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Análisis

Estados Unidos: ¿la cultura de las armas por encima de todo?

La eterna disputa política y social sobre la conveniencia de seguir permitiendo la compra de armas de fuego se encendió nuevamente en Estados Unidos después del tiroteo masivo del martes en Uvalde, al sur de Texas, donde un joven mató a 19 menores y dos adultos en una escuela de primaria. La legislación que condensa este debate es la Segunda Enmienda de la Constitución, que algunos consideran anacrónica, mientras que otros la defienden por ser, dicen, guardiana de su derecho fundamental.

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Unos días después de cumplir 18 años, Salvador Ramos decidió hacerse un regalo a sí mismo. Para celebrarlo, el autor de la masacre en una escuela de Texas se compró dos rifles tipo ‘AR-15’, una popular gama de armas semiautomáticas.

Este regalo le fue fácil de conseguir: realizó su pedido en una tienda de artículos deportivos, de forma completamente legal. Pese a ser algo inconcebible en muchos país, en la nación norteamericana esa práctica es considerada por muchos como un derecho intocable.

En el caso de Salvador Ramos, la consecuencia de su compra supuso 19 niños y dos profesoras asesinados el martes por el joven en Uvalde, al sur de Texas. Son las últimas víctimas por arma de fuego en Estados Unidos, donde 17.202 personas han fallecido por disparos desde el inicio de este año, según datos del ‘Gun Violence Archive’.

Los 19 niños y dos profesoras asesinados el martes por un joven de 18 años en una escuela de Texas son las últimas víctimas por arma de fuego en Estados Unidos, donde 17.202 personas han fallecido por disparos desde el inicio de 2022.

Más armas civiles que personas

Entre otros números alarmantes, la organización suiza ‘Small Arms Survey’ informa que hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses. Y si estas cifras son posibles, es gracias a la famosa Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Con escasas 27 palabras, esta garantiza el derecho de todo ciudadano estadounidense a portar armas:

«Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido».

Es una de las enmiendas más antiguas de la Constitución, pues data de 1791. Y a lo largo de la historia, se ha elevado a la categoría de derecho individual inalienable, al mismo nivel que la libertad de expresión, de prensa, o de religión. Una visión que los redactores originales no tenían necesariamente.

En efecto, en aquella época, cuando las 13 colonias británicas proclamaron su independencia y redactaron su Constitución, la Policía y el Ejército eran sólo embrionarios. Entonces, era habitual que la población organizara milicias; es decir, grupos de ciudadanos armados, para defender al Estado. De hecho, las milicias se dieron fundamentales durante la Revolución Americana.

A raíz del temor de que una potencia extranjera intentara invadir el país recién nacido, se añadió la Segunda Enmienda a la Constitución. En Estados Unidos, que acababa de salir de una guerra, el hecho de llevar armas era algo que nadie cuestionaba.

En Estados Unidos hay 298 millones de armas legales en manos de sus ciudadanos, a a su entera discreción.

Una enmienda objeto de debate interpretativo

No obstante, la aplicación moderna de esta enmienda provoca hoy en día un gran debate entre los estadounidenses, y la ambigüedad surge sobre todo de su curiosa redacción.

En efecto, este texto fue elaborado por el escritor William Lambert, y no por un jurista, por lo que puede plantear varios problemas semánticos.

Primero, la noción de milicia ha evolucionado desde la Revolución Americana. Algunos argumentaban entonces que los redactores de la Constitución de 1791 no pretendían otorgar a los ciudadanos el derecho individual a poseer armas, sino establecer un derecho colectivo a la defensa en caso de agresión externa.

Otro detalle minúsculo genera una disputa de gran tamaño: la coma que sigue a «Estado libre». Esta puntuación divide teóricamente el texto en dos partes, haciendo de la frase «siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre» una especie de hecho preliminar. El derecho a portar armas quedaría entonces desvinculado de la pertenencia, o no a una milicia.

Apoyando esta afirmación, un grupo antiarmas presentó en 2001 un memorando donde explicaba que el uso «inusual» de la coma significaba que los autores de la enmienda se referían a las milicias, no a los individuos; y que en este sentido, el derecho a poseer un arma de fuego estaba condicionado a la existencia de milicias.

Un texto anacrónico que no tiene vigencia en una época de armas automáticas

A lo largo de sus 231 años de vida, la Constitución de Estados Unidos nunca ha sido modificada. Al ser preguntado sobre ese matiz semántico, el Tribunal Supremo defendió en 2008 el derecho inalienable de los estadounidenses a portar armas. La sección «protege el derecho de un individuo a poseer un arma, independientemente del servicio en una milicia, y a usar esa arma para un propósito legal, como la autodefensa en el hogar», argumentó entonces el Alto tribunal.

