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Duque centró su periodo en la seguridad, pero deja una Colombia más violenta

El presidente terminará su mandato el próximo 7 de agosto, inició haciendo una férrea defensa de la seguridad como estandarte de su programa de gobierno. Casi cuatro años después, la violencia armada se ha recrudecido en los territorios, la guerra contra las drogas deja cifras máximas en términos de producción de cocaína y se han vivido las protestas sociales más airadas de la historia reciente del país, las cuales estuvieron marcadas por la represión policial.

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Iván Duque está a punto de concluir su mandato. El próximo 7 de agosto entregará las llaves de la Casa de Nariño a su sucesor, el progresista Gustavo Petro, o el populista de derecha Rodolfo Hernández, quien tendrá que tomar las riendas del que es hoy un país más violento que hace cuatro años.

El mandatario conservador, del partido Centro Democrático, siguió la estela de su guía político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y puso la seguridad y la defensa en el centro de su programa de gobierno.

Para ello, Duque presentó su «Paz con Legalidad», una suerte de versión adaptada de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, firmados en 2016 bajo la Administración de su antecesor Juan Manuel Santos.

Pese a sus reticencias iniciales para con la implementación de los Acuerdos, el Gobierno Duque ha trabajado parcialmente en lo negociado en La Habana (Cuba) hace seis años. Sin embargo, está lejos de haber dado el protagonismo requerido a un proceso que ampara el futuro de millones de colombianos; motivo que explica, en parte, el recrudecimiento de la violencia en diversos departamentos.

Jorge Mantilla, director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) considera que la «‘Paz con Legalidad’ tuvo avances que son importantes». Sin embargo, «en lo relacionado con la reforma rural integral, con las garantías de seguridad, con el tema de drogas a partir del programa PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos)… todos esos puntos se han estancado y, sobre todo, no se ha logrado avanzar de manera definitiva en la transformación territorial».

«En esa aplicación parcial de los Acuerdos hay asuntos que son los que el Gobierno acoge: los que tienen que ver con reincorporación de excombatientes, punto que reconocen como central; y aquellos asuntos que no pueden echar para atrás, como el reconocimiento del nuevo partido político de las FARC, Comunes, y de los beneficios políticos que el Acuerdo les otorgó en el marco de la justicia transicional. No pudieron hacer trizas el Acuerdo, pero tampoco lo implementaron de forma coherente», señala Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Sí a la guerra contra las drogas

Al margen del cumplimiento de lo firmado con las Farc, el presidente Duque apostó desde el comienzo de su mandato por reforzar la estrategia de la guerra contra las drogas, promoviendo la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito, los cuales se situaban en cifras récord al final del Gobierno de Santos, con 173.000 hectáreas.

El mandatario quiso incluso retomar las aspersiones con glifosato para eliminar esos cultivos, un compuesto químico que se ha demostrado perjudicial para la salud. Finalmente, la Corte Constitucional le negó el deseo al presidente.

Las cifras de hectáreas de cultivos ilícitos han disminuido un 7% en los últimos años, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). No obstante, la producción de clorhidrato de cocaína ha aumentado un 8%, con más de 1.200 toneladas. Eso hace de Colombia el principal productor mundial de esta droga, según la oficina de la ONU.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, subrayó, sin embargo, que «destruimos 20.000 laboratorios de coca para evitar que siguiera creciendo la productividad alrededor del laboratorio. (…) Además, hemos hecho interdicción: 700 toneladas el año pasado, máxima cifra de la historia».

«Este Gobierno confundió la política de seguridad con la política antinarcóticos. El Ejecutivo siguió concentrado en el número de hectáreas, mientras el país alcanzaba uno de los máximos niveles de producción de cocaína. Es decir, hoy hay un país con menos coca, pero con más cocaína», destaca Mantilla desde la FIP.

Pese a tener a la guerra contra las drogas en el epicentro de la estrategia y la persecución de cabecillas de los Grupos Armados Organizados (GAO) para menguar su capacidad delictiva, el programa de seguridad no ha dejado grandes resultados para el país.

La policía antinarcóticos allana un laboratorio para fabricar base de coca, parte del proceso de transformación de las hojas de coca en cocaína, en La Hormiga, Putumayo, Colombia, el sábado 9 de abril de 2022.

