectadas por la delimitación del Páramo de Santurbán.

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Los habitantes del municipio de Vetas, Santander, se encuentran inconformes con la decisión tomada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, luego de que su alcalde Hernán Bautista Moreno y toda la comunidad presentarán un derecho de petición a Solange Blanco Villamizar, Magistrada del Tribunal Administrativo de Santander el pasado 20 de septiembre, con el fin de expedir la generación de un acto administrativo que brinde garantías a los municipios que ya concertaron la delimitación del Páramo de Santurbán, donde el Ministerio de Ambiente se negó a reconocer y dar cumplimiento a los acuerdos suscritos.

Esta petición es de alta importancia porque inquieta al municipio de Vetas, el cual cumplió y agotó en su totalidad la fase de concertación ordenada en las Supras 19.2 y 19.3 de la Sentencia T-361 de 2017, además de afectar a 39 municipios más involucrados dentro del fallo, bien sea porque tienen territorio dentro del páramo o intereses creados sobre las aguas que nacen en él; igualmente, al no continuar con la delimitación se generarán perjuicios graves de índole económica y social para las comunidades, causados por el rechazo, falta de inversión y oportunidades en el territorio.

Aunado a la negación del derecho de petición, el 18 de octubre la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, suspendió indefinidamente y hasta nueva orden las reuniones de concertación para la delimitación de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Pisba, argumentando que su objetivo en este momento es revisar las inquietudes y sugerencias expresadas en la reunión celebrada en Bucaramanga, donde no se tuvo en cuenta a la comunidad afectada.

Lo anterior no constituye una justificación válida para proceder de esta manera y continuar desacatando la orden impartida por la Corte Constitucional hace cinco años en el fallo de la Sentencia T-361 de 2017, como lo han venido haciendo los anteriores gobiernos, donde se estableció un plazo perentorio de un año para expedir la nueva delimitación del páramo, dijeron voceros de la comunidad vetana.

Ante la falta de garantías, los vetanos le solicitaron al Tribunal que imparta las órdenes pertinentes para evitar que el Ministerio de Ambiente suspenda el avance del proceso de delimitación participativa del Páramo de Santurbán y se cumpla de inmediato con los acuerdos logrados con los municipios de Vetas, Matanza y El Playón, teniendo en cuenta que Muhamad en los meses al mando de la cartera ministerial está tomando decisiones que no solucionan la problemática sino generan caos en la región por su proceder omisivo.

  • Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible suspendió indefinidamente las reuniones de concertación para la delimitación de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Pisba.
  • Hace cinco años la Corte Constitucional dio un plazo perentorio de un año para expedir la nueva delimitación del Páramo de Santurbán.
  • Al no continuar con la delimitación del páramo se generan perjuicios graves de índole económica y social para las comunidades, causados por el rechazo, falta de inversión y oportunidades en el territorio.
  • Los vetanos durante la audiencia pública, citada el 24 de noviembre por el Tribunal, piden que no los dejen sin garantías sino se tome en consideración la colaboración y disposición de los habitantes del páramo para apoyar y avanzar en este proceso.

“Consideramos que esta es la única manera de acallar a un pueblo adolorido por la indiferencia del Gobierno Nacional y de terminar con la inercia en la que ha entrado este complejo procedimiento, que mantiene a las comunidades en una dañina incertidumbre que cada día es menos posible resistir”, indicó Ivonne González, Representante de Dignidad Minera del Municipio de Vetas.

La carencia en la definición de la delimitación del Páramo de Santurbán genera incertidumbre e inseguridad jurídica, impidiendo que las entidades gubernamentales, incluyendo a la Alcaldía Municipal de Vetas, puedan hacer nuevas inversiones en el municipio, lo cual ha mantenido por más de 10 años en total abandono a los habitantes, toda vez que esto viene ocurriendo desde el año 2010 cuando crearon legalmente la figura de la delimitación de los páramos como condición para determinar la viabilidad de la agricultura, ganadería y minería en los territorios.

Avanzar en la implementación de los acuerdos logrados en los municipios concertados con la nueva delimitación participativa del páramo, puede servir de estímulo para que las comunidades de los municipios que no han podido avanzar vean una esperanza en sus territorios y oportunidades de inversión por parte de las autoridades.

