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Análisis

¿Qué pasaría con el ‘caso Vitalogic’ si Rodolfo es elegido presidente?

En su habitual columna de opinión, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández expone que, «el problema no es de poca monta, pues no se trata de la elección de cualquier funcionario, sino del jefe del Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa de la Nación».

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De llegar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el hecho quedaría impune. Tendría que separarse al presidente del cargo. Estas y otras hipótesis se han creado al rededor de uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años en Santander y revelado por Corrillos: Vitalogic.

Y, a pocas horas de la definición en las urnas sobre quien haya de resultar elegido presidente de la República en segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández se encuentra en difícil situación, desde el punto de vista jurídico, pues, el proceso que está en etapa de juicio, lo señala como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, según hechos ocurridos durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

Uno de los más importantes juristas del país, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, escribió una columna de opinión en la que, «no nos referiremos a los antecedentes del asunto, ni a los pormenores del proceso penal en curso, sino a las hipótesis que podrían configurarse desde la perspectiva constitucional, tanto si el mencionado candidato resulta elegido como si pierde».

El destacado abogado, dijo que,  si Rodolfo gana, «estaríamos hablando de un presidente de la República que, para el momento de su posesión el 7 de agosto, estaría imputado o -si, antes de esa fecha, hay decisión judicial en su contra- condenado en primera instancia»; pero si pierde, «tendríamos a un futuro congresista en esas mismas circunstancias, puesto que, desde 2015, la Constitución ha establecido que el segundo en votos para la presidencia ocupará una curul como senador de la República».

Recordó el experto, que «mientras no haya condena en firme, se presume la inocencia del procesado, y nada obsta para que el ingeniero continúe participando en el proceso electoral, ya que no se configura una inhabilidad para ser elegido por existir una imputación. Solamente hay inhabilidad para ser elegido quien ha sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Así resulta de los artículos 179-1 y 197 de la Carta Política».

¿El fuero lo salva?

En su columna de opinión, José Gregorio Hernández expone que «el problema no es de poca monta, pues no se trata de la elección de cualquier funcionario, sino del jefe del Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa de la Nación».

Recordó que el presidente de la república goza del fuero constitucional especial, en cuanto a investigación y juzgamiento, por delitos comunes, delitos en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta.

Ese fuero, «lo comparte con los magistrados de las altas corporaciones de Justicia -Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Comisión Nacional de Disciplina Judicial- y con el fiscal general de la Nación», agregó.

Destaca que el artículo 199 de la Constitución, “el presidente de la República, durante el período para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”.

Y subraya que, «durante el período para el cual sea elegido, lo que significa que, si el ingeniero Hernández fuera elegido, su fuero comienza solamente el 7 de agosto».

El expresidente de la Corte Constitucional precisa que en ese tipo de procesos, que tienen una primera parte política -Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, plenaria de la Cámara y Plenaria del Senado- y una penal -ante la Corte Suprema de Justicia-, en el caso de que haya lugar al seguimiento de causa, hay reglas que señala la Constitución en sus artículos 174 y 175.

«La Cámara de Representantes puede acusar o abstenerse de hacerlo. Un antecedente sobre esa facultad se encuentra en el caso del expresidente Ernesto Samper Pizano, quien no fue acusado ante el Senado», recordó.

Dispone el artículo 174 de la Constitución que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que -previa investigación de su Comisión de Acusaciones- formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces.

«El Senado puede admitir o no admitir la acusación formulada por la Cámara. Si no la admite, hasta ahí llega el proceso, lo cual muestra el carácter claramente político del trámite que se surte en el Congreso», agrega.

Si el Senado admite la acusación proveniente de la Cámara, el artículo 175 consagra varias reglas procesales, que en este caso, dependiendo de si hay o no acusación, deberían ser aplicadas:

-El acusado -señala la norma de manera expresa- “queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida”.

«Eso supone, que haya acusación por parte de la Cámara y que el Senado la admita. Algunos piensan que esa acusación puede ser la imputación de la Fiscalía, pero es es discutible, y el Senado podría no admitirla si no proviene de la Cámara», indica el experto.

-Si la acusación alude a delitos en ejercicio de funciones, o a indignidad, el Senado puede imponer la pena de destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Además -en la primera hipótesis- el reo debe enfrentar el juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia. Si la acusación se trata de delitos comunes, establece la norma que “el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema”.

Y, ¿si pierde?

En el caso de no ser elegido presidente, el candidato sería senador de la República, y, por tanto, tendría -durante el período- fuero constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Y, en el caso de condena, habría lo que denominamos “silla vacía”: “En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos (…) dolosos contra la administración pública”.

