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A responder por sus crímenes: Rodolfo Hernández a imputación de cargos

Para la Fiscalía, el exalcalde de Bucaramanga fue el determinador del contrato de consultoría 096 de 2016 suscrito entre la EMAB y Jorge Alarcón Ayala ‘la calavera’, con el cual se avalarían la nuevas tecnologías. El aspirante presidencial tenía interés en favorecer a Vitalogic con un cuantioso contrato a 30 años donde su hijo Luis Carlos se ganaría una coima de 100 millones de dólares.

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Dentro de la etapa de juzgamiento del proceso penal contra Rodolfo Hernández por actos de corrupción cuando se desempeñó como Alcalde de Bucaramanga, el próximo 30 de noviembre se cumplirá con la audiencia preparatoria del juicio oral, donde se anunciarán las pruebas y testimonios que tanto la fiscalía como la defensa presentarán. En ella, el juez determinará cual de todas ellas admitirá.

Durante la audiencia de formulación de acusación del pasado 12 de mayo en el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga con función de Conocimiento contra el aspirante presidencial y cuatro personas más por el contrato de consultoría 096, suscrito en julio del 2016 entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y Jorge Alarcón Ayala, ‘la calavera’ -con el cual se avalarían las nuevas tecnologías para disposición final de residuos sólidos- el fiscal del caso acusó a Hernández de ser el determinador en el direccionamiento de ese contrato a favor de terceros montando un proceso de consultoría falso para favorecer a Vitalogic.

Este, el contrato de consultoría por $344 millones, es el segundo de los dos procesos en contra del polémico exalcalde de Bucaramanga. El primero, que desde hace un año se encuentra en los anaqueles de la Fiscalía, es el del famoso corretaje suscrito por Luis Carlos Hernández, hijo de Rodolfo, con el cual se aseguraba un contrato cuantioso para la disposición de basuras con la empresa Vitalogic RSU.

En su momento, Corrillos de manera exclusiva, reveló cómo por debajo de la mesa se hicieron maromas para entregarle el contrato de las nuevas tecnologías a Vitalogic, que, si se hubiera suscrito, podría haber generado una coima de 300 millones de dólares, de los cuales 100 millones de dólares eran para el hijo del alcalde, según el propio documento de corretaje que fue autenticado en notaría.

A responder por sus crímenes

Para el Fiscalía General de la Nación, con el contrato de consultoría 096, Rodolfo Hernández Suárez quiso favorecer a Vitalogic. Con los resultados del estudio se pretendía direccionar el contrato de nuevas tecnologías.

Además del hoy aspirante presidencial, también fueron acusados José Manuel Barrera Arias, César Augusto Fontecha Rincón y Rubén Enrique Amaya Vanegas, gerente, jurídico y jefe de disposición de la EMAB, respectivamente y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

A ellos se les imputaron los delitos de cohecho, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin el debido cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias y concierto para delinquir en concurso de hechos punibles.

En la audiencia de 12 de mayo también se solicitó la acumulación de procesos por conexidad, lo que significa que los procesos penales que se llevaban contra los implicados en tres juzgados diferentes pasaron a uno solo.

Inicialmente la Fiscalía había hecho una ruptura procesal, había radicado tres escritos de acusación cada uno en juzgados diferentes. En uno estaban José Manuel Barrera, Jorge Alarcón y Rubén Darío Amaya; en otro estaban César Fontecha, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves, entonces jurídico, jefe operativo y jefe financiero de la EMAB, respectivamente y en otro estaba solo Rodolfo Hernández.

Una vez radicados los escritos, el fiscal solicitó la acumulación en un solo despacho, correspondiéndole al juzgado 10 penal del circuito adelantar la audiencia de formulación de acusación contra todos ellos.

‘Va por que va’: el extraño interés de Rodolfo

Desde el inicio del proceso penal contra Rodolfo Hernández por el contrato de consultoría 096 suscrito por la EMAB con Jorge Hernán Alarcón Ayala, la Fiscalía ha mantenido su posición en que hubo corrupción, con la cual se quería favorecer a la empresa Vitalogic. Y por su comportamiento -aparentemente delictivo- deberá responder ante la justicia.

En la tercera y última etapa del proceso (la primera, la indagación; la segunda, la investigación), que comenzó con el escrito de imputación de cargos leído por el fiscal del caso, se puso en evidencia que hubo graves irregularidades en el desarrollo de ese contrato y el ‘va por que va’ de Hernández hace parte del interés del procesado en entregarle el jugoso contrato a Vitalogic.

