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Análisis

Ella es Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de la República

Francia Márquez lleva toda la vida en la lucha: mamá soltera, mujer afrodescendiente en uno de los departamentos de Colombia más castigados por la violencia, lideresa ambiental por la defensa de los territorios ancestrales, activista social y ahora, vicepresidenta del país andino en unos comicios donde la izquierda y las políticas «por la vida» ganaron, por primera vez, en las urnas.

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«Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha contra el racismo estructural, soy parte de los que luchan por seguir pariendo la libertad y justicia. De quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques, de los páramos», así se define en su página web.

Y es que Francia Elena Márquez Mina es muchas cosas. De niña quiso ser cantante, actriz, bailarina… incluso antropóloga cultural, para adentrarse en las raíces africanas que impregnan el Cauca, el departamento al suroccidente de Colombia del que es originaria. Sin embargo, la vida le llevó por otros ríos.

Concretamente es de la vereda de Yolombó, del corregimiento de La Toma, en el municipio de Suárez, de donde nació su compromiso con la tierra y con la vida de la comunidad afrodescendiente hace ahora cuatro décadas.

En un territorio marcado por la violencia, la presencia de grupos armados ilegales y los intereses extractivistas de grandes empresas mineras, Francia Márquez sintió desde su adolescencia, cuando empezó a codearse con el activismo ambiental, que su comunidad era, para otros, un obstáculo para el desarrollo económico de la región.

No obstante, decidió combatir esas amenazas y desafíos desde la defensa acérrima de las tierras ancestrales, un extremo que la condujo a estudiar la carrera de derecho.

La vida de esta mujer afrocolombiana ha estado regida por las lógicas de la lucha y la conciencia social y ambiental. En agosto de 2020, después de muchos años de trabajo en el territorio, lanzó un mensaje a través de Twitter en el que anunció su deseo de convertirse en presidenta de Colombia.

En poco menos de dos años se ha convertido en un fenómeno político y social, con cientos de miles de fieles que la siguen a ella y a su filosofía de vida ‘Ubuntu’, una doctrina de pensamiento africanista basada en el amor, la solidaridad y la coexistencia social como medio para el cambio.

Por otra parte, su figura también ha despertado numerosas críticas, algunas con trasfondos racistas y machistas, y otras por razones ideológicas e incoherencias en sus discursos.

Sea como fuere, Francia Márquez no será presidenta, al menos de momento, pero sí aspira a convertirse en la primera vicepresidenta afrodescendiente de la historia del país bajo la fórmula del Pacto Histórico junto a Gustavo Petro, el candidato progresista que lleva meses liderando las encuestas de cara a los comicios que se celebrarán el 29 de mayo y, en caso de balotaje, el 19 de junio respectivamente.

«Márquez es la figura política más importante de los últimos tiempos, ya que su presencia en la contienda electoral, sus discursos y su agenda han permitido mostrar con crudeza el racismo, el clasismo y el sexismo que caracteriza el ejercicio político en el país», sostiene Angélica Bernal, doctora en filosofía y politóloga feminista.

Para Juan David Cabrera, experto en cuestiones de raza y género del centro de estudios socio-jurídicos Dejusticia, la candidatura de Márquez supone «un quiebre respecto al estereotipo racial tradicional».

«Es una mujer afro que está asumiendo la posibilidad de llegar a una Vicepresidencia, un liderazgo político en un país profundamente racista que normalmente no estaba atribuido al estereotipo de lo que se considera lo negro».

El origen de su liderazgo socioambiental

Descendiente de familia de líderes comunitarios, Francia Márquez inició su activismo desde muy joven, cuando tenía 15 años. Creció entre el río Cauca y el río Oveja, al norte del departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Esos ríos fueron el kilómetro cero de su lucha.

Las comunidades ancestrales de la región hacían su vida en torno al río: allá plantaban yuca, plátanos, café y se dedicaban a la minería en la época de verano.

