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La unidad de excombatientes que busca a los desaparecidos de la guerra

Laura Lara, excombatiente de la extinta guerrilla colombiana de las Farc, busca a cuatro hijos, un esposo y un hermano desaparecidos durante el conflicto armado. Gracias a la Comisión de Búsqueda de las Farc ha podido ubicar a una hija, mientras espera que pueda ser exhumada. Encontrar a los desaparecidos es una esperanza que renació con los Acuerdos de Paz de 2016, que cumplen cinco años.

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«Vivir con la ausencia es morir en silencio», es el mantra repetido por Yaritza Paniagua. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, que según datos de la Comisión de la Verdad de Colombia, alcanza a más de 100.000 personas.

Yaritza es la directora de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos componente Farc en el oriente de Colombia. Realiza su trabajo desde el Espacio Temporal de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, ubicado en Mesetas, en el departamento del Meta, uno de los más castigados por el conflicto. Si Colombia suma un 17 % de víctimas, el Meta registra el doble.

Esta Comisión pertenece al partido Comunes —la formación política de las extintas Farc— y colabora con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, surgida después de los Acuerdos de paz de 2016 entre Colombia y la guerrilla, y parte del Sistema Integral para la Paz, junto a la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Más de 100 excombatientes participan en distintas comisiones, las mismas que ocupaban en los frentes cuando estaban alzados en armas. Son las de Occidente, Sur, Costa y Santanderes, Antioquia y Eje Cafetero, que se agrupan en una comisión nacional, liderada por Mauricio Jaramillo.

Su función es documentar casos de posibles desapariciones, tanto de exguerrilleros como de todo tipo de personas de la sociedad, desde civiles, hasta paramilitares y militares. Después buscan la información con otros excombatientes desmovilizados que podrían haber participado en operaciones en las que se produjeron las desapariciones.

«No decimos que todos se vayan a encontrar, porque es muy difícil, pero al menos que se encuentre la verdad, se haga una reparación simbólica para las familias y puedan descansar después de tanto tiempo de dolor», explica Yaritza.

Hasta el momento han documentado más de 800 víctimas, de las cuales más de 100 han sido ubicadas. Esta información ha sido entregada a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que puedan proceder con las exhumaciones.

Para Yaritza se han logrado avances: «Excombatientes buscando a desaparecidos del conflicto es algo inédito en el mundo», aunque lamenta la falta de recursos: su oficina está en su propia casa y los 35 documentadores que colaboran no pueden hacer el trabajo a tiempo completo, sino en sus ratos libres.

Las dificultades para encontrar desaparecidos

Después de cinco años se repite un patrón: la ubicación es posible, pero muchas veces la exhumación es imposible. Es el caso de Laura Lara, una excombatiente que sabe dónde está una hija desaparecida. Sin embargo, la dificultad del terreno impide hallar a Leidy Yadira Santana, muerta en combate. El paso del tiempo y la complejidad orográfica de Colombia dificultan la búsqueda de los desaparecidos.

La Comisión también se encuentra con la imposibilidad de ejercer su trabajo por las amenazas que reciben de grupos armados. En el Meta, además de grupos criminales y paramilitares, existen disidencias de la guerrilla de las Farc.

Un grupo comandado por ‘Gentil Duarte’, que abandonó el proceso de paz antes de la firma, y la II Marquetalia, liderada por ‘Iván Márquez’, desertor dos años después de los Acuerdos de paz. Estas facciones se disputan el territorio y mantienen alejados a los grupos de búsqueda.

Para Yaritza todo esto confluye en un problema que ha descubierto en su reincorporación a la vida civil: la burocracia, su lentitud y la complejidad entorno a una exhumación: «Si de mí dependiera ya habríamos recuperado a varios, nosotros mismos iríamos y entregaríamos los cuerpos».

