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Análisis

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia

La vida de Gustavo Petro ha estado ligada a la política desde su juventud, primero con la militancia en la extinta guerrilla del M-19 y después por su labor en el Congreso durante décadas. Petro encabezó una coalición que logró romper con las mayorías conservadoras que tradicionalmente han dominado el país.

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Optar a la Presidencia no era una experiencia nueva para Gustavo Petro y aunque las encuestas lo mostraron hasta la primera vuelta como el candidato más opcionado, su camino hacia la segunda vuelta no fue fácil, menos teniendo en cuenta la tradición conservadora de Colombia. Una nación en la que nunca ha gobernado la izquierda. Hasta ahora.

Por eso Petro bautizó a su coalición como ‘Pacto Histórico’ y tejió una serie de alianzas con diferentes actores políticos de la sociedad colombiana. Algunos emergentes y olvidados históricamente por un país extremadamente centralista, pero otros encasillados en el establecimiento político desde hace años.

La figura de Petro es probablemente una de las más reconocidas en la política colombiana. Su trabajo en el Congreso durante las últimas décadas lo ha convertido en un referente para la izquierda gracias a sus investigaciones sobre el paramilitarismo y sus vínculos con la política, aunque también en un perfil altamente rechazado por sus contrincantes, quienes lo consideran una amenaza.

Los orígenes de un joven que respiraba militancia

Gustavo Petro nació hace 62 años en Ciénaga de Oro, una pequeña población del Caribe colombiano alejada de cualquier foco de poder. Petro siempre hace alusión a sus orígenes, aunque la mayoría de su vida la haya pasado cerca de Bogotá. Cuando apenas tenía unos meses, su familia se trasladó a Zipaquirá, una ciudad fría donde la vida es muy diferente a la del Caribe.

Se dice que el joven Gustavo Petro adquirió conciencia política desde sus años más tempranos. Los viajes anuales que realizaba junto con su familia a su pueblo natal le ayudaron a entender dos cosmovisiones muy diferentes, la andina y la caribeña. Petro siempre se ha sentido más cómodo representándose como parte de la segunda, la que está lejos de la élite que ha dominado Colombia durante décadas. Esa élite de la que tantas veces ha renegado.

El candidato izquierdista proviene de la clase media del país y tuvo la oportunidad de acceder a estudios superiores durante su juventud. Pero, aunque no pasó estrecheces durante su vida, fue muy consciente de que, en su entorno, había millones de colombianos que sí las pasaban. Su activismo político comenzó de esa forma, como lucha contra las desigualdades que azotan a una nación profundamente clasista. Algo que lo llevó directamente a la política. Primero como concejal independiente en Zipaquirá, después como parte clandestina de la extinta guerrilla del M-19.

La militancia en esta guerrilla durante su juventud es una de las cosas que más critican sus opositores. El M-19 fue una guerrilla que es conocida en Colombia por actos como la toma del Palacio de Justicia en 1985, aunque el carácter que tuvo durante la mayoría de su existencia fue diferente al de otros grupos armados como las Farc. El M-19 tuvo un desarrollo fundamentalmente urbano y estudiantil más que militar, y en él Gustavo Petro nunca fue parte de acciones armadas. Su punto fuerte siempre fue la oratoria y los discursos políticos. Algo que comenzaría a explotar con la desmovilización de la guerrilla.

La paz que lo llevó a la política

Petro se adhirió a los acuerdos de paz entre el M-19 y el Gobierno en 1990. Esta firma supondría el inicio de su dilatada carrera política a nivel nacional. En 1991, fue elegido representante de la Cámara por Alianza M-19, un movimiento formado por exmiembros de la extinta guerrilla y militantes de partidos de izquierda.

Su etapa política lo alejó de la clandestinidad, pero nunca del miedo a ser asesinado por su ideología. La izquierda en Colombia fue perseguida durante años por parte de grupos paramilitares y fuerzas estatales. Petro vio peligrar su vida en numerosas ocasiones y asistió al asesinato de varias personas de su entorno más cercano. Después de su primera toma de contacto con la política nacional no fue reelegido en 1994, aunque si pudo volver como Representante de la Cámara en 1998 a través del Movimiento Vía Alterna.

Esta nueva etapa fue la que empezó a hacer resonar el nombre de Gustavo Petro en los pasillos del Congreso colombiano. Su facilidad para la oratoria en medios de comunicación, unida a las acusaciones contra diferentes corruptelas hicieron que las personas comenzaran a reconocer al joven político. Entre los primeros casos que pudo investigar está el uso indebido del Presupuesto de Desarrollo Rural, aunque lo que le llevó a la fama fueron sus denuncias contra los nexos que tenía la política colombiana con el paramilitarismo.