Sin embargo, el territorio también era del interés de empresas extractivistas mineras, nacionales e internacionales, que incluso tenían titulaciones territoriales en detrimento de las comunidades afros, indígenas y campesinas locales.

Desde 1986, Márquez, junto a otros líderes ambientales de Suárez, se volvió la cara visible contra los desalojos de los territorios ancestrales de su comunidad, oponiéndose a lo que denomina como «minería inconstitucional», la cesión de licencias mineras a empresas extranjeras sin hacer las consultas previas con los habitantes locales y sin promover los estudios necesarios de impacto medioambiental.

Sus implicaciones en la defensa de la tierra le llevaron a estudiar derecho. Cuando apenas estaba iniciando la carrera, en el año 2009, una explotación minera iba a provocar el desplazamiento obligado de la comunidad donde residía, causa por la que Francia, ya erigida como lideresa territorial y ambiental, impulsó una acción de tutela ante la Corte Constitucional, que un año más tarde suspendió los títulos a las empresas mineras y, con ello, se evitó el desalojo de la población.

Esa pequeña victoria judicial no impidió que el río Oveja continuara siendo escenario de la minería ilegal durante los siguientes años. Para denunciar ese hecho y en defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos negros, en 2014 Márquez dio por primera vez el salto a la escena nacional, cuando promovió y lideró la llamada ‘Marcha de los Turbantes’, una caminata de más de 600 kilómetros hasta Bogotá, a la que se unieron alrededor de 80 mujeres afros.

Una vez llegaron a la capital, se presentaron en el Ministerio del Interior y se declararon en asamblea permanente. Aunque fueron acusadas de atentar contra la seguridad nacional, sus reclamos fueron escuchados, y se terminó paralizando la operación que iba a alterar sus tierras ancestrales. Además, se reconoció a 27 Consejos Comunitarios del Norte del Cauca como sujetos de reparación.

«El territorio es la vida, y la vida no se vende, se ama y se defiende» ha sido uno de sus mantras desde el activismo y ahora también desde la política, a pesar de que el precio por defender la tierra suele pagarse con la muerte en Colombia.

Solo en lo corrido de 2022 ya van más de 70 líderes sociales asesinados en el país andino, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Un camino plagado de obstáculos

El compromiso de Francia Márquez para con el arraigo a su tierra y su comunidad ha estado también marcado por las dificultades que ha enfrentado como causa y consecuencia de su activismo.

A una precaria situación económica en el seno de su enorme familia, se sumó el hecho de que quedó embarazada cuando tenía 16 años de un hombre que desapareció después de conocer la noticia.

Durante los meses de gestación, la lideresa ambiental tuvo que seguir trabajando en la minería para ganar dinero para subsistir. Posteriormente, ya como madre soltera, inició sus estudios de derecho en la Universidad de Santiago de Cali, pero sus recursos económicos impidieron que terminara la carrera hasta 2020.

Márquez trabajaba por las mañanas en su municipio y en la tarde tomaba el autobús para ir a la facultad. Unos días no comía, y los que sí, no le alcanzaba para pagar el pasaje y llegar a sus clases.

A la edad de 20 años, volvió a quedar embarazada, pero el padre tampoco quiso asumir la paternidad.

Entre su labor como líder comunitaria y estudiante, Márquez reconoció en una entrevista al periódico local ‘El Espectador’ que de no ser por su familia y su ayuda con los menores, no habría podido llevar a cabo su liderazgo ambiental y social en el territorio, un desafío que provocó amenazas de muerte en su contra y que, en 2014, la obligó a desplazarse forzosamente a la ciudad de Cali con sus hijos y abandonar su casa.

En 2019, la lideresa, junto a otros miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, fue víctima, presuntamente por disidencias de la guerrilla de las FARC, de un atentado terrorista con granadas de fragmentación y armas de fuego, un hecho del que salió ilesa.

Tras su salto a la primera línea política ha recibido hasta tres amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales. Incluso el presidente del Senado colombiano, Juan Diego Gómez, la llegó a calificar como una guerrillera.