«Como puede verse, en cuanto, por ahora, no hay sentencia condenatoria, ni se ha producido la votación popular, en este momento no se puede asegurar cuál será la suerte del candidato Hernández desde el punto de vista constitucional. Todo depende de lo que vaya sucediendo», concluye el jurista.

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Análisis

La historia, según Rodolfo, del abrazo que se dio con Gustavo Petro

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo con el presidente electo le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

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El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, sobre la reciente reunión que sostuvo con el presidente electo, Gustavo Petro, luego de las elecciones presidenciales.

Pese a las críticas que recibió por cuenta de varios de sus votantes por darle un abrazo en medio de este encuentro, Hernández aseguró que no le vio nada de malo porque fue Petro el que se lo pidió.

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo Petro le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

“Gustavo Petro apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de que decirme perdóneme todo lo que lo lastimé, eso me lo dijo, pues yo me quedé sorprendido, yo lo abracé, él me abrazó y yo no creo que eso tenga algo de malo, al contrario”, sostuvo.

Dijo que después de la segunda vuelta presidencial muchas personas le pidieron demandar la elección, pero nadie le llevó una prueba.

“Con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara e impugnara la elección, nadie me trajo una prueba. Aquí hay una fosforera y yo habría podido activarla y eso genera violencia y esa violencia se enfrenta el pueblo contra el pueblo uniformado”, manifestó.

El ingeniero afirma que reconoce que perdió, pero eso no le da derecho a cuestionar unos resultados solo para darle gusto a su ego. “Yo no puedo ponerme a prejuzgar para darle gusto a mi ego, así haya unas sospechas, pero nadie me trajo la prueba, yo no la tengo y creo que nadie la tiene. Que tal que a estas alturas de la vida hubieran vuelto pedazos a Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, Girón, a Bogotá, a Cali, a Medellín, cuando la gente se está muriendo de hambre”, añadió.

En su declaración, el excandidato Hernández arremetió contra el presidente Iván Duque y afirmó que el legado que le dejó al país después de haber estado cuatro años en el poder, es muy malo.

“Nos dejó un déficit de 85 billones de pesos, se intensificó la línea de pobreza, la evasión y la elusión de muchos contribuyentes se acrecentó, el debido cobrar en las cuentas del Ministerio de Hacienda igualmente, es como cuando dicen las señoras, echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos y eso hay que decirlo con todo el respeto por el presidente Duque, fue desastroso lo que nos dejó y eso toca recomponerlo”, señaló.

Dijo que desde el Senado de la República, con su equipo de trabajo, emprenderá las acciones para conocer de primera mano como quedaron las finanzas públicas después de esta administración.

Anunció que seguirá trabajando para combatir la corrupción en Colombia y para que se le quite el manejo de la “chequera del Estado” a los funcionarios que se roban los recursos.

Además, Hernández espera trabajar de la mano con el presidente de la República, Gustavo Petro, para sacar adelante el país, razón por la cual lo invitará a Bucaramanga para que se ponga en marcha un ambicioso programa de saneamiento básico y de infraestructura para el oriente colombiano.

“Ya no más peleas, no más muertos, no más desilusiones, tenemos que mirar un nuevo horizonte para ver como mejoramos las condiciones de vida de todos los colombianos, para lograr que suban un escalón en el bienestar”, anotó.

Finalmente, Rodolfo Hernández confirmó que ya elevaron la solicitud ante del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la Liga de Gobernantes Anticorrupción reciba personería jurídica y se convierta en partido político. Cuando la solicitud sea aceptada, convocarán una asamblea nacional en la ciudad de Bucaramanga, con delegados de todo el país, para constituir oficialmente la colectividad.

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Análisis

La Comisión de la Verdad presenta su ‘Informe Final’ con relatos de 30 mil personas

Tras más de tres años de labores, la Comisión de la Verdad, la institución encargada del esclarecimiento del conflicto armado colombiano, entrega su Informe Final. Según los expertos, se trata de un paso clave hacia la construcción de paz, uno que enfrentará desafíos de primer orden para que pueda contribuir a la no repetición tras un conflicto de más de 50 años y nueve millones de víctimas.

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El camino hacia el Informe Final de la Comisión de la Verdad en Colombia ha sido largo. Comenzó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. El texto acordado por ambas partes estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad, una institución encargada “de dilucidar los patrones y la persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus consecuencias”.

Un objetivo de grandes dimensiones. La Comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta 2016, en menos de cuatro años. Para ello, el organismo comenzó sus tareas en 2018 y este martes presentará “el producto más importante” de ese proceso “de escucha, esclarecimiento y contrastación”.

