El anuncio, que sorprendió a muchos especialistas, supone un cambio parcial en las políticas implementadas por el Gobierno cubano desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

La participación de capital foráneo será posible a través del establecimiento de empresas mixtas, una medida que busca ayudar al Estado a revertir el desabastecimiento que sufre el país y que se ha visto profundizado por la pandemia.

«Buscamos que estas medidas tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar las ofertas en las tiendas en MLC (moneda libremente convertible donde los precios equivalen a dólares) y en moneda nacional», dijo la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González.

Desde 1962, en Cuba rige la implementación de una Tarjeta de Racionamiento impuesta por el Gobierno para la distribución de algunos productos alimenticios y de primera necesidad. No obstante, la reducción en las cantidades a entregar a las familias, en parte por un descuido en la producción nacional y las limitaciones derivadas de las sanciones de Estados Unidos, obligó a muchos cubanos a acudir a las tiendas MLC para adquirir elementos básicos.

La llegada de la pandemia trajo consigo escasez de productos de primera necesidad, obligando al Estado a implementar controles que derivaron en largas filas de ciudadanos esperando para acceder a dichos bienes.

Medidas orientadas a dinamizar la economía 

Si bien las autoridades cubanas no han expresado si cuentan con negociaciones adelantadas con alguna cadena extranjera, muestran confianza en que la medida flexibilizará la política económica, al tiempo que le permitirá al minorista tener de gestores a inversores extranjeros, quienes serán la piedra angular de la conformación de empresas mixtas.

Por otro lado, los inversores foráneos podrán operar bajo la modalidad de compañías totalmente privadas para los mercados mayoristas.

Asimismo, el Gobierno cubano se encuentra en la búsqueda de socios con capacidad para financiar a los productores nacionales para que se conviertan en proveedores internos. Adicionalmente, aunque el Estado mantendrá el monopolio para el comercio exterior, es probable que se entreguen autorizaciones a empresas cubanas para que exporten de manera directa.

«En el ámbito de la exportación, porque el país no ha renunciado al monopolio del comercio exterior ni tiene previsto hacerlo, se quiere empezar por la venta al extranjero de servicios informáticos», agregó González.

El aire electoral continúa respirándose en América Latina. Esta vez movilizado hacia Brasil, donde este martes 16 de agosto se le dio curso a la campaña política rumbo a los comicios que se desarrollarán el próximo 2 de octubre, donde también se definirán gobernadores y se renovará el Congreso.

Con el comienzo formal desde la medianoche, ahora los 12 candidatos que aspiran a la Presidencia podrán realizar reuniones y divulgar propaganda en las redes sociales, Internet y medios gráficos. Para la radio y la televisión el permiso arrancará dentro de diez días.

Las primeras encuestas fueron publicadas y mostraron que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera de manera unánime y con una diferencia considerable –oscila entre los 12 y 16 puntos dependiendo la encuestadora- sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

No obstante, el derechista ha mejorado sus cifras en los últimos meses, bajando los índices negativos, subiendo los positivos y zanjando las diferencias en los estados brasileños más importantes.

Según las estimaciones de IPEC (ex IBOPE), Lula tiene un 44% de intención de voto, 12% más que Bolsonaro para la primera vuelta. Mientras que, para una segunda, la cifra iría a 51-35 a favor del izquierdista.

Las encuestadoras coinciden en que los números favorecen a Lula, pero menos que hace unos meses. La imagen positiva del actual jefe de Estado subió a 29%, 10 más que en diciembre de 2021, en tanto que emparejó la diferencia en San Pablo y Minas Gerais, los dos distritos más poblados.

Lula, que estuvo en el poder entre 2003 y 2010, abrió su campaña con un video en sus redes sociales, donde pidió el apoyo de los votantes para “cambiar de nuevo la vida del pueblo”.

“El hambre volvió, la inflación está asustando a las familias y el salario mínimo mal da para pagar una canasta básica”, expresó.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen programados actos simbólicos de peso como primer paso en la carrera rumbo al Palacio de Planalto​. El oficialista irá a Juiz de Fora, lugar donde fue apuñalado en 2017 a pocas semanas de ser presidente.

“Invito a todos a participar en este acto cívico a favor de Brasil en la ciudad donde renací. Dios, patria, familia y libertad”, enfatizó el candidato del Partido Liberal.

Bolsonaro apunta a aumentar el gasto en asistencia social para las personas de menores recursos y presiona a la petrolera estatal Petrobras para que bajen los precios del combustible, un factor de inflación.

Por su parte, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) anunció una visita a una fábrica de automóviles en la zona metropolitana de São Paulo, donde fueron sus orígenes en la política como líder sindical.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen estipulado participar de la ceremonia de investidura del nuevo titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Pese a la polarización, hay una docena de candidatos

Lula y Bolsonaro protagonizarán la disputa por ser el próximo presidente de Brasil, pero aún así son 12 los que formalmente están en camino a las urnas. Las cifras de la intención de voto los ponen muy por debajo, sin que ninguno supere el 10%.

El más cercano es Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, un abogado de 64 años de larga trayectoria política. En su experiencia ha sido alcalde, ministro, diputado y gobernador. Será su cuarto intento para la presidencia, aunque las estimaciones solamente le dan casi un 10%. Supo ser aliado de Lula, aunque luego terminaron enfrentados.