Reconocimientos a su labor social 

«Francia ha luchado por su territorio, por su pueblo, pero también por las gentes indígenas y campesinas, ha resistido la economía extractivista de las transnacionales, ha sido víctima de amenazas de múltiples actores del conflicto interno y aún así ha seguido en una lucha que la ha vuelto un emblema porque expresa su palabra con dignidad, ya que la sustenta en la Justicia de sus denuncias, pero también en la claridad de sus propuestas», analiza la politóloga Angélica Bernal.

Y es que pese a los sacrificios, la labor de Francia Márquez ha sido premiada tanto a escala nacional como internacional en los últimos años.

En 2015, tras su exitosa ‘Marcha de los Turbantes’ el año anterior, fue galardonada como «Defensora del año» con el Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia.

No obstante, su reconocimiento más importante se dio en 2018, cuando recibió el ‘Goldman Environmental’ en Estados Unidos, el galardón equivalente al Nobel medioambiental, otorgado a líderes sociales que defienden y preservan el medioambiente y los ecosistemas.

Previamente habían recibido este reconocimiento, entre otras personalidades, las Abuelas argentinas de Plaza de Mayo o la activista ambientalista e indigenista hondureña Berta Cáceres.

Luego de ganar el premio Goldman, en 2019 el medio británico ‘BBC’ incorporó a Márquez como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, un destaque que también reconoció la Casa América Cataluña, en España, cuando le entregó el galardón Joan Alsina de Derechos Humanos por su defensa medioambiental y de los derechos de la comunidad afrocolombiana así como su contribución a la paz en Colombia.

Un viaje político que la catapultó 

El periplo político de Francia Márquez más allá de los límites de su comunidad y territorio ancestral comenzó en 2014 en su marcha de mujeres afros hacia Bogotá, pero se afianzó en 2016, cuando tras ganar el Premio Nacional de derechos humanos, fue invitada a La Habana para participar, en nombre de la comunidad afrodescendiente, en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC.

Márquez apoyó la participación de los pueblos étnicos durante el proceso de paz, obteniendo como resultado en los acuerdos el conocido como ‘Capítulo Étnico para la Paz’.

Posteriormente, en 2018, se presentó como candidata a la Cámara de Comunidades Afro-Descendientes por el partido Consejo Comunitario Yurumanguí. Sin embargo, su propuesta no obtuvo el respaldo suficiente para ganar la representación institucional.

En paralelo a su trabajo como lideresa socioambiental, fue en 2020, en pleno contexto pandémico y tras el desgaste político del actual Ejecutivo del conservador Iván Duque, cuando Francia anunció su salto a la política nacional a través del movimiento «Soy porque somos», un concepto inspirado en la filosofía de raíces africanas ‘Ubuntu’.

Entonces, dijo que su “decisión de aspirar a la Presidencia no es caprichosa, es un sentir de los pueblos”.

Márquez se presentó a las consultas presidenciales que se celebraron en marzo de 2022 durante la jornada de elecciones legislativas, en las que los candidatos de las principales coaliciones medían sus fuerzas para ver quién quedaba como titular de cara a la carrera presidencial. Lo hizo con el partido izquierdista Polo Democrático y en la fórmula coligada del Pacto Histórico.

Petro y Márquez, Francia y Gustavo

Aunque Gustavo Petro, que lleva liderando los sondeos preelectorales durante meses, se hizo con la mayoría de los votos para postularse como candidato a la Casa de Nariño, la candidatura de Francia obtuvo más de 760.000 votos, resultando la tercera propuesta más apoyada por los electores colombianos de entre todos los candidatos de las distintas sensibilidades políticas.

Así las cosas, pese a los desencuentros con Petro durante la campaña de las elecciones legislativas y sus propuestas dispares en temas de género, principalmente, el gran respaldo que obtuvo Márquez forzó, de alguna manera, a que el candidato la nombrara como su fórmula vicepresidencial.