«El Gobierno volvió a la guerra contra las drogas a través de una estrategia militar. Ya en la Administración Santos había comenzado ese camino bajo la presión de Estados Unidos y se había colocado en primer plano la erradicación forzosa. Pero en el anterior Ejecutivo se reconocía la importancia de los programas de sustitución, buscando una alternativa a la guerra contra las drogas. Sin embargo, en el Ejecutivo Duque se asumió el asunto como una cuestión plenamente militar, de seguridad nacional y seguridad continental en alianza con los EE. UU.», sostiene Camilo González.

930 líderes sociales asesinados

El informe de balance de seguridad publicado por Indepaz concluye que durante el Ejecutivo del conservador la violencia contra líderes sociales en los territorios ha aumentado sustancialmente en comparación con los indicadores que dejó en herencia la anterior Administración.

A corte del 4 de junio, el saldo de asesinatos de líderes sociales era de 930, aunque en las últimas semanas, en el marco electoral, la cifra ha subido de forma preocupante en los territorios donde el conflicto nunca se fue y donde el Estado apenas hace presencia más allá de la militarización.

Además, la organización reporta que 245 excombatientes que se acogieron a los Acuerdos han sido asesinados durante el Gobierno Duque, donde asimismo ha habido 261 masacres que han dejado más de 1.100 víctimas mortales.

Detrás de estos crímenes están, según el titular de Defensa, los grupos armados ilegales: «El 80% de los homicidios colectivos y masacres se originaron por disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo. ¿Quiénes están asesinando a los reincorporados de las Farc? Son las mismas disidencias de las Farc. ¿Quiénes han cometido los principales actos terroristas? La guerrilla del ELN. Por eso, combatir esos grupos es una forma de disminuir esa violencia que ellos mismos generan».

Preguntado por cuántos de esos autores de masacres perseguidos por la Justicia, Molano afirmó que «180 de los cabecillas o del ELN, del Clan del Golfo, o de las disidencias de las Farc fueron capturados y judicializados», un dato que no ha reportado mayor tranquilidad en la cotidianidad de las comunidades afectadas por el conflicto, que observan cómo la defensa de sus territorios y su ancestralidad les puede costar la vida.

«La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con Acnur y otras organizaciones han reportado que la situación este año se ha puesto muy grave», sentencia el presidente de Indepaz.

El sonoro paro armado del Clan del Golfo

«El presidente Duque recibe 13.800 hombres en armas y redes de apoyo en seis grupos armados organizados, no recibe un país en paz. Hoy, al final de su mandato, quedan tres grupos: ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Y se han reducido de 13.800 a casi 11.150; 1.200 de ellos en Venezuela», sostiene el ministro de Defensa.

No obstante, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) advirtió en su más reciente informe «Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque» de un crecimiento en número de las principales estructuras criminales en Colombia en los últimos cuatro años.

El documento afirma que la presencia de los grupos armados ilegales se da en el 37% del territorio nacional, en 420 de los 1.103 municipios.

Así las cosas, pese a que el presidente señaló que el grupo narcoparamilitar del Clan del Golfo había desaparecido después de que en octubre de 2021 se detuviera a su principal cabecilla, Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, el informe de la Fundación Pares sostiene que en la actualidad es la estructura armada más poderosa, presente en 241 municipios colombianos.

«En los reportes que nosotros tenemos, es una estructura que solo ha hecho que crecer en distintos departamentos del norte y noroeste del país. El Clan del Golfo tiene un brazo armado de al menos 33 estructuras y 1.500 hombres en armas, lo que está lejos de ser el fin», destaca Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares.

Posteriormente a su captura, ‘Otoniel’ fue extraditado a Estados Unidos el 4 de mayo, en un proceso controvertido y muy criticado por muchos, que no comprendieron por qué el capo del Clan del Golfo no se sometió primero a la Justicia colombiana.

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al jefe del Clan del Golfo (la mayor banda criminal dedicada al narcotráfico de Colombia y heredera del paramilitarismo) Dairo Antonio Úsuga alias «Otoniel» durante su proceso de extradición desde Bogotá (Colombia) a Estados Unidos.

«La extradición de ‘Otoniel’ es parte de una tradición ya. Colombia prefirió extraditar a los grandes perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Era prioridad que fueran a rendir cuentas a Estados Unidos sobre lo relacionado con el narcotráfico y colocaron en segundo plano todo lo relacionado con los crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y eso es una maniobra de ocultamiento porque, sobre todo, deja de un lado la verdad», afirma el presidente de Indepaz Camilo González.

«Quedó demostrado que lo querían extraditar a toda costa, seguramente por las cosas que estaba hablando, especialmente de los presuntos nexos entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública colombiana y otros personajes de las esferas más importantes del país», sostiene la politóloga Daniela Garzón.

