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Informe

Colegio de Vetas ante inminente riesgo por falta de profesores

Decreto del nivel nacional ordena unos mínimos por profesor en cada salón de clase. Con base en ese Decreto a la escuela de primaria de Vetas, Santander, solo le dejaron tres profesoras para preescolar y primaria. Tres profesoras para atender preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. La orden es fusionar, meter varios cursos en un solo salón. Comunidad alarmada.

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Corría el lunes primero de agosto de 2022 y desde Medellín se conocía por boca del presidente de la República, Iván Duque Márquez, que ese día “hacían historia por la Educación. Con la entrega de 5 colegios que benefician a 3.247 estudiantes de Medellín, Manzanares, Pereira, Tuluá e Ibagué, superamos los 300 colegios nuevos o ampliados entregados por el Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE- en todo el país”.

Dijo además el presidente Duque, a seis días de entregar su cargo, que “los 303 colegios nuevos o ampliados que hemos entregado representan 4.249 aulas nuevas, 1.607 aulas mejoradas, 181 laboratorios, 161 aulas de tecnología, 272 comedores escolares, y más de 255 mil estudiantes beneficiados”.

Reunión con la Secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, el 17 de mayo.

Mientras eso sucedía en Medellín, el mismo lunes primero de agosto en Bucaramanga, en el Palacio Amarillo que ocupa el costado sur del Parque García Rovira, al menos treinta personas desde las nueve de la mañana ingresaban a la Gobernación de Santander con el propósito de tener un diálogo con la Secretaría de Educación Departamental, María Eugenia Triana Vargas.

No era la primera vez que una comisión de padres de familia, estudiantes, alcalde de Vetas – Hernán Bautista Moreno, concejales de Vetas, entre otros, llegaban al centro de poder departamental para invocar por ayuda debido al riesgo inminente de que el único colegio de Vetas se quede sin profesores.

La decisión oficial de restar profesores al colegio y escuelas de Vetas descansa en el Decreto 490 de 2016, que no exactamente ordena el recorte, pero establece unos mínimos que se deban cumplir en cuanto a la cantidad de alumnos por salón y así el número de profesores.

La ecuación es simple, en áreas urbanas cada colegio o escuela debe tener por salón 32 estudiantes por profesor, mientras que en áreas rurales cada institución educativa debe tener 24 alumnos por docente.

En Vetas, como en muchos otros municipios del país, los jóvenes al graduarse de bachilleres emigran a las ciudades o a municipios más grandes en donde encuentren oportunidades de estudio o de trabajo. No todos se van, pero sí el número es bastante. Esos jóvenes regresan después a visitar a su familia, pero ya residen en otros lugares.

Vetas, Santander, el municipio más alto de Colombia.

De esa manera se presenta una reducción drástica de residentes jóvenes y de nuevos nacimientos. Vetas, según el reciente censo, tiene 2.600 habitantes y con tendencia a disminuir. La deserción escolar es muy baja. Sólo hay un colegio: el San Juan Nepomuceno, con una sede urbana para bachillerato y una sede urbana para primaria y cinco sedes rurales en diferentes veredas.

De esa forma el número de estudiantes que hay en Vetas solo estudia en el Colegio San Juan Nepomuceno porque no hay más opción, pero el colegio o las sedes no tienen más estudiantes porque no hay más gente. Así que el Decreto 490 de 2016 es imposible de cumplir.

A nivel nacional hay 25 veedores de educación inclusiva, y por parte de Vetas, la señora Rosa Elena Delgado, hace parte de la veeduría de educación inclusiva en Vetas.

En diálogo con Corrillos, la señora Rosa Elena informó que el primer campanazo de alerta se dio en mayo de 2022 cuando a Vetas les llegó comunicación a las profesoras de primero de primaria Dora Inés Gómez, de segundo Yudi Mercado, y de tercero Bibiana Castillo de que serían trasladadas con plaza fija a otro lugar de Santander.