Entre las líneas base de la política que quiere implementar Márquez en caso de llegar a la Vicepresidencia está la redistribución de la riqueza, el impulso del diálogo con los actores del conflicto para buscar la paz integral, el fin del prohibicionismo de las drogas y la búsqueda de políticas plenamente antirraciales y feministas inclusivas para con todas las minorías.

«Lo que Francia representa es una lucha que une, no solo las opresiones del pueblo negro, sino a todos los pueblos oprimidos de Colombia, y en ese sentido representa una lucha contrahegemónica, contra el neoliberalismo, contra la estructura que perpetúa, de alguna manera, las desigualdades y la pobreza en los pueblos que tradicionalmente la han sufrido», apunta el experto Juan David Cabrera. «Petro y Márquez no se identifican de izquierdas, sino que proponen una política “por la vida”, añade.

«Desde luego no se puede caer en la ingenuidad de afirmar que, de llegar a ganar, el Pacto Histórico va a ser un proyecto político totalmente articulado y armónico, sobre todo porque el contexto por venir va a ser especialmente complejo en un momento de escalamiento del conflicto armado, de aumento de la pobreza y la desigualdad, de crisis económica y de un endeudamiento público extraordinario», afirma Angélica Bernal.

La politóloga, no obstante, cree que la de Francia Márquez es una «figura inédita» en el contexto político colombiano porque «conecta con sectores históricamente excluidos como los étnicos, campesinos, jóvenes, mujeres» y «aunque algunos de los sectores políticos opuestos la han subestimado y han tratado de restarle centralidad, no lo han logrado y ahora puede ser la primera vicepresidenta mujer afrodescendiente, lideresa social y ambiental, antirracista y feminista».

Por el momento, las encuestas favorecen a la fórmula Petro-Márquez, sin embargo, no les otorgan una victoria en primera vuelta al no alcanzar el 50% más uno de los sufragios en liza.

Márquez no está exenta de las críticas

Desde que su exposición pública se disparó, Francia Márquez no solo ha recibido halagos o buenas palabras por sus ideas y propuestas políticas, sino que también ha sido objetivo de las críticas por incoherencias en sus discursos y por plantear un escenario que muchos consideran «utópico».

Durante el mes de abril, una investigación sacó a la luz que la candidata a la Vicepresidencia es actualmente beneficiaria del programa ‘Ingreso Solidario’ que impulsó la Administración actual para subsidiar a las familias más precarizadas durante la pandemia.

Según el documento, publicado por el medio local ‘Revista Semana’, Márquez ha recibido 25 pagas que ascenderían a 4 millones de pesos colombianos, el equivalente a cerca de mil dólares, una ayuda a la que no ha renunciado aún.

Para los más críticos con la lideresa social, es hipócrita que Márquez critique al Gobierno por desatender las necesidades básicas de la población más vulnerable mientras ella cobra ese subsidio.

La lideresa socioambiental quiso, no obstante, aclarar el tema, confirmando que, efectivamente, sí cobra el ‘Ingreso Solidario’ y que lo seguirá haciendo porque según el programa «sigue siendo beneficiaria activa» por sus niveles de renta baja.

«Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola he sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia», explicó Márquez en una entrevista en la emisora local ‘Blu Radio’.

En otros puntos de la investigación, se destaca que Francia está actualmente afiliada a un fondo de pensiones privado, un mecanismo que ella ha catalogado de «fracasado» y «corrupto». Su apuesta política, en consonancia con la de Gustavo Petro, pasa por reforzar los fondos de pensiones públicos.

En medio de la crispación de la campaña, Márquez salió a decir que lo publicado en la investigación no era más que “un intento por pisotear su nombre”.

«Para muchos de sus críticos sus propuestas son utópicas pero tal vez precisamente en eso radica que haya sido tan bien recibida por muchos sectores del país que necesitan un proyecto de país realmente distinto al que nos han propuesto los políticos desde hace más de 200 años, por difícil que parezca su realización», subraya Angélica Bernal.