En respuesta a la extradición de ‘Otoniel’, el Clan del Golfo decretó un paro armado que se consolidó como el más violento en las últimas décadas. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se generaron 309 episodios de violencia en más de un tercio de los departamentos del país.

Entre tanto, y al contrario de lo que sucedió con el paro armado decretado por el ELN en 2020, el Gobierno desplegó a la Fuerza Pública tarde, cuando el constreñimiento a la movilidad y la zozobra a miles de ciudadanos ya era real.

«El paro armado dinamita el discurso oficialista porque la política de seguridad, no solo de este Gobierno, sino en general de varios Ejecutivos, ha sido la de apuntarle a las cabezas visibles de las organizaciones creyendo que así van a poder acabarlas de manera más eficiente, lo que se ha demostrado que no es así», dice la politóloga Garzón.

Paro nacional, protestas teñidas de represión 

Otro de los puntos calientes de la política de seguridad de Iván Duque fueron los sucesivos paros nacionales que tuvieron lugar en 2019, 2020 y 2021, respectivamente, siendo este último la mayor movilización de la historia reciente de Colombia, en la que millones de ciudadanos salieron a las calles por 90 días a expresar su desaprobación hacia las políticas del presidente.

En las mismas, se produjo un elevado número de casos violentos entre la Fuerza Pública y grupúsculos de manifestantes. La represión policial y la militarización protagonizaron tensas jornadas, principalmente en Cali, la tercera ciudad del país.

Voluntarios de una ONG y un colombiano junto a un muro con grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o de los paramilitares del Clan del Golfo en el pueblo de La Colonia, en la región del bajo río Calima, cerca de la ciudad portuaria de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, el 18 de mayo de 2022.

La ONG Temblores reportó que durante el estallido social hubo más de 80 víctimas mortales en enfrentamientos con la policía y 2.700 episodios de violencia, un extremo que el Gobierno niega.

«Aquí el único que puede decir quién se murió o no es la Fiscalía General de la Nación, que está identificando 26 casos, sobre los que no ha juzgado si hubo una responsabilidad o no. Una cosa es la información que pueda dar una ONG, pero hay un sector de la Justicia que tienen legitimidad de determinar quién fue y por qué sucedió el hecho», sentencia Diego Molano.

Lo que sí parece evidente es la desproporción de la fuerza empleada por las fuerzas de seguridad durante las protestas, un aspecto que ha sido denunciado por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas.

Fruto de las polémicas sobre el uso de la fuerza por parte de policías y otras fuerzas de seguridad, posteriormente al paro nacional Iván Duque promovió una reforma de la Policía Nacional, la cual presentó como objetivo principal crear nuevas faltas, clasificadas como graves y gravísimas, y prevenir los abusos. La organización ‘Human Rights Watch’ calificó la reforma de «cosmética».

Así las cosas, el proyecto de Duque dejó por fuera uno de los asuntos más controvertidos en las protestas, que hace referencia al cuerpo de antidisturbios, el Esmad, y su regulación. Este cuerpo protagonizó los mayores actos violentos contra manifestantes.

Por otra parte, y también tras el estallido social, el presidente colombiano promovió la Ley de Seguridad Ciudadana, polémica asimismo porque favorece, entre otras cosas, la «legítima defensa privilegiada», que exime de responsabilidad penal a quienes respondan ante un allanamiento en una propiedad; así como reprime la protesta y protege aún más a los funcionarios de la Fuerza Pública.

Manifestantes antigubernamentales enfadados por los aumentos de impuestos propuestos para los servicios públicos, el combustible, los salarios y las pensiones se enfrentan a la policía en Madrid, Colombia, en las afueras de Bogotá, el 28 de mayo de 2021.

«Esta ley es un ejemplo de lo que es una inversión de valores en la acción de este Gobierno. Cuando se espera el elemento orientador sea el mandato constitucional, que la Policía debe velar por la garantía de los derechos humanos, (…) aquí lo que se advierte es que el riesgo son los ciudadanos y las posibles víctimas son los agentes del Estado y, sobre todo, los policías», concluye Camilo González.

El cuestionado MinDefensa del que el oficialismo saca pecho

Otra de las constantes en el Gobierno de Iván Duque ha sido el continuo cuestionamiento a su Ministerio de Defensa. La institución no solo acumula denuncias en la desproporcionalidad del uso de la fuerza en las protestas, sino que tiene casos en los que se ha denunciado asesinato de civiles en el marco de supuestas operaciones contra grupos armados.