La decisión se tomaba, según les informaban con base en el Decreto 490 de 2016 que ordena la tenencia en zona urbana por aula de 32 alumnos por profesor y en zona rural de 24 alumnos por profesor.

En la primera reunión la atención fue óptima, pero las conclusiones no presagiaban un panorama alentador.

A manera de información general el Colegio San Juan Nepomuceno tiene en onceavo grado 13 alumnos, en 10 son 14 alumnos, en 9 son 23 alumnos, en 8 son 32 alumnos, en 7 son 24 alumnos, en 6 son 29 alumnos. En total 135 alumnos en bachillerato.

En la sede urbana de primaria en preescolar son 10 alumnos, en primero son 10 alumnos, en segundo son 13 alumnos, en tercero son 13 alumnos, en cuarto son 16 alumnos, en quinto son 15 alumnos. En total 77 alumnos en preescolar y primaria.

Con base en esas cifras la Resolución de traslado llegó a las profesoras de primero, segundo y tercero primaria. Al quedarse sin profesor los cursos primero, segundo y tercero de primaria la orden tajante consistía en fusionar los cursos es decir meter en la misma aula varios cursos para intentar completar el número mínimo de alumnos que ordenaba el Decreto 490 de 2016.

En Vetas se produjo la alarma general. El redoble de campanas esta vez no sonó a fiesta, sino al contrario a inminente riesgo de quitarle los mínimos vitales a un municipio, como es un colegio, o lo que es lo mismo tener un colegio sin profesores.

Estudiantes abogan por el derecho constitucional a la educación, porque el colegio puede ser muy bonito, pero sin profesores no es nada.

De inmediato se logró la primera reunión en la Secretaría de Educación Departamental. La secretaria María Eugenia Triana Vargas atendió durante tres horas a la comisión de Vetas que encabezaba el alcalde, el concejal Julián Antonio Jiménez, la personera estudiantil Jannin Vanessa Rodríguez Rojas, la veedora de educación inclusiva Rosa Elena Delgado, varios estudiantes, el rector del colegio José Luis Cortés Palomino, y el contralor estudiante Juan Pablo Rojas, entre otros.

La conclusión, después de tres horas de reunión ese 17 de mayo, dejó un sabor agridulce: Se prometió hacer un estudio técnico para revisar cuántos profesores se podían quedar, con base en el número de alumnos que el Colegio San Juan Nepomuceno tenía en cada aula de primaria y de bachillerato. Sin embargo, como aliciente, se les informó que esta no era una problemática exclusiva de Vetas y que el tema se discutía a nivel nacional. Que todo encajaba en el Decreto 490 de 2016 y que la solución definitiva sólo podría provenir del Ministerio de Educación.

La comisión regresó a Vetas y a los pocos días llegaron las resoluciones de traslado para las profesoras Yudi Mercado, Dora Inés Gómez y Bibiana Castillo. Fueron trasladadas con plaza fija a otros lugares de Santander. Primero, segundo y tercero de primaria se quedaron sin profesoras.

Después de varias semanas en que los alumnos no tenían clase, se alegó la vulneración al derecho constitucional de la educación y se conformó una comisión para abogar por ese derecho ante la Secretaría de Educación Departamental.

Escuela de primaria con paredes sólidas en Vetas pero ahora solo tiene tres profesoras para todos los cursos.

En la Gobernación de Santander fueron recibidos este lunes primero de agosto a las 9:30 de la mañana en la oficina de Talento Humano y luego en la Secretaria de Educación. Luego de una hora de reunión le informaron a la comisión de Vetas que el estudio técnico realizado no era viable, que seguía en vigencia el Decreto 490 de 2016, que entre menos alumnos menos profesores.

