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Falsificaban medicamentos para el cáncer y otras enfermedades de alto costo

Fiscalía dio un golpe a red delictiva señalada de falsificar medicamentos para el cáncer y otras enfermedades de alto costo. Elementos de prueba indican que los productos, al parecer, eran comercializados en droguerías e institutos de salud de la Costa Atlántica y el centro del país.

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La Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional pusieron en evidencia a una red ilegal que sería la responsable de adulterar medicamentos para enfermedades de alto costo y de uso exclusivo del sistema de salud, para ponerlos a la venta en Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

La organización ilegal, al parecer, obtenía los productos de manera subrepticia en Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Posteriormente, les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación, les cubría las leyendas de uso institucional, y los comercializaba a un mayor costo.

Durante la investigación la Fiscalía conoció que los tratamientos alterados, presuntamente, fueron distribuidos a través de una asociación dedicada a la atención de personas enfermas de cáncer en Antioquia, y en cadenas de droguerías de diferentes ciudades.

De igual forma, establecieron los investigadores que se habrían ofrecido sin autorización medicamentos que producen adicción o dependencia, elaborados con narcóticos y opioides, los cuales tienen una restricción y regulación especial.

  • La Fiscalía estableció que la estructura ilegal también distribuía, de manera clandestina y sin los permisos de ley, medicamentos que generan adicción o dependencia.

En 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y Montería fueron capturados 11 señalados integrantes de la estructura. En los procedimientos se detectó lo que sería una fábrica ilegal de cosméticos, centros de almacenamiento de medicamentos vencidos o en mal estado, así como los lugares en los que se alteraban cajas y empaques. En total, fue incautada una tonelada de productos.

Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los detenidos, según el posible nivel de participación, delitos como: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentores de variedades vegetales; concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; enajenación ilegal de medicamentos; y estímulo al uso ilícito.

Entre los procesados está el presunto cabecilla de la red, Ramón Antonio Pérez Díaz, supuesto socio capitalista del andamiaje ilegal, y a quien se le atribuye la posible distribución a gran escala de opioides sintéticos y sustancias médicas de uso controlado que generan dependencia.

Los demás investigados cumplían diferentes roles ilícitos. Algunos serían los encargados de conseguir mediante diferentes maniobras los medicamentos, otros los alteraban y modificaban su presentación, y un grupo se dedicaba a la comercialización. Ellos son: Pedro Rafael Negrete Daguer. Jorge David Figueroa Beltrán. Jesús Alberto Negrete Marrugo. Orlando José Laguna Ortiz. Mary Luz Hernández Moreno. Giovanny Montoya Márquez. Cristian Camilo Orrego Monsalve. Javier Alberto Henao Orrego. Nora Nancy Martínez Bustamante. Rubén Darío Ramírez Ramírez.

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Tribunales deberán definir la entrega de más de 4 millones de hectáreas adicionales

El Gobierno de Gustavo Petro abrió la posibilidad de adquirir deuda de hasta $60 billones para la compra de tierras con el fin de entregarlas a quienes no tienen.

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La semana pasada el Gobierno empezó la reforma agraria en la que su objetivo es la entrega de 10 millones de hectáreas según quedó pactado en los acuerdos de paz de La Habana.

El Ministerio de Agricultura explicó que siete millones hacen parte de la formalización de la tierra, es decir, comunidades indígenas, campesinas y afros que ya habitan predios pero no tienen los títulos sobre esos terrenos. El total se complementa con otro grupo de tres millones de hectáreas de “tierra nueva”, nombre que se le dio a los terrenos que el Estado debe ir a buscar por medio de baldíos, incautos a narcotraficantes e incluso la compra de terrenos que hoy son privados.

Pero las comunidades también podrán ver la entrega de un porcentaje adicional de tierra durante los próximos meses, el cual está en manos de jueces.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) verificó los casos de 221 demandas que comprenden 227 territorios de comunidades étnicas, los cuales se evidenció que vivieron algún caso de violencia y despojo, por lo que la entidad ahora dejó en decisión de los juzgados la entrega de 4,4 millones de hectáreas adicionales.

Para entender el impacto de ese procedimiento, dicha extensión equivale a casi dos veces departamentos como el Valle del Cauca o Cundinamarca.

La ministra de Agricultura, Cecilia López, explicó que uno de los grandes planes del Gobierno será ejecutar la política de compra de tierras. Es decir, el objetivo es que quien hoy tiene un predio y no lo está aprovechando, es una zona potencial para que el Estado se la compre y para posteriormente cederla a alguien que necesite la tierra.

De hecho su proyecto es el que pretende utilizar como un amortiguador para las invasiones que se han reportado en predios de la agroindustria e incluso de propiedades públicas como los Parques Nacionales. “Estamos acelerando el proceso, pero lo que es invasión tendrá todo el peso de las autoridades”, dijo López.

Aún está por definir el mecanismo legal, es decir el Decreto o proyecto que regule ese objetivo de compra de tierras, pero desde ya el presidente Gustavo Petro volvió a tocar el tema, esta vez desde la financiación. Agregó que esas tres millones de hectáreas nuevas que se deben ir a buscar “hay que comprarlas para no entrar en peleas con los señores dueños de la tierra a precio comercial porque si no van a decir que es una expropiación”.

Por eso propuso el esquema de “tres millones de hectáreas por $20 millones cada una son $60 billones (…) ¿de dónde sacamos ese dinero?. Podemos pensarlo a seis años, que sea de a $10 billones por año, nos endeudamos y le pagamos con títulos al dueño de la tierra”, explicó.