La candidata del Pacto Histórico también ha recibido críticas racistas durante estas semanas. La más extendida ha sido la de la cantante colombiana Marbelle, una burla racista que se ha expandido por redes sociales y sobre la que Márquez ya ha hecho varias denuncias públicas.

“Eso a mí no me quita la fuerza. Eso no me desanima. Por supuesto, eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata, así como el machismo mata en este país”, afirmó Márquez tras haber sido insultada de manera racista a través de una llamada telefónica anónima.

«En general, las comunidades negras sí han mostrado su apoyo a Francia Márquez. No hay una homogeneidad absoluta, hay regiones del país que no han mostrado su apoyo a la candidata, por ejemplo en zonas del Chocó (occidente) y de la costa Pacífica», destaca el experto en cuestiones raciales Juan David Cabrera.

Halagada por unos y criticada por otros, el fenómeno Francia Márquez, que revolucionó la agenda política, se consolidó en las urnas en unos comicios históricos para la izquierda colombiana.

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Análisis

La historia, según Rodolfo, del abrazo que se dio con Gustavo Petro

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo con el presidente electo le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

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El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, sobre la reciente reunión que sostuvo con el presidente electo, Gustavo Petro, luego de las elecciones presidenciales.

Pese a las críticas que recibió por cuenta de varios de sus votantes por darle un abrazo en medio de este encuentro, Hernández aseguró que no le vio nada de malo porque fue Petro el que se lo pidió.

El excandidato, que quedó en segundo lugar en los pasados comicios, reveló que durante ese abrazo Petro le pidió perdón por haberle hecho daño durante la campaña política.

“Gustavo Petro apenas me vio me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de que decirme perdóneme todo lo que lo lastimé, eso me lo dijo, pues yo me quedé sorprendido, yo lo abracé, él me abrazó y yo no creo que eso tenga algo de malo, al contrario”, sostuvo.

Dijo que después de la segunda vuelta presidencial muchas personas le pidieron demandar la elección, pero nadie le llevó una prueba.

“Con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara e impugnara la elección, nadie me trajo una prueba. Aquí hay una fosforera y yo habría podido activarla y eso genera violencia y esa violencia se enfrenta el pueblo contra el pueblo uniformado”, manifestó.

El ingeniero afirma que reconoce que perdió, pero eso no le da derecho a cuestionar unos resultados solo para darle gusto a su ego. “Yo no puedo ponerme a prejuzgar para darle gusto a mi ego, así haya unas sospechas, pero nadie me trajo la prueba, yo no la tengo y creo que nadie la tiene. Que tal que a estas alturas de la vida hubieran vuelto pedazos a Bucaramanga, Piedecuesta, Florida, Girón, a Bogotá, a Cali, a Medellín, cuando la gente se está muriendo de hambre”, añadió.

En su declaración, el excandidato Hernández arremetió contra el presidente Iván Duque y afirmó que el legado que le dejó al país después de haber estado cuatro años en el poder, es muy malo.

“Nos dejó un déficit de 85 billones de pesos, se intensificó la línea de pobreza, la evasión y la elusión de muchos contribuyentes se acrecentó, el debido cobrar en las cuentas del Ministerio de Hacienda igualmente, es como cuando dicen las señoras, echan la mugre debajo de la alfombra y nos van a dejar ese mugre para que nosotros lo recojamos y eso hay que decirlo con todo el respeto por el presidente Duque, fue desastroso lo que nos dejó y eso toca recomponerlo”, señaló.

Dijo que desde el Senado de la República, con su equipo de trabajo, emprenderá las acciones para conocer de primera mano como quedaron las finanzas públicas después de esta administración.

Anunció que seguirá trabajando para combatir la corrupción en Colombia y para que se le quite el manejo de la “chequera del Estado” a los funcionarios que se roban los recursos.

Además, Hernández espera trabajar de la mano con el presidente de la República, Gustavo Petro, para sacar adelante el país, razón por la cual lo invitará a Bucaramanga para que se ponga en marcha un ambicioso programa de saneamiento básico y de infraestructura para el oriente colombiano.

