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Cinco posibles impactos de la ciberguerra de los que se deben proteger las empresas

Actualmente existe un alto nivel de riesgo por la creciente amenaza de ciberguerras que pueden llegar a afectar a organizaciones e industrias de todos los sectores y tamaños.

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En una época en la que conflictos entre naciones tienen lugar en el ciberespacio, Fluid Attacks, compañía especializada en realizar pruebas de seguridad continuas en los sistemas de las empresas, menciona cinco formas en las que la ciberguerra afecta los sistemas informáticos de las empresas y cómo evitarlas por medio de un enfoque DevSecOps (Desarrollo, Seguridad y Operaciones).

La transformación digital lleva a que cada vez más empresas y sectores económicos hagan uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, este proceso también implica exposición a amenazas latentes como la ciberguerra y el ciberterrorismo. Según el Reporte de Ciberseguridad del BID y la OEA, de los 32 países analizados en todo el continente americano, sólo siete cuentan con plan de protección a su infraestructura crítica, datos que reflejan lo poco preparada que está la región para enfrentar ciberataques.

Mauricio Gómez, cofundador de Fluid Attacks, explica que, “si bien entre los objetivos principales de la ciberguerra está inhabilitar los sistemas gubernamentales, las empresas privadas también pueden verse afectadas por los ataques a la infraestructura crítica de los países o ser vulneradas directamente”.

La implementación de hacking ético en todo el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, obedeciendo a un enfoque DevSecOps, está entre las mejores soluciones para preparar a las organizaciones ante el peor escenario. Las pruebas de seguridad permiten encontrar vulnerabilidades desde el comienzo de los ciclos, que deben ser remediadas con prontitud para evitar impactos negativos como los cinco que se exponen a continuación.

Pérdidas económicas: Este riesgo es evidente por casos como el de Colombia, que tuvo represadas varias cargas de importación en sus puertos, significando un incremento de costos equivalentes a millones de dólares, tras un ciberataque a su Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos organizado, según la investigación, por un grupo criminal internacional.

Otro ejemplo más reciente es el de Costa Rica, que ha visto bloqueadas sus actividades comerciales, tributarias y hasta de servicios para los ciudadanos por recientes ataques de ransomware por parte de actores maliciosos posiblemente relacionados con Rusia.

Estos ataques han dejado pérdidas estimadas de cientos de millones de dólares y no se han limitado a sistemas del gobierno, sino también a empresas privadas. Este tipo de incidentes afecta en mayor medida a las startups que cuentan con recursos más limitados a comparación de grandes corporaciones.

“Invertir en ciberseguridad desde una óptica preventiva, y no de simple reacción, es mucho más rentable a largo plazo, porque las vulnerabilidades se detectan y reparan antes de que los cibercriminales tengan conocimiento de ellas y las aprovechen en situaciones de tensión como la ciberguerra. Las empresas con menores recursos son especialmente susceptibles al cierre de operaciones tras un ciberataque”, asegura el cofundador de Fluid Attacks.

Fuga de datos: Los ataques por hackers maliciosos apoyados por un gobierno extranjero se enfocan en el espionaje, el robo y la revelación de información intelectual y personal, y la extorsión.

Para mitigar estos riesgos, es importante construir una infraestructura que minimice el accionar criminal, aplicando herramientas como autenticación multifactor para acceso remoto, aseguramiento y actualización de los componentes tecnológicos, implementación de controles de seguridad para defenderse de los ataques en la nube, y procedimientos continuos de hacking ético como lo recomienda la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency).

Daños reputacionales: Los cibercriminales también pueden interesarse por influir en la opinión pública, sin mencionar la posibilidad de afectar los procesos democráticos. Varios ataques pueden enfocarse en crear una imagen negativa de las empresas frente a las partes interesadas.

Al adoptar un modelo DevSecOps, naturalmente, se prevé este tipo de escenarios críticos y se implementan buenas prácticas que resultan en la mitigación del riesgo a daños reputacionales.

Aumento en los ataques: Durante los primeros días de los ataques contra Costa Rica, en 100 de sus entidades públicas se detectaron alrededor de 165.000 intentos de hackeo. Los ataques, presuntamente por los mismos actores maliciosos, se han extendido a Perú y se espera que afecten otros países de la región.

La situación de ciberguerra implica un aumento en los ataques diarios a una mayor cantidad de víctimas. Como forma preventiva, las organizaciones deben realizar continuamente pruebas de seguridad.