Una investigación periodística determino que entre las 11 víctimas de un reciente operativo contra las disidencias de las Farc en el departamento de Putumayo hubo víctimas civiles. Esta cuestión hizo que Molano se viera sometido a una moción de censura que pudo superar con el apoyo del Legislativo.

Pero esta no ha sido la única polémica. En 2019, su antecesor en el cargo, Guillermo Botero, tuvo que dimitir después de que se demostrara que habían fallecido ocho niños tras un operativo militar en el departamento de Caquetá.

Sin embargo, estas cuestiones no han hecho cambiar el parecer del Gobierno respecto a lo que considera un éxito en materia de seguridad y defensa.

La persecución de actores de grupos armados ilegales; los golpes a la financiación de los mismos a través del narcotráfico; la reincorporación a la vida civil de más de 1.800 excombatientes; la promoción de la reforma policial y la Ley de Seguridad Ciudadana; la menor tasa de homicidios en más de cuatro décadas (en un contexto de no guerra) o la campaña Artemisa, que busca proteger, afectando la vida de los campesinos, la deforestación ilegal, son elementos que, desde Defensa, consideran éxitos de mandato.

Pero desde fuera del Ejecutivo, la realidad y la percepción es muy diferente: para Jorge Mantilla, de la FIP, «la política de seguridad del presidente Duque tuvo el efecto contrario al esperado, porque en estos cuatro años aumentó la violencia y su sociedad con el conflicto”.

Pintada de las disidencias de las FARC-EP en la localidad de Corinto, Cauca, Colombia.

El próximo presidente deberá hacer frente a un panorama complejo en las ciudades, donde la inseguridad ha empeorado desde la pandemia, y en los territorios más remotos, donde reforzar la presencia del Estado será clave para buscar soluciones alternativas a un conflicto que, aunque en estos momentos no se presenta como en la peor época de la guerra a escala nacional, de no atajarse sí puede hacer retroceder al país a su época más oscura.

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Radicado Proyecto de Acuerdo por $60 mil millones en Concejo de Barrancabermeja

Alcaldía dice que recursos servirán para mejoramiento de vías, nuevos parques, Mercado Pesquero, BIT del Río, e infraestructura educativa.

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El Proyecto de Acuerdo radicado por la Alcaldía Distrital ante el Concejo de Barrancabermeja es por 60 mil millones de pesos. La Administración Distrital con esta fuente externa de apalancamiento financiero realizará proyectos de inversión social, informó.

En materia de empleabilidad la realización de estos proyectos generará 635 puestos de trabajo. Del total del recurso el 37,79% será invertido en la construcción del Mercado Pesquero y el BIT del Río; el 25,34% será destinado a la construcción de nuevos parques; el 21,29% destinado para la ejecución de un nuevo plan de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial urbana; el 6,53% serán invertidos en la construcción de un nuevo colegio en el corregimiento Ciénaga del Opón; y el 6,95% en la construcción y dotación de comedor y cocina del Instituto Técnico Superior Industrial.

Radicado Proyecto

La Alcaldía Distrital radicó ante el Concejo de Barrancabermeja un proyecto de acuerdo para que sean aprobados recursos de crédito por valor de $60 mil millones, como fuente externa de financiación necesarios para el apalancamiento de proyectos de inversión social, cuyo objetivo fundamental es generar impactos positivos en las comunidades, para mejorar la calidad de vida de la población en temas relacionados con la educación, la recreación, el deporte y sano esparcimiento, vías, emprendimiento, generación de empleo, turismo, gastronomía, desarrollo pesquero, transporte, comercio e industria.

El asesor de proyectos de la Alcaldía, Heyner Mancera, señaló que estos recursos serán invertidos por la Administración Distrital “en la renovación urbana de al menos 15 mil metros cuadrados de nuevos parques en tres comunas de la ciudad, uno de ellos muy especial, el parque del barrio Gaitán, denominado de la inclusión, porque está diseñado para niñas, niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad, el primero en su género en Colombia que beneficiará a cerca de 12 mil personas”.

También serán renovados los parques de los barrios 22 de Marzo, El Bosque, Primero de Mayo, Caminos de San Silvestre, La Paz 2, y Santa Ana, Palmira.

