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Internacional

Los 6 grandes cambios que marca la nueva Constitución propuesta para Chile

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

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Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar la Carta Magna propuesta.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y presidida por la académica mapuche Elisa Loncón. La última sesión se realiza exactamente un año después, presidida por la epidemióloga María Elisa Quinteros.

El presidente Gabriel Boric recibió este lunes un ejemplar del texto, que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

«Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos: que en el momento de la crisis más profunda política, institucional y social que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos», subrayó Boric durante la ceremonia de este lunes.

«Hoy es un día que quedará en los anales de la patria. Hoy empezamos una nueva etapa: se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional», indicó el mandatario, quien firmó el decreto que convoca oficialmente el plebiscito del 4 de septiembre para ratificar o rechazar el texto.

Si gana la opción «apruebo», la flamante Carta Magna empezará a regir «in actum», y a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el «rechazo», la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.

Estas son algunas de las diferencias más relevantes entre la Constitución propuesta y la actual.

1. De «República Democrática» a «Democracia Paritaria»

Es la primera vez en Chile y el mundo que un grupo equiparado de hombres y mujeres escribe una Constitución.

Ese principio se refleja en la nueva Constitución propuesta, que define a Chile como una «democracia paritaria», plantea que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y ordena tomar medidas para «alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad».

«Que esta Constitución se haya escrito en forma paritaria se refleja tanto en los derechos que han sido considerados como en la forma en que se organiza el Estado. La democracia paritaria es un principio que inunda toda la Constitución. Esa es una diferencia radical», afirma Lita Vivaldi, doctora en sociología de la Universidad de Londres, y parte de la Asociación de Abogadas Feministas.

La Constitución en curso sólo plantea que «hombres y mujeres son iguales ante la ley» y que el Estado debe «asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional».

«No incluye nada relacionado con enfoque de género y paridad. Lo más cercano fue la reforma constitucional donde se estableció que las personas nacen libres e iguales en derechos. Antes sólo decía los hombres», recuerda Javier Couso, constitucionalista y académico de la Universidad de Utrecht.

2. De la omisión indígena a «Estado intercultural»

La Constitución en ejercicio no menciona a los pueblos originarios ni indígenas.

En un giro radical, el nuevo proyecto define a Chile como Estado Plurinacional e Intercultural, reconociendo 11 pueblos y naciones (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk’nam «y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley», dice el texto).

También ordena constituir Autonomías Regionales Indígenas con autonomía política, precisando que su ejercicio no permite la secesión, ni atentar contra el carácter «único e indivisible» del Estado de Chile, y que sus competencias se establecerán por ley.

Plantea que, dentro de las entidades territoriales que forman el Estado chileno, pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgar consentimiento en aspectos que afecten sus derechos.

Asimismo, la propuesta reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, precisando que deben respetar la Constitución y tratados internacionales, y que cualquier impugnación a sus decisiones será resuelta por la Corte Suprema.

Para el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno Jorge Correa Sutil, el texto en general no deja bien delimitado el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena. «En una cuestión tan importante como la igualdad ante la ley no habría costado nada haber establecido algunos límites».

«Yo entiendo que el reconocimiento de autonomía política implica que puedes repudiar una ley de Chile. De lo contrario no sé qué puede significar… Se establece también la posibilidad de una justicia propia para las autoridades indígenas. No queda definido qué autoridades, en qué materias, en qué territorios o respecto a qué personas… Esto va a requerir una legislación, que puede ser muy razonable, pero que no tiene límites constitucionales», afirma.

«No puede leerse el concepto de autonomía sin tomar nota que siempre dice ‘de acuerdo a la ley y la Constitución'», responde el constitucionalista Patricio Zapata.

«Y sobre el pluralismo jurídico, no sólo en Ecuador o en Bolivia el Estado nacional, al advertir que en su interior hay comunidades que tienen su propio derecho, admite que ciertos conflictos sean resueltos de acuerdo a él. Lo hace Canadá con los francoparlantes de Quebec, Estados Unidos con sus primeras naciones, Nueva Zelanda, Australia. No tiene nada extraño. Y el cierre de cualquier juicio lo hará la Corte Suprema».

