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Análisis

Centroamérica y su “retórica antimedios”, tierra hostil para la libertad de prensa

Centroamérica nunca brilló por su compromiso con la libertad de prensa, pero en los últimos meses se han multiplicado los casos de encarcelamiento de periodistas, allanamientos ilegales a redacciones o el cierre de emisoras molestas para el poder.

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Existen países donde, siempre que se tengan pruebas, se puede escribir y publicar sobre cualquier actividad abusiva de los gobernantes. Definitivamente este no es el caso de varios Estados centroamericanos, región que se ha convertido en una isla en la que la crítica se persigue y se castiga. La detención –el pasado viernes– de José Rubén Zamora, uno de los principales periodistas de Guatemala, lo ha hecho recordar.

Esta franja de tierra entre Guatemala y Panamá se está convirtiendo en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En Guatemala, una cruzada contra los periodistas críticos 

Empezamos con el país que echó sal a las heridas sin cicatrizar de la libertad de expresión en los países del istmo: Guatemala. El viernes 29 de julio, la Fiscalía realizó un allanamiento al diario ‘elPeriódico’ y encarceló a su director, José Rubén Zamora, sin informarle previamente de los delitos que se le imputaban.

El diario desentrañó casos de corrupción y abusos públicos que implican a las más altas esferas del poder -involucrando hasta al propio mandatario Alejandro Giammattei- y la detención de su director ocurrió justo después de nuevas publicaciones en ese sentido.

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso mantuvo que la captura de Zamora no tenía que ver con su condición de periodista: «Está capturado como empresario», sostuvo.

Una afirmación que no convence a la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF): «Estamos hablando de uno de los periodistas más grandes de Guatemala, por su historial de revelaciones y su compromiso con el periodismo. Personalmente, ver las fotos de José esposado me horrorizó», confía Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina.

Pero por horrendas que sean, esas prácticas siguen siendo habituales en la región: «En toda Centroamérica, identificamos métodos similares. Desde el más alto nivel del Estado recurren a todo un abanico de medidas para censurar. Empezando por un discurso de la clase política que estigmatiza públicamente a los periodistas y los presenta como el enemigo del pueblo», agrega Colombié.

Dentro de este abanico, el uso del poder judicial para arremeter contra medios de comunicación se está también convirtiendo en una tendencia preocupante en Centroamérica.

Y estas formas de silenciar las voces disidentes se amplían conforme la creatividad de los gobiernos que coquetean con el autoritarismo: «Pesquisas ilegales de las redacciones, censura administrativa y hasta desabastecimiento organizado de papel para que no se puedan imprimir los periódicos», señala RSF.

El suceso en Guatemala activó una vez más las alarmas en Centroamérica. Pero no es el único ataque a la prensa de la región en las últimas semanas.

Ortega y su cruzada contra las voces críticas  

A principios de agosto, el Gobierno nicaragüense ordenó el cierre de 11 emisoras de radio católicas. Otra cruzada sintomática de esa persecución de Daniel Ortega a los medios críticos de su gobierno es la llevada a cabo contra el diario ‘La Prensa’.

La última ofensiva contra el periódico ocurrió durante la noche del 6 de julio en Managua, cuando la policía irrumpió y registró ilegalmente los domicilios de varios empleados. Este operativo de gran envergadura se saldó con el exilio forzado de los últimos periodistas y colaboradores del matutino.

«Ortega quiere apagar la luz», ilustra Emmanuel Colombié. «Y no hay motivos para ser optimistas mientras él esté en el poder». Y es que al presidente de Nicaragua nada lo detiene en su afán de controlar la información.

Presiones judiciales y asfixia económica contra los medios independientes, auditorías abusivas, detenciones arbitrarias o leyes inconstitucionales, «unos medios ilegales que ni siquiera se usan con el peor enemigo», resalta Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, el Ejecutivo nicaragüense ha llevado al exilio a más de 120 profesionales de la información.

Una cuestión que preocupa especialmente a Emmanuel Colombié. «No se puede hacer el mismo trabajo de información desde el exilio ya que el acceso a las fuentes dentro del país se reduce. Además, los periodistas se enfrentan a dificultades económicas, sin hablar del daño psicológico de haber tenido que dejar de un día para otro a su país, su familia», sostiene el experto.

