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Análisis

Los temas sensibles que mueven la protesta indígena en Ecuador

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’.

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El gobierno del presidente Guillermo Lasso, del vecino país de Ecuador, ya registra 11 días de férreas protestas indigenistas que reclaman por alivios en el costo de vida, entre esos, una reducción de los precios de los combustibles.

Los indígenas señalan que están cosechando a pérdidas en una economía dolarizada, con el incremento de la gasolina y el diésel a raíz del ciclo inflacionario global se encarecieron los costos de los fletes.

“Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida”, resume la indígena Zamora.

Este descontento social de la población indígena no es reciente, si no que empieza a gestarse desde el anterior mandato de Lenin Moreno.

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’. Esto ha significado una mayor desinversión en servicios públicos, un debilitamiento del sistema de protección y una precarización que se ha exacerbado con la crisis del covid-19”, explicó el docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), seccional Ecuador.

Las manifestaciones en contra del actual gobierno del empresario Guillermo Lasso son lideradas por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas de Conaie, quienes presentan un documento con 10 propuestas.

Entre estas sugerencias están la subida de precios del combustible o de alimentos de la canasta básica; una mayor protección de bienes públicos; fortalecimiento de la educación y la salud pública, la privatización de sectores claves o la renegociación de deuda con los bancos prestamistas.

Reducir los precios del combustible como piden los indígenas le costaría al Estado ecuatoriano más de US$1.000 millones al año en subsidios. Esto lo considera Lasso como “inviable”.

En un intento fallido por controlar los ánimos, el Gobierno del presidente Lasso ordenó un estado de excepción para seis provincias y la detención de Leonidas Iza, el principal líder indígena que encabeza las manifestaciones.

“Esto sin duda radicalizó a los manifestantes (…) Sin embargo, el gobierno Lasso ha ido cediendo en algunas de estas propuestas con el objetivo de ver si se calman los ánimos”, apuntó el politólogo y consultor Juan Federico Pino.

En ese sentido, el Gobierno ha anunciado medidas como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de US$50 a US$55 y condonó deudas de hasta US$3.000 con un banco estatal para agricultores y campesinos, de acuerdo con las cifras oficiales.

Desde el pasado 13 de junio, las manifestaciones han dejado un saldo de tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, de acuerdo con cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

En las marchas del 2019, el saldo fue de 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por US$800 millones.

Solución a la crisis

La comisión indigenista está pidiendo “condiciones mínimas” para poder iniciar un diálogo. Entre esas, la liberación de lugares emblemáticos como la Casa de la Cultura, algo que finalmente ocurrió en la tarde de este jueves. Pese a esto, para Herrera, “da la impresión de que ambas partes no quieren ceder”.

Ambos analistas tienen entre sus futuros escenarios que se produzca la muerte cruzada, un mecanismo de la Constitución ecuatoriana en el que, entre otros escenarios, en momentos de inestabilidad política y social, el presidente renuncie con la Asamblea.

Análisis

El ‘cabeza a cabeza’ en pulso por elección del próximo Contralor General

Este jueves está citado el Congreso en pleno para votar. Los más opcionados son María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez. En la lista de elegibles aparecen cuatro santandereanos, Víctor Andrés Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Elsa Jazmín González y Luis Fernando Bueno.

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La elección del próximo Contralor General, para el periodo 2022-2026, es casi histórica. No solo porque el proceso ha estado rodeado de acusaciones, acciones judiciales y cambios de último minuto, sino también porque, a menos de 24 horas de la votación, todavía no hay un ganador definido, como suele suceder.

Este jueves 18 de agosto, a las 9:00 a.m. de mañana está citado el Congreso de la República en pleno para votar por uno de los 10 elegibles.

Todo parece indicar que será un pulso a cabeza entre dos candidatos.

Por un  lado, María Fernanda Rangel, quien hace varios días recibió el apoyo de las bancadas de Cambio Radical, Partido de la U, los liberales y los conservadores parecía ser la virtual ganadora del proceso al comienzo de la semana.

Sin embargo, tras la recomposición de la lista de los 10 elegibles, que no cambió sustancialmente los nombres pero sí el orden, tomó fuerza también Carlos Hernán Rodríguez, que obtuvo el mejor puntaje.

Aunque desde el Ejecutivo lo niegan, varios apuntan a que es el candidato del gobierno, que se estaría moviendo para reversar varios de los apoyos tempranos de los partidos tradicionales.

“La única directriz del señor Presidente de la República, desde el principio ha sido el criterio del mérito y la paridad de género”, dijo al respecto Roy Barreras, presidente del Senado.

¿Cómo están las fuerzas políticas entre ambos? Con María Fernanda Rangel, a quien varios cuestionan por su cercanía con actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, se mantienen firmes, hasta ahora, Cambio Radical y Centro Democrático.