Zapata ahonda en la importancia de la plurinacionalidad: «Es uno de los cambios más profundos. Significa cambiar la forma en que la república chilena se relaciona con los pueblos originarios, pero también la forma en que se ve a sí misma».

«Cambia la idea de que, a partir de la mezcla española e indígena, habría surgido una ‘raza chilena’ mestiza, victoriosa sobre nuestros vecinos… toda esa autopercepción que fue muy marcada por los historiadores del siglo XX en Chile desconoce e ignora el hecho de la pluralidad, de la diferencia. Esto es un viraje».

3. De «La ley protege la vida del que está por nacer»

La Constitución en ejercicio protege en forma explícita «la vida del que está por nacer», pero no impidió despenalizar el aborto en tres causales en Chile en 2017, ya que el Tribunal Constitucional planteó que la persecución penal no era «mecanismo idóneo para proteger al no nacido» y que la sanción penal absoluta choca con los derechos de la mujer.

La ley fundamental propuesta reconoce el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos, y plantea que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto, y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.

«Este derecho no implica interrumpir el embarazo en cualquier momento. Será un derecho que estará regulado y reglamentado por el legislador, que dirá cuáles son los plazos y la forma de hacerlo», explica a BBC Mundo Vivaldi.

4. Pensiones, salud y cuidados

La demanda general del estallido social de octubre del 2019, que abrió paso al proceso constituyente en Chile, fue recuperar un sentido de dignidad dañado por las falencias del modelo político y económico refrendado en la Constitución de 1980, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones (en este último caso, exceptuando a las Fuerzas Armadas).

El nuevo documento constitucional describe a Chile como «Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.

La Constitución en vigor, por el contrario, plantea que el Estado debe «contribuir a crear las condiciones sociales» para la realización de las personas, pero le impide participar en cualquier actividad empresarial, a menos que lo autorice la ley.

«La Constitución de 1980 afirma la prescindencia del Estado siempre que el privado pueda. Ahora se afirma de forma contundente que es deber del Estado preocuparse de educación, vivienda, salud, pensiones, trabajo. Eso es un cambio de paradigma en el modelo político chileno que obedece a las demandas del estallido», plantea Claudia Heiss, jefa de Ciencia Política en la Universidad de Chile.

En pensiones, ambas constituciones consagran el derecho a la seguridad social. La actual indica que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas (las llamadas AFP en Chile). La propuesta recién elaborada propone un Sistema de Seguridad Social público, financiado con rentas nacionales y cotizaciones obligatorias. No menciona a prestadores privados.

En salud, ambas constituciones incluyen prestadores públicos y privados. Pero la ley vigente permite que las personas destinen todos sus pagos forzosos a las aseguradoras privadas, mientras que ahora se propone crear un Sistema Nacional de Salud que recibirá todas las cotizaciones obligatorias en salud, dejando abierta la opción de contratar seguros privados extra.

«Se termina con la segregación en la salud en Chile», declara Couso. «El sistema de salud público es más débil cuando las élites no están incluidas. En esta Constitución la cotización de salud irá a un fondo común en salud, como en Inglaterra. Y si bien habrá prestadores privados, estarán bajo el régimen de lo público», explica.

El carácter social del Estado se expresa también en otras normas, como el derecho a la ciudad, a una vivienda digna, el reconocimiento al trabajo doméstico o la creación de un Sistema Integral de Cuidados universal y solidario.

«El derecho a los cuidados surgió de una iniciativa popular y reconoce las tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Este es un derecho clave, que junto a otros derechos económicos y culturales, marcan una diferencia sustancial en vías de obtener una vida más digna, que fue lo que impulsó el estallido de 2019», destaca Vivaldi.

