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Salud a la colombiana: Hacia la mejora continua y la depuración del sistema (Parte 3)

Cuando se interviene una entidad es porque no cumple los indicadores administrativos y de solvencia económica, porque pone en riesgo la cadena de prestadores y proveedores de servicios y obviamente no garantiza la atención de los usuarios, por ende, esta depuración permite que queden funcionando entidades eficientes que comprendan la obligatoriedad que tienen como servicio de salud, en calidad y oportunidad, frente a este derecho fundamental.

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Por: María Isabel Ballesteros/ Todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) son importantes y poco a poco se han venido articulando para mejorar el flujo de recursos, la comunicación y los sistemas de información entre los entes territoriales y del nivel central, sin embargo, en el saneamiento de las problemáticas del sector la Superintendencia Nacional de Salud ha sido fundamental, no solo por las acciones de inspección, vigilancia y control que le confirió la Ley 1122 de 2007, amplificadas por la Ley 1438 de 2011, sino por otras funciones asignadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual.

Una de estas ha sido su competencia para aprobar o no la compra de acciones de EPS, por parte de particulares, lo cual ha permitido tener mayor control sobre quienes entran a administrar los recursos públicos de la salud, que son avalados según su experiencia y carácter. También, al cambiar la tasa de contribución que pagan los vigilados a la Supersalud, se ha llegado a más vigilados lo que ha generado un mayor fortalecimiento de los entes, así como también con la implementación de los Planes de Gestión de Riesgo se ha ayudado a reparar las finanzas de los hospitales públicos, al obligarlos a ser más eficientes y competitivos.

Un mecanismo adicional que ha resultado muy útil, por parte de la Superintendencia, es la implementación de las Mesas de Flujo de Recursos y las Mesas de Seguimiento a la Contratación, que han permitido a hospitales y clínicas recuperar cartera, la cual asciende a más de 2 billones de pesos en lo corrido de la actual administración, según comunicó la entidad en abril de 2021.

Estas acciones y el acompañamiento permanente de la Superintendencia han sido esenciales para que EAPB, IPS y ESE se superen, antes de pensar en intervenirlas o liquidarlas. Así fue como 14 hospitales regionales que en el 2020 se encontraban en total deterioro financiero y administrativo, al ingresar bajo planes de acción recuperaron sus indicadores, lograron estabilizar su operación y mejoraron su servicio.

El año pasado también se impusieron más de 520 sanciones, las cuales representaron $53.000 millones, siendo el 40% por prestación de servicios, el 32% por flujo de recursos y el 28% por fallas relacionadas con el reporte de información, según informó la Supersalud. De igual forma, en estos 3 últimos años hemos visto cómo se ha venido depurando el sistema a través de 15 medidas de liquidación total o parcial, que han terminado en el retiro definitivo de 11 EPS, de las 44 que existían en el país al 2019, y que ha conllevado al traslado de 6.4 millones de usuarios, algo que nunca se había dado en la historia de la salud en Colombia.

Por ello, es importante que entendamos que cuando se interviene una entidad es porque no cumple los indicadores administrativos y de solvencia económica, porque pone en riesgo la cadena de prestadores y proveedores de servicios y obviamente no garantiza la atención de los usuarios, por ende, esta depuración permite que queden funcionando entidades eficientes que comprendan la obligatoriedad que tienen como servicio de salud, en calidad y oportunidad, frente a este derecho fundamental.

Aun así, muchos alegan que estos cambios terminan favoreciendo la consolidación de monopolios, olvidando que esa misma situación existía desde antes de la Ley 100, mediante la cual aparecieron las EPS. Por eso insisto, señores(ras), el problema no es esta ley, sino quienes la ven como un medio para enriquecerse, sin importarle defraudar al Estado, a los demás actores del sistema y hacer daño a las personas, situación que lamentablemente también se repite en la prestación de servicios para atender otros derechos sociales, económicos o culturales.

Las acciones anticorrupción implementadas por el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal Ángel, nos están dejando ver “una luz al final del túnel”, aunque se debe seguir trabajando en temas de calidad y sostenibilidad económica, lo cual implica incrementar los ingresos y tomar medidas para la fiscalización de los tributos que se destinan a la salud, como sugirió Fedesarrollo en el 2018.

