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Día del periodista se celebra dos veces al año: Por tradición y por Ley

Abogado y periodista santandereano, Presidente Seccional del CNP, Enrique Ochoa González, reveló la forma en que hizo desarchivar una ley que además estaba cercenada.

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Este jueves cuatro de agosto a las tres de la tarde Enrique Ochoa González, Presidente Seccional y Dignatario Nacional del Colegio Nacional de Periodistas -CNP-, encabeza en el Parque de los Periodistas, en Bucaramanga, la celebración del día del periodista.

“Como Colombia es un Estado Social de Derecho estamos cumpliendo la Constitución y la Ley, además como abogado obviamente que yo me sujeto a la Ley, pero yo tengo dos fechas de celebración”, dijo Ochoa González.

Se refiere Ochoa González a la impuesta por Ley cuando la celebración del día del periodista se hace el 4 de agosto, y a la tradicional del 9 de febrero que celebra la aparición en 1971 del primer periódico de la capital, Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, el cual era dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria.

Dos fechas ¿dos celebraciones? ¿Quién rompió la tradición centenaria del 9 de febrero e impuso el 4 de agosto como celebración del día del periodista? Como dice el dicho “no hay cuña que más apriete que la del mismo palo” y en este caso sí que es cierto y hubo quien los fortaleció en esa idea.

Contó en el diálogo con Corrillos el abogado y periodista Enrique Ochoa González que “durante la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez varios congresistas, que además eran periodistas, presentan el proyecto. Entre ellos un académico de la Universidad del Atlántico, decano de la Facultad de Comunicación, fue uno de los impulsores de esa ley. Además estaba el periodista congresista Édgar Artunduaga”.

En ese momento a los periodistas y congresistas Julio Enrique Gallardo Archibold y Édgar Artunduaga les sonó cambiar la tradicional fecha del 9 de febrero al 4 de agosto como novedoso y así lo presentaron.

Recordó Ochoa González que ya antes le habían quitado “la Tarjeta Profesional de Periodista a raíz de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 en donde se abren las fronteras para que cualquier persona pueda ser periodista. Aunque obviamente que el ejercicio de periodista está reglamentado bajo una ley”.

Según Ochoa González “la Ley 918 que decía “declárese el 4 de agosto el día nacional del periodista en cumplimiento a una rememoración de la publicación de los Derechos del Hombre por Antonio Nariño”. Esa Ley 918 fue archivada. Pero tuve la oportunidad de ir al departamento de San Andrés a un Congreso Internacional de Periodistas que coincidió con una reunión que tenía el presidente de la República en ese momento, Álvaro Uribe Vélez. El anfitrión era el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Enrique Gallardo Archibold. Sobre la Ley 918 tuve la oportunidad de decirle al Presidente de la Cámara que esa ley no estaba en cumplimiento. Que el ministro de Protección Social, Diego Palacio, cercenó una parte de la Ley en donde se entregaba la protección que se brindaba a periodistas que trabajan en zonas de conflicto. Y era muy importante no solo para el periodista sino para su familia, sobre todo con la desaparición de periodistas que Colombia la ha vivido”.

“La solicitud -recordó Ochoa González- era desarchivar la Ley, y el presidente de la Cámara me dijo, “Enrique cuando llegue a Bogotá, póngase en contacto conmigo”. Así fue. Conversamos y preguntó cuál era el interés. Y le dije que debía incluirse el artículo cercenado porque sin ese punto los periodistas quedaban sin protección. Sacaron la Ley 918, le agregaron el artículo sobre la protección de los periodistas en zonas de conflicto y quedó completa y es la Ley 1016 de 2006 que fue publicada en el Diario Oficial del 24 de febrero de 2006. Esa Ley habla de la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar la libertad y la independencia profesional. Esa Ley quedó con siete artículos”.

Entonces efectivamente hay dos fechas, una que es la tradicional del 9 de febrero que nació el 9 de febrero de 1791, con la aparición del primer periódico de la capital, Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, el cual era dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria.

Y la otra celebración es el 4 de agosto por la Ley 1016 de 2006 que en Bucaramanga se celebra en este 2022 con la entrega a las tres de la tarde del reciente arreglo del Parque de los Periodistas que tuvo una millonaria inversión. El Parque está en el costado sur del almacén Éxito de La Rosita.