5. Agua: de «propiedad» a «inapropiable»

La Constitución en vigencia incluye una mención breve pero poderosa al agua en Chile. Plantea que «los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

La propuesta recién escrita establece el agua como bien «inapropiable». También establece un «derecho humano al agua», que prioriza sobre sus demás usos, y crea una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible.

Se trata de un tema de especial significación en Chile, donde, en medio de una megasequía, decenas de comunas viven bajo emergencia hídrica, hay sectores rurales que dependen del agua repartida en camiones aljibes y no se descarta incluso la posibilidad de un racionamiento en la capital Santiago. El uso, acceso y preservación del agua están en el corazón del debate en Chile y son parte de un creciente número de conflictos ambientales y casos judiciales.

«Si en materia indígena antes no había nada, aquí había dos líneas: ahora hay un capítulo completo. Aquí se pasa de una constitución extremadamente escueta en materia ambiental, a una constitución que está cruzada por el cambio climático y la preocupación ecológica. Se llegó a reconocer incluso los derechos a la naturaleza», destaca Couso.

El texto declara que personas y pueblos, «son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos».

6. Sistema Político

En ambos textos el gobierno y la administración del Estado corresponden a la figura presidencial. En el nuevo texto, la edad para postular al cargo baja de 35 a 30 años cumplidos. El período presidencial se mantiene en cuatro años, pero se autoriza la reelección consecutiva por una vez.

Sobre el poder legislativo, la Constitución de 1980 define un Congreso Nacional con «dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado» y precisa que ambas concurren a la formación de leyes (donde el Senado puede «perfeccionar» el trabajo de la Cámara).

En el nuevo texto, se elimina el Senado y se crean dos Cámaras de poder «asimétrico»: un Congreso de Diputados y Diputadas para la formación de leyes (con al menos 155 integrantes), y una Cámara de las Regiones acotada a las leyes»de acuerdo regional».

Para el abogado Correa Sutil, «la Constitución vigente tenía un hiper presidencialismo muy fuerte que hacía funcionar al gobierno siempre que se entendiera con el Congreso: en el momento en que el gobierno tenía minorías en el Congreso, entrábamos en crisis».

«Funcionó muy bien en los primeros años de la transición (a la democracia) por un acuerdo entre partidos que tenía que ver fuertemente con el temor de los sectores de izquierda de un regreso del autoritarismo».

Con el nuevo texto, advierte, «vamos a experimentar con un sistema inédito en el mundo que es un presidencialismo con Cámaras con poderes muy asimétricos, lo que es muy propio de sistemas semipresidenciales o semiparlamentarios».

«Yo veo que hay varios elementos que implican riesgos de deterioro de la política en Chile, porque no se regulan los partidos políticos, no hay sistema electoral en la Constitución: eso lo va a fijar el propio Congreso».

El proceso legislativo chileno, que requiere de altos quórum para realizar reformas en áreas clave, es uno de los elementos que definen a la Constitución de 1980. La nueva propuesta rebaja los quórum y suma elementos como las iniciativas populares de ley.

«La Constitución de 1980 es extremadamente hostil a la democracia participativa. Esta es una Constitución que introduce elementos de democracia directa», describe Couso.

En mayo del 2022, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chicago, Tom Ginsburg, destacó cómo el proceso chileno podría mostrar al mundo la posibilidad de canalizar una serie de energías políticas muy diversas en un proyecto constitucional.

«Tenemos que ver qué pasará, pero hasta ahora, Chile tiene posibilidades de conseguir ese logro», declaró a Bloomberg.

«Cuando uno mira el proceso en su conjunto, hubo grupos que no quisieron seguir las reglas, hubo provocaciones, hubo una derecha que saboteó el proceso desde el día uno. Me hubiera gustado más apertura de sectores radicalizados, maximalistas, sí. Pero prevaleció la sensatez. Pudo haber sido mejor, pudo haber habido más diálogo» continúa Couso.

«Pero atendiendo a lo fracturado que estaba el país, a que además se hizo pandemia, yo diría que es un proceso a la altura del acervo republicano chileno».

