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Alcaldes sí podrán pedir ayuda militar cuando protestas alteren el orden público

El Consejo de Estado estudió una petición de la Agencia Jurídica del Estado que insistió en la permanencia del decreto bajo el argumento de que “no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales” de los manifestantes.

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Con la decisión de segunda instancia se revive el decreto que expidió el presidente Iván Duque, con el cual alcaldes y gobernadores pueden solicitar apoyo militar en momentos en que la protesta social altere el orden público.

El Consejo de Estado estudió una petición de la Agencia Jurídica del Estado que insistió en la permanencia del decreto bajo el argumento de que “no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales” de los manifestantes.

“No se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados”, se lee en uno de los apartes de la decisión.

El decreto había sido suspendido en medio del estudio de una tutela que presentaron varios ciudadanos de Cali, quienes consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares en las protestas ciudadanas estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada.

En ese momento, la Sección Cuarta sostuvo que la protesta social en si no pone en riesgo la soberanía nacional por lo cual no era necesaria la asistencia militar, “si bien en estos casos pueden presentarse hechos de violencia y que, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley”.

En ese momento, el Consejo de Estado tenía en sus manos informes sobre 15 muertes que fueron resultado de hechos de violencia registrados en las protestas, tres de las cuales resultaron atribuibles a la Fuerza Pública.

De acuerdo con información de organización no gubernamentales como Human Rights Watch, a junio del 2021, se recibieron 67 denuncias de muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales, la mayoría al parecer ocurrieron por disparos, arma blanca y detonaciones.

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Juez revoca libertad del exabogado de Uribe, Diego Cadena

Se cree que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. 

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El juez 43 penal del circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó revocar la libertad que se le había otorgado al abogado Diego Cadena, investigado por presunta manipulación de testigos dentro del proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

El jurista nuevamente deberá nuevamente quedar privado de la libertad en su domicilio. El juez se pronunció al resolver un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación, frente a la decisión que el pasado 13 de octubre le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Cadena.

«Estimando las conductas dilatorias y los actos procesales que no puede posible ejecutar como consecuencia de aquellos, llevan a este funcionario a precisar que el número total de días transcurridos desde que se radicó el escrito de acusación a la fecha del fallo de primera instancia ha sido de 386 días, de los cuales se descuentan 240 días que totalizan los comportamientos que impidieron la realización de la audiencia pública desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 21 de julio de 2021», explicó el juez.

También argumentó que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

«La diferencia que resulta desde entre el total de días transcurridos y el tiempo de dilación equivale a 146 días lo que significa que el término legal previsto en el en el Código de Procedimiento Penal no se ha superado, por lo anterior se procederá a revocar la decisión objeto de alzada que concedió la libertad por vencimiento de términos al procesado Diego Javier Cadena Ramírez y en su lugar negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido con los requisitos dispuestos en el Código de Procedimiento Penal».

El juez además determinó que deberá ser nuevamente privado de la libertad en su domicilio. «En consecuencia se solicita librar boleta de detención en contra del señor Diego Javier Cadena Ramírez para que continúe privado de la libertad en su domicilio, es decir en las mismas condiciones que se encontraba hasta antes de qué se decretara a su libertad, trámite que se efectuará a través del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de esta ciudad», afirmó.

En ese sentido, el juez determinó que «el juzgado 43 Penal del Circuito con Fusión de Conocimiento de Bogotá, administrando justicia resuelve revocar la decisión proferida por el juez 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en fecha del 13 de octubre de 2021 en la cual se concedió la petición de libertad por vencimiento de términos solicitada por la defensa del procesado Diego Javier Cadena Ramírez y, en consecuencia, negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido los requisitos dispuestos en el en el Código de Procedimiento Penal».

Por su parte, el abogado defensor de Cadena, Iván Cancino, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que es una decisión equivocada y que vulnera las garantías de su cliente.

«Revocan libertad de Diego Cadena en una decisión que absolutamente desafortunada. Las garantías siguen estando en debilidad para la defensa. No se preocupen que volveremos a cantar y pronto. Siempre firmes y con el alma», escribió.

También agregó que «aún sigo pensando que el derecho penal es lo más hermoso que existe. A pesar de las injusticias, de la política, a pesar de todo, es como el fútbol siempre da revanchas y yo siempre las busco y muchas las obtengo. !Nunca desfallezcan ni dejen de ser felices!».

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Formulan pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, los equipos de fútbol limitaron la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del balompié colombiano.

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Con el fin de establecer si se ha limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos a la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional en el país.

Talento Dorado S.A., Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. (en liquidación oficial), Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A., Tigres Fútbol Club S.A., Club Deportes Tolima S.A., Once Caldas S.A. (en reorganización), Deportes Quindío A.S., Club Deportivo La Equidad Seguros S.A., Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., Fortaleza Fútbol Club S.A., Leones Fútbol Club S.A., Club Deportivo Real Santander S.A., Alianza Petrolera F.C. S.A., son los equipos vinculados a la investigados.

Vale destacar que la investigación se inició después de que esta Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol, Acolfupro, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar.

La Superfinanciera informó que «de acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021».

Con respecto a la Dimayor, la autoridad manifestó que en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados.

«A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados», dijo la entidad.

Es de resaltar que entre las personas vinculadas a la investigación se destacan Paola Andrea Salazar Olano, presidente Talento Dorado S.A.; José Fernando Salazar Olano, manager Talento Dorado S.A.; José Augusto Cadena Mora, expresidente Cúcuta Deportivo; y Ricardo Hoyos Ángel, presidente de Boyacá Chicó Fútbol Club S.A.; entre otras 15 personas.

La Superintendencia señaló que podrá imponer multas hasta de 100.00 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta 2.000 SMLMV por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.

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La novela de la millonaria contraprestación que deberá pagar Cerrejón en La Guajira

Cerrejón estaba en contra de ese pago porque, en el 2000, la sociedad Carbones de Colombia S. A le había entregado la concesión emitida por la Dimar para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar.

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El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión del Ministerio de Transporte de cobrar una contraprestación por el uso de infraestructura portuaria pública a la sociedad Cerrejón Zona Norte S.A, cesionaria de la concesión para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar, en la Guajira, que se le había otorgado desde 1983 a la sociedad Carbones de Colombia S. A.

La compañía presentó la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que no se le debía aplicar el cobro de la tasa por uso de infraestructura portuaria en zonas de baja mar en Bahía Portete, municipio de Uribia.

Su intención era que se estableciera que no estaba obligada a pagar los más de 3’600.000 dólares derivados del uso de la infraestructura durante los 30 años de la concesión o de sus cuotas anuales por más de 452.000 dólares.

A juicio de la accionante, no era responsable de la contraprestación, debido a que se trataba de una unidad infraestructural que la misma sociedad había construido y que no se había producido aún para la demandante la obligación de revertir al Estado los predios objeto de la concesión, que acababa de ser renovada por 30 años más, en períodos sucesivos de 10 años.

Sostuvo que tal reversión se daría al terminar esta concesión, en el 2033, pero el Ministerio de Transporte determinó que ese hecho ocurriría en el 2003 y que, por esa razón, tendría que empezar a pagar la contraprestación desde entonces.

El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal que declaró ajustado a derecho el cobro de la contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria. Sostuvo que la prórroga de la concesión no estableció una ampliación del plazo para la reversión de los bienes a la Nación. Por esa razón, era aplicable el cobro de la contraprestación, a partir del 2003.

Finalmente, se estableció que, al no haber sido demandados los actos ejecutorios de la obligación de pago de contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria, no es posible en esta instancia adelantar un control de legalidad de estos.

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