El final de la década de 1990 y comienzo de la del 2000 vio como estos grupos armados experimentaron su mayor auge, en algunos casos con el beneplácito del poder estatal. Gustavo Petro fue capaz de demostrar como representante y después como senador las relaciones que tenían numerosos políticos regionales y nacionales con el paramilitarismo, especialmente durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, llegó a defender que el expresidente apoyó a estos grupos armados y que había permitido asesinatos incluso en terrenos de su propiedad.

Sus investigaciones contra políticos de la costa Atlántica llevaron a algunos de ellos a la cárcel y su confrontación directa con el expresidente Uribe elevó su popularidad hasta el punto de ser el tercer senador elegido con mayor número de votos en todo el país en 2006, durante su militancia en el partido Polo Democrático.

Su poder en Bogotá quedó patente gracias al apoyo que recibió durante esos años, algo que le hizo lanzarse a la Presidencia bajo el proyecto de la Colombia Humana. A esta candidatura Petro se lanzó como el líder indiscutible de la izquierda colombiana y recibió un amplio respaldo de un electorado cada vez más dividido entre uribismo y antiuribismo. En esta dicotomía, Petro representaba la lucha clara contra el poder establecido desde el año 2002 por el expresidente Álvaro Uribe y, posteriormente, por su partido, el Centro Democrático.

En las elecciones de 2018 Gustavo Petro logró la hazaña de pasar a segunda vuelta contra el candidato del Centro Democrático Iván Duque. La contienda política finalmente se decantó por la opción derechista, pero sentó una sólida base que consagró a Petro como la alternativa al oficialismo. Una situación favorecida por la polémica gestión del Ejecutivo de Duque, que ha alentado las ansias de cambio en una parte importante del electorado.

Una alternativa que no está exenta de polémica

El perfil de Gustavo Petro es uno de los más polarizados del panorama político en Colombia junto al del expresidente Álvaro Uribe. El amor lanzado por una parte importante de sus seguidores ante lo que creen que es una esperanza de cambio, contrasta con el odio destilado por un sector de votantes que lo consideran “extremista” y un “peligro” para Colombia. La mayoría de las críticas vienen desde los sectores opuestos a su figura y tendencia política, aunque también han existido controversias desde sectores de la izquierda.

Una parte de sus adversarios ven en su proyecto político algo a lo que temer. Las comparaciones con Venezuela son constantes desde el sector ideológico de la derecha. El miedo a lo sucedido en el país vecino es patente en Colombia y este argumento fue la principal arma arrojadiza lanzada desde el sector conservador en 2018. Una tesis que para su simpatizantes es un mantra de la derecha para apelar al miedo en la sociedad colombiana, pero que funcionó e hizo que la candidatura de Iván Duque fuera la más votada.

Pero lo cierto es que su proyecto actual del Pacto Histórico es una opción muy transversal en el arco ideológico, con integrantes que van desde la izquierda a la centroderecha. De los “nadie”, olvidados por el estado colombiano durante décadas, a figuras arraigadas al establecimiento político del país. Una cuestión que ha levantado también controversia entre sectores de la izquierda.

Durante meses, se ha visto como políticos que en anteriores ocasiones habían apostado por representar a partidos derechistas, han cambiado su apoyo hacia Petro. Aunque el que quizá sea el apoyo más controvertido es el del pastor evangélico Alfredo Saade, una persona que en anteriores ocasiones había defendido a partidos conservadores y se había alineado con posturas contrarias al aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario.

La otra gran polémica de Petro es entorno a su posición respecto al feminismo. Algunos sectores que formaron parte del Pacto Histórico criticaron posiciones del candidato izquierdista a la hora de incluir una agenda feminista en su programa o dar más protagonismo a las mujeres en las listas cerradas. Aunque la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez, con quien ha mantenido más de una disputa previamente, ha limado las asperezas lanzadas con anterioridad.

Polémicas aparte, a sus 62 años y en su tercera carrera presidencial, con un contexto social a favor que pide cambios, un país hastiado del establecimiento de los últimos 20 años, la pobreza, la inseguridad y el debilitamiento de los Acuerdos de Paz, Gustavo Petro ganó las presidenciales en un giro histórico para la política colombiana.

El líder de izquierdas afronta así el mayor desafío de su vida política: tomar las riendas de uno de los países más conservadores de América Latina.

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Análisis

La historia, según Rodolfo, del abrazo que se dio con Gustavo Petro

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo con el presidente electo le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

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El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, sobre la reciente reunión que sostuvo con el presidente electo, Gustavo Petro, luego de las elecciones presidenciales.