El tiempo apremia. «Se está perdiendo información, se está matando a compañeros que sabían dónde están los desaparecidos, la gente se está asustando y ya no explican con la misma soltura qué pasó; por las amenazas y por las dificultades que pone la Jurisdicción Especial para la Paz».

Guerrilleros también han sido víctimas de desaparición forzada

Pero Laura Lara no solo busca a Leidy, también a otros tres hijos, su esposo y su hermano. Son familias golpeadas por un conflicto armado de más de cinco décadas.

La firma del proceso de paz, Yaritza y la Comisión de Búsqueda devolvieron a Laura la esperanza de encontrarlos: «Nunca más me voy a quedar callada por miedo a que me maten», dice.

Los victimarios imponen la ley del silencio en los territorios de Colombia en una práctica de control que busca evitar la atención pública para poder continuar con actividades ilícitas de extractivismo y narcotráfico.

La guerrilla servía de protección al margen de la ley. Con el desarme y la reincorporación a la vida civil, los excombatientes han quedado expuestos y cerca de 300 han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de paz. Para la Defensoría del Pueblo, los desmovilizados están «en riesgo alto» en casi todo el país.

La paz encuentra en los excombatientes esperanza 

Pero rendirse no es una opción para Yaritza, que sigue buscando a su hermano, desaparecido en combate. Gracias a su labor puede sentir que lo encuentra: especialmente cuando ubica a una persona dada por desaparecida.

«Es necesario buscar a todas las víctimas porque sus familias lo están requiriendo. Están sufriendo y la ausencia los ha matado en vida», cuenta Yaritza.

Tiene 51 años y 30 los pasó en las filas de las Farc, donde llegó a ser comandante. Son muchos los recuerdos de los que no puede desprenderse y que concentra en un diario personal. El grueso fue escrito en la cárcel, donde estuvo tres años, hasta que salió durante el proceso de paz. Fue detenida después de un bombardeo en el que murió su marido: «Dónde quiera que estés, no vayas a olvidarme», reza una de las cartas que le escribió.

Fotos, textos al amor de su vida, poemas y canciones. Yaritza se emociona al abrir el diario, que espera algún día poder convertir en un libro de memorias.

Después de toda una vida en la selva, la cotidianidad de una casa o una familia se siente extraña. En el ETCR encuentra el compañerismo y la comunidad con otros excombatientes.

Con los acuerdos entre el Estado y las Farc, más de 13.000 guerrilleros optaron por desmovilizarse. Sin embargo, según datos de la ONU, tan solo poco más de la mitad, el 54 %, han podido acogerse a planes productivos colectivos e individuales. Pese a la falta de oportunidades, según el observatorio Indepaz, el 95 % está cumpliendo con los acuerdos.

Yaritza no lo duda, una nueva vida vale la pena: «Siempre fuimos conscientes de que todo debía desembocar en un proceso político, la guerra no iba a más, han sido demasiados años».

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¿Por qué sigue siendo interesante la dosis de refuerzo anticovid pese a variante ómicron?

El mundo espera saber si la variante ómicron es especialmente peligrosa o resistente a las vacunas contra el covid-19. Pero esto no pone en entredicho el interés de la dosis de refuerzo, según los expertos.

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Estas son algunas preguntas y respuestas sobre la variante y el anuncio de algunos países de avanzar en la dosis de refuerzo para los vacunados contra el Covid-19.

¿Las vacunas serán tan eficaces con la variante ómicron?

Es la gran pregunta que todo el mundo se hace, pero todavía es demasiado pronto para pronunciarse.

En una entrevista en el Financial Times, el presidente de Moderna, Stéphane Bancel, se mostró más bien pesimista y estimó que podría producirse una «disminución importante» de su eficacia.

Según él, a los investigadores les preocupa que 32 de las 50 mutaciones halladas en la variante ómicron se sitúan en la proteína spike, la llave que permite al virus entrar en el organismo.