Como la más reciente ilustración de este debate, el martes, tras la masacre en el sur de Texas, el polémico cineasta Michael Moore, autor del impactante documental ‘Bowling for Columbine’, puso en duda que los padres fundadores de la nación hubieran escrito dicha enmienda de haber sabido el efecto que tendrían las balas modernas, inventadas casi medio siglo después.

Sin embargo, a pesar de los numerosos debates, en la realidad estadounidense el principal requisito para obtener un arma sigue siendo haber cumplido 18 años. Esa es la edad, según la normativa federal, para adquirir armas largas, como una escopeta o un rifle; mientras que para armas de fuego cortas o de mano, es de 21 años.

No obstante, los estados tienen capacidad para flexibilizar esta legislación. De esta manera, en Alaska, Maine, Minnesota o Vermont, la edad permitida para comprar armas es de 16 años.

Lo mismo pasa con otros requisitos para comprar armamento: la ley federal obliga al negocio vendedor a verificar los antecedentes penales y criminales del comprador, pero esa norma varía de un estado a otro. Por lo tanto, es, por ejemplo, difícil obtener un arma en Illinois o en el Distrito de Columbia, donde rara vez se expiden permisos; pero Mississippi no exige la comprobación de antecedentes para la compra privada de armas.

En 2008, una decisión del Tribunal Supremo confirmó el derecho inalienable de los estadounidenses a portar armas.

Una reforma estancada en el Congreso

El presidente Joe Biden lleva tiempo reclamando al Senado que refuerce el control de las armas de fuego, pero las continuas tensiones entre demócratas y republicanos hacen imposible la modificación de la Constitución estadounidense.

Un mensaje en Twitter de un legislador republicano en el Congreso de Florida ilustró esta semana esa encarnizada batalla sobre el control de las armas en el país. «Tengo noticias para la vergüenza que dice ser nuestro presidente: intente tomar nuestras armas y aprenderá por qué se escribió la Segunda Enmienda en primer lugar», escribió Randy Fine, un partidario del expresidente Donald Trump.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también fue muy directo en una intervención en el pleno de la Cámara sobre la necesidad de establecer controles a las armas de fuego, y acusó a los republicanos de preocuparse más de complacer a la Asociación Nacional del Rifle que de «las familias que lloran a las víctimas de la violencia con armas de fuego».

El lobby más poderoso del mundo

La Asociación Nacional del Rifle, cuyo objetivo es defender el derecho a poseer y portar armas, es considerada la organización de presión más poderosa del mundo.

Fueron sus 5,5 millones de miembros los que argumentaron que la ‘Ley Brady’, que introducía un plazo de cinco días entre la compra y la recogida de un arma de fuego para evitar los «actos de locura», era inconstitucional. Tres años después, lograron su derogación por el Tribunal Supremo.

Durante años, los partidarios de la Segunda Enmienda han considerado esta como la consagración de sus derechos. Pero quienes buscan una mayor regulación de las armas de fuego en Estados Unidos, advierten que este derecho amenaza otro: el derecho a la vida.

Análisis

El ‘cabeza a cabeza’ en pulso por elección del próximo Contralor General

Este jueves está citado el Congreso en pleno para votar. Los más opcionados son María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez. En la lista de elegibles aparecen cuatro santandereanos, Víctor Andrés Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Elsa Jazmín González y Luis Fernando Bueno.

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La elección del próximo Contralor General, para el periodo 2022-2026, es casi histórica. No solo porque el proceso ha estado rodeado de acusaciones, acciones judiciales y cambios de último minuto, sino también porque, a menos de 24 horas de la votación, todavía no hay un ganador definido, como suele suceder.

Este jueves 18 de agosto, a las 9:00 a.m. de mañana está citado el Congreso de la República en pleno para votar por uno de los 10 elegibles.

Todo parece indicar que será un pulso a cabeza entre dos candidatos.

Por un  lado, María Fernanda Rangel, quien hace varios días recibió el apoyo de las bancadas de Cambio Radical, Partido de la U, los liberales y los conservadores parecía ser la virtual ganadora del proceso al comienzo de la semana.

Sin embargo, tras la recomposición de la lista de los 10 elegibles, que no cambió sustancialmente los nombres pero sí el orden, tomó fuerza también Carlos Hernán Rodríguez, que obtuvo el mejor puntaje.

Aunque desde el Ejecutivo lo niegan, varios apuntan a que es el candidato del gobierno, que se estaría moviendo para reversar varios de los apoyos tempranos de los partidos tradicionales.

“La única directriz del señor Presidente de la República, desde el principio ha sido el criterio del mérito y la paridad de género”, dijo al respecto Roy Barreras, presidente del Senado.

¿Cómo están las fuerzas políticas entre ambos? Con María Fernanda Rangel, a quien varios cuestionan por su cercanía con actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, se mantienen firmes, hasta ahora, Cambio Radical y Centro Democrático.