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Cuba permitirá el ingreso de inversión extranjera para el comercio

En Cuba el ingreso de inversión extranjera estaba restringido, en parte, por la política del Estado de controlar todo el proceso que va desde la producción hasta la comercialización de los principales productos o servicios. No obstante, en un giro que busca romper con el aislamiento y sortear las sanciones de Estados Unidos, las autoridades anunciaron la apertura para que los capitales foráneos puedan ser invertidos en el sector del comercio mayorista y minorista de la nación.

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El anuncio, que sorprendió a muchos especialistas, supone un cambio parcial en las políticas implementadas por el Gobierno cubano desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

La participación de capital foráneo será posible a través del establecimiento de empresas mixtas, una medida que busca ayudar al Estado a revertir el desabastecimiento que sufre el país y que se ha visto profundizado por la pandemia.

«Buscamos que estas medidas tengan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento y contribuyan a mejorar las ofertas en las tiendas en MLC (moneda libremente convertible donde los precios equivalen a dólares) y en moneda nacional», dijo la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González.

Desde 1962, en Cuba rige la implementación de una Tarjeta de Racionamiento impuesta por el Gobierno para la distribución de algunos productos alimenticios y de primera necesidad. No obstante, la reducción en las cantidades a entregar a las familias, en parte por un descuido en la producción nacional y las limitaciones derivadas de las sanciones de Estados Unidos, obligó a muchos cubanos a acudir a las tiendas MLC para adquirir elementos básicos.

La llegada de la pandemia trajo consigo escasez de productos de primera necesidad, obligando al Estado a implementar controles que derivaron en largas filas de ciudadanos esperando para acceder a dichos bienes.

Medidas orientadas a dinamizar la economía 

Si bien las autoridades cubanas no han expresado si cuentan con negociaciones adelantadas con alguna cadena extranjera, muestran confianza en que la medida flexibilizará la política económica, al tiempo que le permitirá al minorista tener de gestores a inversores extranjeros, quienes serán la piedra angular de la conformación de empresas mixtas.

Por otro lado, los inversores foráneos podrán operar bajo la modalidad de compañías totalmente privadas para los mercados mayoristas.

Asimismo, el Gobierno cubano se encuentra en la búsqueda de socios con capacidad para financiar a los productores nacionales para que se conviertan en proveedores internos. Adicionalmente, aunque el Estado mantendrá el monopolio para el comercio exterior, es probable que se entreguen autorizaciones a empresas cubanas para que exporten de manera directa.

«En el ámbito de la exportación, porque el país no ha renunciado al monopolio del comercio exterior ni tiene previsto hacerlo, se quiere empezar por la venta al extranjero de servicios informáticos», agregó González.

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Bolsonaro y Lula encabezan el arranque de la carrera electoral en Brasil

Comenzó la campaña política en Brasil para lo que serán las elecciones presidenciales que se celebrarán en dos meses y que comprometen a 12 candidatos. Las primeras estimaciones revelaron una contienda polarizada con una ventaja unánime para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque Jair Bolsonaro ha mejorado sus números.

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El aire electoral continúa respirándose en América Latina. Esta vez movilizado hacia Brasil, donde este martes 16 de agosto se le dio curso a la campaña política rumbo a los comicios que se desarrollarán el próximo 2 de octubre, donde también se definirán gobernadores y se renovará el Congreso.

Con el comienzo formal desde la medianoche, ahora los 12 candidatos que aspiran a la Presidencia podrán realizar reuniones y divulgar propaganda en las redes sociales, Internet y medios gráficos. Para la radio y la televisión el permiso arrancará dentro de diez días.

Las primeras encuestas fueron publicadas y mostraron que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera de manera unánime y con una diferencia considerable –oscila entre los 12 y 16 puntos dependiendo la encuestadora- sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

No obstante, el derechista ha mejorado sus cifras en los últimos meses, bajando los índices negativos, subiendo los positivos y zanjando las diferencias en los estados brasileños más importantes.