Exposición a cibercriminales más peligrosos: La ciberguerra expone a las empresas de toda una nación a ataques por grupos apoyados por gobiernos y que, por ende, cuentan con personal de alta experiencia. Día tras día, los cibercriminales adoptan técnicas mucho más complejas, lo cual exige que las empresas pongan a prueba la seguridad de sus sistemas simulando la realidad tanto como sea posible.

Esto se puede lograr permitiendo que hackers éticos altamente calificados y conocedores de las técnicas actuales de los cibercriminales intenten obtener acceso a los sistemas de las empresas y busquen formas en que se puedan comprometer sus operaciones y activos, para que luego se establezcan soluciones preventivas.

“Hoy más que nunca, las organizaciones a nivel mundial deben blindarse contra los ciberataques apoyados por gobiernos extranjeros. El enfoque DevSecOps permite una evaluación constante que busca el funcionamiento seguro de todos los complementos de los programas informáticos y la infraestructura, e implica cerrar inmediatamente las puertas a los ciberdelincuentes para que no tengan opción de atacar. Al emplear el hacking ético, cumpliendo con las exigencias de dicho enfoque, se puede obtener una mayor seguridad para enfrentar ataques reales”, concluye Mauricio Gómez.

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Isabelita Perón, la primera mujer en el mundo en asumir la presidencia de su país

En 1974, María Estela Martínez de Perón, ocupó la silla presidencial de Argentina tras morir Juan Domingo Perón. Dos años después recibió un golpe de Estado cívico-militar.

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María Estela Martínez, quien a los 43 años sería la primera mujer presidenta de una república en todo el mundo, nació en La Rioja en 1931. Pero antes fue una bailarina llamada artísticamente “Isabel Gómez”.

Fue actuando en un sitio nocturno de Panamá llamado “Happy Land”, como conoció en 1955 al exmandatario de Argentina, Juan Domingo Perón, quien estaba exiliado en esa nación.

Él la empleó como su secretaria hasta que, juntos, se residenciaron en España, donde contrajeron nupcias en 1961. De esta forma, Perón la hizo su tercera y última esposa.

A partir de entonces, Isabelita de Perón lo acompañó en su destierro de la actividad política, el cual se extendió hasta 1973 cuando pudieron volver a Buenos Aires.

Ascenso político

El Partido Justicialista la designó en agosto de ese mismo año como abanderada al cargo de vicepresidenta de Argentina, para que acompañara a Perón en una nueva gestión como mandatario de la nación, además de hacer realidad la aspiración que tuvo Eva Perón en 1951.

Un mes después y con casi 62% de los votantes, la estrategia política “Perón-Perón” se alzó con el triunfo. El 1 de julio de 1974 Perón fallece, tras lo cual la presidencia quedó bajo el mando de Isabelita, hasta entonces la única mujer en asumir las riendas de un país republicano, no sólo en el continente americano, sino a nivel mundial.

Le tocó experimentar momentos signados por las dificultades. El peronismo vivía un escenario de adversas posturas internas que sólo habían sido apaciguadas por su respetado líder.

Aquellos que, guiados por la guerrilla de “Los Montoneros”, comulgaban con la izquierda y alzaban sus armas contra el sindicalismo de la derecha y agrupaciones acolitadas por el ministro José López Rega, de gran influencia en las decisiones de Isabel de Perón. A este hombre se le indilgaba la conducción del gobierno y el origen de la ultraderecha terrorista argentina.

Golpe de Estado

Además, a la presidenta le tocaría confrontar un histórico complot militar contra el peronismo.

El panorama conllevaba a un inminente golpe de Estado, cuya realización se dio al tercer mes de 1976, a partir de lo cual hubo una serie de mandatos de militares e irrespeto a los derechos humanos. En los subsiguientes cinco años, la viuda de Perón vivió la encarcelación y también el exilio.

Recuperada su libertad, en julio del año 1981, se residenció en Madrid y se alejó de la política casi de manera absoluta. Sin embargó en ocasiones visitó su país.

En 2007, el poder judicial de Argentina solicitó a España la extradición de Isabel de Perón, por delitos de lesa humanidad. La Audiencia Nacional española decidió en 2008 no ceder bajo el alegato de que esos señalamientos contra la expresidenta no revestían dicha calificación.

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Colombianos rompen récord de migración ilegal a EEUU: 2’500.000 en 2022

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

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El número de arrestos de personas intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos acaba de alcanzar su máximo histórico. Mas de 2 millones 250 mil durante los primeros diez meses del año fiscal 2022, que se contabiliza desde octubre del año pasado a octubre del presente.

El récord anterior, fijado durante el año fiscal 2021, era de un millón 956 mil 519 detenciones.