Pese a las críticas que recibió por cuenta de varios de sus votantes por darle un abrazo en medio de este encuentro, Hernández aseguró que no le vio nada de malo porque fue Petro el que se lo pidió.

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo Petro le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

“Gustavo Petro apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de que decirme perdóneme todo lo que lo lastimé, eso me lo dijo, pues yo me quedé sorprendido, yo lo abracé, él me abrazó y yo no creo que eso tenga algo de malo, al contrario”, sostuvo.

Dijo que después de la segunda vuelta presidencial muchas personas le pidieron demandar la elección, pero nadie le llevó una prueba.

“Con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara e impugnara la elección, nadie me trajo una prueba. Aquí hay una fosforera y yo habría podido activarla y eso genera violencia y esa violencia se enfrenta el pueblo contra el pueblo uniformado”, manifestó.

El ingeniero afirma que reconoce que perdió, pero eso no le da derecho a cuestionar unos resultados solo para darle gusto a su ego. “Yo no puedo ponerme a prejuzgar para darle gusto a mi ego, así haya unas sospechas, pero nadie me trajo la prueba, yo no la tengo y creo que nadie la tiene. Que tal que a estas alturas de la vida hubieran vuelto pedazos a Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, Girón, a Bogotá, a Cali, a Medellín, cuando la gente se está muriendo de hambre”, añadió.

En su declaración, el excandidato Hernández arremetió contra el presidente Iván Duque y afirmó que el legado que le dejó al país después de haber estado cuatro años en el poder, es muy malo.

“Nos dejó un déficit de 85 billones de pesos, se intensificó la línea de pobreza, la evasión y la elusión de muchos contribuyentes se acrecentó, el debido cobrar en las cuentas del Ministerio de Hacienda igualmente, es como cuando dicen las señoras, echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos y eso hay que decirlo con todo el respeto por el presidente Duque, fue desastroso lo que nos dejó y eso toca recomponerlo”, señaló.

Dijo que desde el Senado de la República, con su equipo de trabajo, emprenderá las acciones para conocer de primera mano como quedaron las finanzas públicas después de esta administración.

Anunció que seguirá trabajando para combatir la corrupción en Colombia y para que se le quite el manejo de la “chequera del Estado” a los funcionarios que se roban los recursos.

Además, Hernández espera trabajar de la mano con el presidente de la República, Gustavo Petro, para sacar adelante el país, razón por la cual lo invitará a Bucaramanga para que se ponga en marcha un ambicioso programa de saneamiento básico y de infraestructura para el oriente colombiano.

“Ya no más peleas, no más muertos, no más desilusiones, tenemos que mirar un nuevo horizonte para ver como mejoramos las condiciones de vida de todos los colombianos, para lograr que suban un escalón en el bienestar”, anotó.

Finalmente, Rodolfo Hernández confirmó que ya elevaron la solicitud ante del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la Liga de Gobernantes Anticorrupción reciba personería jurídica y se convierta en partido político. Cuando la solicitud sea aceptada, convocarán una asamblea nacional en la ciudad de Bucaramanga, con delegados de todo el país, para constituir oficialmente la colectividad.

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La Comisión de la Verdad presenta su ‘Informe Final’ con relatos de 30 mil personas

Tras más de tres años de labores, la Comisión de la Verdad, la institución encargada del esclarecimiento del conflicto armado colombiano, entrega su Informe Final. Según los expertos, se trata de un paso clave hacia la construcción de paz, uno que enfrentará desafíos de primer orden para que pueda contribuir a la no repetición tras un conflicto de más de 50 años y nueve millones de víctimas.

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El camino hacia el Informe Final de la Comisión de la Verdad en Colombia ha sido largo. Comenzó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. El texto acordado por ambas partes estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad, una institución encargada “de dilucidar los patrones y la persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus consecuencias”.

Un objetivo de grandes dimensiones. La Comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta 2016, en menos de cuatro años. Para ello, el organismo comenzó sus tareas en 2018 y este martes presentará “el producto más importante” de ese proceso “de escucha, esclarecimiento y contrastación”.

Las tareas de la Comisión se enmarcaban en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ahora conocido como el Sistema Integral para la Paz. Se trata de un «mecanismo de Justicia transicional para determinar lo que ocurrió en el conflicto armado a través de medidas de Justicia, verdad y búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

El acto de este 28 de junio ha sido catalogado como el “Acontecimiento”, pues será el día en que la Comisión haga público, por primera vez, su “legado”. Uno que no solo contribuya a esclarecer lo ocurrido en más de medio siglo de conflicto, sino que también permita generar un diálogo y una mayor conciencia en la sociedad colombiana que trascienda su divulgación.