Pero además, indicó Mancera que son recursos “para la reparación colectiva de víctimas de la violencia, con un proyecto de infraestructura educativa en el corregimiento Ciénaga del Opón, cuyo objetivo es la construcción de un nuevo colegio, que será dotado con comedor, cocina, y más, el cual beneficiará a 700 personas de este sector”.

El funcionario Mancera señaló que “también mejoraremos la calidad educativa en el Instituto Técnico Superior Industrial, donde construiremos y dotaremos un comedor y cocina para beneficiar a 2.180 estudiantes”.

De la misma manera la Alcaldía ejecutará un plan de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial de Barrancabermeja, así lo aseguró la secretaria de Infraestructura, Rosalía Solórzano Angulo, quien complementó el anuncio diciendo que “en el marco del proyecto Distrito Malecón vienen inversiones fuertes como el Centro de Emprendimiento BIT del Río y la construcción del Mercado Pesquero. Estos proyectos están ya viabilizados, cumplen con todos los aspectos técnicos, fueron aprobados en fase 3 en nuestro banco de proyectos, y van a ser presentados ante el Concejo en este Proyecto de Acuerdo”.

Líder de Discapacidad

Martha Janeth Torres, líder de Discapacidad del Distrito, refiriéndose a la importancia de estos recursos manifestó que “en Barrancabermeja están pasando muchas cosas buenas, que tienen que ver con las garantías de derechos, las oportunidades, la transformación de la ciudad en un lugar más amable para toda la población, y en esta ocasión nos corresponde a las personas en condición de discapacidad. Se está dando una serie de transformaciones que nos permiten tener la libertad para la movilización en espacios en donde siempre soñamos transitar, nos está permitiendo la inclusión plena que siempre hemos proclamado. Vamos a ser una ciudad modelo, porque vamos a tener seis parques nuevos, entre ellos un primer parque en el territorio destinado a procesos de inclusión, me refiero al parque del barrio Gaitán, donde las familias tendrán la oportunidad de compartir”.

Por su parte la edil de Ciénaga del Opón, Mabel Hurtado, aseveró, refiriéndose a la construcción y adecuación del nuevo centro educativo en el corregimiento que ella representa, que “allí es donde queremos que nuestras niñas y niños estudien, porque es necesario que ellos no salgan del territorio, por eso para nosotros es importante este rubro económico que se le va a invertir a nuestro colegio, para que ellos tengan hermosas aulas y espacios seguros para su aprendizaje”.

La intervención en Ciénaga del Opón beneficiará en especial a 86 familias en el centro poblado y a otras 82 familias en las veredas del corregimiento. Contempla la construcción de una nueva escuela, comedor, cocina, vivero, polideportiva y parque para los niños.

“Estamos bien alegres porque nos van a remodelar el colegio, vamos a estudiar más cómodos, va a ser más fácil el estudio, vamos a poder salir adelante”, expresó con alegría Ángel Vanegas, estudiante del Centro Educativo Campo Galán sede Ciénaga del Opón.

Con una sonrisa dibujada en su rostro, la pequeña Sharit Centeno aseguró sentirse muy contenta “porque nos van a hacer el colegio muy bonito”.

Yenni Patricia Villareal, es la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del sector de El Muelle, nos contó que en el lugar donde muy pronto se construirá el Centro de Emprendimiento BIT del Río, Barrancabermeja Innovación y Tecnología, obra que hace parte del Distrito Malecón, hasta hace poco funcionaba un billar, por lo tanto el nuevo proyecto “le va a cambiar la cara a esta zona de Barrancabermeja, que era muy marginada, le va a mejorar la calidad de vida de las personas, de los comerciantes, de toda la comunidad”.

Servicios integrales

Yenny resaltó que el BIT del Río será una gran oportunidad para todos “en especial para nuestros jóvenes, que tendrán la oportunidad de capacitarse en hotelería, turismo, barismo, gastronomía, cocina, coctelería”, si tenemos en cuenta que contará con espacios especializados para la formación en dichos oficios, y que está diseñado para la realización de actividades productivas, formativas y eventos, en función de prestar servicios integrales en cuanto al desarrollo de emprendimientos y la preservación de tradiciones.

Por su parte Luz Marina Granados, quien por más de 10 años ha sacado adelante a su familia con las ventas que le genera su pequeño restaurante construido en tablas a orillas del río Magdalena, donde cautiva a los comensales de El Muelle con desayunos, sancochos, viudas, y bocachicos fritosudados, aseveró que trasladarse al Mercado Pesquero, también obra del Distrito Malecón que será construida con parte de los recursos de apalancamiento financiero externo solicitados, será “un cambio de la tierra al cielo, que mejorará mi calidad de vida, la de mis seres queridos, y la de todas las personas del sector”.

