Síguenos en...

Caliente

Procuraduría le pondrá la lupa al proceso de elección de Contralor de Bucaramanga

Posibles irregularidades, que incluyen el posible favorecimiento de la comadre del presidente del Concejo, así como la inclusión en la lista de elegibles de dos participantes inhabilitados, tienen viciado el proceso.

PUBLICADO

en

La Procuradora Regional de Santander, Magda Liliana Buendía Chacón, ya tiene en su poder la denuncia disciplinaria contra el presidente del Concejo de Bucaramanga, Edison Fabián Oviedo Pinzón, por su responsabilidad en las presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025.

El ente de control disciplinario deberá tomar cartas en el asunto frente a la inclusión en la lista de elegibles de Viviana Marcela Blanco Morales, quien, sin tener experiencia en el control fiscal, obtuvo las mejores calificaciones situación que arrojó un manto de duda sobre el proceso.

Corrillos pudo establecer que esas buenas calificaciones obtenidas y que la hacen la más opcionada para acceder al cargo se debe a un posible favorecimiento que tuvo la aspirante por parte del propio presidente del Concejo, Oviedo Pinzón, toda vez, entre ambos existe una cercana relación.

La investigación de Corrillos dejó en evidencia que la señora Blanco Morales, desde 2017, es la madrina de Valeria Oviedo Arciniegas, la hija del controvertido presidente del Cabildo.

Según el contralor general de Santander y uno de los participantes al cargo, el proceso de convocatoria está viciado por culpa del concejal Fabián Oviedo Pinzón, al no informar acerca de la relación existente con Viviana Marcela Blanco Morales ni tampoco se declaró impedido en los actos propios de la convocatoria y elección.

Según la partida de bautismo 474744 de la Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bucaramanga (libro 16 – folio 370 – número 1106) a nombre de Valeria Oviedo Arciniegas, aparecen como padrinos de la menor los señores Carlos Fernando Jaimes y Viviana Blanco, bautizada el 11 de junio de 2017. Y la apertura del proceso de selección para elegir contralor se dio el 30 de agosto de 2021, mediante la Resolución 089 del mismo año, suscrita por Oviedo Pinzón y los concejales Leonardo Mancilla Ávila y Robin Anderson Hernández, primer y segundo vicepresidente del Concejo, respectivamente.

Aspirantes inhabilitados

Otro de los candidatos y que hace parte de la lista de elegibles para el cargo de Contralor de Bucaramanga es Lenin Allende Cortés Porras, quien suscribió, está ejecutando y tiene vigente el contrato de prestación de servicios número 011 de 2021, con Bomberos de Bucaramanga.

Como se sabe, Bomberos de Bucaramanga es una entidad pública descentralizada adscrita al Municipio de Bucaramanga y sujeto de control de Contralor Municipal.

El artículo 163 de la Ley 136 de 1994 y modificado por el artículo 9. de la Ley 177 de 1994, señala como inhabilidades que “No podrá ser elegido Contralor quien: c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el Artículo 95 y parágrafo de esta ley, en lo que sea aplicable”.

A su vez, el artículo 95, numeral 3 ibidem, establece: “Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.

En este caso, la mesa directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga admitió en el concurso a una persona inhabilitada por tener contrato de prestación de servicios vigente con una entidad pública descentralizada, motivo por el cual debe excluírsele de manera inmediata, so pena de las sanciones legales en que pudiese incurrirse al permitírsele continuar en el concurso.

El otro caso que logró investigar Corrillos y que genera una posible irregularidad en el proceso de elección de Contralor, tiene que ver con Jaime Alexander Hernández Muñoz, quien fue elegido por el Concejo Municipal de Valle de San José, para el cargo público de personero municipal para el periodo 2020 – 2024.

Cabe mencionar que el artículo 44 de la Ley 136 de 1994, señala “Inegibilidad simultánea. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

De acuerdo con lo anterior, existe incompatibilidad de dicho funcionario para ser elegido a un nuevo cargo público, atendiendo que los periodos de Contralor Municipal de Bucaramanga y Personero Municipal se encuentran parcialmente, pues el de contralor es 2022–2025 y el de personero municipal 2020–2024.

Frente a estas revelaciones de Corrillos, la procuradora regional deberá determinar si se violaron los principios de imparcialidad, igualdad y transparencia en los procedimientos, en el proceso de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor (a) municipal de Bucaramanga.

SEGUIR LEYENDO
Comentar

Dejar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Caliente

Juez revoca libertad del exabogado de Uribe, Diego Cadena

Se cree que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. 

PUBLICADO

en

Por

El juez 43 penal del circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó revocar la libertad que se le había otorgado al abogado Diego Cadena, investigado por presunta manipulación de testigos dentro del proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

El jurista nuevamente deberá nuevamente quedar privado de la libertad en su domicilio. El juez se pronunció al resolver un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación, frente a la decisión que el pasado 13 de octubre le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Cadena.

«Estimando las conductas dilatorias y los actos procesales que no puede posible ejecutar como consecuencia de aquellos, llevan a este funcionario a precisar que el número total de días transcurridos desde que se radicó el escrito de acusación a la fecha del fallo de primera instancia ha sido de 386 días, de los cuales se descuentan 240 días que totalizan los comportamientos que impidieron la realización de la audiencia pública desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 21 de julio de 2021», explicó el juez.

También argumentó que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

«La diferencia que resulta desde entre el total de días transcurridos y el tiempo de dilación equivale a 146 días lo que significa que el término legal previsto en el en el Código de Procedimiento Penal no se ha superado, por lo anterior se procederá a revocar la decisión objeto de alzada que concedió la libertad por vencimiento de términos al procesado Diego Javier Cadena Ramírez y en su lugar negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido con los requisitos dispuestos en el Código de Procedimiento Penal».