En cambio, a favor de Carlos Hernán Rodríguez se han decantado, por el momento, la bancada de Cámara del Partido Conservador, el Pacto Histórico, Mira, sumó los apoyos de las 16 curules de las víctimas, una parte de la U, un segmento de los liberales y algunos congresistas de los verdes, que dejó a sus miembros en libertad a sus congresistas por falta de acuerdos internos.

Esas últimas agrupaciones y las negociaciones que se logren en los últimos momentos previos a la elección, serían definitivas para inclinar la balanza hacia uno de los dos candidatos.

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Estos son los cinco temas claves de una eventual reforma al Congreso

La gran novedad radica en el endurecimiento de la inasistencia al Congreso como causal para que los legisladores pierdan su investidura. En otras palabras, se busca castigar más severamente el ausentismo.

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Un proyecto de acto legislativo que busca modificar varios aspectos del funcionamiento del actual Congreso de la República comenzará a ser debatido en los próximos días.

La iniciativa, al igual que otras en el pasado, busca regular aspectos como la remuneración de los congresistas, los límites para la reelección de congresistas y reducir el receso o ‘vacaciones’ legislativas.

La gran novedad radica en el endurecimiento de la inasistencia al Congreso como causal para que los legisladores pierdan su investidura. En otras palabras, se busca castigar más severamente el ausentismo.

Uno de los principales vicios de varios congresistas es no asistir a las sesiones del Congreso o ausentarse en medio de ellas, lo cual es rechazado por la opinión pública.

En materia del salario de los congresistas, la propuesta de esta reforma se suma a otras como las de los congresistas Jota Pe Hernández y Gustavo Bolívar, orientadas a modificar este beneficio.

1. Castigos más severos para ausentistas

El ausentismo es uno de los principales problemas del Congreso y, hasta el momento, no ha habido manera de eliminarlo. La reforma propuesta contempla que no solamente se cuenten seis inasistencias no justificadas a las plenarias de Senado y Cámara, sino también a las comisiones constitucionales, en las cuales se tramitan previamente las iniciativas. Y se propone también que estas ausencias se cuenten en un periodo menor al que está actualmente contemplado en la norma.

2. Tope a los salarios

Durante los últimos años son varias las iniciativas legislativas que se han intentado aprobar para bajar el sueldo de los congresistas. En esta ocasión, el proyecto propone que haya una remuneración integral de 25 salarios mínimos, entre los cuales se cuenten todos los otros rubros que devengan los legisladores, es decir primas y gastos de representación. La idea es que comience a aplicarse en el 2026 para que los congresistas actuales no puedan argumentar que no pueden votar sobre su propio salario.

3. Modificar los meses de trabajo

Un proyecto que buscaba reducir el receso o las ‘vacaciones’ legislativas y que se tramitó en el Congreso pasado quedó solamente a un debate de ser aprobado. En esa iniciativa se proponía reducir el receso un mes. Esta vez la idea es que el año legislativo comience cada 20 de julio y vaya hasta el 20 de diciembre. Y que se retomen labores ordinarias el primero de febrero y se concluyan el 20 de junio. Actualmente, los legisladores regresan de su receso el 16 de marzo, algo que se pretende modificar.

4. Limitación de periodos

El país conoce varios casos de congresistas que han permanecido 30 y 40 años en el Congreso debido a que no existe una norma que limite el número de veces que se pueden presentar al Legislativo. Una de las propuestas de este proyecto de acto legislativo es que los congresistas solamente puedan ser reelegidos tres veces. Estas ocasiones serían en el Senado o el Cámara de Representantes. El propósito de esto es no solamente evitar que haya políticos que se perpetúen en sus curules, como ha sucedido en varios casos del pasado, sino también impulsar la renovación y las caras nuevas en el Capitolio, algo por lo que han luchado varios movimientos políticos y sociales.

5. Precisiones sobre tráfico de influencias

Otra de las novedades de esta iniciativa es que se especifica cuáles serán los casos en los que se perderá la investidura por tráfico de influencias comprobado. Según el proyecto, esto operaría cuando el congresista obtenga prebendas por su participación o voto en un proyecto de ley o de acto legislativo o en una moción de censura. Y, para aplicarla, al congresista se le debe probar que recibió dinero u otro tipo de coimas, ofrecimientos para ocupar cargos públicos u otorgamiento de contratos.

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Los populares ‘gallinazos’ no son aves para repudiar, son para respetar y defender

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En esta emisión de Que hablen los animales, los populares ‘gallinazos’ no son aves para repudiar, son para respetar y defender. Con: Henry Sánchez Suárez, activista ambiental. Presenta: Orlando Beltrán Quesada, director Fundación Adan.

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