Por su parte, el fundador de BioNTech, que ha desarrollado una vacuna contra el covid-19 junto al gigante estadounidense Pfizer, señaló que la nueva variante podría causar más contagios entre las personas inoculadas pero que, probablemente, seguirían protegidas de las formas graves de la enfermedad. «Nuestro mensaje es: no tengan miedo, el plan sigue siendo el mismo. Aceleren la administración de la tercera dosis», dijo Ugur Sahin.

Para tener más información, será necesario esperar a los resultados de los test de laboratorio, que saldrán de aquí a dos o tres semanas.

Aunque los inmunizantes actuales sean menos eficaces frente a esta nueva variante, seguirán creando cierta protección.

No será «un efecto on/off», indicó esta semana Yazdan Yazdanpanah, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Bichat, en París.

Ante las dudas, ¿se tiene que administrar la dosis de refuerzo?

Sí, han insistido esta semana varios expertos, en un momento en que Europa hace frente a una nueva ola de contagios por la variante delta.

Sería «un error grave esperar», estimó el viernes Alain Fischer, responsable de la estrategia de vacunación en Francia.

Frente a esta ola, varios países están acelerando sus campañas de vacunación. El primer ministro británico, Boris Johnson, estableció como plazo a finales de enero para administrar la dosis de recuerdo a todos los adultos, pasando de seis a tres meses el periodo necesario desde la segunda dosis.

En Estados Unidos, Pfizer presentó un pedido de autorización para una dosis de refuerzo a los adolescentes de 16 a 17 años.

«No tenemos que equivocarnos de enemigo, por ahora es la variante delta», insistió Arnaud Fontanet, miembro del consejo científico francés.

Por el momento, nada indica que ómicron superará a la variante delta. Si esto pasara, tardará varias semanas, o meses.

No obstante, algunos profesionales sanitarios tienen dudas sobre si la dosis de refuerzo es necesaria para toda la población.

«La prioridad es vacunar a las personas mayores y a las que tienen riesgo, y luego darles el refuerzo. Pero una dosis adicional para los jóvenes (…) no me parece prioritario por ahora», afirmó Yvon Le Flohic, médico generalista que sigue de cerca la evolución de la epidemia desde el inicio.

¿Cuándo llegarán las nuevas vacunas?

Los laboratorios Pfizer, Johnson & Johnson (J&J) y Moderna aseguran que comenzaron a trabajar en una nueva versión de su vacuna anticovid centrándose en ómicron, por si los sueros actuales no fueran suficientemente eficaces.

Pfizer ya creó dos nuevas versiones de su vacuna contra las variantes delta y beta, que finalmente no fueron utilizadas.

«Los laboratorios se escudaron detrás del hecho de que sus vacunas continuaban protegiendo contra las formas graves de covid, pero esto contribuyó a dejar circular el virus», lamentó Bruno Canard, director de investigación en el CNRS, especialista de coronavirus.

Aunque Pfizer promete un nuevo inmunizante en menos de 100 días, su implementación será mucho más lenta y no tendrá lugar «antes de la primavera» boreal, según este científico. «Hasta entonces, las vacunas actuales protegen contra las formas graves de la variante delta».

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La falta de botellas de vidrio genera una crisis en la industria vitivinícola

El efecto se siente especialmente en Mendoza, principal provincia vitivinícola del país: hay un faltante que se estima entre el 20% y 30% de los envases que necesita el sector por la alta demanda y la baja producción. Cuáles son las causas y consecuencias, las expectativas a futuro y las alternativas que barajan los principales actores de la industria del vino.

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Mendoza, en el oeste de Argentina, concentra el 70% de la elaboración de vino en Argentina, especialmente reconocido a nivel mundial por su varietal insignia, el malbec. Luego de haber transcurrido un 2020 excelente en términos económicos, con un aumento significativo del consumo de la bebida per cápita en el país y de las exportaciones, el sector transita un proceso de incertidumbre y crisis debido a la falta de elaboración de botellas de vidrio en territorio, a lo que se suman las dificultades para importar.

