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Informe

Avance en proyecto de mitigación más grande del país por erosión costera

En marcha y con un 25% de avance en la ejecución en su fase 1 componente 1, el proyecto para mitigar el impacto de la erosión costera en Cartagena.

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La ejecución del proyecto de mitigación por erosión costera está en fase 1 componente 1. Ha cumplido varias etapas e hitos que han permitido avanzar con lo propuesto, aunado a que, en mayo de este año, se firmó el acta de inicio de la fase 2 componente 1, que supone la ejecución de las obras entre el espolón 7 y el espolón 8 en la zona de El Cabrero.

“Tras terminar el Comité de Gerencia N° 23, el cual se realiza semanal o quincenalmente para hacer seguimiento a todos los diversos movimientos, factores, avances, inconvenientes, problemas que tiene esta maravillosa obra para la ciudad de Cartagena. Satisfactoriamente vemos cómo, no solamente se cumple el cronograma, sino que se han podido anticipar algunos ítems muy significativos. Ya iniciamos la construcción de la primera playa, ya tenemos espolones realizados y hemos tenido grandes avances con los vendedores y pescadores. Hoy le dejamos a Cartagena y a Colombia una obra encaminada, la obra más importante para la protección costera de Cartagena” manifestó Eduardo José González, Director de la UNGRD.

Al finalizar el actual gobierno nacional entregan el proyecto de Protección Costera en Cartagena con un 25% de avance que corresponde a la construcción al 100% de la protección marginal comprendida entre el Baluarte de Santo Domingo y el monumento Unión de Los Océanos, una obra de 460 metros con un ancho de entre 16 y 18 metros.

También finalizaron la escollera tipo 2 con sus 998 metros de longitud y la disposición de 45.000 metros cúbicos de roca. La obra terminó 20 días antes a la fecha estimada que era el 1 de junio. Así mismo, finalizó el espolón N° 6 que inició su construcción el 28 de abril y que se esperaba terminar en 90 días, pero se ejecutó en el 60% del tiempo estimado. Este tiene una longitud de 150 metros lineales. El espolón 5 también completó su ejecución al 100%, con sus 170 metros intervenidos.

Así mismo, se finalizó la escollera de playa, entre calles 13 y 12 la cual comenzó el 9 de mayo y se ejecutó en 75 días. Su avance es del 100%, con 420 metros lineales intervenidos en donde se dispusieron más de 7.062 metros cúbicos de roca.

Otro de los grandes avances obtenidos en el mes de julio fue la autorización por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– para el inicio de las obras de dragado de sedimento marino para la conformación de las playas enmarcadas en el proyecto, lo que permitirá que se lleguen a tener playas hasta de 80 metros de acuerdo también con los análisis que se vayan dando en el marco de la ejecución de las obras.

“Ya tenemos la playa 5 con los dos espolones terminados y estamos trabajando en la playa 4 y este fin de semana iniciamos una parte fundamental de este proyecto que es el dragado para iniciar la construcción de esas playas que tendrán hasta 80 metros en Cartagena en toda su zona turística. Cinco playas que le quedan a esta ciudad. En este momento se terminaría con estas dos playas y avanzando en el tema del dragado que son los espolones 6 y 7 en el barrio El Cabrero y Marbella que nos va a quedar con una playa de 560 metros de largo y 50 metros de ancho”, señaló el capitán Ricardo Ariza, Director de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia.

Este ambicioso proyecto, que ejecuta recursos por más de $180.000 millones en sus dos fases, contempla mitigar el proceso de erosión a lo largo de todo el borde costero desde el espolón Iribarren, en el sector conocido como El Laguito, hasta el centro histórico de la ciudad amurallada. En total, tendrá una intervención de 4.5 kilómetros del litoral y, cuando esté finalizado, contará con seis espolones en Bocagrande; escolleras (obras hechas con piedras echadas al fondo del agua, para formar un dique de defensa contra el oleaje), la protección marginal desde el Espolón existente 14 hasta la curva de Santodomingo en el Centro Histórico de la ciudad, el relleno hidráulico con material arenoso y la construcción de tres rompeolas.

“Realmente es una obra de mostrar. Este es un proyecto en el que los contratistas le han metido el alma. Todos hemos trabajado de una manera muy organizada, tanto Unidad de Riesgos, administración distrital con la Dirección de Valorización. Hemos sacado todos los contratos paralelos que requiere este proyecto con las DIMAR y todas las entidades y desde la Vicepresidencia muy atentos y apoyando en todo lo que se requiera para que el proyecto avance”, puntualizó Ariza.

Gestión social

Uno de los avances sociales, dijo la UNGRD, ha sido el pago de las compensaciones a los vendedores que se han visto impactados por la ejecución de las obras, toda vez que por el cierre de playas, han visto interrumpidas sus jornadas laborales por lo que dentro del proyecto se estableció este beneficio económico.