La tarea de Alarcón Ayala era la de presentar los estudios previos para acompañar todo el proceso de ‘Nuevas Tecnologías’ en El Carrasco, pero estos quedaron mal elaborados, situación que llevó a que la EMAB echara para tras el proceso de invitación pública y, por ende, la plata que se pagó por esa asesoría técnica se perdió.

‘La calavera’ tenía la obligación -según el contrato- de elaborar y evaluar técnica, ambiental, financiera y jurídicamente la Invitación Pública IP-002, además, era el encargado de apoyar el desarrollo de las bases de precalificación y licitación y/o invitación del proyecto identificando las variables para el proceso de contratación. Pero en la práctica, su tarea era la de realizar un documento técnico que comprobara la necesidad de avanzar sobre un proyecto de nuevas tecnologías, las mismas que solo Vitalogic ofrecía con grandes bondades.

El escándalo de posible direccionamiento se puso al descubierto cuando el propio jurídico de la EMAB, César Fontecha, denunció que los resultados de esa consultoría estaban amañados. De hecho, en varias conversaciones telefónicas con Alarcón, le advierte la necesidad de dar por terminado el contrato debido a que técnicamente no existía cierre financiero para las nuevas tecnologías, aunque el ‘experto’ aducía que sí.

También hay una grabación telefónica en la que Rodolfo Hernández le ordena a Fontecha a avalar los resultados de la consultoría, pero el jurídico se niega. En esa conversación el entonces alcalde acusa al abogado de ponerle trabas al contrato, dejando en evidencia su interés de favorecer a Vitalogic gracias a la consultoría amañada realizada por Alarcón.

Por las pruebas que ha reunido la Fiscalía, será difícil para Rodolfo Hernández seguir manteniendo su fachada de hombre transparente. Y la audiencia del 30 de noviembre podría ser el principio del fin de su carrera política.

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Juez revoca libertad del exabogado de Uribe, Diego Cadena

Se cree que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. 

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El juez 43 penal del circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó revocar la libertad que se le había otorgado al abogado Diego Cadena, investigado por presunta manipulación de testigos dentro del proceso que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

El jurista nuevamente deberá nuevamente quedar privado de la libertad en su domicilio. El juez se pronunció al resolver un recurso de apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación, frente a la decisión que el pasado 13 de octubre le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Cadena.

«Estimando las conductas dilatorias y los actos procesales que no puede posible ejecutar como consecuencia de aquellos, llevan a este funcionario a precisar que el número total de días transcurridos desde que se radicó el escrito de acusación a la fecha del fallo de primera instancia ha sido de 386 días, de los cuales se descuentan 240 días que totalizan los comportamientos que impidieron la realización de la audiencia pública desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 21 de julio de 2021», explicó el juez.

También argumentó que hubo maniobras dilatorias de parte de la defensa de Cadena que impidieron que se avanzara en el desarrollo de las diligencias judiciales que se adelantan por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

«La diferencia que resulta desde entre el total de días transcurridos y el tiempo de dilación equivale a 146 días lo que significa que el término legal previsto en el en el Código de Procedimiento Penal no se ha superado, por lo anterior se procederá a revocar la decisión objeto de alzada que concedió la libertad por vencimiento de términos al procesado Diego Javier Cadena Ramírez y en su lugar negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido con los requisitos dispuestos en el Código de Procedimiento Penal».

El juez además determinó que deberá ser nuevamente privado de la libertad en su domicilio. «En consecuencia se solicita librar boleta de detención en contra del señor Diego Javier Cadena Ramírez para que continúe privado de la libertad en su domicilio, es decir en las mismas condiciones que se encontraba hasta antes de qué se decretara a su libertad, trámite que se efectuará a través del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de esta ciudad», afirmó.

En ese sentido, el juez determinó que «el juzgado 43 Penal del Circuito con Fusión de Conocimiento de Bogotá, administrando justicia resuelve revocar la decisión proferida por el juez 36 Penal Municipal con Función de Control de Garantías en fecha del 13 de octubre de 2021 en la cual se concedió la petición de libertad por vencimiento de términos solicitada por la defensa del procesado Diego Javier Cadena Ramírez y, en consecuencia, negar la libertad por vencimiento de términos, por cuanto no se han cumplido los requisitos dispuestos en el en el Código de Procedimiento Penal».

Por su parte, el abogado defensor de Cadena, Iván Cancino, aseguró a través de su cuenta oficial en Twitter que es una decisión equivocada y que vulnera las garantías de su cliente.