Las tres profesoras de preescolar y primaria que no fueron trasladadas deberán multiplicarse y responder por los 77 alumnos que tiene la escuela en la zona urbana. En el mismo salón deberán meter a los estudiantes sin importar el curso en que estén. Quedarán fusionados, como ordena el Ministerio, lo importante es tratar de obedecer al Decreto 490 de 2016 firmado en Bogotá, pero sin mirar realidades diferentes como la de Vetas, en donde Vetas con 2.600 habitantes nunca podrá ser comparable con Bogotá con 10 millones de habitantes.

En octubre el Colegio San Juan Nepomuceno celebrará sus 50 años de fundación y existencia, muchos en Vetas ruegan porque el siguiente redoble de campanas no sea para anunciar el cierre del colegio sino al contrario, para anunciar la llegada de los profesores que faltan.

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Isabelita Perón, la primera mujer en el mundo en asumir la presidencia de su país

En 1974, María Estela Martínez de Perón, ocupó la silla presidencial de Argentina tras morir Juan Domingo Perón. Dos años después recibió un golpe de Estado cívico-militar.

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María Estela Martínez, quien a los 43 años sería la primera mujer presidenta de una república en todo el mundo, nació en La Rioja en 1931. Pero antes fue una bailarina llamada artísticamente “Isabel Gómez”.

Fue actuando en un sitio nocturno de Panamá llamado “Happy Land”, como conoció en 1955 al exmandatario de Argentina, Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en esa nación.

Él la empleó como su secretaria hasta que, juntos, se residenciaron en España, donde contrajeron nupcias en 1961. De esta forma, Perón la hizo su tercera y última esposa.

A partir de entonces, Isabelita de Perón lo acompañó en su destierro de la actividad política, el cual se extendió hasta 1973 cuando pudieron volver a Buenos Aires.

Ascenso político

El Partido Justicialista la designó en agosto de ese mismo año como abanderada al cargo de vicepresidenta de Argentina, para que acompañara a Perón en una nueva gestión como mandatario de la nación, además de hacer realidad la aspiración que tuvo Eva Perón en 1951.

Un mes después y con casi 62% de los votantes, la estrategia política “Perón-Perón” se alzó con el triunfo. El 1 de julio de 1974 Perón fallece, tras lo cual la presidencia quedó bajo el mando de Isabelita, hasta entonces la única mujer en asumir las riendas de un país republicano, no sólo en el continente americano, sino a nivel mundial.

Le tocó experimentar momentos signados por las dificultades. El peronismo vivía un escenario de adversas posturas internas que sólo habían sido apaciguadas por su respetado líder.

Aquellos que, guiados por la guerrilla de “Los Montoneros”, comulgaban con la izquierda y alzaban sus armas contra el sindicalismo de la derecha y agrupaciones acolitadas por el ministro José López Rega, de gran influencia en las decisiones de Isabel de Perón. A este hombre se le indilgaba la conducción del gobierno y el origen de la ultraderecha terrorista argentina.

Golpe de Estado

Además, a la presidenta le tocaría confrontar un histórico complot militar contra el peronismo.

El panorama conllevaba a un inminente golpe de Estado, cuya realización se dio al tercer mes de 1976, a partir de lo cual hubo una serie de mandatos de militares e irrespeto a los derechos humanos. En los subsiguientes cinco años, la viuda de Perón vivió la encarcelación y también el exilio.

Recuperada su libertad, en julio del año 1981, se residenció en Madrid y se alejó de la política casi de manera absoluta. Sin embargó en ocasiones visitó su país.

En 2007, el poder judicial de Argentina solicitó a España la extradición de Isabel de Perón, por delitos de lesa humanidad. La Audiencia Nacional española decidió en 2008 no ceder bajo el alegato de que esos señalamientos contra la expresidenta no revestían dicha calificación.

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Colombianos rompen récord de migración ilegal a EEUU: 2’500.000 en 2022

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

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El número de arrestos de personas intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos acaba de alcanzar su máximo histórico. Mas de 2 millones 250 mil durante los primeros diez meses del año fiscal 2022, que se contabiliza desde octubre del año pasado a octubre del presente.

El récord anterior, fijado durante el año fiscal 2021, era de un millón 956 mil 519 detenciones.