El proyecto del Mercado Pesquero atenderá a 121 comerciantes, mejorando las condiciones de comercialización de sus productos.

Luz Marina destacó que “lo que viene es un proyecto muy bonito para nosotras las cocineras, lo pescadores, los vendedores y arrolladores de pescado, los vendedores de plátano y yuca, es el Mercado Pesquero que beneficiará a muchas personas en la zona, porque vamos a tener un sitio digno para ganarnos la vida, mejores instalaciones, un lugar más cómodo con mesas, estufa, el sector se va a transformar, eso atraerá más turismo”.

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Cinco posibles impactos de la ciberguerra de los que se deben proteger las empresas

Actualmente existe un alto nivel de riesgo por la creciente amenaza de ciberguerras que pueden llegar a afectar a organizaciones e industrias de todos los sectores y tamaños.

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En una época en la que conflictos entre naciones tienen lugar en el ciberespacio, Fluid Attacks, compañía especializada en realizar pruebas de seguridad continuas en los sistemas de las empresas, menciona cinco formas en las que la ciberguerra afecta los sistemas informáticos de las empresas y cómo evitarlas por medio de un enfoque DevSecOps (Desarrollo, Seguridad y Operaciones).

La transformación digital lleva a que cada vez más empresas y sectores económicos hagan uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, este proceso también implica exposición a amenazas latentes como la ciberguerra y el ciberterrorismo. Según el Reporte de Ciberseguridad del BID y la OEA, de los 32 países analizados en todo el continente americano, sólo siete cuentan con plan de protección a su infraestructura crítica, datos que reflejan lo poco preparada que está la región para enfrentar ciberataques.

Mauricio Gómez, cofundador de Fluid Attacks, explica que, “si bien entre los objetivos principales de la ciberguerra está inhabilitar los sistemas gubernamentales, las empresas privadas también pueden verse afectadas por los ataques a la infraestructura crítica de los países o ser vulneradas directamente”.

La implementación de hacking ético en todo el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, obedeciendo a un enfoque DevSecOps, está entre las mejores soluciones para preparar a las organizaciones ante el peor escenario. Las pruebas de seguridad permiten encontrar vulnerabilidades desde el comienzo de los ciclos, que deben ser remediadas con prontitud para evitar impactos negativos como los cinco que se exponen a continuación.

Pérdidas económicas: Este riesgo es evidente por casos como el de Colombia, que tuvo represadas varias cargas de importación en sus puertos, significando un incremento de costos equivalentes a millones de dólares, tras un ciberataque a su Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos organizado, según la investigación, por un grupo criminal internacional.

Otro ejemplo más reciente es el de Costa Rica, que ha visto bloqueadas sus actividades comerciales, tributarias y hasta de servicios para los ciudadanos por recientes ataques de ransomware por parte de actores maliciosos posiblemente relacionados con Rusia.

Estos ataques han dejado pérdidas estimadas de cientos de millones de dólares y no se han limitado a sistemas del gobierno, sino también a empresas privadas. Este tipo de incidentes afecta en mayor medida a las startups que cuentan con recursos más limitados a comparación de grandes corporaciones.

“Invertir en ciberseguridad desde una óptica preventiva, y no de simple reacción, es mucho más rentable a largo plazo, porque las vulnerabilidades se detectan y reparan antes de que los cibercriminales tengan conocimiento de ellas y las aprovechen en situaciones de tensión como la ciberguerra. Las empresas con menores recursos son especialmente susceptibles al cierre de operaciones tras un ciberataque”, asegura el cofundador de Fluid Attacks.

Fuga de datos: Los ataques por hackers maliciosos apoyados por un gobierno extranjero se enfocan en el espionaje, el robo y la revelación de información intelectual y personal, y la extorsión.

Para mitigar estos riesgos, es importante construir una infraestructura que minimice el accionar criminal, aplicando herramientas como autenticación multifactor para acceso remoto, aseguramiento y actualización de los componentes tecnológicos, implementación de controles de seguridad para defenderse de los ataques en la nube, y procedimientos continuos de hacking ético como lo recomienda la CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency).

Daños reputacionales: Los cibercriminales también pueden interesarse por influir en la opinión pública, sin mencionar la posibilidad de afectar los procesos democráticos. Varios ataques pueden enfocarse en crear una imagen negativa de las empresas frente a las partes interesadas.