“Hay un pago de unas compensaciones por la afectación en las actividades económicas de conformidad a lo establecido en la licencia ambiental. Estos pagos se han venido haciendo gradualmente de conformidad a las intervenciones de playa”, indicó María Isabel Lugo Pulecio, Directora de Valorización de Cartagena.

De acuerdo con lo indicado por el PNUD, como ejecutor del componente social del proyecto, ya son 206 los vendedores y vendedoras de playa que han recibido compensación económica por la afectación a la generación de sus ingresos durante el desarrollo de las obras.

Desde el pasado 19 de julio se hicieron efectivas las transacciones bancarias a 206 vendedores y vendedoras que ejercen sus actividades económicas en las playas No.4 y No.5, las cuales están siendo intervenidas en la actualidad por el proyecto de Protección Costera.

A la fecha, el PNUD realizó el 100% de los pagos de compensación respectivos a vendedores, carperos, kiosqueros, artesanos y masajistas de estas playas, aprobados por el Comité Técnico de Evaluación, el cual está integrado por la UNGRD y Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena.

Se espera que en los próximos días se sigan realizando pagos de compensación a vendedores y vendedoras de la playa No.4, a medida que el Comité Técnico Evaluador, luego de revisar su formulario de solicitud, notifique si son aptos para recibirla.

Al respecto de los pescadores artesanales que también se verán impactados en su quehacer económico a raíz de las obras, Lugo Pulecio señaló que “hubo algunos acuerdos con ellos que nos permiten ahora tener la autorización para iniciar a dragar”.

Otro de los procesos que se destaca en la línea social, es la atención a la ciudadanía para lo cual con el PNUD se instalaron Punto de Atención en los cuales ya se han recibido desde el 20 de diciembre de 2021, 3.568 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas de toda índole y se han respondido 3.435. Las 133 restantes continúan en proceso.

El sector empresarial

Complacencia y apoyo por el proyecto. Esto es lo que ha indicado el sector empresarial de La Heroica ante la ejecución del proyecto para la mitigación de la erosión costera, pues beneficia a todo un conglomerado de actores del sector empresarial, pero también a la comunidad y por supuesto a la misma ciudad que se ve tan comprometida con este fenómeno amenazante.

“Hemos estado por años esperando que este proceso pudiera hacerse real y hoy día creo que podemos entre todos compartir un parte de victoria, frente a un tema que va más allá de lo estético y lo turístico, lo que le va a dar a la ciudad es precisamente eso, un sistema de protección contra la intrusión de las mareas, contra la fuerza del mar y que ya definitivamente no daba espera”, puntualizó Mónica Fadul Rosa, Directora Ejecutiva Fenalco, Bolívar.

Así mismo, Fadul Rosa manifestó que este proyecto es ansiado por las comunidades y también por “los empresarios que van a tener unas ventajas importantes frente a la facilitación con la mejora del producto turístico que significa tener unas playas mucho más grandes y ordenadas. Significa también la facilidad, y esperamos en un futuro muy cercano, también para la movilidad de esta importante zona de Cartagena”.

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Isabelita Perón, la primera mujer en el mundo en asumir la presidencia de su país

En 1974, María Estela Martínez de Perón, ocupó la silla presidencial de Argentina tras morir Juan Domingo Perón. Dos años después recibió un golpe de Estado cívico-militar.

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María Estela Martínez, quien a los 43 años sería la primera mujer presidenta de una república en todo el mundo, nació en La Rioja en 1931. Pero antes fue una bailarina llamada artísticamente “Isabel Gómez”.

Fue actuando en un sitio nocturno de Panamá llamado “Happy Land”, como conoció en 1955 al exmandatario de Argentina, Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en esa nación.

Él la empleó como su secretaria hasta que, juntos, se residenciaron en España, donde contrajeron nupcias en 1961. De esta forma, Perón la hizo su tercera y última esposa.

A partir de entonces, Isabelita de Perón lo acompañó en su destierro de la actividad política, el cual se extendió hasta 1973 cuando pudieron volver a Buenos Aires.

Ascenso político

El Partido Justicialista la designó en agosto de ese mismo año como abanderada al cargo de vicepresidenta de Argentina, para que acompañara a Perón en una nueva gestión como mandatario de la nación, además de hacer realidad la aspiración que tuvo Eva Perón en 1951.

Un mes después y con casi 62% de los votantes, la estrategia política “Perón-Perón” se alzó con el triunfo. El 1 de julio de 1974 Perón fallece, tras lo cual la presidencia quedó bajo el mando de Isabelita, hasta entonces la única mujer en asumir las riendas de un país republicano, no sólo en el continente americano, sino a nivel mundial.