Los problemas ya están incidiendo negativamente no sólo en la llegada de vinos a las góndolas de los principales comercios del mundo en la época de fiestas de fin de año -en la que las bodegas suelen aumentar significativamente sus ventas al exterior-, sino también en la elaboración futura, ya que se necesita en estos meses “liberar” el vino almacenado mediante el fraccionamiento en botellas o con la venta de vino a granel.

Bodegueros, funcionarios del gobierno provincial y cámaras empresarias coinciden en que los efectos de la pandemia del Covid-19 aportaron al problema tras una baja significativa en la producción en las fábricas cristaleras por varios meses debido a las restricciones (aunque en la actualidad han recuperado medianamente su actividad) y ante un aumento del consumo del vino en esa época.

Pero los inconvenientes se agravaron el pasado 19 de septiembre, cuando se incendió un horno de elaboración de botellas de vidrio de Verallia, una de las fábricas -con sede en Mendoza – más importantes del país, lo que devino en una alarmante baja de la producción, en un año que tuvo como contrapartida además una intensa sobredemanda de botellas desde las bodegas.

“Semanas atrás había reservas de botellas”

La vitivinicultura es la actividad económica más importante de la provincia de Mendoza: genera ingresos en exportaciones por 655 millones de euros al año, según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). En 2020 la exportación de vino había alcanzado el volumen más alto en 12 años. Y dentro de Argentina, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo aumentó de 18 a 22 litros per cápita en 2020, aunque este número caerá en 2021, sobre todo por el aumento del precio del vino y la baja del poder adquisitivo de las familias, fruto de la crisis económica y la devaluación.

«En Argentina hay una particularidad. El vino se consume más en casa, en familia, que en reuniones con amigos; y de manera inversa ocurre con la cerveza. Por eso cuando nos ‘encerraron’ aumentó el consumo de vino en el país», explicó Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), que integra también la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Villanueva le dijo a France 24 que, si bien es difícil establecer de cuánto es el déficit exacto de botellas, podría acercarse en la actualidad a los 20 o 30 millones al mes, teniendo en cuenta que el sector utiliza unos 1.000 millones de envases al año. En tanto, para Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina (BdA) y propietaria de Bodega Tapiz, el déficit es cercano a las 20 millones de botellas al mes y ha sido en noviembre cuando “ha empezado a explotar la crisis”. “Semanas atrás había reservas de botellas, pero ahora hay varias bodegas que no tienen stock”, sostuvo, lo que ha devenido en que empresas hayan tomado la decisión de vender el vino a granel, es decir, sin fraccionar.

Según la empresaria, ésta puede ser una de las pocas salidas que tienen las bodegas, pero consideró que “no son positivas”, ya que “se pierde la marca Mendoza, que es la de elaborar, producir y fraccionar en Argentina”. En tanto, también expresó que se requiere de menos mano de obra, teniendo en cuenta que con venta a granel se prescinde en consecuencia de todo el trabajo del fraccionado y etiquetado del vino, compra de corchos, cápsulas y también de las cajas. Y, además, al exportar a granel dejan de ganar entre el doble y el triple del valor agregado que se puede conseguir al vender al exterior el vino ya embotellado.

“Hasta abril de 2022 ya no se consiguen botellas claras, que son las utilizadas para los vinos blancos, por lo que ya se está buscando algún ‘plan B’”, acotó Ortiz. Esto ha provocado que varias bodegas hayan decidido discontinuar algunos de sus productos, mientras que otras tuvieron que rechazar ventas al exterior por la falta de envases.

Para Villanueva, es una posibilidad que el faltante tenga un impacto en las bodegas más pequeñas, sobre todo porque a fin de año es cuando más se exporta el producto a comercios del mundo para estar en las góndolas durante las últimas semanas del año, época de fiestas. Además impacta de manera más fuerte en estas entidades menores porque suelen no tener altos niveles de stock de envases y porque la compra es sensiblemente menor que las de las más grandes.