Según las estimaciones de IPEC (ex IBOPE), Lula tiene un 44% de intención de voto, 12% más que Bolsonaro para la primera vuelta. Mientras que, para una segunda, la cifra iría a 51-35 a favor del izquierdista.

Las encuestadoras coinciden en que los números favorecen a Lula, pero menos que hace unos meses. La imagen positiva del actual jefe de Estado subió a 29%, 10 más que en diciembre de 2021, en tanto que emparejó la diferencia en San Pablo y Minas Gerais, los dos distritos más poblados.

Lula, que estuvo en el poder entre 2003 y 2010, abrió su campaña con un video en sus redes sociales, donde pidió el apoyo de los votantes para “cambiar de nuevo la vida del pueblo”.

“El hambre volvió, la inflación está asustando a las familias y el salario mínimo mal da para pagar una canasta básica”, expresó.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen programados actos simbólicos de peso como primer paso en la carrera rumbo al Palacio de Planalto​. El oficialista irá a Juiz de Fora, lugar donde fue apuñalado en 2017 a pocas semanas de ser presidente.

“Invito a todos a participar en este acto cívico a favor de Brasil en la ciudad donde renací. Dios, patria, familia y libertad”, enfatizó el candidato del Partido Liberal.

Bolsonaro apunta a aumentar el gasto en asistencia social para las personas de menores recursos y presiona a la petrolera estatal Petrobras para que bajen los precios del combustible, un factor de inflación.

Por su parte, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) anunció una visita a una fábrica de automóviles en la zona metropolitana de São Paulo, donde fueron sus orígenes en la política como líder sindical.

Tanto Lula como Bolsonaro tienen estipulado participar de la ceremonia de investidura del nuevo titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Pese a la polarización, hay una docena de candidatos

Lula y Bolsonaro protagonizarán la disputa por ser el próximo presidente de Brasil, pero aún así son 12 los que formalmente están en camino a las urnas. Las cifras de la intención de voto los ponen muy por debajo, sin que ninguno supere el 10%.

El más cercano es Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, un abogado de 64 años de larga trayectoria política. En su experiencia ha sido alcalde, ministro, diputado y gobernador. Será su cuarto intento para la presidencia, aunque las estimaciones solamente le dan casi un 10%. Supo ser aliado de Lula, aunque luego terminaron enfrentados.

La centroderechista Simone Tebet –Movimiento Democrático Brasileño- tendrá su primera incursión en campañas presidenciales a los 52 años. Con orígenes en el sector agropecuario, apenas tiene un 2% de seguidores.

El resto de los candidatos no llega a un 1%. Entre ellos están Vera Lúcia Salgado (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), el empresario Felipe D’Avila (liberal), la senadora de derecha Soraya Thronicke (Unión Brasil), Léo Pericles (un mecánico de 48 años, Unidad Popular) y la comunista Sofia Manzano.

Dentro de la larga lista de candidatos aparece un hombre de 82 años, José Maria Eymael (Democracia Cristiana), el más longevo de los 12. Fue diputado federal tres veces e irá por un sexto intento por la Presidencia.

Los restantes son Roberto Jefferson (Partido Laborista, aliado de Bolsonaro, ex de Lula) y Pablo Marcal (35 años, Partido Republicano de Orden Social), aunque la candidatura de este último fue retirada por su partido para apoyar a Lula pese a la inscripción en el TSE.

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Joe Biden promulga su multimillonario plan para el clima y la salud

El presidente de Estados Unido promulgó un histórico proyecto de ley para combatir el cambio climático, diseñado para reducir las emisiones internas de gases de efecto invernadero, considerado como el paquete climático más grande en la historia del país. De igual manera, anunció mejoras en el sistema de salud y medidas para controlar la inflación.

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En un evento en la Casa Blanca en Washington, el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de medidas para afrontar el cambio climático, mejorar la atención médica en el país y reducir la alta inflación que golpea la economía.

Biden aprovechó el espacio para criticar a los republicanos, de frente a las elecciones de mitad de término del Congreso que se celebrarán en noviembre, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, así como los gobernadores y los parlamentos locales.