La centroderechista Simone Tebet –Movimiento Democrático Brasileño- tendrá su primera incursión en campañas presidenciales a los 52 años. Con orígenes en el sector agropecuario, apenas tiene un 2% de seguidores.

El resto de los candidatos no llega a un 1%. Entre ellos están Vera Lúcia Salgado (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), el empresario Felipe D’Avila (liberal), la senadora de derecha Soraya Thronicke (Unión Brasil), Léo Pericles (un mecánico de 48 años, Unidad Popular) y la comunista Sofia Manzano.

Dentro de la larga lista de candidatos aparece un hombre de 82 años, José Maria Eymael (Democracia Cristiana), el más longevo de los 12. Fue diputado federal tres veces e irá por un sexto intento por la Presidencia.

Los restantes son Roberto Jefferson (Partido Laborista, aliado de Bolsonaro, ex de Lula) y Pablo Marcal (35 años, Partido Republicano de Orden Social), aunque la candidatura de este último fue retirada por su partido para apoyar a Lula pese a la inscripción en el TSE.

En un evento en la Casa Blanca en Washington, el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de medidas para afrontar el cambio climático, mejorar la atención médica en el país y reducir la alta inflación que golpea la economía.

Biden aprovechó el espacio para criticar a los republicanos, de frente a las elecciones de mitad de término del Congreso que se celebrarán en noviembre, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, así como los gobernadores y los parlamentos locales.

“En este momento histórico, los demócratas se pusieron del lado del pueblo estadounidense, los republicanos estuvieron del lado de sus intereses especiales, todos ellos votaron en el Congreso en contra de este proyecto de ley», aseguró Biden quien apareció con mascarilla y solo se la quitó para hablar, luego que su esposa diera positivo para coronavirus.

Un «plan verde»

La nueva legislación ha sido considerada como la inversión más alta en la historia del país para luchar contra el cambio climático, 375.000 millones de dólares serán utilizados para desarrollar planes que permitan hacer frente a las condiciones climáticas, que cada año son más letales.

Según cálculos de los demócratas, se espera reducir un 40% de las emisiones de contaminantes de aquí al 2030, respecto a los niveles del 2005 e impulsar la industria de la energía verde del país.

Para la fecha acordada, se espera tener 950 millones de paneles solares en todo el territorio, 120.000 aerogeneradores y 2.300 plantas de baterías. Frances Colón, asesora de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, aseguró que este es el primer paso para que su país deje de ser uno de los mayores contaminantes del mundo.

«Es la ley más ambiciosa en cuanto a inversión en la transición a una economía de energía limpia que enfrente el problema del cambio climático», dijo la diplomática científica.

También aseguró que espera llegar a la próxima convención sobre la crisis climática, que se celebrará durante noviembre en Egipto, diciendo: «Estamos implementando este plan, ustedes qué van a hacer, y es muy interesante ese cambio de paradigma».

De igual manera, esperan impactar la economía doméstica, con el propósito de reducir 500 dólares al año los costos de la energía de las familias, dar distintos incentivos para cambiar los sistemas de calefacción y electrodomésticos por unos más eficientes, así como fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Un sistema de salud que busca ser más eficiente

La ley espera que Medicare, el sistema de salud público estadounidense, negocie algunos precios de los medicamentos recetados con las compañías farmacéuticas, ahorrando al gobierno federal unos 288.000 millones de dólares durante los próximos 10 años.

El objetivo principal es reducir los costos de medicamentos para adultos mayores, así como mejorar la vacunación de este segmento de la población, que actualmente no tiene acceso gratuito garantizado.

Este incentivo espera beneficiar a más de 13 millones de personas, ya que se estima que el gasto en sanidad de los estadounidenses es entre dos y tres veces mayor que el de los ciudadanos de otros países con ingresos similares.

El proyecto de 730 páginas también tiene dentro de sus objetivos extender los subsidios proporcionados durante la pandemia de Covid-19, que expiraban este año, reduciendo las primas de los seguros durante los próximos tres años.

¿De dónde saldrán los recursos? 

Uno de los anuncios más llamativos es que la ley impondrá un impuesto del 15% a las compañías que tengan ganancias anuales superiores al millón de dólares, además de reforzar la agencia de recaudación de impuestos para evitar su evasión, que hoy deja un hueco fiscal de 160.000 millones de dólares, según cálculos del Ejecutivo.

En 2020, 55 de las corporaciones más grandes y ricas del país no pagaron impuestos federales sobre la renta y se pretende que con la entrada en vigencia de esta ley se logre una tributación más justa  que evite este tipo de situaciones, según explicaron los promotores de la ley.

De igual manera, la norma busca reducir la inflación, que para julio se registró en 8,5% anual.

La promesa por “reconstruir” EEUU

En campaña, el presidente demócrata prometió la implementación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y mejoras en el sistema de salud. El pasado viernes, el proyecto fue aprobado por un Congreso dividido.

Este es uno de los proyectos estrella de Biden y durante las próximas semanas está prevista una gira nacional para explicar las ventajas de la ley, además, el próximo 6 de septiembre se espera la realización de un evento para la promulgación del paquete fiscal, sanitario y ambiental.

«No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición», apuntó Biden.