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Fallo de tutela en favor de Román no afecta -por ahora- la elección de Yulia

En la tutela, el Consejo de Estado advierte que fueron vulnerados derechos fundamentales durante el proceso al exalcalde de Girón, por lo que ahora, la Sección Quinta de ese mismo tribunal deberá revisar la decisión de segunda instancia teniendo en cuenta pruebas y argumentos que omitió y que derivó la anulación de la elección de Carlos Román y derivó a que el CNE convocara a nuevas elecciones.

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En toda una paradoja se ha convertido el fallo de segunda instancia de una Acción de Tutela proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que revoca la sentencia de primera instancia del 26 de mayo de 2021 y en la que se negó al exalcalde Carlos Alberto Román una solicitud de amparo en torno a su proceso que anuló su elección como alcalde de Girón.

Con esta providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado -célula que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y que deja por fuera del cargo de alcalde a Román- deberá revisar el proceso de nulidad y tener en cuenta testimonios, pruebas, que, según la defensa del exalcalde, pudieron incidir en el fallo.

La orden del juez de tutela es clara: “Revocar el fallo de tutela de primera instancia de 20 de mayo de 2021, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la presente solicitud de amparo. En su lugar, se dispone, amparar el derecho al debido proceso solicitado por el señor Carlos Alberto Román Ochoa, por las razones expuestas en esta providencia”.

En términos generales, explica la providencia – se “dejar sin efectos la Sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral No. 68001-23-33-000-2019-00867-02 y, en consecuencia, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda a lo expresado en esta decisión”.

A criterio de los magistrados, se encontraron configurados defectos fáctico y sustantivo, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso.

La nulidad de la elección de Román

Cabe recordar que el propio Consejo de Estado anuló la elección de Román Ochoa, quien había sido elegido en octubre de 2019 con 52.775 votos, a través de la coalición ‘Carlos Román Alcalde’. Inicialmente el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 28 de agosto de 2020, negó las pretensiones de los demandantes sobre una posible doble militancia.

Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al revisar el fallo, solo tuvo en cuenta las pruebas aportadas por el demandante, especialmente un video en el que se registra una reunión con un número significativo de personas que se observan al fondo, y aparece el candidato Román vistiendo un chaleco del Partido Político MIRA, haciendo una declaración.

En ese audiovisual se puede establecer el candidato dice: “Invitamos a todos a votar por la juventud, por propuestas nuevas, con gente nueva, hoy invitamos a votar por la doctora Ángela con el apoyo del partido MIRA y con el apoyo de todo el pueblo y votar por Carlos Román”.

El video permite identificar que la grabación hizo parte de la campaña a los comicios para autoridades locales 2020-2023, en los que tanto la señora Ángela Hernández como el señor Román participaron, luego de que se suscribiera el acuerdo de coalición para respaldar la candidatura de la exdiputada, en el que participó el Partido MIRA, lo que ocurrió el 25 de julio de 2019.

De hecho, la propia Procuraduría pidió la anulación de la elección de Román, al exponer que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Pruebas que no fueron tenidas en cuenta

Lo alegado en la Acción de Tutela por la defensa del exalcalde Román fue la indebida valoración de pruebas, como el formulario de inscripción E-6 AL; el formulario E-26 ALC; un formato que contenía información sobre candidatos y el Acuerdo de Coalición.

De hecho, no se tuvo en cuenta que antes de su inscripción como candidato a la alcaldía del Municipio de Girón, Román ya había presentado la renuncia al partido Alianza Verde, y que las pruebas presentadas por los demandantes en el proceso de nulidad no eran idóneas para demostrar su militancia en el referido partido.

Pese a eso, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que la Alianza Verde otorgó aval principal a Román como candidato a la alcaldía de Girón, el cual estuvo coaligado por otros partidos políticos, por lo que “existió una indebida valoración probatoria en el presente asunto”, dice el fallo de tutela.

“En el expediente de nulidad electoral se encuentra demostrado que el actor (Román) presentó su renuncia como militante e integrante del Partido Verde, el 20 de junio de 2018, y fue aceptada por el referido partido en esa misma fecha. Posteriormente se denota que los partidos políticos Alianza Verde, Cambio Radical, MAIS, AICO, Conservador, ASI y de la U, otorgaron su aval, para que el señor Carlos Alberto Román Ochoa participara en las elecciones a alcaldía del Municipio de Girón, en representación de una coalición”, destaca la providencia.

El formato E-6 AL de la Registraduría da cuenta que Román se inscribió el 24 de julio de 2019, como candidato por coalición de partidos políticos, pero se realizó una anotación consistente en que la filiación política del actor era el partido Alianza Verde. “De las mencionadas pruebas, era posible concluir que, para la fecha en que se inscribió la candidatura, ya no pertenecía al partido político Alianza Verde, en atención a su renuncia como militante de esa colectividad”, consigna.

De hecho -aclara el tribunal- que la inscripción de la candidatura se generó como miembro de una coalición de partidos, sin que el aval concedido implicara su pertenencia a ninguno de ellos. Pero, en el formato de inscripción como candidato se debía indicar su filiación política, de conformidad con el inciso 3 del artículo 2918 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

En el formato de inscripción de candidatos E-6 AL, se consignó que la filiación política de Román Ochoa era al partido Alianza Verde. Pero, “el referido formato E-6 AL no constituye prueba de la pertenencia al partido Alianza Verde, pues de conformidad con el artículo 220 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la militancia a un partido o movimiento político debía establecerse con la inscripción que realizara el referido candidato ante la respectiva organización política”, agrega.