Aún el Gobierno debe definir cómo un proceso de deuda como ese puede justificarse, más si se tiene en cuenta que el marco fiscal de mediano plazo vigente establece que Colombia cerraría con un nivel de deuda pública este año equivalente a 56,5% del PIB y un déficit fiscal del Gobierno Nacional de por lo menos 5,6% del PIB y de hasta 3,6% para el 2023.

Para que las víctimas hayan entrado en el proceso de este grupo de tierras que están por definirse, primero se debió reportar cada caso a la URT, que los escuchó y posteriormente desplegó su equipo de verificación en campo para ver el porqué se reclamaba.

Por eso es que se habla de una segunda etapa. No quiere decir que el Gobierno es el que entrega la tierra, sino que es el que aporta las pruebas para definir si alguien tiene derecho o no a la reclamación.

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Corte le vuelve a negar la libertad al exsenador santandereano Iván Moreno

La Corte decidió dejar en firme una decisión de julio pasado en la que se había negado esa petición, elevada por el abogado del excongresista quien permanece recluido en una cárcel de Bogotá. 

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia volvió a negar la libertad del exalcalde de Bucaramanga, Iván Moreno Rojas condenado a 14 años de prisión por el escándalo del carrusel de los contratos, cuando se desempeñaba como senador de la República.

La Corte decidió dejar en firme una decisión de julio pasado en la que se había negado esa petición, elevada por el abogado del excongresista quien permanece recluido en una cárcel de Bogotá.

En esta oportunidad,  la Corte advirtió que Moreno Rojas cumple una medida de aseguramiento por ese mismo escándalo pero en el capítulo de las ambulancias que no ha prescrito.

“Néstor Iván Moreno Rojas, acusado por dos delitos contra la administración pública, cumple la medida de aseguramiento de detención preventiva desde el 28 de junio de 2021, como se indicó en los antecedentes; por tanto, la vigencia de esta solo expirará en esa misma fecha del año 2023″, dice la decisión.

Moreno responde ante la Corte en un juicio por ese capítulo del ‘Carrusel’ de las ambulancias, mientras que cumple una condena de 14 años por haber recibido millonarios sobornos para favorecer la entrega de contratos de obra vial en la capital.

Sobre el proceso que está en juicio,  la Procuraduría emitió concepto favorable para emitir una condena por esos hechos que costaron alrededor de 67 mil millones de pesos del erario público.

El exsenador es investigado como autor interviniente en el delito de peculado por apropiación y el interés indebido de celebración de contratos porque habría intervenido para adjudicar el millonario contrato de ambulancias.

Para la Procuraduría, el empresario Federico Gaviria hoy implicado en el escándalo de Centros Poblados, “era la persona que estructuraba el negocio” mientras que el entonces secretario de salud de Bogotá, Héctor Zambrano, el empresario Emilio Tapa (también nombrado en el escándalo de Centros Poblados) y el contratista Julio Gómez “diseñaron toda una estrategia para quedarse con el contrato” de las ambulancias sabiendo que existía ‘una empresa criminal’ de la cual hacían parte los hermanos Moreno Rojas.

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Lo que se conoce de la retención de la directora de la ART de Norte de Santander

El hecho se registró cuando la funcionaria se dirigía hacia el corregimiento La Gabarra a cumplir compromisos en el marco de los Proyectos de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET).

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Durante más de cuatro horas, Blanca Yamile Rojas Estupiñán, quien se desempeña como directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en Norte de Santander, permaneció secuestrada en zona rural del municipio de Tibú, donde fue interceptada por hombres armados.

El hecho se registró cuando la funcionaria se dirigía hacia el corregimiento La Gabarra a cumplir compromisos en el marco de los Proyectos de Desarrollo Con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo con las autoridades, justo en el kilómetro 25, hombres fuertemente armados detuvieron la camioneta en la que se movilizaba la directora de la ART y la obligaron a descender.

Luego los delincuentes los habrían obligado a entregar sus celulares y las llaves de la camioneta. Asimismo, los escoltan que protegían a Blanca Yamile Rojas fueron desarmados y las armas quedaron en poder los agresores.

Posteriormente, Rojas Estupiñán fue llevada en contra de su voluntad a un lugar desconocido. El hecho fue reportado por la Defensoría del Pueblo, que pidió a los captores respetar la vida de la funcionaria y liberarla en el menor tiempo posible.

“Rechazamos el secuestro de Blanca Yamile Rojas, coordinadora de la Agencia de Renovación del Territorio para #NorteDeSantander, ocurrido en la vía entre Tibú y La Gabarra. Pedimos respetar su vida e integridad”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Horas después del secuestro, John Ascanio, personero de Tibú, fue contactado por los secuestradores, al parecer integrantes de un grupo armado al margen de la ley, con quienes se llegó a un acuerdo para liberar a la directora de ART.

Así fue como un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, acompañado por uniformados del Ejército, llegaron hasta el lugar donde se efectuó el secuestro, para rescatar a Blanca Yamile Rojas Estupiñán, quien fue hallada en perfectas condiciones tanto físicas como de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuál organización criminal sería la responsable del secuestro de la funcionaria, el cual ocurrió justo cuando el presidente Gustavo Petro visitaba la capital nortesantandereana para oficializar la reapertura de la frontera con Venezuela.

Vale precisar que en esta zona del Catatumbo delinquen diferentes estructuras ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un reducto del Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), el Frente 33 de las disidencias de las Farc y bandas criminales.

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