Sin embargo, la vigente Ley 1016 de 2006, pese a contener de manera declarativa la protección laboral y social del periodista, no reconoce como actividad profesional el periodismo. En el Diario Oficial en efecto se encuentra que la citada Ley no contiene los artículos que configuran al periodismo como profesión, gracias a que la Corte Constitucional los declaró inexequibles desde 2003 y dejó así consignados esos criterios en la sentencia C-650 de 2003.

Pese a esa decisión de la Corte Constitucional -recordó Ochoa González-, en el artículo sexto la Ley 1016 de 2006 se declara el 4 de agosto como “el día del periodista y comunicador social en conmemoración de la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño, precursor de la Independencia”.

Esa Ley está firmada por la presidenta del Senado de la República, Claudia Blum de Barbieri, el secretario general del Senado, Emilio Ramón Otero, el presidente de la Cámara de Representantes, Julio Enrique Gallardo Archibold, el secretario general de la Cámara, Angelino Lizcano Rivera. Ley sancionada el 24 de febrero de 2006 en cumplimiento del artículo 168 de la Constitución Política de Colombia de conformidad con la Sentencia de la Corte Constitucional C-927 de 2005.

Día del periodista por tradición el 9 de febrero, día del periodista por ley el 4 de agosto.

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Isabelita Perón, la primera mujer en el mundo en asumir la presidencia de su país

En 1974, María Estela Martínez de Perón, ocupó la silla presidencial de Argentina tras morir Juan Domingo Perón. Dos años después recibió un golpe de Estado cívico-militar.

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María Estela Martínez, quien a los 43 años sería la primera mujer presidenta de una república en todo el mundo, nació en La Rioja en 1931. Pero antes fue una bailarina llamada artísticamente “Isabel Gómez”.

Fue actuando en un sitio nocturno de Panamá llamado “Happy Land”, como conoció en 1955 al exmandatario de Argentina, Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en esa nación.

Él la empleó como su secretaria hasta que, juntos, se residenciaron en España, donde contrajeron nupcias en 1961. De esta forma, Perón la hizo su tercera y última esposa.

A partir de entonces, Isabelita de Perón lo acompañó en su destierro de la actividad política, el cual se extendió hasta 1973 cuando pudieron volver a Buenos Aires.

Ascenso político

El Partido Justicialista la designó en agosto de ese mismo año como abanderada al cargo de vicepresidenta de Argentina, para que acompañara a Perón en una nueva gestión como mandatario de la nación, además de hacer realidad la aspiración que tuvo Eva Perón en 1951.

Un mes después y con casi 62% de los votantes, la estrategia política “Perón-Perón” se alzó con el triunfo. El 1 de julio de 1974 Perón fallece, tras lo cual la presidencia quedó bajo el mando de Isabelita, hasta entonces la única mujer en asumir las riendas de un país republicano, no sólo en el continente americano, sino a nivel mundial.

Le tocó experimentar momentos signados por las dificultades. El peronismo vivía un escenario de adversas posturas internas que sólo habían sido apaciguadas por su respetado líder.

Aquellos que, guiados por la guerrilla de “Los Montoneros”, comulgaban con la izquierda y alzaban sus armas contra el sindicalismo de la derecha y agrupaciones acolitadas por el ministro José López Rega, de gran influencia en las decisiones de Isabel de Perón. A este hombre se le indilgaba la conducción del gobierno y el origen de la ultraderecha terrorista argentina.

Golpe de Estado

Además, a la presidenta le tocaría confrontar un histórico complot militar contra el peronismo.

El panorama conllevaba a un inminente golpe de Estado, cuya realización se dio al tercer mes de 1976, a partir de lo cual hubo una serie de mandatos de militares e irrespeto a los derechos humanos. En los subsiguientes cinco años, la viuda de Perón vivió la encarcelación y también el exilio.

Recuperada su libertad, en julio del año 1981, se residenció en Madrid y se alejó de la política casi de manera absoluta. Sin embargó en ocasiones visitó su país.