Dado que a este año fiscal aún le quedan dos meses (agosto y septiembre) y que el promedio actual es de unos 250 mil arrestos mensuales se espera que la cifra total del año se acerque a 3 millones de personas, un 30% por encima de la marca anterior.

En su gran mayoría las detenciones fueron reportadas en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México con un porcentaje menor (4%) en la norte, con Canadá.

En los últimos diez meses han sido arrestados casi 100.000 nacionales, que de por sí es otra marca histórica. El número representa el 5% del total y ha venido en ascenso desde comienzos de este año.

En el último mes contabilizado, (julio de 2022) fueron arrestados otros 14.022 colombianos, que si bien no es el número mensual más alto que se registra -fue de 19.322 en mayo- es el tercero más elevado de la historia reciente.

Para ponerlo en contexto, durante el 2020 fueron solo unos 600 los arrestados mientras que otros 6 mil cayeron a lo largo de todo el 2021.

Los colombianos ocupan la sexta casilla en cuanto a número de arrestos, solo superados por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

En términos porcentuales, es el grupo humano que más ha crecido durante el primer semestre del año calendario: de 4.329 en enero a los 14.022 de julio. Es decir, casi un 250%.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que al menos un número equivalente al 20% de esos totales (400 mil personas) logra penetrar a EE.UU. sin ser detectadas por las autoridades.

El 80% de ilegales llega de Latinoamérica

Otra cifra similar es liberada una vez en EE.UU. mientras avanzan sus procesos migratorios. Sobre todo, los grupos familiares que incluyen menores de edad.

En términos generales, más del 80% de todos los arrestos a nivel nacional ha sido de ciudadanos de América Latina y el Caribe.

“Estamos capturando gente a diestra y siniestra. Nunca habíamos visto algo así”, dijo recientemente Jesús Vasalvilbaso, agente de la Patrulla Fronteriza en Nogales, Arizona

Las razones tras esta dramática cifra de arrestos y/o migración hacia EE.UU. tienen matices diferentes dependiendo del país de origen. Pero la mayoría de expertos y autoridades coinciden en por lo menos cuatro de ellas.

La primera es la pandemia del Covid-19 y su devastador efecto económico en los países de la región que generó cifras récord de desempleo.

Esta ‘marea migratoria’ se contuvo durante el primer año del coronavirus pues la mayoría de países, entre ellos EE.UU., cerraron sus fronteras para contener la emergencia sanitaria. Pero se disparó en mayo del año pasado una vez se levantaron las restricciones.

La segunda obedece a un fenómeno de oferta y demanda. La rápida recuperación económica que experimentó Estados Unidos tras los peores meses de la pandemia se tradujo en una gran necesidad de trabajadores, particularmente los que reciben salario mínimo que por lo general son los que ocupan los inmigrantes ilegales o recién llegados.

Especialmente en la industria del turismo y alimenticia, que pasó casi de cero a cien en pocos meses.

Así mismo muchos de los ‘coyotes’ o personas que se dedican al tráfico ilegal de personas propagaron la historia errónea de que la llegada de Joe Biden a la presidencia le abriría las puertas a la inmigración, que se mantuvo más bien cerrada durante los años de Donald Trump en la Casa Blanca.

​Como las mismas cifras de arrestos y expulsiones lo indican, aunque la administración del demócrata no ha sido más favorable para los indocumentados, esa idea caló entre muchos y también explica el alto flujo.

Inmigración, dolor de cabeza para Biden

Muchos apuntan al efecto adverso y contradictoria que ha causado el polémico Título 42, una medida autorizada por Trump para expulsar del país de manera expedita a los inmigrantes alegando que eran un riesgo para la propagación del Covid-19.

Aunque el objetivo inicial era lógico y correspondía una realidad en el terreno que otros países emularon, también fue usada para impedir que los inmigrantes que llegaban a la frontera pudieran clamar asilo, el primer paso para ser admitidos a EE.UU. y que ofrece ciertas garantías procesales. En otras palabras, el Título 42 permitía la expulsión inmediata sin considerar razones.​

Sin embargo, esta la ley no incluye una penalidad o castigo para la reincidencia, algo que sí ocurre con el proceso regular de inmigración que lo regula el llamado Título 8. Bajo este título, sin una persona ya deportada intenta cruzar nueva la frontera, queda bloqueada durante 5 años para cualquier proceso migratorio en el país y además puede enfrentar penas que incluyen la cárcel.

Como el Título 42 no incluye este castigo por tratarse de una expulsión sin garantías procesales, la persona puede intentar cruzar la frontera las veces que lo desee.