Un proceso amplio y plural de escucha

La base de la labor de la Comisión de la Verdad fue la escucha “amplia y plural”. El Informe Final recoge el relato de cerca de 30.000 personas. Todos ellos provenientes de actores diversos del conflicto armado colombiano. Son los testimonios de “víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, empresarios, integrantes de la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, artistas, periodistas, académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones y, en general, cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria”.

Según el comisionado Carlos Martín Beristain, el Informe Final “es resultado de un gigantesco proceso de escucha que ha hecho la Comisión de la Verdad en Colombia y en esa ‘Colombia fuera de Colombia’, en el exilio. A través de los testimonios, a través de encuentros por la verdad, de encuentros públicos a las zonas más afectadas del país”.

Al mismo tiempo, se hizo la investigación en profundidad sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

Según afirma Angelika Rettberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, “se trató de un proceso muy amplio de escucha, de sectores muy vastos. A la Comisión le gusta resaltar las miles de personas y la cantidad de testimonios que logró acumular”.

La politóloga asegura que “ante un universo de millones de víctimas, que son más de nueve millones de personas, y después de varias décadas de conflicto, es muy probable que algunos no se sientan escuchados; otros sentirán que la versión recogida no los recoge a ellos y el Informe tendrá una etapa en la que deberá conquistar la legitimidad ante muchos sectores”.

El Informe Final

Varios eran los objetivos de la Comisión de la Verdad. Iban desde esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y ofrecer una explicación amplia hasta promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, las responsabilidades individuales y colectivas. Además, buscaba promover la “convivencia en los territorios” y “propiciar transformaciones estructurales dirigidas hacia la no repetición del conflicto armado”.

El informe es un paso hacia su cumplimiento. Este estará dividido en 10 capítulos que recogen una visión histórica, territorial y que también indaga de manera especial cómo vivieron todo tipo de violencias las mujeres, la población LGBTIQ+, los pueblos étnicos, los jóvenes, niños y niñas del país.

Además, causa especial interés un capítulo dedicado a los hallazgos y recomendaciones para la no repetición. Estos últimos, según la Comisión, “buscan hacer un llamado a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional para crear condiciones y compromisos que eviten la continuación y la repetición del conflicto armado”.

al como lo asegura Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, estos interpelarán a gran parte de la sociedad colombiana: «Tengo la convicción de que vienen un conjunto de recomendaciones para el Estado, para la escuela, para los medios de comunicación, para los partidos políticos, para las iglesias. Esto es un esfuerzo enorme».

Óscar Castañeda Lasso, antropólogo y asesor de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad, resalta que hay que esperar «el protagonismo de las víctimas» y añade que son ellas mismas «las que proponen las recomendaciones para la no repetición, son consejos de personas que ya tuvieron que pasar por el conflicto armado y que experimentaron un sufrimiento muy grande».

Las recomendaciones de la Comisión no son de cumplimiento obligatorio para el Estado. Sin embargo, son una apuesta para que la sociedad colombiana entienda el pasado y se transforme a futuro trabajando en la implementación de lo encontrado por parte de la entidad.

Este punto también es su principal reto. Rettberg asegura que el Informe Final deberá “no ser un documento más en los anaqueles de las verdades históricas que se han escrito en Colombia, que son muchos. Sino lograr tener un impacto en cómo la población colombiana entiende su pasado y qué está dispuesto a hacer para evitar que se repita”.

El primer paso de varios por recorrer

A pesar de que la Comisión de la Verdad entrega su Informe Final, sus labores no terminan allí. Los próximos dos meses son decisivos para su divulgación. Así, la entidad asistirá a más de 50 eventos públicos para compartir y promover los hallazgos y recomendaciones en diferentes lugares del territorio colombiano, pero también a nivel internacional.

La comisionada Lucía González asegura que en esos meses irán por “el país y por todos los medios masivos de comunicación y comunitarios y alternativos contando la esencia de lo que hemos encontrado y que el país debe conocer y le sirve para construir esos propósitos de futuro”.

Pero más allá de las próximas semanas, la relevancia y el impacto de las labores de la comisión se verán en un futuro más lejano. Rettberg señala que este Informe Final tiene el riesgo de que “lo reciban personas que ya estén convencidas de que había que tener una Comisión de la Verdad.” Así pues, uno de los retos será interpelar a esas personas que se han planteado como detractoras o incluso aquellos desconocedores de esta entidad.

De la mano con el Informe Final, la Comisión ha creado una plataforma digital que tendrá contenidos de libre acceso en diferentes formatos y lenguajes, además hará digital las acciones análogas que son activaciones académicas, culturales y artísticas.