«En materia de libertad de prensa, Nicaragua no se limita a ser el peor alumno de la región: también es su mejor maestro. Está armando un manual preciso para implementar el acallamiento de la prensa que otros gobiernos parecen seguir», alerta Carlos Jornet.

De hecho, en los últimos días, varios activistas de la libertad de prensa han comparado el ‘caso Zamora’ en Guatemala con un proceder habitualmente atribuido a Nicaragua.

«Dentro de la SIP, -de Cuba, Nicaragua y Venezuela -, solíamos hablar de un ‘Triángulo de las Bermudas’ donde naufragan las libertades. Ahora, si toca agregar a Guatemala, El Salvador y otros, va a empezar a ser un polígono más amplio», se ríe con amargura Carlos Jornet.

La deriva autoritaria de El Salvador 

Y ciertamente El Salvador se está convirtiendo en un vértice importante de este deplorable panorama de la libertad de prensa en la región. Un informe elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos denuncia que los medios de comunicación locales fueron blanco de decenas de ataques, intimidación, casos de espionaje y desacreditación a lo largo del 2021.

Y son situaciones que han ido en aumento, pasando de 77 casos de agresiones a periodistas en 2019, a 219 en el 2021. Se trata de un repunte de 184%.

«En El Salvador, preocupa la deriva autoritaria de Nayib Bukele. Está centralizando el monopolio de la información, vía Twitter», anota el director de la Oficina de RSF en América Latina.

Y es cierto que las noticias positivas y rimbombantes abundan en la cuenta de Twitter del presidente de El Salvador. Se convierte en un problema cuando un escaso o nulo acceso a la información pública impide que los ciudadanos puedan dimensionar la realidad en la que viven, con estadísticas o datos verificados.

«Pero Bukele no se limita a twittear, sus ataques a la prensa también son frontales. Los periódicos críticos son abiertamente insultados, sus colaboradores reciben amenazas de muerte. Cabe mencionar también los casos de espionaje por Pegasus», ilustra Emmanuel Colombié.

En efecto, en enero Amnistía Internacional dio a conocer un informe que lista «35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil» que fueron presuntamente espiados con el programa Pegasus en El Salvador.

Al igual que en Nicaragua, «la retórica antimedios» del mandatario salvadoreño también contamina el marco legal que debería proteger la prensa. El último y notorio ejemplo reside en una ley, votada en la primera semana de abril, que penaliza a quienes «reproduzcan mensajes presuntamente originados u originados por pandillas» con hasta 15 años de cárcel.

«La desconfianza hacia la prensa ha seguido ganando terreno, alimentada por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política, especialmente en Brasil (puesto 110º de la Clasificación), Cuba (173º), Venezuela (159º), Nicaragua (160º) y El Salvador (112º)», indica RSF.

Cuba, donde la voz de la prensa oficialista impera 

No se puede hablar de amenazas a la libertad de prensa en la región de Centroamérica y el Caribe sin mencionar a Cuba. El ranking de 2022 de RSF ubica al país insular en el puesto 173, de 180 países.

Y esa situación «no mejorará mientras el régimen castrista esté en el poder, de eso no hay dudas. ¿Cómo podría ser así si la propia Constitución cubana prohíbe la creación de un medio de comunicación privado?», apunta Colombié.

En la isla, la prensa independiente solo puede existir a través de Internet. Pero como su acceso se ve regularmente limitado, con averías tecnológicas y cortes de electricidad – como el ocurrido el 11 de julio de 2021 en medio de las inéditas protestas- el trabajo de los periodistas resulta cada vez más complicado.

Honduras, donde la impunidad de asesinatos de periodistas 

Del lado de Honduras, ejercer un periodismo de calidad y objetivo continúa siendo un desafío. Un ejercicio que puede costar la vida. El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras calcula que 97 reporteros fueron asesinados en el país desde 2001.

Tragedias de las que el 91% quedaron impunes, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Ese dato permite abordar un tema clave para entender cómo la pasividad de la Justicia alienta esta espiral de violencia en ese rincón del mundo.

«En Latinoamérica, menos del 10% de los casos de asesinatos a periodistas terminan en condenas. Lo que además de abrir la puerta para que sigan ocurriendo estos hechos, constituye un dolor agravado para las familias de las víctimas», lamenta por su parte Jornet.