En la práctica lo que termina sucediendo es que muchas de las personas que son devueltas a México y otros países lo vuelven a intentar a los pocos días.

Por eso, de acuerdo con cifras de la Patrulla Fronteriza, una de cada cuatro personas arrestadas son reincidentes. Lo cual también explica el histórico número de detenciones.

En mayo Biden puso fin a la aplicación del Título 42 y presentó un nuevo sistema que eliminaría este ‘hueco’ que existe en el método actual. Sin embargo, su decisión fue frenada por un juez federal mientras las cortes llegan a una decisión de fondo sobre la legalidad del procedimiento.

En todo caso de trata de un tema explosivo para Biden pues la presión migratoria en la frontera sur suele ser un tema que explotan sus rivales republicanos con fines electorales.

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Un año de sombra en Afganistán: silencio, opresión y hambre bajo el gobierno Talibán

La llegada de los talibanes al poder el 15 de agosto del 2021 sumió un país que ya arrastra 20 años de conflicto e inestabilidad en un escenario todavía más incierto: entre la represión y el retroceso de los derechos humanos, se extiende la hambruna que afecta a más de la mitad del país.

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Silencio para los periodistas y defensores de derechos humanos; opresión para las mujeres y las minorías étnicas; hambre para todos.

Los talibanes entraron en Kabul, la capital afgana, el 15 de agosto de 2021 y, un año después, sigue sin cumplirse la promesa que hicieron de implementar un régimen más abierto y respetuoso con los derechos básicos.

La crisis económica y el golpe a las libertades colectivas e individuales profundiza la herida en un país que arrastra 20 años de guerra y que se dirige hacia un futuro incierto.

«Una pesadilla de derechos humanos»

Lo dice Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch (HRW): «El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctimas tanto de la crueldad talibán y de la apatía internacional (…) Su futuro parece lúgubre si los gobiernos extranjeros no presionan más a las autoridades talibanes».

Más de 20 millones de personas, más de la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria y viven sin tener comida asegurada, según el Programa Mundial de los Alimentos.

Sin la ayuda económica extranjera de la que tanto dependía Afganistán, el país cuenta con escasos recursos para reactivar la economía y lo sufren las familias: más de un millón de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición prolongada.

Las denuncias de la ONU

La situación se agrava cuando hablamos de derechos humanos en el país. La misión de la ONU en Afganistán UNAMA reporta relatos escalofriantes del repunte de la violencia, especialmente contra opositores, periodistas y cualquier sospechoso de formar parte de grupos armados.

Desde la llegada de los talibanes al poder hasta junio de 2022, se han registrado al menos 780 muertes de civiles, muchos de ellos a manos del Estado Islámico de Irak y Levante – Khorasán (ISIL-KP), el grupo yihadista terrorista que sigue activo en el país.

Pero además de estos ataques terroristas, la UNAMA denunció a las autoridades por arrestos arbitrarios, torturas y hasta muertes extrajudiciales especialmente dirigidos a funcionarios del antiguo gobierno, simpatizante con Estados Unidos, defensores de derechos humanos y reporteros.

También se han reportado uso excesivo de fuerza en manifestaciones. Además, varias personas han sido víctimas de castigos por «moral» (como por ejemplo, el sexo por fuera del matrimonio).

En general, el uso de espacio público, la libertad de reunión, la libertad de expresión y de opinión se han visto seriamente restringidas. Samiullah Mahdi, un periodista afgano que trabaja ahora para la Iniciativa para el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), hablaba así con amargura: «Ahora solo vemos las cenizas de lo que creamos hace años, después de que los talibanes hayan reprimido con un puño de hierro todos los medios libres».

El retroceso en los derechos de las mujeres

Cuando el gobierno Talibán se hizo con el poder en Afganistán, las instalaciones que servían de Ministerio de la Mujer se convirtieron en la casa del nuevo Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio.

Ese hecho simbólico explica bien la realidad para las mujeres y las niñas en el país. Por ahora, las leyes que rigen es que no pueden desplazarse en viajes de más de 78 kilómetros sin un acompañante hombre, no pueden aparecer fuera de la casa sin hijab, en realidad, no deberían dejar el domicilio de no ser estrictamente necesario.

Además, las escuelas permanecen cerradas para todas las niñas a partir de secundaria, una de las afrentas más graves a los derechos básicos. En el campo del trabajo, con excepción del campo sanitario y educativo, también se ha recomendado a las mujeres quedarse en casa.

Entre otras cosas, la impunidad y también la crisis económica y humanitaria ha hecho que aumenten los matrimonios infantiles, que, en principio, están prohibidos.

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