El juez además determinó que deberá ser nuevamente privado de la libertad en su domicilio. «En consecuencia se solicita librar boleta de detención en contra del señor Diego Javier Cadena Ramírez para que continúe privado de la libertad en su domicilio, es decir en las mismas condiciones que se encontraba hasta antes de qué se decretara a su libertad, trámite que se efectuará a través del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de esta ciudad», afirmó.

En ese sentido, el juez determinó que «el juzgado 43 Penal del Circuito con Fusión de Conocimiento de Bogotá, administrando justicia resuelve revocar la decisión proferida por el juez 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en fecha del 13 de octubre de 2021 en la cual se concedió la petición de libertad por vencimiento de términos solicitada por la defensa del procesado Diego Javier Cadena Ramírez y, en consecuencia, negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido los requisitos dispuestos en el en el Código de Procedimiento Penal».

Por su parte, el abogado defensor de Cadena, Iván Cancino, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que es una decisión equivocada y que vulnera las garantías de su cliente.

«Revocan libertad de Diego Cadena en una decisión que absolutamente desafortunada. Las garantías siguen estando en debilidad para la defensa. No se preocupen que volveremos a cantar y pronto. Siempre firmes y con el alma», escribió.

También agregó que «aún sigo pensando que el derecho penal es lo más hermoso que existe. A pesar de las injusticias, de la política, a pesar de todo, es como el fútbol siempre da revanchas y yo siempre las busco y muchas las obtengo. !Nunca desfallezcan ni dejen de ser felices!».

SEGUIR LEYENDO

Caliente

Formulan pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, los equipos de fútbol limitaron la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del balompié colombiano.

PUBLICADO

en

Por

Con el fin de establecer si se ha limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos a la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional en el país.

Talento Dorado S.A., Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. (en liquidación oficial), Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A., Tigres Fútbol Club S.A., Club Deportes Tolima S.A., Once Caldas S.A. (en reorganización), Deportes Quindío A.S., Club Deportivo La Equidad Seguros S.A., Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., Fortaleza Fútbol Club S.A., Leones Fútbol Club S.A., Club Deportivo Real Santander S.A., Alianza Petrolera F.C. S.A., son los equipos vinculados a la investigados.

Vale destacar que la investigación se inició después de que esta Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol, Acolfupro, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar.

La Superfinanciera informó que «de acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021».

Con respecto a la Dimayor, la autoridad manifestó que en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados.

«A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados», dijo la entidad.

Es de resaltar que entre las personas vinculadas a la investigación se destacan Paola Andrea Salazar Olano, presidente Talento Dorado S.A.; José Fernando Salazar Olano, manager Talento Dorado S.A.; José Augusto Cadena Mora, expresidente Cúcuta Deportivo; y Ricardo Hoyos Ángel, presidente de Boyacá Chicó Fútbol Club S.A.; entre otras 15 personas.

La Superintendencia señaló que podrá imponer multas hasta de 100.00 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta 2.000 SMLMV por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.

SEGUIR LEYENDO

Caliente

La novela de la millonaria contraprestación que deberá pagar Cerrejón en La Guajira

Cerrejón estaba en contra de ese pago porque, en el 2000, la sociedad Carbones de Colombia S. A le había entregado la concesión emitida por la Dimar para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar.

PUBLICADO

en

Por

El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión del Ministerio de Transporte de cobrar una contraprestación por el uso de infraestructura portuaria pública a la sociedad Cerrejón Zona Norte S.A, cesionaria de la concesión para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar, en la Guajira, que se le había otorgado desde 1983 a la sociedad Carbones de Colombia S. A.

La compañía presentó la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que no se le debía aplicar el cobro de la tasa por uso de infraestructura portuaria en zonas de baja mar en Bahía Portete, municipio de Uribia.

Su intención era que se estableciera que no estaba obligada a pagar los más de 3’600.000 dólares derivados del uso de la infraestructura durante los 30 años de la concesión o de sus cuotas anuales por más de 452.000 dólares.

A juicio de la accionante, no era responsable de la contraprestación, debido a que se trataba de una unidad infraestructural que la misma sociedad había construido y que no se había producido aún para la demandante la obligación de revertir al Estado los predios objeto de la concesión, que acababa de ser renovada por 30 años más, en períodos sucesivos de 10 años.

Sostuvo que tal reversión se daría al terminar esta concesión, en el 2033, pero el Ministerio de Transporte determinó que ese hecho ocurriría en el 2003 y que, por esa razón, tendría que empezar a pagar la contraprestación desde entonces.

El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal que declaró ajustado a derecho el cobro de la contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria. Sostuvo que la prórroga de la concesión no estableció una ampliación del plazo para la reversión de los bienes a la Nación. Por esa razón, era aplicable el cobro de la contraprestación, a partir del 2003.

Finalmente, se estableció que, al no haber sido demandados los actos ejecutorios de la obligación de pago de contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria, no es posible en esta instancia adelantar un control de legalidad de estos.

SEGUIR LEYENDO
publicidad

Recomendados

Corrillos es un grupo de medios independientes, especializado en temas públicos, políticos y electorales, que produce información imparcial, veraz y de análisis. Corrillos web, Revista Corrillos y Corrillos TV, emiten desde Santander, Colombia. Teléfono: 320 579 0081 Contáctanos: corrillos@icloud.com
© Copyright 2021 - Sitio web desarrollado con ♥ por: Jose Luis Perales.