Dado que a este año fiscal aún le quedan dos meses (agosto y septiembre) y que el promedio actual es de unos 250 mil arrestos mensuales se espera que la cifra total del año se acerque a 3 millones de personas, un 30% por encima de la marca anterior.

En su gran mayoría las detenciones fueron reportadas en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México con un porcentaje menor (4%) en la norte, con Canadá.

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

En el último mes contabilizado, (julio de 2022) fueron arrestados otros 14.022 colombianos, que si bien no es el número mensual más alto que se registra -fue de 19.322 en mayo- es el tercero más elevado de la historia reciente.

Para ponerlo en contexto, durante el 2020 fueron solo unos 600 los arrestados mientras que otros 6 mil cayeron a lo largo de todo el 2021.

Los colombianos ocupan la sexta casilla en cuanto a número de arrestos, solo superados por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

En términos porcentuales, es el grupo humano que más ha crecido durante el primer semestre del año calendario: de 4.329 en enero a los 14.022 de julio. Es decir, casi un 250%.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que al menos un número equivalente al 20% de esos totales (400 mil personas) logra penetrar a EE.UU. sin ser detectadas por las autoridades.

El 80% de ilegales llega de Latinoamérica

Otra cifra similar es liberada una vez en EE.UU. mientras avanzan sus procesos migratorios. Sobre todo, los grupos familiares que incluyen menores de edad.

En términos generales, más del 80% de todos los arrestos a nivel nacional ha sido de ciudadanos de América Latina y el Caribe.

“Estamos capturando gente a diestra y siniestra. Nunca habíamos visto algo así”, dijo recientemente Jesús Vasalvilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona

Las razones tras esta dramática cifra de arrestos y/o migración hacia EE.UU. tienen matices diferentes dependiendo del país de origen. Pero la mayoría de expertos y autoridades coinciden en por lo menos cuatro de ellas.

La primera es la pandemia del Covid-19 y su devastador efecto económico en los países de la región que generó cifras récord de desempleo.

Esta ‘marea migratoria’ se contuvo durante el primer año del coronavirus pues la mayoría de países, entre ellos EE.UU., cerraron sus fronteras para contener la emergencia sanitaria. Pero se disparó en mayo del año pasado una vez se levantaron las restricciones.

La segunda obedece a un fenómeno de oferta y demanda. La rápida recuperación económica que experimentó Estados Unidos tras los peores meses de la pandemia se tradujo en una gran necesidad de trabajadores, particularmente los que reciben salario mínimo que por lo general son los que ocupan los inmigrantes ilegales o recién llegados.

Especialmente en la industria del turismo y alimenticia, que pasó casi de cero a cien en pocos meses.

Así mismo muchos de los ‘coyotes’ o personas que se dedican al tráfico ilegal de personas propagaron la historia errónea de que la llegada de Joe Biden a la presidencia le abriría las puertas a la inmigración, que se mantuvo más bien cerrada durante los años de Donald Trump en la Casa Blanca.

​Como las mismas cifras de arrestos y expulsiones lo indican, aunque la administración del demócrata no ha sido más favorable para los indocumentados, esa idea caló entre muchos y también explica el alto flujo.

Inmigración, dolor de cabeza para Biden

Muchos apuntan al efecto adverso y contradictoria que ha causado el polémico Título 42, una medida autorizada por Trump para expulsar del país de manera expedita a los inmigrantes alegando que eran un riesgo para la propagación del Covid-19.

Aunque el objetivo inicial era lógico y correspondía una realidad en el terreno que otros países emularon, también fue usada para impedir que los inmigrantes que llegaban a la frontera pudieran clamar asilo, el primer paso para ser admitidos a EE.UU. y que ofrece ciertas garantías procesales. En otras palabras, el Título 42 permitía la expulsión inmediata sin considerar razones.​

Sin embargo, esta la ley no incluye una penalidad o castigo para la reincidencia, algo que sí ocurre con el proceso regular de inmigración que lo regula el llamado Título 8. Bajo este título, sin una persona ya deportada intenta cruzar nueva la frontera, queda bloqueada durante 5 años para cualquier proceso migratorio en el país y además puede enfrentar penas que incluyen la cárcel.