Aún así, de acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la SIP; de un máximo de 100 puntos posibles, al país centroamericano se le otorgó 61,47 puntos, por encima del índice global de 55,61 puntos.

Reprimenda para el buen estudiante de la región: Costa Rica

Único país de color verde en la Clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF: Costa Rica.

Sin embargo, el director de la Oficina de la ONG en América Latina expresa reservas. «Costa Rica fue durante mucho tiempo el buen alumno de la región y lo sigue siendo si comparamos con sus vecinos. Tiene instituciones sólidas, un marco legal favorable al ejercicio del periodismo; es ciertamente una excepción regional. Pero no es un paraíso».

En efecto, el pasado 3 de agosto el presidente Rodrigo Chaves Robles comparó a miembros de la prensa con «ratas» y otras especies de la «fauna». Comentarios que no impiden al mandatario presentarse como un fiel defensor de la libertad de expresión.

«La prensa en Costa Rica goza de buena salud. Tiene un Gobierno que la va a defender a toda costa. ¿Acaso hay algún medio cerrado? ¿Algún periodista detenido? ¿Alguna rotativa parada? Obviamente no», subraya el mandatario.

En ese sentido, Carlos Jornet recuerda también que Costa Rica ha dado y sigue dando la posibilidad de seguir trabajando a los numerosos periodistas nicaragüenses exiliados en su territorio.

Periodistas, los «baluartes» contra la desinformación

Así queda establecido el panorama de la libertad de prensa en Centroamérica. La región nunca se ha vanagloriado de ser un modelo en materia de libertad de prensa por una sencilla razón: «Cuando la estructura del Estado está corrupta, los periodistas incomodan», sentencia Colombié.

Sin embargo, una coyuntura está haciendo que el suelo bajo los pies de los periodistas sea aún más inestable. Lo explica Carlos Jornet: «Gobiernos que, lejos de aportar soluciones, dejan a los periodistas a merced de los sicarios… Esto hace que hoy sea un momento más crítico que nunca para la profesión».

Así queda difícil el ejercicio del derecho de todo ciudadano a estar informado, «especialmente en esta era de desinformación, contra la cual los periodistas son los últimos baluartes», concluye Emmanuel Colombié.

Un paisaje desolador que también evoca a Albert Camus: «La prensa libre puede, por supuesto, ser buena o mala; pero, con toda seguridad, sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”, advertía el escritor y periodista francés.

Mientras algunos gobiernos se hacen cada día más alérgicos a la crítica de la prensa, miles de periodistas, sobre todo en las regiones, siguen arriesgando su tranquilidad y hasta sus vidas para ejercer lo que Gabriel García Márquez llamó el «mejor oficio del mundo», paradójicamente uno de los más arriesgados.

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Análisis

¿Qué es el parvovirus de los perros? conozca los síntomas y el tratamiento

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En esta emisión de Que Hablen Los Animales, ¿qué es el parvovirus de los perros? conozca los síntomas y el tratamiento. Invitada: Luz Helena Díaz, médica veterinaria y zootecnista. Conduce: Viviana Jaimes Gutiérrez, médica veterinaria y zootecnista.

Corrillos TV por YouTube. Derechos Reservados.

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Análisis

¿Qué se dijo sobre Medio Oriente en la Asamblea General de la ONU?

Con los líderes de Egipto, Yemen o Líbano en Nueva York, este ‘Fragmentos de Oriente’ hace balance de los asuntos que concernieron a la región durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque António Guterres apeló en su discurso «al sufrimiento» en Siria, «las tensiones» en Irak o al hambre en un Afganistán cuya economía y derechos humanos están «en ruinas», el acuerdo nuclear iraní y el conflicto desigual entre Israel y Palestina se robaron el protagonismo.

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Del árabe Ahlan wa sahlan (أهلا وسهلا) sean bienvenidos a ‘Fragmentos de Oriente’. Un resumen que todos los sábados les acercará a los hechos más destacados de la región de Medio Oriente y sus países aledaños. La síntesis de esta semana es un tanto especial, ya que se enmarca en la 77º Asamblea General de la ONU.