Las tareas de la Comisión se enmarcaban en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ahora conocido como el Sistema Integral para la Paz. Se trata de un «mecanismo de Justicia transicional para determinar lo que ocurrió en el conflicto armado a través de medidas de Justicia, verdad y búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

El acto de este 28 de junio ha sido catalogado como el “Acontecimiento”, pues será el día en que la Comisión haga público, por primera vez, su “legado”. Uno que no solo contribuya a esclarecer lo ocurrido en más de medio siglo de conflicto, sino que también permita generar un diálogo y una mayor conciencia en la sociedad colombiana que trascienda su divulgación.

Un proceso amplio y plural de escucha

La base de la labor de la Comisión de la Verdad fue la escucha “amplia y plural”. El Informe Final recoge el relato de cerca de 30.000 personas. Todos ellos provenientes de actores diversos del conflicto armado colombiano. Son los testimonios de “víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, empresarios, integrantes de la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, artistas, periodistas, académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones y, en general, cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria”.

Según el comisionado Carlos Martín Beristain, el Informe Final “es resultado de un gigantesco proceso de escucha que ha hecho la Comisión de la Verdad en Colombia y en esa ‘Colombia fuera de Colombia’, en el exilio. A través de los testimonios, a través de encuentros por la verdad, de encuentros públicos a las zonas más afectadas del país”.

Al mismo tiempo, se hizo la investigación en profundidad sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

Según afirma Angelika Rettberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, “se trató de un proceso muy amplio de escucha, de sectores muy vastos. A la Comisión le gusta resaltar las miles de personas y la cantidad de testimonios que logró acumular”.

La politóloga asegura que “ante un universo de millones de víctimas, que son más de nueve millones de personas, y después de varias décadas de conflicto, es muy probable que algunos no se sientan escuchados; otros sentirán que la versión recogida no los recoge a ellos y el Informe tendrá una etapa en la que deberá conquistar la legitimidad ante muchos sectores”.

El Informe Final

Varios eran los objetivos de la Comisión de la Verdad. Iban desde esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y ofrecer una explicación amplia hasta promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, las responsabilidades individuales y colectivas. Además, buscaba promover la “convivencia en los territorios” y “propiciar transformaciones estructurales dirigidas hacia la no repetición del conflicto armado”.

El informe es un paso hacia su cumplimiento. Este estará dividido en 10 capítulos que recogen una visión histórica, territorial y que también indaga de manera especial cómo vivieron todo tipo de violencias las mujeres, la población LGBTIQ+, los pueblos étnicos, los jóvenes, niños y niñas del país.

Además, causa especial interés un capítulo dedicado a los hallazgos y recomendaciones para la no repetición. Estos últimos, según la Comisión, “buscan hacer un llamado a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional para crear condiciones y compromisos que eviten la continuación y la repetición del conflicto armado”.

al como lo asegura Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, estos interpelarán a gran parte de la sociedad colombiana: «Tengo la convicción de que vienen un conjunto de recomendaciones para el Estado, para la escuela, para los medios de comunicación, para los partidos políticos, para las iglesias. Esto es un esfuerzo enorme».

Óscar Castañeda Lasso, antropólogo y asesor de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad, resalta que hay que esperar «el protagonismo de las víctimas» y añade que son ellas mismas «las que proponen las recomendaciones para la no repetición, son consejos de personas que ya tuvieron que pasar por el conflicto armado y que experimentaron un sufrimiento muy grande».

Las recomendaciones de la Comisión no son de cumplimiento obligatorio para el Estado. Sin embargo, son una apuesta para que la sociedad colombiana entienda el pasado y se transforme a futuro trabajando en la implementación de lo encontrado por parte de la entidad.

Este punto también es su principal reto. Rettberg asegura que el Informe Final deberá “no ser un documento más en los anaqueles de las verdades históricas que se han escrito en Colombia, que son muchos. Sino lograr tener un impacto en cómo la población colombiana entiende su pasado y qué está dispuesto a hacer para evitar que se repita”.

El primer paso de varios por recorrer

A pesar de que la Comisión de la Verdad entrega su Informe Final, sus labores no terminan allí. Los próximos dos meses son decisivos para su divulgación. Así, la entidad asistirá a más de 50 eventos públicos para compartir y promover los hallazgos y recomendaciones en diferentes lugares del territorio colombiano, pero también a nivel internacional.

La comisionada Lucía González asegura que en esos meses irán por “el país y por todos los medios masivos de comunicación y comunitarios y alternativos contando la esencia de lo que hemos encontrado y que el país debe conocer y le sirve para construir esos propósitos de futuro”.

Pero más allá de las próximas semanas, la relevancia y el impacto de las labores de la comisión se verán en un futuro más lejano. Rettberg señala que este Informe Final tiene el riesgo de que “lo reciban personas que ya estén convencidas de que había que tener una Comisión de la Verdad.” Así pues, uno de los retos será interpelar a esas personas que se han planteado como detractoras o incluso aquellos desconocedores de esta entidad.