Existe evidencia de evasión, omisión e inexactitud en las cotizaciones porque hay beneficiarios afiliados al régimen subsidiado, teniendo capacidad de pago, otros que aportan un Ingreso Base de Cotización menor al real, como sucede con muchos “trabajadores por cuenta propia”, por ejemplo los comerciantes, que son perceptores de rentas no laborales y aparecen como dependientes en el Régimen Contributivo, lo que les permite descontar los costos en los que incurren en sus actividades del total a pagar en aportes al Sistema de Seguridad Social, lo cual va en contra de los esfuerzos que viene haciendo la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales.

Para mejorar la eficiencia del gasto hay que multiplicar las Redes Integradas de Servicios de Salud, que permiten el pago de acuerdo con los resultados y basados en la alta calidad de atención de los pacientes, e igualmente, si se fortalece el Modelo de Atención Primaria en Salud, con enfoque preventivo, no solo se reducirá el uso de los servicios de emergencia, que resultan costosos, sino las hospitalizaciones y enfermedades crónicas, con las complicaciones que conllevan.

Las crecientes acciones de tutela en salud condujeron a establecer un nuevo arreglo institucional que indica qué se incluye dentro del Plan de Beneficios, con cargo a la Unidad de Pago por Capitación, lo que se excluye totalmente y no se cubre con recursos públicos y aquellas prestaciones, explícitamente excluidas o incluidas dentro del plan de beneficios, que pasan por la decisión autónoma de los médicos, y que van a cargo de los recursos de la ADRES y /o entidades territoriales.

Estas condiciones deben generar un dialogo entre las cortes, los que deciden en los procesos de inclusión y exclusión de prestaciones y quienes velan por la idoneidad de las políticas, así como es importante la incorporación clara de los criterios de costo-beneficio e impacto presupuestal en la toma de decisiones, sin ir en contra del derecho a la salud, y lo cual no se tuvo en cuenta en la Ley Estatutaria 1715 de 2015.

Otro aspecto importante es centralizar las compras en medicamentos que hace el sistema público y buscar la regulación de los precios con base en referenciación internacional, pues los insumos representan el 17% y el 25% del presupuesto en salud así como urge, según Fedesarrollo, “reformar la manera como se paga a los prestadores de servicios que hoy tienen un incentivo al ordenar un mayor volumen de los mismos porque su ingreso depende del valor facturado”, lo que no promueve el control de costos ni el uso racional de los recursos.

Finalmente, hay que seguir insistiendo en el avance del Modelo de Atención Integral en Salud, por el ahorro que genera su enfoque preventivo de enfermedades, e igualmente enfatizar en la responsabilidad de las secretarías de salud departamentales y municipales que, acorde con sus capacidades, deben subsanar sus debilidades a nivel de infraestructura o capital humano y tomar las banderas de la salud preventiva, como les corresponde, para que su papel influenciador redunde significativamente en beneficio nuestro y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

*Asesora en Sistemas Integrados de Calidad

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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Código Electoral, ley nueva con mañas viejas

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos.

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Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Cada vez que se acercan los comicios electorales, las fuerzas políticas y los factores reales de poder, comienzan a planificar cuales deben ser las ventajas electorales que ellos deben seguir teniendo frente al constituyente primario, solo para que los barones electorales puedan seguir perpetuando su voluntad en los cargos de elección popular; para ellos ser elegidos debe seguir siendo privilegio de pocos, solo es que esos factores reales de poder se pongan de acuerdo, y las empresas electorales que todos conocen, activan las ventajas burocráticas del voto mecánico, ventajas como las del código electoral que no había sido modificado desde el año 1986.

Desde el año 91, a los colombianos nos rige una constitución política basada en principios, en especial el de la dignidad humana, el código electoral es una ley creada en una época y con una constitución política obsoleta para las necesidades sociales del territorio, la de 1886, donde el único principio que se imponía era el de los auxilios parlamentarios que mantenían los privilegios a los varones electorales del país. En el nuevo código electoral que debe entrar en vigor para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene cosas extraordinarias como la paridad electoral en las listas de elegibles, pero no afronta los problemas reales del sistema electoral creando cargos innecesarios y burocratizando aún más la planta de la Registraduría.