Finalmente, los vetanos durante la audiencia pública citada por la autoridad judicial, el 24 de noviembre, piden que no los dejen sin garantías sino se tome en consideración la colaboración y disposición de los paramunos para apoyar y avanzar en el proceso de delimitación, donde se espera que la Ministra de Ambiente dé cumplimiento a la sentencia y tenga voluntad para sentarse a la mesa a concertar con los 37 municipios restantes, vinculados al fallo, pues lo realizado de su parte no es legal, justo ni equitativo.

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Mayor presencia de Fuerza Pública solicitan autoridades civiles

Tres planteamientos tangibles para tomar con urgencia un accionar estratégico, sugirió el alcalde de Barrancabermeja al gobierno nacional con el propósito de mantener el orden público en la región.

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El alcalde Distrital, Alfonso Eljach Manrique, le reiteró al Gobierno Nacional a través del Congreso de la República, en materia de seguridad para Barrancabermeja, tres planteamientos tangibles para tomar con urgencia un accionar estratégico.

El primero de esos planteamientos se refiere a un proceso de descentralización de los organismos de seguridad al interior de la ciudad. Con disposición y voluntad para llevar a cabo, por ejemplo, la construcción de la Estación de Policía en la Comuna 7.

De igual forma la viabilidad para la construcción de la nueva cárcel con capacidad de 1.500 personas, en la cual se contemple un verdadero proceso de resocialización integral.

Además, aseguró que “necesitamos una decisión de Estado en la reorganización institucional de todo el sistema de seguridad del Magdalena Medio. Sin esto, no podemos avanzar”.

Y por supuesto, dejó en claro que “el Distrito de Barrancabermeja no solo es petróleo, es gente que merece estar segura y protegida”.

“Tenemos que trabajar articuladamente para que no solo Barrancabermeja, sino el Magdalena Medio, prosperen en los componentes de orden público, pie de fuerza, y en un ambiente de tolerancia y respeto para todos”, manifestó Eljach Manrique.

Los planteamientos del alcalde de Barrancabermeja al gobierno nacional los hizo a través de la Cámara de Representantes de Colombia que desde el puerto petrolero de Barrancabermeja sesionó la Comisión Segunda, en forma descentralizada, según informó la Cámara para “escuchar a la comunidad sobre las situaciones de inseguridad que afectan al departamento de Santander”.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, presente en la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en Barrancabermeja, compartió que “participamos en la Sesión Descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en Barrancabermeja. Con los Representantes avanzamos en acciones conjuntas que nos permitan disminuir los índices de violencia, inseguridad y mantener el orden público”.

Compartió también que “agradezco a los honorables Representantes por su preocupación en Santander. La seguridad es un tema de todos, que no tiene espera y requiere acciones urgentes. Seguiremos apoyando la fuerza pública para entregarle a la comunidad la tranquilidad que tanto necesita”.

Expresó Aguilar Hurtado que “el Magdalena Medio requiere mayor pie de fuerza, nuestra Policía del Departamento de Magdalena Medio -DEMAM- no cuenta con la suficiente capacidad operativa para atender toda la región, hecho que le da paso a la delincuencia. Le pedimos al Ministerio de Defensa desplegar más uniformados para este territorio”.

Aidubby Mateus, la alcaldesa de Gámbita, presente en la sesión descentralizada, compartió que “participamos activamente en la Sesión descentralizada pública de la Comisión Segunda con el fin de trabajar las problemáticas de seguridad en Santander. Gracias Erika Tatiana por gestar espacios en el territorio”.

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Asegurados policías por homicidio del presunto responsable de abuso sexual en Estación de Transmilenio

Fiscalía estableció que los uniformados a cargo de las celdas omitieron las funciones propias de su cargo, no intervinieron ni evitaron la violenta reacción contra la víctima.

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Por solicitud de un fiscal de la Seccional Bogotá, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco integrantes de la Policía Nacional que estarían involucrados en la muerte de Juan Pablo González Gómez, el señalado abusador sexual de una adolescente en una estación de Transmilenio en el norte de la ciudad de Bogotá.