De la mano con el Informe Final, la Comisión ha creado una plataforma digital que tendrá contenidos de libre acceso en diferentes formatos y lenguajes, además hará digital las acciones análogas que son activaciones académicas, culturales y artísticas.

Por su parte, Celis reconoce que existen dos ámbitos fundamentales para que el informe trascienda su divulgación: “Hay que lograr que este informe y todo lo que nos plantea este informe entre a la escuela en Colombia y entre a las universidades en Colombia, que todos los niños, jóvenes, se formen pensando en lo que ha sido la sociedad colombiana. Y necesitamos que esto entre a la tv colombiana, que de aquí en adelante se hagan documentales, novelas, series y que perdure durante mucho tiempo”.

Ambiente favorable a nivel político

Debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, la Comisión tuvo una ampliación de su periodo de funciones por unos meses más. Varios expertos señalan que llegó en un momento crucial para el futuro de la construcción de paz en Colombia.

Según Rettenberg, “viene en un momento bastante auspicioso, porque llega justo después de la victoria electoral de Gustavo Petro quien ha dicho desde la campaña que va a promover todos los temas vinculados con paz y reconciliación”. Así, el informe llega “en un momento en el que logra tener bastante acogida, más atención y mucho más impacto que si se hubiera publicado más temprano”.

Celis apunta a que su divulgación se enmarca en “una transición democrática. “Estamos dejando un viejo orden autoritario y de exclusión. Y estamos llegando a un orden de mayor democracia, estamos iniciando una transición hacia una democracia de más calidad y hacia un esfuerzo de paz total».

El próximo Gobierno tendrá la tarea de hacer llegar este informe a toda la ciudadanía, analizar y gestionar las recomendaciones para hacerlo trascender más allá de su mandato; el futuro que la Comisión propone con la verdad y las víctimas como médula espinal.

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Análisis

Los temas sensibles que mueven la protesta indígena en Ecuador

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’.

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El gobierno del presidente Guillermo Lasso, del vecino país de Ecuador, ya registra 11 días de férreas protestas indigenistas que reclaman por alivios en el costo de vida, entre esos, una reducción de los precios de los combustibles.

Los indígenas señalan que están cosechando a pérdidas en una economía dolarizada, con el incremento de la gasolina y el diésel a raíz del ciclo inflacionario global se encarecieron los costos de los fletes.

“Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida”, resume la indígena Zamora.

Este descontento social de la población indígena no es reciente, si no que empieza a gestarse desde el anterior mandato de Lenin Moreno.

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’. Esto ha significado una mayor desinversión en servicios públicos, un debilitamiento del sistema de protección y una precarización que se ha exacerbado con la crisis del covid-19”, explicó el docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), seccional Ecuador.

Las manifestaciones en contra del actual gobierno del empresario Guillermo Lasso son lideradas por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas de Conaie, quienes presentan un documento con 10 propuestas.

Entre estas sugerencias están la subida de precios del combustible o de alimentos de la canasta básica; una mayor protección de bienes públicos; fortalecimiento de la educación y la salud pública, la privatización de sectores claves o la renegociación de deuda con los bancos prestamistas.

Reducir los precios del combustible como piden los indígenas le costaría al Estado ecuatoriano más de US$1.000 millones al año en subsidios. Esto lo considera Lasso como “inviable”.

En un intento fallido por controlar los ánimos, el Gobierno del presidente Lasso ordenó un estado de excepción para seis provincias y la detención de Leonidas Iza, el principal líder indígena que encabeza las manifestaciones.

“Esto sin duda radicalizó a los manifestantes (…) Sin embargo, el gobierno Lasso ha ido cediendo en algunas de estas propuestas con el objetivo de ver si se calman los ánimos”, apuntó el politólogo y consultor Juan Federico Pino.

En ese sentido, el Gobierno ha anunciado medidas como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de US$50 a US$55 y condonó deudas de hasta US$3.000 con un banco estatal para agricultores y campesinos, de acuerdo con las cifras oficiales.

Desde el pasado 13 de junio, las manifestaciones han dejado un saldo de tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, de acuerdo con cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

En las marchas del 2019, el saldo fue de 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por US$800 millones.

Solución a la crisis

La comisión indigenista está pidiendo “condiciones mínimas” para poder iniciar un diálogo. Entre esas, la liberación de lugares emblemáticos como la Casa de la Cultura, algo que finalmente ocurrió en la tarde de este jueves. Pese a esto, para Herrera, “da la impresión de que ambas partes no quieren ceder”.

Ambos analistas tienen entre sus futuros escenarios que se produzca la muerte cruzada, un mecanismo de la Constitución ecuatoriana en el que, entre otros escenarios, en momentos de inestabilidad política y social, el presidente renuncie con la Asamblea.

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