Por su parte, Celis reconoce que existen dos ámbitos fundamentales para que el informe trascienda su divulgación: “Hay que lograr que este informe y todo lo que nos plantea este informe entre a la escuela en Colombia y entre a las universidades en Colombia, que todos los niños, jóvenes, se formen pensando en lo que ha sido la sociedad colombiana. Y necesitamos que esto entre a la tv colombiana, que de aquí en adelante se hagan documentales, novelas, series y que perdure durante mucho tiempo”.

Ambiente favorable a nivel político

Debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, la Comisión tuvo una ampliación de su periodo de funciones por unos meses más. Varios expertos señalan que llegó en un momento crucial para el futuro de la construcción de paz en Colombia.

Según Rettenberg, “viene en un momento bastante auspicioso, porque llega justo después de la victoria electoral de Gustavo Petro quien ha dicho desde la campaña que va a promover todos los temas vinculados con paz y reconciliación”. Así, el informe llega “en un momento en el que logra tener bastante acogida, más atención y mucho más impacto que si se hubiera publicado más temprano”.

Celis apunta a que su divulgación se enmarca en “una transición democrática. “Estamos dejando un viejo orden autoritario y de exclusión. Y estamos llegando a un orden de mayor democracia, estamos iniciando una transición hacia una democracia de más calidad y hacia un esfuerzo de paz total».

El próximo Gobierno tendrá la tarea de hacer llegar este informe a toda la ciudadanía, analizar y gestionar las recomendaciones para hacerlo trascender más allá de su mandato; el futuro que la Comisión propone con la verdad y las víctimas como médula espinal.

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Los temas sensibles que mueven la protesta indígena en Ecuador

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’.

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El gobierno del presidente Guillermo Lasso, del vecino país de Ecuador, ya registra 11 días de férreas protestas indigenistas que reclaman por alivios en el costo de vida, entre esos, una reducción de los precios de los combustibles.

Los indígenas señalan que están cosechando a pérdidas en una economía dolarizada, con el incremento de la gasolina y el diésel a raíz del ciclo inflacionario global se encarecieron los costos de los fletes.

“Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida”, resume la indígena Zamora.

Este descontento social de la población indígena no es reciente, si no que empieza a gestarse desde el anterior mandato de Lenin Moreno.

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’. Esto ha significado una mayor desinversión en servicios públicos, un debilitamiento del sistema de protección y una precarización que se ha exacerbado con la crisis del covid-19”, explicó el docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), seccional Ecuador.

Las manifestaciones en contra del actual gobierno del empresario Guillermo Lasso son lideradas por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas de Conaie, quienes presentan un documento con 10 propuestas.

Entre estas sugerencias están la subida de precios del combustible o de alimentos de la canasta básica; una mayor protección de bienes públicos; fortalecimiento de la educación y la salud pública, la privatización de sectores claves o la renegociación de deuda con los bancos prestamistas.

Reducir los precios del combustible como piden los indígenas le costaría al Estado ecuatoriano más de US$1.000 millones al año en subsidios. Esto lo considera Lasso como “inviable”.

En un intento fallido por controlar los ánimos, el Gobierno del presidente Lasso ordenó un estado de excepción para seis provincias y la detención de Leonidas Iza, el principal líder indígena que encabeza las manifestaciones.

“Esto sin duda radicalizó a los manifestantes (…) Sin embargo, el gobierno Lasso ha ido cediendo en algunas de estas propuestas con el objetivo de ver si se calman los ánimos”, apuntó el politólogo y consultor Juan Federico Pino.

En ese sentido, el Gobierno ha anunciado medidas como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de US$50 a US$55 y condonó deudas de hasta US$3.000 con un banco estatal para agricultores y campesinos, de acuerdo con las cifras oficiales.

Desde el pasado 13 de junio, las manifestaciones han dejado un saldo de tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, de acuerdo con cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

En las marchas del 2019, el saldo fue de 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por US$800 millones.

Solución a la crisis

La comisión indigenista está pidiendo “condiciones mínimas” para poder iniciar un diálogo. Entre esas, la liberación de lugares emblemáticos como la Casa de la Cultura, algo que finalmente ocurrió en la tarde de este jueves. Pese a esto, para Herrera, “da la impresión de que ambas partes no quieren ceder”.

Ambos analistas tienen entre sus futuros escenarios que se produzca la muerte cruzada, un mecanismo de la Constitución ecuatoriana en el que, entre otros escenarios, en momentos de inestabilidad política y social, el presidente renuncie con la Asamblea.

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