La agresión ocurrió el pasado 6 de noviembre, en las celdas de la SIJIN en la localidad de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá.

Los elementos de prueba indican que González Gómez fue llevado a la fuerza por varios privados de la libertad a un baño, donde le raparon la cabeza, y lo golpearon sistemáticamente durante, al menos, 27 minutos. De acuerdo con el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la causa de la muerte fue un politraumatismo severo que le causó una insuficiencia respiratoria aguda.

La investigación de la Fiscalía, realizada con apoyo del CTI de la Seccional de Bogotá, estableció que los uniformados a cargo de las celdas de paso, al parecer, omitieron las funciones propias de su cargo, no intervinieron ni evitaron la violenta reacción contra la víctima. En ese sentido, fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio agravado.

Los procesados son: Bayron Arley González Martínez, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Andrés Marín Tovar y Jimer Eduardo Blanco López, informó la Fiscalía General de la Nación.

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500 imputaciones por maltrato animal en el país, reportó el Fiscal General

Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, destacó labor de Grupo Gelma. Trabajo investigativo ha permitido conocer casos en los que los agresores someten a las mascotas de sus parejas como métodos de presión psicológica y manipulación en los hogares.

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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, participó en el foro ‘Protección legal de los animales en Colombia: avances y desafíos frente al derecho penal’, organizado por Foros Semana, en el que resaltó el fortalecimiento constante del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) para contribuir en la protección de los animales y garantizar una sanción ejemplar contra los agresores.

“Los derechos de los animales son un planteamiento que no puede ser simple y llanamente un asunto de vanguardia, tiene que ser un asunto que esté integrado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Lo hemos hecho, estamos hablando de nuevas ciudadanías que tienen que ser reconocidas y esto tiene que ver necesariamente con el compromiso de la Fiscalía General de la Nación de poder ampliar el espectro de protección que hemos venido adelantando a través del Grupo Gelma”, aseguró el Fiscal General.

Indicó que el crecimiento investigativo y judicial del grupo Gelma ha permitido poner en evidencia fenómenos delictivos en diferentes escenarios de la sociedad, como la familia y el hogar, donde los animales son involucrados y vulnerados.

“No es que estas conductas no existieran, es que realmente no se veían y esto tiene que ver necesariamente también con el maltrato a la mujer que hemos empezado a ver, en donde ese maltrato a la mujer está atado con una presión sicológica sobre sus macotas y terminaba siendo objeto de extorsiones y de manipulaciones al interior de sus casas”, enfatizó.

Durante su intervención el Fiscal General detalló las herramientas que han sido creadas y puestas en funcionamiento desde febrero de 2020, para incrementar la capacidad de respuesta de los fiscales e investigadores de Gelma, abordar los casos con riguridad y obtener resultados que generen consciencia sobre la protección a los animales.

“Esta acción se fundamenta en cinco pilares: uno, un enfoque diferencial; dos, una corresponsabilidad individuo – sociedad – Estado; tres, una transversalidad, en el entendido de que el maltrato animal es compatible y concursable con la comisión de otros delitos; cuatro, fenómenos de microcriminalidad para casos puntuales y macrocriminalidad cuando se presentan delitos contra el medio ambiente y recursos naturales; y cinco prevención de violencias interrelacionadas, el maltrato animal escala hacia otros grupos poblacionales vulnerables”, explicó el fiscal Barbosa Delgado.

En cifras

En algo más de 31 meses, desde febrero de 2020, el Grupo Gelma ha realizado 498 imputaciones y ha obtenido 122 condenas por maltrato animal. Estos logros, además aumentar anualmente, inciden positivamente en la reducción de delitos contra los animales y ha permitido acercar la Fiscalía a varios sectores sociales que muestran su interés por el cuidado y la protección a los animales.

“Una reducción de 50% en casos de maltrato animal en contexto de violencia sexual, avance de 80% de los casos de maltrato animal en contexto de violencia intrafamiliar, 185 jornadas de capacitación a actores externos con competencia en la temática, y un diálogo intercultural con pueblos indígenas y comunidades afro de Cauca respecto a justicia indígena y justicia ordinaria frente a la protección animal que creo es un tema de vanguardia en el país”, concluyó el Fiscal General.

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