Gestionan la compra de 15 millones de botellas a Túnez

Martín Hinojosa, presidente del INV, aseguró que este problema se ha intentado apaciguar con acciones de los gobiernos provincial y nacional, así como desde las organizaciones que agrupan a varias bodegas de Argentina. «Hemos trabajado a contrarreloj con el Ministerio de Agricultura a nivel nacional porque para muchas bodegas es vital la exportación. Aquellas que a fines de noviembre no hayan podido solucionar el tema del envío, difícilmente puedan estar en los comercios del mundo a fines de diciembre por la burocracia de los trámites aduaneros y los tiempos de envíos», advirtió Hinojosa.

Desde el INV se realizaron acuerdos con otra cristalera de Mendoza, Cattorini, por 2 millones de botellas, para que las pequeñas y medianas empresas pudieran acceder entre el mes de octubre y noviembre y así llegar a tiempo para exportar. En tanto, el gobierno provincial, en conjunto con la institución Mendoza Fiduciaria, ha hecho lo mismo con 1,5 millones de botellas también para pequeñas empresas. No obstante, es posible que pequeñas compañías familiares hayan perdido terreno y sus exportaciones lleguen en menor medida y con mayor retraso ya para el 2022.

El Ministerio de Economía provincial también salió a buscar mercados para importar botellas y espera concretar una compra de 15 millones de envases a Túnez, libres de impuestos internos, que rondan el 13%. No obstante, aún no se consigue acordar con el Gobierno nacional la quita impositiva temporal, explicó Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura de Mendoza.

Migrar de la botella de vidrio a las latas de aluminio y el tetra-brik

Si bien Hinojosa espera que a medida que pasen las semanas mejore la situación, para Villanueva el problema persistirá aún cuando Verallia termine de resolver el impacto del incendio en uno de sus hornos, y más allá de que Cattorini haya abierto este año un horno con una producción de 14 millones de botellas anuales. Hay que tener en cuenta, además, que uno de los hornos de Verallia no estará activo entre enero y febrero por mantenimiento.

Entre alternativas a este apuro, Villanueva aseguró la necesidad de profundizar mediante estrategias de marketing y un “gran trabajo” de concientización, el cambio de la perspectiva sobre la botella de vidrio en el sentir de la gente, y dar paso a otro tipo de envases, ya sea la lata de aluminio, como también el envase de cartón tetra-brik. “Hoy el tetra-brik está asociado a los vinos de mesa (mezcla de uvas criollas y varietales) pero ya hay varias bodegas que apuntan a la comercialización de varietales en este envase. Salvo los vinos de alta calidad que necesitan de la botella de vidrio, será necesario migrar parte de la producción que hoy utiliza botellas de vidrio”, explicó.

«Lo importante es no perder mercados que nos ha costado años conseguir, por un problema coyuntural”, advirtió Moralejo, el titular de la cartera de Agricultura de Mendoza. Él es de los que creen que, si bien es importante avanzar en nuevos modelos de presentación de la bebida, la botella de vino tiene un valor simbólico propio y delicado, que acompaña la calidad del vino y que ya está arraigado a nivel mundial.

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Socorro, Galán, Barrancabermeja y Contratación, simplificaron la gestión

Departamentos líderes de Estado Simple, Colombia Ágil. 4.289 trámites, barreras y normas, han sido intervenidas en el marco de la estrategia. 16 departamentos reportaron 236 acciones de racionalización y simplificación. MinComercio explica.

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El aporte de las entidades regionales, encabezadas por las alcaldías de 26 municipios de 16 departamentos, ha consolidado los beneficios para ciudadanos y empresarios de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil en lo corrido del segundo semestre de 2021.