En cambio, a favor de Carlos Hernán Rodríguez se han decantado, por el momento, la bancada de Cámara del Partido Conservador, el Pacto Histórico, Mira, sumó los apoyos de las 16 curules de las víctimas, una parte de la U, un segmento de los liberales y algunos congresistas de los verdes, que dejó a sus miembros en libertad a sus congresistas por falta de acuerdos internos.

Esas últimas agrupaciones y las negociaciones que se logren en los últimos momentos previos a la elección, serían definitivas para inclinar la balanza hacia uno de los dos candidatos.

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Análisis

Estos son los cinco temas claves de una eventual reforma al Congreso

La gran novedad radica en el endurecimiento de la inasistencia al Congreso como causal para que los legisladores pierdan su investidura. En otras palabras, se busca castigar más severamente el ausentismo.

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Un proyecto de acto legislativo que busca modificar varios aspectos del funcionamiento del actual Congreso de la República comenzará a ser debatido en los próximos días.

La iniciativa, al igual que otras en el pasado, busca regular aspectos como la remuneración de los congresistas, los límites para la reelección de congresistas y reducir el receso o ‘vacaciones’ legislativas.

La gran novedad radica en el endurecimiento de la inasistencia al Congreso como causal para que los legisladores pierdan su investidura. En otras palabras, se busca castigar más severamente el ausentismo.

Uno de los principales vicios de varios congresistas es no asistir a las sesiones del Congreso o ausentarse en medio de ellas, lo cual es rechazado por la opinión pública.

En materia del salario de los congresistas, la propuesta de esta reforma se suma a otras como las de los congresistas Jota Pe Hernández y Gustavo Bolívar, orientadas a modificar este beneficio.

1. Castigos más severos para ausentistas

El ausentismo es uno de los principales problemas del Congreso y, hasta el momento, no ha habido manera de eliminarlo. La reforma propuesta contempla que no solamente se cuenten seis inasistencias no justificadas a las plenarias de Senado y Cámara, sino también a las comisiones constitucionales, en las cuales se tramitan previamente las iniciativas. Y se propone también que estas ausencias se cuenten en un periodo menor al que está actualmente contemplado en la norma.

2. Tope a los salarios

Durante los últimos años son varias las iniciativas legislativas que se han intentado aprobar para bajar el sueldo de los congresistas. En esta ocasión, el proyecto propone que haya una remuneración integral de 25 salarios mínimos, entre los cuales se cuenten todos los otros rubros que devengan los legisladores, es decir primas y gastos de representación. La idea es que comience a aplicarse en el 2026 para que los congresistas actuales no puedan argumentar que no pueden votar sobre su propio salario.

3. Modificar los meses de trabajo

Un proyecto que buscaba reducir el receso o las ‘vacaciones’ legislativas y que se tramitó en el Congreso pasado quedó solamente a un debate de ser aprobado. En esa iniciativa se proponía reducir el receso un mes. Esta vez la idea es que el año legislativo comience cada 20 de julio y vaya hasta el 20 de diciembre. Y que se retomen labores ordinarias el primero de febrero y se concluyan el 20 de junio. Actualmente, los legisladores regresan de su receso el 16 de marzo, algo que se pretende modificar.

4. Limitación de periodos

El país conoce varios casos de congresistas que han permanecido 30 y 40 años en el Congreso debido a que no existe una norma que limite el número de veces que se pueden presentar al Legislativo. Una de las propuestas de este proyecto de acto legislativo es que los congresistas solamente puedan ser reelegidos tres veces. Estas ocasiones serían en el Senado o el Cámara de Representantes. El propósito de esto es no solamente evitar que haya políticos que se perpetúen en sus curules, como ha sucedido en varios casos del pasado, sino también impulsar la renovación y las caras nuevas en el Capitolio, algo por lo que han luchado varios movimientos políticos y sociales.

5. Precisiones sobre tráfico de influencias

Otra de las novedades de esta iniciativa es que se especifica cuáles serán los casos en los que se perderá la investidura por tráfico de influencias comprobado. Según el proyecto, esto operaría cuando el congresista obtenga prebendas por su participación o voto en un proyecto de ley o de acto legislativo o en una moción de censura. Y, para aplicarla, al congresista se le debe probar que recibió dinero u otro tipo de coimas, ofrecimientos para ocupar cargos públicos u otorgamiento de contratos.

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Los populares ‘gallinazos’ no son aves para repudiar, son para respetar y defender

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En esta emisión de Que hablen los animales, los populares ‘gallinazos’ no son aves para repudiar, son para respetar y defender. Con: Henry Sánchez Suárez, activista ambiental. Presenta: Orlando Beltrán Quesada, director Fundación Adan.

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