Según el (Cepal), la Comisión Económica de América Latina se necesitaría un plan Marshall Postcovic para Latinoamérica «Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad» si esta es la realidad que viven los países de Latinoamérica en esta época de pandemia que aún no termina, el seguir fortaleciendo la burocratización de la planta de la Registraduría, con el mensaje de urgencia que le dio el presidente de la república,  es un despilfarro de recursos públicos; la planta de la Registraduría y las demás instituciones electorales lo que necesitan es más principios y menos corrupción.

El sistema electoral ya cuenta con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, ¿entonces quieren más? Las elecciones de Juntas de Acción Comunal no cuentan con el respaldo económico en las jornadas electorales, necesario para que tengan una verdadera independencia frente a los tradicionales varones electorales, ellos compran todo, estos caciques se apoderan de la voluntad de sus candidatos por una sencilla razón, su elección no cuenta con la misma financiación y respaldo de las instituciones electorales, como si lo tienen las elecciones a presidente, congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales; las bases sociales de las juntas de acción comunal son el eslabón más débil de toda la dinámica electoral.

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos, pero como ya lo dijimos con anterioridad, son pocos los que tienen derecho a ser elegidos, la provisionalidad termina siendo un sistema de clientalización de un comisión electoral, el nuevo código no le da prelación a los cargos de carrera, este código es una ruta para seguir empoderando el clientelismo en una de las instituciones más importante para el funcionamiento del Estado y el equilibrio de poderes del mismo.

Desde su creación se dice que estas instituciones son el cuarto poder del Estado, los cargos de libre nombramiento y remoción con la clientalización, son las rutas con la que los barones electorales se reparten este cuarto poder, esperemos que la revisión de la Corte Constitucional tenga en cuenta estos aspectos ya mencionados, desafortunadamente se ha conocido que en un primer borrador se aprueba todo su articulado.

*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo. 

Correo: reyinaldpf77@gmail.com

Twitter: @reyinaldf77

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sin invitación

Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

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Por: Andrea Guerrero/ Hace dos semanas una situación un tanto vergonzosa sucedió: muchos de los escritores más reconocidos de Colombia no fueron invitados a la Feria del Libro en Madrid. Aquello no es ni siquiera lo verdaderamente sorprendente del asunto, falta leer lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, sobre el porqué de no invitar a autores tales como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pablo Montoya, Fernando Vallejo…

El periódico La Tercera señaló que Plata “aseguró que no conocía las razones de por qué los mencionados nombres no habían sido considerados”, acto seguido dijo «Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Algunos escritores se alegraron de que no les llegara la invitación, “no fui invitado gracias al cielo y a los burócratas del régimen” dijo el escritor Faciolince. Otros declinaron la invitación luego de escuchar las declaraciones del embajador, tal fue el caso de Melba Escobar, quien además escribió una columna refiriéndose con gran claridad al asunto de cosas neutrales que menciona el embajador, llegando a concluir que “Las declaraciones del Embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la Feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno o, al menos, que se rechazó a quienes explícitamente han sido sus críticos”. (Cosas Neutrales)

Ahora bien, considero que se ha discutido ampliamente en otros escritos la parcialidad de esta selección, puesto que hubo una censura de los escritores que, según el gobierno, son parte de “una feria política”. Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

Finalmente, el pensamiento del embajador refleja cierta hipocresía que en otras columnas he mencionado, puesto que al optar por una supuesta neutralidad terminaron fue excluyendo perspectivas enriquecedoras para cualquiera que las lea. Lastimosamente, los escritores brillaron por su ausencia en la Feria del Libro, pero podemos estar orgullosos de saber que el talento mismo de aquellos los catapulta y hace que sus historias sean leídas en los rincones más recónditos del planeta… no les hace ni falta la invitación del gobierno.

*Estudiante

Instagram: @andreagguer

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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La impunidad, camino a la ruina de la sociedad colombiana…

La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables.

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Por: Irving Herney Pinzón/ Siempre se ha dicho que el hombre es curioso por naturaleza, motivo por el cual, siente admiración por todo lo que sucede a su alrededor. Situación que lo lleva a plantearse una serie de preguntas que buscan dar una respuesta o explicación a los acontecimientos que suceden a su alrededor; dentro de estos temas aparece la justicia, el delito, las consecuencias y la responsabilidad que se convierten en un gran interrogante como lo es: ¿por qué un delito puede quedar impune? Teniendo en cuenta este cuestionamiento el gran filósofo Platón, inventa y lo plasma en su libro la Republica, un mito denominado “el anillo de Giges” muy útil para entender, por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta, que pueden llevarnos a entender, más no a justificar, el proceder del hombre.