Como el Título 42 no incluye este castigo por tratarse de una expulsión sin garantías procesales, la persona puede intentar cruzar la frontera las veces que lo desee.

En la práctica lo que termina sucediendo es que muchas de las personas que son devueltas a México y otros países lo vuelven a intentar a los pocos días.

Por eso, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, una de cada cuatro personas arrestadas son reincidentes. Lo cual también explica el histórico número de detenciones.

En mayo Biden puso fin a la aplicación del Título 42 y presentó un nuevo sistema que eliminaría este ‘hueco’ que existe en el método actual. Sin embargo, su decisión fue frenada por un juez federal mientras las cortes llegan a una decisión de fondo sobre la legalidad del procedimiento.

En todo caso de trata de un tema explosivo para Biden pues la presión migratoria en la frontera sur suele ser un tema que explotan sus rivales republicanos con fines electorales.

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Un año de sombra en Afganistán: silencio, opresión y hambre bajo el gobierno Talibán

La llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto del 2021 sumió un país que ya arrastra 20 años de conflicto e inestabilidad en un escenario todavía más incierto: entre la represión y el retroceso de los derechos humanos, se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país.

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Silencio para los periodistas y defensores de derechos humanos; opresión para las mujeres y las minorías étnicas; hambre para todos.

Los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021 y, un año después, sigue sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos.

La crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales profundiza la herida en un país que arrastra 20 años de guerra y que se dirige hacia un futuro incierto.

«Una pesadilla de derechos humanos»

Lo dice Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch (HRW): «El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctimas tanto de la crueldad talibán y de la apatía internacional (…) Su futuro parece lúgubre si los gobiernos extranjeros no presionan más a las autoridades talibanes».

Más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener comida asegurada, según el Programa Mundial de los Alimentos.

Sin la ayuda económica extranjera de la que tanto dependía Afganistán, el país cuenta con escasos recursos para reactivar la economía y lo sufren las familias: más de un millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición prolongada.

Las denuncias de la ONU

La situación se agrava cuando hablamos de derechos humanos en el país. La misión de la ONU en Afganistán UNAMA reporta relatos escalofriantes del repunte de la violencia, especialmente contra opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados.

Desde la llegada de los talibanes al poder hasta junio de 2022, se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchos de ellos a manos del Estado Islámico de Irak y Levante – Khorasán (ISIL-KP), el grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país.

Pero además de estos ataques terroristas, la UNAMA denunció a las autoridades por arrestos arbitrarios, torturas y hasta muertes extrajudiciales especialmente dirigidos a funcionarios del antiguo gobierno, simpatizante con Estados Unidos, defensores de derechos humanos y reporteros.

También se han reportado uso excesivo de fuerza en manifestaciones. Además, varias personas han sido víctimas de castigos por «moral» (como por ejemplo, el sexo por fuera del matrimonio).

En general, el uso de espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Samiullah Mahdi, un periodista afgano que trabaja ahora para la Iniciativa para el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), hablaba así con amargura: «Ahora solo vemos las cenizas de lo que creamos hace años, después de que los talibanes hayan reprimido con un puño de hierro todos los medios libres».

El retroceso en los derechos de las mujeres

Cuando el gobierno Talibán se hizo con el poder en Afganistán, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Ese hecho simbólico explica bien la realidad para las mujeres y las niñas en el país. Por ahora, las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre, no pueden aparecer fuera de la casa sin hijab, en realidad, no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario.

Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo del trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa.

Entre otras cosas, la impunidad y también la crisis económica y humanitaria ha hecho que aumenten los matrimonios infantiles, que, en principio, están prohibidos.

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