“Ya no más peleas, no más muertos, no más desilusiones, tenemos que mirar un nuevo horizonte para ver como mejoramos las condiciones de vida de todos los colombianos, para lograr que suban un escalón en el bienestar”, anotó.

Finalmente, Rodolfo Hernández confirmó que ya elevaron la solicitud ante del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la Liga de Gobernantes Anticorrupción reciba personería jurídica y se convierta en partido político. Cuando la solicitud sea aceptada, convocarán una asamblea nacional en la ciudad de Bucaramanga, con delegados de todo el país, para constituir oficialmente la colectividad.

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Análisis

La Comisión de la Verdad presenta su ‘Informe Final’ con relatos de 30 mil personas

Tras más de tres años de labores, la Comisión de la Verdad, la institución encargada del esclarecimiento del conflicto armado colombiano, entrega su Informe Final. Según los expertos, se trata de un paso clave hacia la construcción de paz, uno que enfrentará desafíos de primer orden para que pueda contribuir a la no repetición tras un conflicto de más de 50 años y nueve millones de víctimas.

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El camino hacia el Informe Final de la Comisión de la Verdad en Colombia ha sido largo. Comenzó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC en 2016. El texto acordado por ambas partes estipulaba la creación de la Comisión de la Verdad, una institución encargada “de dilucidar los patrones y la persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus consecuencias”.

Un objetivo de grandes dimensiones. La Comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta 2016, en menos de cuatro años. Para ello, el organismo comenzó sus tareas en 2018 y este martes presentará “el producto más importante” de ese proceso “de escucha, esclarecimiento y contrastación”.

Las tareas de la Comisión se enmarcaban en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ahora conocido como el Sistema Integral para la Paz. Se trata de un «mecanismo de Justicia transicional para determinar lo que ocurrió en el conflicto armado a través de medidas de Justicia, verdad y búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

El acto de este 28 de junio ha sido catalogado como el “Acontecimiento”, pues será el día en que la Comisión haga público, por primera vez, su “legado”. Uno que no solo contribuya a esclarecer lo ocurrido en más de medio siglo de conflicto, sino que también permita generar un diálogo y una mayor conciencia en la sociedad colombiana que trascienda su divulgación.

Un proceso amplio y plural de escucha

La base de la labor de la Comisión de la Verdad fue la escucha “amplia y plural”. El Informe Final recoge el relato de cerca de 30.000 personas. Todos ellos provenientes de actores diversos del conflicto armado colombiano. Son los testimonios de “víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, empresarios, integrantes de la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, artistas, periodistas, académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones y, en general, cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria”.

Según el comisionado Carlos Martín Beristain, el Informe Final “es resultado de un gigantesco proceso de escucha que ha hecho la Comisión de la Verdad en Colombia y en esa ‘Colombia fuera de Colombia’, en el exilio. A través de los testimonios, a través de encuentros por la verdad, de encuentros públicos a las zonas más afectadas del país”.

Al mismo tiempo, se hizo la investigación en profundidad sobre 730 casos y 1.195 informes de hechos de violencia durante el conflicto armado.

Según afirma Angelika Rettberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, “se trató de un proceso muy amplio de escucha, de sectores muy vastos. A la Comisión le gusta resaltar las miles de personas y la cantidad de testimonios que logró acumular”.

La politóloga asegura que “ante un universo de millones de víctimas, que son más de nueve millones de personas, y después de varias décadas de conflicto, es muy probable que algunos no se sientan escuchados; otros sentirán que la versión recogida no los recoge a ellos y el Informe tendrá una etapa en la que deberá conquistar la legitimidad ante muchos sectores”.

El Informe Final

Varios eran los objetivos de la Comisión de la Verdad. Iban desde esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y ofrecer una explicación amplia hasta promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, las responsabilidades individuales y colectivas. Además, buscaba promover la “convivencia en los territorios” y “propiciar transformaciones estructurales dirigidas hacia la no repetición del conflicto armado”.