1) Irán, entre el acuerdo nuclear y la muerte de Amini

A la guerra entre Rusia y Ucrania, era indiscutible que le seguiría el pacto nuclear con Irán, uno de los temas más urgentes de la Asamblea. Sin embargo, aunque no perdió importancia, el estallido social tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini abrió otro frente de críticas a la República Islámica.

Diez expertos del organismo multilateral, así como ONU Mujeres, repudiaron el fallecimiento de la joven (que había sido detenida por la ‘policía de la moral’ –la Gasht-e Ershad– debido a que no llevaba correctamente el velo) y consideraron que Amini «es otra víctima más de la continua represión y la sistemática discriminación contra las mujeres en Irán».

Si bien evitó referirse al caso, el presidente iraní Ebrahim Raisi rechazó lo que calificó de «doble rasero» cuando se cuestiona a su país por violar los derechos humanos, pero, según él, no se ataca con la misma firmeza otras vulneraciones. En eso, hizo referencias al descubrimiento de cadáveres de mujeres indígenas en Canadá, la opresión del pueblo palestino o las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos.

Acerca del acuerdo nuclear de 2015, cuyas negociaciones para revivirlo están en punto muerto, Raisi cargó contra Estados Unidos por haberlo «pisoteado» en 2018 (lo abandonó Donald Trump) y demandó «garantías» de que, en caso de retomarlo, se cumplirá lo negociado. En una rueda de prensa posterior, el líder iraní supeditó la reanudación del pacto a que la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) cierre las investigaciones en marcha y a que Washington se comprometa a no volver a ‘pisotearlo’.

Mientras el presidente estadounidense Joe Biden reiteró su disposición a volver al acuerdo pero aclaró que «nunca permitiremos a Irán hacerse con un arma nuclear», Israel sí dedicó la mayor parte de su alocución a denunciar a su enemigo histórico.

El primer ministro Yair Lapid consideró que Irán «es una dictadura asesina que está haciendo todo lo posible para conseguir un arma nuclear» y que, en caso de lograrlo, la usará contra Israel. De ahí que, para el jefe de gobierno israelí, la única alternativa es presentarle a Teherán «una amenaza militar creíble». «Entonces, y solo entonces, se negociará un acuerdo más sólido y duradero con ellos», sentenció.

2) Israel puso la paz como «condición», Palestina «espera» por ella

Ni la intervención israelí ni la intervención palestina viraron de su postura habitual sobre el conflicto. A saber, Israel suele alegar defenderse del antisemitismo y del «terrorismo» en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza; y Palestina denuncia la ocupación israelí y su sistemática violación de los derechos palestinos.

Lo diferente a otros años fue que, mientras el líder palestino Mahmoud Abbas usó a «Israel» como sujeto por más de treinta minutos de discurso, el Estado hebreo dejó para el final a su vecino, que lo redujo a los actos «destructivos» del grupo Hamás. Si seguimos las palabras del primer ministro israelí en funciones Yair Lapid, Palestina no está hoy entre «las dos grandes amenazas» que azotan a Israel, pues son las armas nucleares y «la pérdida de verdad, las mentiras».

No hay estado que sufra más esta campaña de desinformación», apuntó Lapid, que añadió que «la pregunta no es por qué lo hacen (políticos, otros países, medios de comunicación), sino por qué ustedes lo escuchan».

Pese a ello, y con un tono electoralista, el premier habló por primera vez desde su ascensión de «un acuerdo de dos estados», con la «condición de que Palestina sea un estado pacífico»: «Dejen de lanzar misiles contra nuestros niños (…) abandonen las armas y habrá paz».

El último dirigente israelí en invocar una solución biestatal fue Benjamin Netanyahu en 2017. Mas la fórmula, gastada entre la comunidad internacional, no sirvió entonces ni sirve ahora a Abbas, quien al día siguiente le respondió a Israel que «(los palestinos) intentaron todo para convencerle de volver a la mesa, pero se negó»: «No tenemos un socio con el que hablar», sino que «la relación es de potencia ocupante y nación ocupada; Israel no nos ha dejado territorio para un Estado independiente donde construir y convivir en paz».