Le tocó experimentar momentos signados por las dificultades. El peronismo vivía un escenario de adversas posturas internas que sólo habían sido apaciguadas por su respetado líder.

Aquellos que, guiados por la guerrilla de “Los Montoneros”, comulgaban con la izquierda y alzaban sus armas contra el sindicalismo de la derecha y agrupaciones acolitadas por el ministro José López Rega, de gran influencia en las decisiones de Isabel de Perón. A este hombre se le indilgaba la conducción del gobierno y el origen de la ultraderecha terrorista argentina.

Golpe de Estado

Además, a la presidenta le tocaría confrontar un histórico complot militar contra el peronismo.

El panorama conllevaba a un inminente golpe de Estado, cuya realización se dio al tercer mes de 1976, a partir de lo cual hubo una serie de mandatos de militares e irrespeto a los derechos humanos. En los subsiguientes cinco años, la viuda de Perón vivió la encarcelación y también el exilio.

Recuperada su libertad, en julio del año 1981, se residenció en Madrid y se alejó de la política casi de manera absoluta. Sin embargó en ocasiones visitó su país.

En 2007, el poder judicial de Argentina solicitó a España la extradición de Isabel de Perón, por delitos de lesa humanidad. La Audiencia Nacional española decidió en 2008 no ceder bajo el alegato de que esos señalamientos contra la expresidenta no revestían dicha calificación.

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Colombianos rompen récord de migración ilegal a EEUU: 2’500.000 en 2022

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

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El número de arrestos de personas intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos acaba de alcanzar su máximo histórico. Mas de 2 millones 250 mil durante los primeros diez meses del año fiscal 2022, que se contabiliza desde octubre del año pasado a octubre del presente.

El récord anterior, fijado durante el año fiscal 2021, era de un millón 956 mil 519 detenciones.

Dado que a este año fiscal aún le quedan dos meses (agosto y septiembre) y que el promedio actual es de unos 250 mil arrestos mensuales se espera que la cifra total del año se acerque a 3 millones de personas, un 30% por encima de la marca anterior.

En su gran mayoría las detenciones fueron reportadas en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México con un porcentaje menor (4%) en la norte, con Canadá.

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

En el último mes contabilizado, (julio de 2022) fueron arrestados otros 14.022 colombianos, que si bien no es el número mensual más alto que se registra -fue de 19.322 en mayo- es el tercero más elevado de la historia reciente.

Para ponerlo en contexto, durante el 2020 fueron solo unos 600 los arrestados mientras que otros 6 mil cayeron a lo largo de todo el 2021.

Los colombianos ocupan la sexta casilla en cuanto a número de arrestos, solo superados por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

En términos porcentuales, es el grupo humano que más ha crecido durante el primer semestre del año calendario: de 4.329 en enero a los 14.022 de julio. Es decir, casi un 250%.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que al menos un número equivalente al 20% de esos totales (400 mil personas) logra penetrar a EE.UU. sin ser detectadas por las autoridades.

El 80% de ilegales llega de Latinoamérica

Otra cifra similar es liberada una vez en EE.UU. mientras avanzan sus procesos migratorios. Sobre todo, los grupos familiares que incluyen menores de edad.

En términos generales, más del 80% de todos los arrestos a nivel nacional ha sido de ciudadanos de América Latina y el Caribe.

“Estamos capturando gente a diestra y siniestra. Nunca habíamos visto algo así”, dijo recientemente Jesús Vasalvilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona

Las razones tras esta dramática cifra de arrestos y/o migración hacia EE.UU. tienen matices diferentes dependiendo del país de origen. Pero la mayoría de expertos y autoridades coinciden en por lo menos cuatro de ellas.

La primera es la pandemia del Covid-19 y su devastador efecto económico en los países de la región que generó cifras récord de desempleo.

Esta ‘marea migratoria’ se contuvo durante el primer año del coronavirus pues la mayoría de países, entre ellos EE.UU., cerraron sus fronteras para contener la emergencia sanitaria. Pero se disparó en mayo del año pasado una vez se levantaron las restricciones.

La segunda obedece a un fenómeno de oferta y demanda. La rápida recuperación económica que experimentó Estados Unidos tras los peores meses de la pandemia se tradujo en una gran necesidad de trabajadores, particularmente los que reciben salario mínimo que por lo general son los que ocupan los inmigrantes ilegales o recién llegados.

Especialmente en la industria del turismo y alimenticia, que pasó casi de cero a cien en pocos meses.

Así mismo muchos de los ‘coyotes’ o personas que se dedican al tráfico ilegal de personas propagaron la historia errónea de que la llegada de Joe Biden a la presidencia le abriría las puertas a la inmigración, que se mantuvo más bien cerrada durante los años de Donald Trump en la Casa Blanca.