Cuenta la leyenda, que un pastor llamado Giges, tras una tormenta y un terremoto, encontró en el fondo de un abismo, en lo más profundo, un caballo de bronce con un cuerpo sin vida, el cual, tenía un anillo de oro, y por su belleza decidió tomarlo, sin imaginar lo mágico que podría resultarle. Al darle la vuelta, el anillo le daba el poder a Giges de ser invisible. No tardó mucho en descubrir la magia del anillo y lo utilizó para seducir a las más bellas mujeres, entre ellas, la reina, y en su intento por apoderarse del reino la convenció de matar al Rey. Esta leyenda, nos ejemplifica el hecho, de que, el ser humano no es injusto desde su nacimiento, como se piensa, pero que, basta que nadie lo observe, es decir, se haga “invisible” para supuestamente corromperse, en virtud de que no lo hace, si se encuentra ante la mirada expectante de la sociedad, por el miedo al reproche de la misma.

La sensación de impunidad, es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto en complicados entramados, de los que, los ciudadanos no entienden nada. La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables. Un corrupto, no debería solo ser juzgado por corrupción, sino por homicidio agravado, con sentencias que no tuvieran ninguna rebaja de penas, con medidas intramurales y que perdieran cualquier beneficio. El ser humano, que convive en una sociedad que se rige por normas y valores sabe que es antiético e ilegal y, aun así, lo hace sin importar cuanto afecta negativamente a esa sociedad.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si se les descubren, o el paupérrimo tiempo de cárcel que podrían pagar con penas irrisorias, y piensan que todavía salen ganando, al poder utilizar el dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Los culpables deberían pagar con sus bienes o los de sus familiares más cercanos sus delitos cuando utilizan los recursos que no les pertenecen para su beneficio personal, aun sabiendo que están cometiendo actos de corrupción.

La impunidad, es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. Pero, para ello hay que modificar el sistema, no solo con la aceptación de nuevos delitos y sus respectivas penas, sino solucionar los diferentes obstáculos, tales como: que las instituciones judiciales no cuentan con los recursos suficientes para hacer las investigaciones pertinentes; la escasez de cárceles en el país; que los delincuentes obtienen el beneficio de casa por cárcel porque el tráfico de influencias y favores políticos que por debajo se tejen.

Esta situación se debe a la ineficiencia y negligencia del aparato judicial, como se evidencia con las libertades por vencimiento de términos; también en ocasiones la falta de recursos dificulta la gestión para obtener evidencias; en otras, porque los operadores judiciales se dejan intimidar y, a causa de la corrupción de las autoridades judiciales, que aceptan sobornos de los sindicados o incluso los presionan para que compren sus decisiones, lo que se demuestra, con las graves acusaciones de corrupción, en que, se han visto comprometidos magistrados de las altas cortes.

Por esta razón, se presenta impunidad y la justicia envía un deplorable mensaje a la sociedad: que el crimen paga. Y así, la ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones por falta de pena, brinda oportunidades y alicientes para violar la ley. De esta forma, se hace atractivo delinquir, puesto que, el riesgo de ser castigado es mínimo, lo que aumenta el beneficio que obtiene el delincuente por cometer un delito. Así, el no castigo de los crímenes cometidos, se constituye en uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, fortalece la corrupción y brinda mecanismos para reproducirla. Abre cauce a la justicia privada, motiva a que la ley no se cumpla, contribuye al menoscabo de la justicia y de sus valores éticos, aporta al deterioro y descrédito de las instituciones y corroe la reputación y la confianza de los colombianos en la justicia.

Se podría, a manera de conclusión, que, a ejemplo del mito del anillo de Giges, que todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. He ahí, el meollo del asunto y la gran importancia de seguir creyendo e invirtiendo en la educación integral desde la familia, como un factor preponderante en el cambio de mentalidad y que la justicia nos asegure realmente que el que la hace, de verdad la va a pagar y con creces.

*Magister en Educación, Docente Investigador Filosofía y Ciencias Sociales y Candidato a Doctor en Educación.

Facebook: Irving Herney Pinzón T

Twitter: @Irvingherney

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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