Desde agosto de 2018, más de 400 dependencias del Estado en los niveles nacional, regional, departamental y municipal han simplificado o eliminado 3.004 trámites, suprimido 412 barreras y derogado o mejorado 873 normas obsoletas o de alto impacto.

Los resultados suman 4.289 intervenciones, nombre bajo el cual se agrupan todas las acciones de racionalización de trámites, eliminación de barreras y mejora normativa, que les han generado a los colombianos ahorros por más de 276.590 millones de pesos.

Esta disminución corresponde a desaparición de filas, ahorro de tiempo, reducción en costos de transporte, correspondencia, fotocopias y mensajería; disminución o eliminación de tarifas y solución de confusiones, trabas e incertidumbres jurídicas.

El consolidado de las intervenciones entre julio y octubre de 2021 suma 236, de las cuales 199 son regionales, localizadas en 16 departamentos y realizadas por 26 alcaldías, cuatro gobernaciones, una empresa de servicios públicos, una entidad de salud y una universidad.

Socorro y Galán

En Santander, las administraciones locales de Galán y Socorro sumaron 43 intervenciones que favorecen a los residentes locales en temas como juegos de suerte y azar, transporte, impuestos, animales, espectáculos públicos y publicidad. A esto se agregan cinco trámites simplificados por la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Barrancabermeja y tres acciones que facilitan la atención a los pacientes en el Sanatorio del municipio de Contratación.

En el departamento del Meta, las alcaldías de Puerto Gaitán y San Juan de Arama facilitaron ocho trámites que impactan la vivienda y la salud de los residentes, y la Gobernación del departamento implementó 28 acciones administrativas y tecnológicas en beneficio del sector educativo.

La alcaldía de Tunja, en Boyacá, extendió la cobertura de su software de atención al ciudadano a 28 procedimientos, lo que permite realizar en línea actividades de radicación, seguimiento y envío de documentos. En esta región del país también reportaron intervenciones los alcaldes de Puerto Boyacá, Sotaquirá, Toca y Tutazá.

En Antioquia, la alcaldía de Barbosa extendió sus canales de atención con opciones telefónicas y de correo electrónico para 16 trámites. Además, hubo racionalización de trámites por parte de las administraciones locales de Puerto Berrío y Yarumal, y de la Gobernación del departamento.

Desde Caldas, la Gobernación informó sobre ajustes administrativos o virtualización de 10 trámites relacionados con educación. La alcaldía de Supía redujo tiempos y documentos y creó nuevas opciones para cuatro trámites de impuestos y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas agilizó sus tiempos de respuesta.

La Gobernación del Tolima también disminuyó los plazos de atención en nueve trámites de educación, lo que se suma a la virtualización de un registro por parte de la alcaldía de Ibagué. Y en Caquetá, la Alcaldía de Florencia realizó 11 intervenciones que ahorran tiempo y desplazamientos a los ciudadanos, mientras que la administración local de Morelia reportó dos intervenciones.

Relación más cercana

“Estado Simple, Colombia Ágil es una estrategia para la gente. Y la relación más cercana de la gente con el Estado es la que se da con las autoridades locales. Eso valora mucho los avances de alcaldías, gobernaciones y otras entidades de departamentos y municipios. Y por eso es que el Ministerio de Comercio abrió una convocatoria para respaldar los proyectos de racionalización de trámites de los entes territoriales cuya fecha máxima de entrega es el 15 de diciembre y cuyos términos y condiciones se pueden consultar en https://www.colombiaagil.gov.co/convocatoria”, explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.

Otros departamentos cuyas entidades reportaron intervenciones entre julio y octubre son San Andrés, Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Risaralda, Cesar, Casanare, Nariño y Arauca.

‘Estado Simple, Colombia Ágil’ es una estrategia que involucra la totalidad de las entidades del Estado, encabezadas por la Presidencia de la República, y en la que integran esfuerzos de coordinación el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Departamento Administrativo de la Función Pública; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el Departamento Nacional de Planeación.

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