“En este momento histórico, los demócratas se pusieron del lado del pueblo estadounidense, los republicanos estuvieron del lado de sus intereses especiales, todos ellos votaron en el Congreso en contra de este proyecto de ley», aseguró Biden quien apareció con mascarilla y solo se la quitó para hablar, luego que su esposa diera positivo para coronavirus.

Un «plan verde»

La nueva legislación ha sido considerada como la inversión más alta en la historia del país para luchar contra el cambio climático, 375.000 millones de dólares serán utilizados para desarrollar planes que permitan hacer frente a las condiciones climáticas, que cada año son más letales.

Según cálculos de los demócratas, se espera reducir un 40% de las emisiones de contaminantes de aquí al 2030, respecto a los niveles del 2005 e impulsar la industria de la energía verde del país.

Para la fecha acordada, se espera tener 950 millones de paneles solares en todo el territorio, 120.000 aerogeneradores y 2.300 plantas de baterías. Frances Colón, asesora de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, aseguró que este es el primer paso para que su país deje de ser uno de los mayores contaminantes del mundo.

«Es la ley más ambiciosa en cuanto a inversión en la transición a una economía de energía limpia que enfrente el problema del cambio climático», dijo la diplomática científica.

También aseguró que espera llegar a la próxima convención sobre la crisis climática, que se celebrará durante noviembre en Egipto, diciendo: «Estamos implementando este plan, ustedes qué van a hacer, y es muy interesante ese cambio de paradigma».

De igual manera, esperan impactar la economía doméstica, con el propósito de reducir 500 dólares al año los costos de la energía de las familias, dar distintos incentivos para cambiar los sistemas de calefacción y electrodomésticos por unos más eficientes, así como fomentar el uso de vehículos eléctricos.

Un sistema de salud que busca ser más eficiente

La ley espera que Medicare, el sistema de salud público estadounidense, negocie algunos precios de los medicamentos recetados con las compañías farmacéuticas, ahorrando al gobierno federal unos 288.000 millones de dólares durante los próximos 10 años.

El objetivo principal es reducir los costos de medicamentos para adultos mayores, así como mejorar la vacunación de este segmento de la población, que actualmente no tiene acceso gratuito garantizado.

Este incentivo espera beneficiar a más de 13 millones de personas, ya que se estima que el gasto en sanidad de los estadounidenses es entre dos y tres veces mayor que el de los ciudadanos de otros países con ingresos similares.

El proyecto de 730 páginas también tiene dentro de sus objetivos extender los subsidios proporcionados durante la pandemia de Covid-19, que expiraban este año, reduciendo las primas de los seguros durante los próximos tres años.

¿De dónde saldrán los recursos? 

Uno de los anuncios más llamativos es que la ley impondrá un impuesto del 15% a las compañías que tengan ganancias anuales superiores al millón de dólares, además de reforzar la agencia de recaudación de impuestos para evitar su evasión, que hoy deja un hueco fiscal de 160.000 millones de dólares, según cálculos del Ejecutivo.

En 2020, 55 de las corporaciones más grandes y ricas del país no pagaron impuestos federales sobre la renta y se pretende que con la entrada en vigencia de esta ley se logre una tributación más justa  que evite este tipo de situaciones, según explicaron los promotores de la ley.

De igual manera, la norma busca reducir la inflación, que para julio se registró en 8,5% anual.

La promesa por “reconstruir” EEUU

En campaña, el presidente demócrata prometió la implementación de proyectos para la lucha contra el cambio climático y mejoras en el sistema de salud. El pasado viernes, el proyecto fue aprobado por un Congreso dividido.

Este es uno de los proyectos estrella de Biden y durante las próximas semanas está prevista una gira nacional para explicar las ventajas de la ley, además, el próximo 6 de septiembre se espera la realización de un evento para la promulgación del paquete fiscal, sanitario y ambiental.

«No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición», apuntó Biden.

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