«Revocan libertad de Diego Cadena en una decisión que absolutamente desafortunada. Las garantías siguen estando en debilidad para la defensa. No se preocupen que volveremos a cantar y pronto. Siempre firmes y con el alma», escribió.

También agregó que «aún sigo pensando que el derecho penal es lo más hermoso que existe. A pesar de las injusticias, de la política, a pesar de todo, es como el fútbol siempre da revanchas y yo siempre las busco y muchas las obtengo. !Nunca desfallezcan ni dejen de ser felices!».

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Formulan pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes de fútbol

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, los equipos de fútbol limitaron la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores del balompié colombiano.

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Con el fin de establecer si se ha limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos a la Dimayor y 16 clubes de fútbol profesional en el país.

Talento Dorado S.A., Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. (en liquidación oficial), Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A., Unión Magdalena S.A., Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club S.A., Tigres Fútbol Club S.A., Club Deportes Tolima S.A., Once Caldas S.A. (en reorganización), Deportes Quindío A.S., Club Deportivo La Equidad Seguros S.A., Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A., Fortaleza Fútbol Club S.A., Leones Fútbol Club S.A., Club Deportivo Real Santander S.A., Alianza Petrolera F.C. S.A., son los equipos vinculados a la investigados.

Vale destacar que la investigación se inició después de que esta Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol, Acolfupro, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar.

La Superfinanciera informó que «de acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021».

Con respecto a la Dimayor, la autoridad manifestó que en su rol de ente rector de los clubes de fútbol profesional colombiano, habría tenido conocimiento de la existencia y contenido de listados de jugadores vetados.

«A pesar de ello y de contar con los mecanismos jurídicos para sancionar estas conductas ante su Comisión Disciplinaria, mantuvo una posición pasiva permitiendo sanciones de facto sobre los jugadores que pretendieron ejercer sus derechos ante los clubes de fútbol investigados», dijo la entidad.

Es de resaltar que entre las personas vinculadas a la investigación se destacan Paola Andrea Salazar Olano, presidente Talento Dorado S.A.; José Fernando Salazar Olano, manager Talento Dorado S.A.; José Augusto Cadena Mora, expresidente Cúcuta Deportivo; y Ricardo Hoyos Ángel, presidente de Boyacá Chicó Fútbol Club S.A.; entre otras 15 personas.

La Superintendencia señaló que podrá imponer multas hasta de 100.00 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta 2.000 SMLMV por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.

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La novela de la millonaria contraprestación que deberá pagar Cerrejón en La Guajira

Cerrejón estaba en contra de ese pago porque, en el 2000, la sociedad Carbones de Colombia S. A le había entregado la concesión emitida por la Dimar para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar.

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El Consejo de Estado declaró ajustada a derecho la decisión del Ministerio de Transporte de cobrar una contraprestación por el uso de infraestructura portuaria pública a la sociedad Cerrejón Zona Norte S.A, cesionaria de la concesión para la construcción y puesta en marcha del complejo de acopio carbonífero Puerto Bolívar, en la Guajira, que se le había otorgado desde 1983 a la sociedad Carbones de Colombia S. A.

La compañía presentó la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por considerar que no se le debía aplicar el cobro de la tasa por uso de infraestructura portuaria en zonas de baja mar en Bahía Portete, municipio de Uribia.

Su intención era que se estableciera que no estaba obligada a pagar los más de 3’600.000 dólares derivados del uso de la infraestructura durante los 30 años de la concesión o de sus cuotas anuales por más de 452.000 dólares.

A juicio de la accionante, no era responsable de la contraprestación, debido a que se trataba de una unidad infraestructural que la misma sociedad había construido y que no se había producido aún para la demandante la obligación de revertir al Estado los predios objeto de la concesión, que acababa de ser renovada por 30 años más, en períodos sucesivos de 10 años.

Sostuvo que tal reversión se daría al terminar esta concesión, en el 2033, pero el Ministerio de Transporte determinó que ese hecho ocurriría en el 2003 y que, por esa razón, tendría que empezar a pagar la contraprestación desde entonces.

El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal que declaró ajustado a derecho el cobro de la contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria. Sostuvo que la prórroga de la concesión no estableció una ampliación del plazo para la reversión de los bienes a la Nación. Por esa razón, era aplicable el cobro de la contraprestación, a partir del 2003.

Finalmente, se estableció que, al no haber sido demandados los actos ejecutorios de la obligación de pago de contraprestación por el uso de la infraestructura portuaria, no es posible en esta instancia adelantar un control de legalidad de estos.

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