En 2007, el poder judicial de Argentina solicitó a España la extradición de Isabel de Perón, por delitos de lesa humanidad. La Audiencia Nacional española decidió en 2008 no ceder bajo el alegato de que esos señalamientos contra la expresidenta no revestían dicha calificación.

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Colombianos rompen récord de migración ilegal a EEUU: 2’500.000 en 2022

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

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El número de arrestos de personas intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos acaba de alcanzar su máximo histórico. Mas de 2 millones 250 mil durante los primeros diez meses del año fiscal 2022, que se contabiliza desde octubre del año pasado a octubre del presente.

El récord anterior, fijado durante el año fiscal 2021, era de un millón 956 mil 519 detenciones.

Dado que a este año fiscal aún le quedan dos meses (agosto y septiembre) y que el promedio actual es de unos 250 mil arrestos mensuales se espera que la cifra total del año se acerque a 3 millones de personas, un 30% por encima de la marca anterior.

En su gran mayoría las detenciones fueron reportadas en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México con un porcentaje menor (4%) en la norte, con Canadá.

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

En el último mes contabilizado, (julio de 2022) fueron arrestados otros 14.022 colombianos, que si bien no es el número mensual más alto que se registra -fue de 19.322 en mayo- es el tercero más elevado de la historia reciente.

Para ponerlo en contexto, durante el 2020 fueron solo unos 600 los arrestados mientras que otros 6 mil cayeron a lo largo de todo el 2021.

Los colombianos ocupan la sexta casilla en cuanto a número de arrestos, solo superados por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

En términos porcentuales, es el grupo humano que más ha crecido durante el primer semestre del año calendario: de 4.329 en enero a los 14.022 de julio. Es decir, casi un 250%.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que al menos un número equivalente al 20% de esos totales (400 mil personas) logra penetrar a EE.UU. sin ser detectadas por las autoridades.

El 80% de ilegales llega de Latinoamérica

Otra cifra similar es liberada una vez en EE.UU. mientras avanzan sus procesos migratorios. Sobre todo, los grupos familiares que incluyen menores de edad.

En términos generales, más del 80% de todos los arrestos a nivel nacional ha sido de ciudadanos de América Latina y el Caribe.

“Estamos capturando gente a diestra y siniestra. Nunca habíamos visto algo así”, dijo recientemente Jesús Vasalvilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona

Las razones tras esta dramática cifra de arrestos y/o migración hacia EE.UU. tienen matices diferentes dependiendo del país de origen. Pero la mayoría de expertos y autoridades coinciden en por lo menos cuatro de ellas.

La primera es la pandemia del Covid-19 y su devastador efecto económico en los países de la región que generó cifras récord de desempleo.

Esta ‘marea migratoria’ se contuvo durante el primer año del coronavirus pues la mayoría de países, entre ellos EE.UU., cerraron sus fronteras para contener la emergencia sanitaria. Pero se disparó en mayo del año pasado una vez se levantaron las restricciones.

La segunda obedece a un fenómeno de oferta y demanda. La rápida recuperación económica que experimentó Estados Unidos tras los peores meses de la pandemia se tradujo en una gran necesidad de trabajadores, particularmente los que reciben salario mínimo que por lo general son los que ocupan los inmigrantes ilegales o recién llegados.

Especialmente en la industria del turismo y alimenticia, que pasó casi de cero a cien en pocos meses.

Así mismo muchos de los ‘coyotes’ o personas que se dedican al tráfico ilegal de personas propagaron la historia errónea de que la llegada de Joe Biden a la presidencia le abriría las puertas a la inmigración, que se mantuvo más bien cerrada durante los años de Donald Trump en la Casa Blanca.

​Como las mismas cifras de arrestos y expulsiones lo indican, aunque la administración del demócrata no ha sido más favorable para los indocumentados, esa idea caló entre muchos y también explica el alto flujo.

Inmigración, dolor de cabeza para Biden

Muchos apuntan al efecto adverso y contradictoria que ha causado el polémico Título 42, una medida autorizada por Trump para expulsar del país de manera expedita a los inmigrantes alegando que eran un riesgo para la propagación del Covid-19.