Al adoptar un modelo DevSecOps, naturalmente, se prevé este tipo de escenarios críticos y se implementan buenas prácticas que resultan en la mitigación del riesgo a daños reputacionales.

Aumento en los ataques: Durante los primeros días de los ataques contra Costa Rica, en 100 de sus entidades públicas se detectaron alrededor de 165.000 intentos de hackeo. Los ataques, presuntamente por los mismos actores maliciosos, se han extendido a Perú y se espera que afecten otros países de la región.

La situación de ciberguerra implica un aumento en los ataques diarios a una mayor cantidad de víctimas. Como forma preventiva, las organizaciones deben realizar continuamente pruebas de seguridad.

Exposición a cibercriminales más peligrosos: La ciberguerra expone a las empresas de toda una nación a ataques por grupos apoyados por gobiernos y que, por ende, cuentan con personal de alta experiencia. Día tras día, los cibercriminales adoptan técnicas mucho más complejas, lo cual exige que las empresas pongan a prueba la seguridad de sus sistemas simulando la realidad tanto como sea posible.

Esto se puede lograr permitiendo que hackers éticos altamente calificados y conocedores de las técnicas actuales de los cibercriminales intenten obtener acceso a los sistemas de las empresas y busquen formas en que se puedan comprometer sus operaciones y activos, para que luego se establezcan soluciones preventivas.

“Hoy más que nunca, las organizaciones a nivel mundial deben blindarse contra los ciberataques apoyados por gobiernos extranjeros. El enfoque DevSecOps permite una evaluación constante que busca el funcionamiento seguro de todos los complementos de los programas informáticos y la infraestructura, e implica cerrar inmediatamente las puertas a los ciberdelincuentes para que no tengan opción de atacar. Al emplear el hacking ético, cumpliendo con las exigencias de dicho enfoque, se puede obtener una mayor seguridad para enfrentar ataques reales”, concluye Mauricio Gómez.

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¿Aprobados o reprobados? Así terminaron el periodo los congresistas de Santander

500 líderes de opinión evaluaron para Corrillos y FOEP a los 10 congresistas de Santander que terminaron su periodo (7 representantes y 3 senadores). A escasos días de concluir oficialmente sus actividades, revelamos los resultados de un focus group que determina qué tanto le cumplieron a la tierra que los eligió.

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¿Qué tanto conocen los santandereanos a sus congresistas? ¿Aprueban o desaprueban su gestión? ¿Qué imagen tienen de ellos? ¿Qué tan visibles son?

Estas fueron las cinco variables con las cuales 500 líderes de opinión (periodistas, influenciadores, columnistas, dirigentes, analistas y académicos) evaluaron a los 7 representantes a la Cámara y 3 senadores santandereanos que terminan este 20 de julio su periodo constitucional.

Estos parlamentarios comenzaron el 20 de julio de 2018 y en marzo pasado varios de ellos se enfrentaron en las urnas por uno nuevo.

En la medición de Corrillos y la Fundación Observatorio para la Excelencia Pública (FOEP) les permitirá a los lectores establecer qué tan eficientes han sido nuestros ‘padres de la patria’.

Los resultados del focus group ponen en evidencia el esfuerzo (o la falta de interés) de los congresistas para cumplir con su tarea de presentar proyectos de ley, hacer control político (debates) y de comunicar las acciones realizadas.

Cabe mencionar que, en su gran mayoría, los congresistas han estado involucrados en debates de temas polémicos, que, aunque han podido afectar su imagen o su visibilidad, no afectan su desempeño. Así lo expresan las cifras.

La medición se realizó entre el viernes 3 y el jueves 9 de junio de 2022, fueron invitados a participar del focus group ‘Excelencia Legislativa’, 500 líderes de opinión de Santander. Su tarea, evaluar a los 10 congresistas.

A través de un formulario virtual dentro de la plataforma del portal web de Corrillos (www.corrillos.com.co), se les preguntó a los líderes de opinión, acerca del posicionamiento, desempeño, imagen y visibilidad.

A cada líder de opinión se le solicitó responder cuatro preguntas, las mismas por cada congresista. Las preguntas tuvieron entre 2 y 5 opciones de respuesta.

Para definir el ranking de los mejores, el sistema generó un promedio general entre los resultados obtenidos por cada congresista.