​Como las mismas cifras de arrestos y expulsiones lo indican, aunque la administración del demócrata no ha sido más favorable para los indocumentados, esa idea caló entre muchos y también explica el alto flujo.

Inmigración, dolor de cabeza para Biden

Muchos apuntan al efecto adverso y contradictoria que ha causado el polémico Título 42, una medida autorizada por Trump para expulsar del país de manera expedita a los inmigrantes alegando que eran un riesgo para la propagación del Covid-19.

Aunque el objetivo inicial era lógico y correspondía una realidad en el terreno que otros países emularon, también fue usada para impedir que los inmigrantes que llegaban a la frontera pudieran clamar asilo, el primer paso para ser admitidos a EE.UU. y que ofrece ciertas garantías procesales. En otras palabras, el Título 42 permitía la expulsión inmediata sin considerar razones.​

Sin embargo, esta la ley no incluye una penalidad o castigo para la reincidencia, algo que sí ocurre con el proceso regular de inmigración que lo regula el llamado Título 8. Bajo este título, sin una persona ya deportada intenta cruzar nueva la frontera, queda bloqueada durante 5 años para cualquier proceso migratorio en el país y además puede enfrentar penas que incluyen la cárcel.

Como el Título 42 no incluye este castigo por tratarse de una expulsión sin garantías procesales, la persona puede intentar cruzar la frontera las veces que lo desee.

En la práctica lo que termina sucediendo es que muchas de las personas que son devueltas a México y otros países lo vuelven a intentar a los pocos días.

Por eso, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, una de cada cuatro personas arrestadas son reincidentes. Lo cual también explica el histórico número de detenciones.

En mayo Biden puso fin a la aplicación del Título 42 y presentó un nuevo sistema que eliminaría este ‘hueco’ que existe en el método actual. Sin embargo, su decisión fue frenada por un juez federal mientras las cortes llegan a una decisión de fondo sobre la legalidad del procedimiento.

En todo caso de trata de un tema explosivo para Biden pues la presión migratoria en la frontera sur suele ser un tema que explotan sus rivales republicanos con fines electorales.

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Un año de sombra en Afganistán: silencio, opresión y hambre bajo el gobierno Talibán

La llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto del 2021 sumió un país que ya arrastra 20 años de conflicto e inestabilidad en un escenario todavía más incierto: entre la represión y el retroceso de los derechos humanos, se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país.

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Silencio para los periodistas y defensores de derechos humanos; opresión para las mujeres y las minorías étnicas; hambre para todos.

Los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021 y, un año después, sigue sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos.

La crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales profundiza la herida en un país que arrastra 20 años de guerra y que se dirige hacia un futuro incierto.

«Una pesadilla de derechos humanos»

Lo dice Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch (HRW): «El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctimas tanto de la crueldad talibán y de la apatía internacional (…) Su futuro parece lúgubre si los gobiernos extranjeros no presionan más a las autoridades talibanes».

Más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener comida asegurada, según el Programa Mundial de los Alimentos.

Sin la ayuda económica extranjera de la que tanto dependía Afganistán, el país cuenta con escasos recursos para reactivar la economía y lo sufren las familias: más de un millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición prolongada.

Las denuncias de la ONU

La situación se agrava cuando hablamos de derechos humanos en el país. La misión de la ONU en Afganistán UNAMA reporta relatos escalofriantes del repunte de la violencia, especialmente contra opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados.

Desde la llegada de los talibanes al poder hasta junio de 2022, se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchos de ellos a manos del Estado Islámico de Irak y Levante – Khorasán (ISIL-KP), el grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país.

Pero además de estos ataques terroristas, la UNAMA denunció a las autoridades por arrestos arbitrarios, torturas y hasta muertes extrajudiciales especialmente dirigidos a funcionarios del antiguo gobierno, simpatizante con Estados Unidos, defensores de derechos humanos y reporteros.

También se han reportado uso excesivo de fuerza en manifestaciones. Además, varias personas han sido víctimas de castigos por «moral» (como por ejemplo, el sexo por fuera del matrimonio).

En general, el uso de espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Samiullah Mahdi, un periodista afgano que trabaja ahora para la Iniciativa para el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), hablaba así con amargura: «Ahora solo vemos las cenizas de lo que creamos hace años, después de que los talibanes hayan reprimido con un puño de hierro todos los medios libres».

El retroceso en los derechos de las mujeres

Cuando el gobierno Talibán se hizo con el poder en Afganistán, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Ese hecho simbólico explica bien la realidad para las mujeres y las niñas en el país. Por ahora, las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre, no pueden aparecer fuera de la casa sin hijab, en realidad, no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario.

Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo del trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa.

Entre otras cosas, la impunidad y también la crisis económica y humanitaria ha hecho que aumenten los matrimonios infantiles, que, en principio, están prohibidos.

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