Aunque el objetivo inicial era lógico y correspondía una realidad en el terreno que otros países emularon, también fue usada para impedir que los inmigrantes que llegaban a la frontera pudieran clamar asilo, el primer paso para ser admitidos a EE.UU. y que ofrece ciertas garantías procesales. En otras palabras, el Título 42 permitía la expulsión inmediata sin considerar razones.​

Sin embargo, esta la ley no incluye una penalidad o castigo para la reincidencia, algo que sí ocurre con el proceso regular de inmigración que lo regula el llamado Título 8. Bajo este título, sin una persona ya deportada intenta cruzar nueva la frontera, queda bloqueada durante 5 años para cualquier proceso migratorio en el país y además puede enfrentar penas que incluyen la cárcel.

Como el Título 42 no incluye este castigo por tratarse de una expulsión sin garantías procesales, la persona puede intentar cruzar la frontera las veces que lo desee.

En la práctica lo que termina sucediendo es que muchas de las personas que son devueltas a México y otros países lo vuelven a intentar a los pocos días.

Por eso, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, una de cada cuatro personas arrestadas son reincidentes. Lo cual también explica el histórico número de detenciones.

En mayo Biden puso fin a la aplicación del Título 42 y presentó un nuevo sistema que eliminaría este ‘hueco’ que existe en el método actual. Sin embargo, su decisión fue frenada por un juez federal mientras las cortes llegan a una decisión de fondo sobre la legalidad del procedimiento.

En todo caso de trata de un tema explosivo para Biden pues la presión migratoria en la frontera sur suele ser un tema que explotan sus rivales republicanos con fines electorales.

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Un año de sombra en Afganistán: silencio, opresión y hambre bajo el gobierno Talibán

La llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto del 2021 sumió un país que ya arrastra 20 años de conflicto e inestabilidad en un escenario todavía más incierto: entre la represión y el retroceso de los derechos humanos, se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país.

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Silencio para los periodistas y defensores de derechos humanos; opresión para las mujeres y las minorías étnicas; hambre para todos.

Los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021 y, un año después, sigue sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos.

La crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales profundiza la herida en un país que arrastra 20 años de guerra y que se dirige hacia un futuro incierto.

«Una pesadilla de derechos humanos»

Lo dice Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch (HRW): «El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctimas tanto de la crueldad talibán y de la apatía internacional (…) Su futuro parece lúgubre si los gobiernos extranjeros no presionan más a las autoridades talibanes».

Más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener comida asegurada, según el Programa Mundial de los Alimentos.

Sin la ayuda económica extranjera de la que tanto dependía Afganistán, el país cuenta con escasos recursos para reactivar la economía y lo sufren las familias: más de un millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición prolongada.

Las denuncias de la ONU

La situación se agrava cuando hablamos de derechos humanos en el país. La misión de la ONU en Afganistán UNAMA reporta relatos escalofriantes del repunte de la violencia, especialmente contra opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados.

Desde la llegada de los talibanes al poder hasta junio de 2022, se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchos de ellos a manos del Estado Islámico de Irak y Levante – Khorasán (ISIL-KP), el grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país.

Pero además de estos ataques terroristas, la UNAMA denunció a las autoridades por arrestos arbitrarios, torturas y hasta muertes extrajudiciales especialmente dirigidos a funcionarios del antiguo gobierno, simpatizante con Estados Unidos, defensores de derechos humanos y reporteros.

También se han reportado uso excesivo de fuerza en manifestaciones. Además, varias personas han sido víctimas de castigos por «moral» (como por ejemplo, el sexo por fuera del matrimonio).

En general, el uso de espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Samiullah Mahdi, un periodista afgano que trabaja ahora para la Iniciativa para el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), hablaba así con amargura: «Ahora solo vemos las cenizas de lo que creamos hace años, después de que los talibanes hayan reprimido con un puño de hierro todos los medios libres».

El retroceso en los derechos de las mujeres

Cuando el gobierno Talibán se hizo con el poder en Afganistán, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Ese hecho simbólico explica bien la realidad para las mujeres y las niñas en el país. Por ahora, las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre, no pueden aparecer fuera de la casa sin hijab, en realidad, no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario.

Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo del trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa.

Entre otras cosas, la impunidad y también la crisis económica y humanitaria ha hecho que aumenten los matrimonios infantiles, que, en principio, están prohibidos.

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