El informe es un paso hacia su cumplimiento. Este estará dividido en 10 capítulos que recogen una visión histórica, territorial y que también indaga de manera especial cómo vivieron todo tipo de violencias las mujeres, la población LGBTIQ+, los pueblos étnicos, los jóvenes, niños y niñas del país.

Además, causa especial interés un capítulo dedicado a los hallazgos y recomendaciones para la no repetición. Estos últimos, según la Comisión, “buscan hacer un llamado a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional para crear condiciones y compromisos que eviten la continuación y la repetición del conflicto armado”.

al como lo asegura Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, estos interpelarán a gran parte de la sociedad colombiana: «Tengo la convicción de que vienen un conjunto de recomendaciones para el Estado, para la escuela, para los medios de comunicación, para los partidos políticos, para las iglesias. Esto es un esfuerzo enorme».

Óscar Castañeda Lasso, antropólogo y asesor de la Dirección de Conocimiento de la Comisión de la Verdad, resalta que hay que esperar «el protagonismo de las víctimas» y añade que son ellas mismas «las que proponen las recomendaciones para la no repetición, son consejos de personas que ya tuvieron que pasar por el conflicto armado y que experimentaron un sufrimiento muy grande».

Las recomendaciones de la Comisión no son de cumplimiento obligatorio para el Estado. Sin embargo, son una apuesta para que la sociedad colombiana entienda el pasado y se transforme a futuro trabajando en la implementación de lo encontrado por parte de la entidad.

Este punto también es su principal reto. Rettberg asegura que el Informe Final deberá “no ser un documento más en los anaqueles de las verdades históricas que se han escrito en Colombia, que son muchos. Sino lograr tener un impacto en cómo la población colombiana entiende su pasado y qué está dispuesto a hacer para evitar que se repita”.

El primer paso de varios por recorrer

A pesar de que la Comisión de la Verdad entrega su Informe Final, sus labores no terminan allí. Los próximos dos meses son decisivos para su divulgación. Así, la entidad asistirá a más de 50 eventos públicos para compartir y promover los hallazgos y recomendaciones en diferentes lugares del territorio colombiano, pero también a nivel internacional.

La comisionada Lucía González asegura que en esos meses irán por “el país y por todos los medios masivos de comunicación y comunitarios y alternativos contando la esencia de lo que hemos encontrado y que el país debe conocer y le sirve para construir esos propósitos de futuro”.

Pero más allá de las próximas semanas, la relevancia y el impacto de las labores de la comisión se verán en un futuro más lejano. Rettberg señala que este Informe Final tiene el riesgo de que “lo reciban personas que ya estén convencidas de que había que tener una Comisión de la Verdad.” Así pues, uno de los retos será interpelar a esas personas que se han planteado como detractoras o incluso aquellos desconocedores de esta entidad.

De la mano con el Informe Final, la Comisión ha creado una plataforma digital que tendrá contenidos de libre acceso en diferentes formatos y lenguajes, además hará digital las acciones análogas que son activaciones académicas, culturales y artísticas.

Por su parte, Celis reconoce que existen dos ámbitos fundamentales para que el informe trascienda su divulgación: “Hay que lograr que este informe y todo lo que nos plantea este informe entre a la escuela en Colombia y entre a las universidades en Colombia, que todos los niños, jóvenes, se formen pensando en lo que ha sido la sociedad colombiana. Y necesitamos que esto entre a la tv colombiana, que de aquí en adelante se hagan documentales, novelas, series y que perdure durante mucho tiempo”.

Ambiente favorable a nivel político

Debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, la Comisión tuvo una ampliación de su periodo de funciones por unos meses más. Varios expertos señalan que llegó en un momento crucial para el futuro de la construcción de paz en Colombia.

Según Rettenberg, “viene en un momento bastante auspicioso, porque llega justo después de la victoria electoral de Gustavo Petro quien ha dicho desde la campaña que va a promover todos los temas vinculados con paz y reconciliación”. Así, el informe llega “en un momento en el que logra tener bastante acogida, más atención y mucho más impacto que si se hubiera publicado más temprano”.