El senador Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal), la representante Nubia López Morales (Partido Liberal), el representante Óscar Villamizar Meneses (Centro Democrático), el representante Víctor Manuel Ortiz Joya (Partido Liberal) y el representante Ciro Fernández Núñez (Cambio Radical); alcanzaron los mejores promedios del focus group.

Estos congresistas lograron superar al resto de parlamentarios de Santander en variables como nivel de conocimiento, desempeño, imagen y visibilidad, según la medición en la que votaron 500 líderes de opinión.

Nivel de conocimiento

Sobre la pregunta, entendiendo que como líder de opinión usted puede conocer o tal vez ha oído hablar de este (a) congresista y ¿cómo lo (a) conoce? Las mejores cifras las obtuvo Miguel Ángel Pinto Hernández, así: Tiene relación con él: 34%; lo conoce personalmente: 26%; sabe de él por los medios o las redes: 24%; ha escuchado hablar de él: 16% y ni lo conoce ni ha escuchado hablar de él: 0%.

Con respecto a esta misma pregunta, Nubia López Morales se ubicó segunda: Tiene relación con ella: 32%; la conoce personalmente: 27%; sabe de ella por los medios o las redes: 24%; ha escuchado hablar de ella: 17% y ni la conoce ni ha escuchado hablar de ella: 0%.

El tercer renglón fue para Óscar Villamizar Meneses: Tiene relación con él: 32%; lo conoce personalmente: 26%; sabe de él por los medios o las redes: 23%; ha escuchado hablar de él: 19% y ni lo conoce ni ha escuchado hablar de él: 0%.

En el puesto cuarto se ubicó Víctor Ortiz: Tiene relación con él: 30%; lo conoce personalmente: 28%; sabe de él por los medios o las redes: 23%; ha escuchado hablar de él: 18% y ni lo conoce ni ha escuchado hablar de él: 1%.

Y en el quinto lugar, Ciro Fernández: Tiene relación con él: 29%; l0% lo conoce personalmente: 27%; sabe de él por los medios: 22%; ha escuchado hablar de él: 20% y ni lo conoce ni ha escuchado hablar de él: 2%.

Para establecer el top, se tomaron las cifras más altas arrojadas por la sumatoria de los resultados de las opciones de respuesta 1, 2 y 3.

Nivel de imagen

Con respecto a la pregunta, teniendo en cuenta que conoce o ha oído hablar de este (a) congresista, ¿qué imagen tiene de él (ella)?, las mejores cifras las obtuvo Miguel Ángel Pinto, así: Imagen favorable: 71% e imagen desfavorable: 29%.

El segundo puesto lo comparten Nubia López, Víctor Ortiz y Fabián Díaz, con las mismas cifras: Imagen favorable: 69% e imagen desfavorable: 31%.

En el quinto lugar se ubicó Ciro Fernández con un 67% de imagen favorable y un 33% de imagen desfavorable.

Para establecer el top, se tomaron las cifras más altas arrojadas por los resultados de imagen favorable.

Nivel de desempeño

Frente a la pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión o el desempeño de este (a) congresista?, el primer lugar fue para Miguel Ángel Pinto. El 73% aprueba su gestión mientras que el 27% la desaprueba.

El segundo puesto lo comparten Nubia López y Ciro Fernández. El 71% aprueba su gestión y el 29% la desaprueba.

Y el cuarto puesto lo comparten Víctor Ortiz y Horacio Joseé Serpa (senador liberal). A los dos, el 69% de los encuestados aprueba su desempeño mientras que 31% lo desaprueba.

Para establecer el top, se tomaron las cifras más altas arrojadas por los resultados de aprobación de la gestión.

Nivel de visibilidad

Sobre la última pregunta, ¿qué tanta visibilidad tiene este (a) congresista?, Miguel Ángel Pinto obtuvo las mejores cifras: Visible: 74%; más o menos visible: 26% y nada visible: 0%.

El segundo puesto lo obtuvo Ciro Fernández: Visible: 72%; más o menos visible: 24% y nada visible: 4%.

En el tercer renglón se ubicó Horacio José Serpa: Visible: 70%; más o menos visible: 30% y nada visible: 0%.

El cuarto lugar lo alcanzó Víctor Ortiz: Visible: 70%; más o menos visible: 26% y nada visible: 4%.

Y en el quinto puesto Fabián Díaz: Visible: 69%; más o menos visible: 30% y nada visible: 1%.

Para establecer el top, se tomaron las cifras más altas arrojadas por los resultados de la opción ‘visible’ y para desempate la menor cifra en la opción ‘nada visible’.

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