«Claro que (revivir el acuerdo) es algo positivo. Pero la verdadera prueba es que el Gobierno israelí vuelva a la mesa de diálogo de inmediato. No puede negociar conmigo –dijo Abbas– y al mismo tiempo asesinar y seguir con los asentamientos», destacó.

Ante la Asamblea, el presidente de la Autoridad Palestina inició su exposición manifestando que «Israel no ha dudado en violar nuestro territorio» y la zanjó «suplicando y reiterando», una membresía plena para Palestina en los organismos internacionales, ya que ninguna medida de la ONU sobre Palestina ha entrado en vigor.

En medio, nombró a las seis ONG que Israel tachó de terroristas y allanó y clausuró en agosto, además de a la periodista Shireen Abu Akleh, asesinada en mayo; citó las «masacres» cometidas por Israel, con imágenes del bombardeo en Gaza en mayo de 2021; y denunció el ataque a lugares sacros, «la libertad de colonos que asesinan a palestinos a plena luz del día» y «el doble rasero» con el que se juzga a Israel, pese a aplicar «un sistema apartheid». Sobre el descontento popular hacia la Autoridad Palestina, no obstante, no se pronunció.

3) Como el de Ucrania, el conflicto israelí-palestino estuvo en boca de todos

A su turno en el estrado, varios mandatarios abordaron Israel y Palestina desde ópticas diferentes. Solo que, más allá del apoyo a la ‘causa palestina’ de tradicionales como Qatar, Omán o Líbano, hubo dos líderes de América Latina que la incluyeron en sus alocuciones: Gabriel Boric, de Chile, y Pedro Castillo, de Perú.

Para Chile –que ostenta la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe– no es un asunto ajeno. Pero Boric llegaba a la Asamblea tras haberse negado a aceptar las credenciales del nuevo embajador israelí, en rechazo al asesinato de un joven de 17 años en Cisjordania. En ese escenario, el presidente chileno ensayó un gesto para ambos lados.

Boric pidió «no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino» y a permitir que establezcan «su propio estado libre y soberano», aunque a la par dijo que se debe «garantizar el legítimo derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras».

A casi lo mismo apeló Castillo: criticó la ocupación israelí y reclamó «una Palestina independiente y viable, y un Israel con fronteras seguras». Pero además, le añadió el anuncio de la apertura de una representación diplomática de Perú en Ramallah.

El vínculo latino-palestino se completó con las charlas del canciller mexicano Marcelo Ebrard con el primer ministro palestino Muhammad Shtayyeh, y de los ministros de Exteriores nicaragüense y palestino, Denis Moncada y Riyad Al-Malki.

Otros dos encuentros, aunque entre bambalinas, tuvieron el conflicto como centro: por un lado, una reunión ministerial de Arabia Saudita, la Unión Europea y la Liga Árabe para festejar los 20 años de la Iniciativa de Paz Árabe; y por otro, el mitin de los jefes diplomáticos de Egipto, Francia, Alemania, Jordania y la Unión Europea, en el que reiteraron el pedido de una negociación para una «paz duradera», con base en «la solución de dos estados».

Por último, Jerusalén protagonizó dos eventos. En el diálogo entre Yair Lapid y su par británica, Liz Truss, quien admitió que evalúa mudar la embajada de Reino Unido a Jerusalén –emulando a Donald Trump–, que de facto implicaría romper con el consenso internacional y reconocer la Ciudad Santa como capital israelí.

También se refirió a ella el rey jordano Abdullah II, el cual volvió a advertir del deterioro del statu quo que rige la ciudad y alertó sobre la «amenaza» que sufren las iglesias cristianas en Jerusalén.

4) Egipto alerta sobre el daño que la crisis climática

En los márgenes de la Asamblea General, el canciller egipcio y presidente de la próxima COP27, Sameh Shoukry, lideró un diálogo con representantes de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), en la que destacó la importancia de abordar cómo la crisis climática afecta a estas naciones durante la inminente Conferencia sobre el Cambio Climático, a realizarse en Sharm el-Sheikh del 6 al 18 de noviembre.

«El cambio climático está causando pérdidas y daños cada vez mayores en los pequeños países insulares en desarrollo a través de oleadas repetidas de condiciones climáticas severas en forma de tormentas, huracanes, inundaciones y sequías que resultan en graves pérdidas humanas y económicas», indicó Shoukry, en el encuentro con los representantes de la coalición, integrada por 39 estados globales.