Celis apunta a que su divulgación se enmarca en “una transición democrática. “Estamos dejando un viejo orden autoritario y de exclusión. Y estamos llegando a un orden de mayor democracia, estamos iniciando una transición hacia una democracia de más calidad y hacia un esfuerzo de paz total».

El próximo Gobierno tendrá la tarea de hacer llegar este informe a toda la ciudadanía, analizar y gestionar las recomendaciones para hacerlo trascender más allá de su mandato; el futuro que la Comisión propone con la verdad y las víctimas como médula espinal.

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Análisis

Los temas sensibles que mueven la protesta indígena en Ecuador

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’.

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El gobierno del presidente Guillermo Lasso, del vecino país de Ecuador, ya registra 11 días de férreas protestas indigenistas que reclaman por alivios en el costo de vida, entre esos, una reducción de los precios de los combustibles.

Los indígenas señalan que están cosechando a pérdidas en una economía dolarizada, con el incremento de la gasolina y el diésel a raíz del ciclo inflacionario global se encarecieron los costos de los fletes.

“Los costos de los químicos están tan elevados que los agricultores tenemos que trabajar a pérdida”, resume la indígena Zamora.

Este descontento social de la población indígena no es reciente, si no que empieza a gestarse desde el anterior mandato de Lenin Moreno.

Desde el 2017 hay un descontento social que tiene que ver con el giro de política que ha adoptado el país y, en mayor lugar, la implementación de políticas con un mayor corte ‘neoliberal’. Esto ha significado una mayor desinversión en servicios públicos, un debilitamiento del sistema de protección y una precarización que se ha exacerbado con la crisis del covid-19”, explicó el docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), seccional Ecuador.

Las manifestaciones en contra del actual gobierno del empresario Guillermo Lasso son lideradas por Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas de Conaie, quienes presentan un documento con 10 propuestas.

Entre estas sugerencias están la subida de precios del combustible o de alimentos de la canasta básica; una mayor protección de bienes públicos; fortalecimiento de la educación y la salud pública, la privatización de sectores claves o la renegociación de deuda con los bancos prestamistas.

Reducir los precios del combustible como piden los indígenas le costaría al Estado ecuatoriano más de US$1.000 millones al año en subsidios. Esto lo considera Lasso como “inviable”.

En un intento fallido por controlar los ánimos, el Gobierno del presidente Lasso ordenó un estado de excepción para seis provincias y la detención de Leonidas Iza, el principal líder indígena que encabeza las manifestaciones.

“Esto sin duda radicalizó a los manifestantes (…) Sin embargo, el gobierno Lasso ha ido cediendo en algunas de estas propuestas con el objetivo de ver si se calman los ánimos”, apuntó el politólogo y consultor Juan Federico Pino.

En ese sentido, el Gobierno ha anunciado medidas como aumentar los bonos para el 30% de la población más pobre, de US$50 a US$55 y condonó deudas de hasta US$3.000 con un banco estatal para agricultores y campesinos, de acuerdo con las cifras oficiales.

Desde el pasado 13 de junio, las manifestaciones han dejado un saldo de tres muertos, 92 heridos y 94 detenidos, de acuerdo con cifras de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

En las marchas del 2019, el saldo fue de 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por US$800 millones.

Solución a la crisis

La comisión indigenista está pidiendo “condiciones mínimas” para poder iniciar un diálogo. Entre esas, la liberación de lugares emblemáticos como la Casa de la Cultura, algo que finalmente ocurrió en la tarde de este jueves. Pese a esto, para Herrera, “da la impresión de que ambas partes no quieren ceder”.

Ambos analistas tienen entre sus futuros escenarios que se produzca la muerte cruzada, un mecanismo de la Constitución ecuatoriana en el que, entre otros escenarios, en momentos de inestabilidad política y social, el presidente renuncie con la Asamblea.

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