Ante este panorama, el jefe de la diplomacia egipcia expresó la necesidad de mejorar la coordinación que permita mitigar las pérdidas que estas islas sufren por los efectos de la emergencia climática.

El rol de Egipto como organizador de la COP27 está bajo escrutinio debido a las violaciones de derechos humanos en el país y la represión a las voces críticas. Frente a una cumbre en la que aún no está claro si se permitirán las protestas, Amnistía Internacional acusó el 21 de septiembre al Gobierno egipcio de «seguir sofocando libertades» y valoró que otorgarle la cumbre climática fue una «recompensa a un poder represivo».

De ahí que la titular de la ONG, Agnès Callamard, instara a la comunidad internacional a presionar para que El Cairo ponga «fin a los abusos y a la impunidad, empezando por la liberación de miles de críticos y opositores detenidos arbitrariamente en las cárceles egipcias».

Y la imagen de la semana en la ONU sobre la región fue la del encuentro Israel-Turquía, que no acontecía desde el año 2008. En el marco del pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas (interrumpidas en 2018), el primer ministro israelí Yair Lapid y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan estrecharon manos y discutieron sobre terrorismo, cooperación económica y energética, y los desarrollos regionales.

La reanudación de los lazos, que permitió la reanudación de vuelos entre ambos países, se completará con el nombramiento de embajadores: Israel ya designó a Irit Lillian, mientras que se espera que Turquía haga lo mismo en las próximas semanas.

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Análisis

Razones que obligaron al Gobierno Petro a subir el precio de la gasolina

El Gobierno anunció hace unos días que a partir de octubre el galón de gasolina subiría 200 pesos por mes. ¿Qué lo llevó a esa impopular medida?

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Una de las decisiones más polémicas del gobierno Petro ha sido el aumento del precio de la gasolina. De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, desde octubre el galón subirá 200 pesos mensuales, por lo menos hasta finalizar 2022.

El alza se espera que sea más contundente en 2023, con el fin de subsanar el déficit que existe actualmente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; el cual, de enero a agosto, acumulaba una deuda de 24,7 billones de pesos y, para final de año, sería de 38 billones de años.

Ahora bien, de acuerdo con los expertos en hidrocarburos, el fondo en años pasados había funcionado relativamente bien.

De hecho, se habían dado momentos de déficit y de superávit. En la pandemia, por ejemplo, los precios internacionales bajaron drásticamente y en Colombia no tanto, que es la idea del fondo. Pero esos ahorros fueron muy pocos.

No obstante, en los últimos meses el panorama internacional ha hecho que la solvencia del fondo no sea tan sencilla. En este sentido, la altas cifras inflacionarias en el mundo y en el país han generado presión sobre los costos.

A esto se suma la guerra entre Rusia y Ucrania que ha impulsado otras crisis como escasez de insumos y materias primas; el alza de las tarifas de la energía y el gas y demás. Junto a ello, la devaluación del peso colombiano frente al dólar.

Este último factor es clave en el precio final de la gasolina en el país, ya que los precios internacionales son en dólares por galón o por barril y asimismo los cobra Ecopetrol.

Cuando las personas van a la estación de servicio, paga en pesos. Entonces siempre hay una conversión de una moneda a la otra. Y si la TRM sube o baja, va a afectar el precio que está pagando el consumidor final.

Además, si la TRM se devalúa y el precio sube, entonces son dos efectos los que contribuyen al alza.

Ahora bien, cuando la gasolina sube su precio internacional, el costo nacional se mantiene estable gracias el fondo. No obstante, esa diferencia genera el déficit que se presenta actualmente.

En este sentido, para Cabrales los problemas del fondo es que no es una cuestión técnica, sino que depende de una decisión gubernamental. Es decir, está en el Gobierno decidir si hace un alza o no.

Por normativa, el máximo para subir en la gasolina es el 3% de lo que se le paga a Ecopetrol y el 2,8% en el caso del diésel.

Entonces, si la subida del precio internacional es muy alta, entonces el alza del 3% no alcanza y eso es lo que viene pasando. O lo que se ha hecho en otros gobiernos, que es no subirlo para no tener efectos en la inflación y el déficit sigue creciendo.

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