Tutela no afecta la elección de Yulia, por ahora

El fallo de tutela tan solo ordena a la Sección Quinta del Consejo de Estado tener en cuenta argumentos y pruebas, que no fueron valoradas durante el proceso que terminó con la anulación de la elección de Carlos Román como alcalde de Girón. La providencia en nada afecta el proceso de elección de Yulia Rodríguez como nueva alcaldesa.

Sin embargo, una vez sean valoradas las pruebas y las argumentaciones, la Sección Quinta del alto tribunal deberá definir si confirma el fallo que anula la elección o, por el contrario, deja en firme el de primera instancia que profirió el 28 de agosto de 2020, que negó las pretensiones de los demandantes sobre una posible doble militancia.

VER: Fallo Acción de Tutela Carlos Román

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Investigar a juez que dio casa por cárcel a hijo de ‘La Gata’, solicitó Minjusticia

Según Wilson Ruiz, jefe de esa cartera, basándose en lo concluido por un examen de Medicina Legal, el condenado no padecía de ninguna enfermedad grave que no hubiera podido ser tratada de “manera ambulatoria”.

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El ministro de Justicia Wilson Ruiz se pronunció con respecto a la decisión del Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Barranquilla de otorgarle el beneficio a prisión domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López Romero, alias ‘La Gata’.

A pesar de la condena de 29 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir a López, el juez le concedió el beneficio de casa por cárcel, pues la defensa alegaba que su representado padecía problemas graves de salud que no podían ser tratados en la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, en donde se encontraba recluido.

Ante la determinación, el ministro anunció que solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Fiscalía General de la Nación investigar al juez, porque, “teniendo en cuenta el monto de la condena, la gravedad de los delitos y el tiempo que lleva privado de la libertad, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural”, manifestó en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Por último, el director del Inpec informó que la decisión tomada por el Juez Quinto será impugnada.

Según Wilson Ruiz, basándose en lo concluido por un examen de Medicina Legal, el condenado no padecía de ninguna enfermedad grave que no hubiera podido ser tratada de “manera ambulatoria”.

Asimismo, el director del Inpec, Mariano Botero Coy reiteró que el condenado podía ser atendido en la cárcel de Sabanalarga y, en caso de una complicación, podía ser trasladado a algún centro de salud.

Botero anunció que desde la institución iniciarán una investigación disciplinaria “para establecer si hay funcionarios de la institución involucrados en las presuntas irregularidades”.

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“Combate a la ilegalidad dentro de las cárceles reduciría 30% los delitos en el país”, MinJusticia

Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, reveló detalles del operativo simultáneo en 45 centros de reclusión a nivel nacional. El objetivo del operativo era detectar y decomisar armas, celulares y droga en el interior de las celdas y en otros espacios de las cárceles.

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El operativo simultáneo en 45 centros de reclusión de todo el país contó con la participación de 1.700 integrantes de las fuerzas especiales y del Instituto Nacional, Penitenciario y Carcelario (INPEC). Su objetivo: golpear las estructuras criminales en el interior de los penales.

Así lo explicó, en Casa de Nariño en Línea, el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien se declaró sorprendido por lo hallado: armas blancas de todo tipo de material utilizado en su fabricación, alucinógenos, celulares de amplias gamas e, incluso, libretas con información pormenorizada de ciudadanos, quienes presuntamente están siendo extorsionados.

“Como Ministro de Justicia les digo que, si logramos controlar las cárceles como lo estamos haciendo ahora, podemos disminuir el 30% o más de los delitos que se cometen el país, como homicidios, extorsiones, hurtos, entre otros”, recalcó.

El Ministro narró que el operativo inició a las 4 de la mañana de este miércoles 13 y tuvo la coordinación del Director del INPEC, general Mariano Botero Coy, y con el apoyo de la DIJIN, por cuanto se tenía la información de dónde y cómo se estaba cometiendo todo tipo de irregularidades y delitos.

“El operativo fue simultáneo y, de verdad, quedé muy sorprendido. En una de las celdas de la cárcel La Picota encontramos 15 celulares, alucinógenos, armas blancas, licor, escondidos en caletas camufladas detrás de los baldosines de las paredes y pisos de los baños”, agregó.

Reveló que le causó impacto el descubrimiento de cuadernos con decenas y decenas de nombres y datos y con números de teléfonos de ciudadanos a los que presuntamente estaban o están extorsionando desde allí.

“Actualmente cursan 83 investigaciones contra personal del INPEC, porque han permitido el ingreso de esos elementos a las cárceles del país. Nueve de ellos fueron ya capturados y otros más serán destituidos”, dijo.

El Ministro Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llenar de miedo y denunciar a las autoridades como el GAULA de la Policía o el GAULA del Ejército Nacional de inmediato si es víctima de extorsión. “Hemos hecho el traslado de delincuentes peligrosísimos, como ‘Tony Masacre’ y ‘Borré’, quienes desde Barranquilla ordenaban asesinar a ciudadanos en diferentes partes del país; todo por la extorsión”.

Además, destacó la actual política de descongestión penitenciaria, en la medida en que este año se ha logrado el trasladado más de 30 mil internos de las (Unidades de Reacción Inmediata (URI) a los centros de reclusión de orden nacional, reduciendo el hacinamiento carcelario de forma histórica en un 16,7%; hoy se ubica en el 20,3%.

“A veces vamos equivocadamente tras un individuo dentro de las cárceles. Al contrario, tenemos que ir contra las organizaciones criminales, es decir quienes coordinan y son los actores intelectuales de todos estos delitos. Aspiro a que en próximos días podamos entregarle grandes noticias al país de cuáles son las bandas que están detrás de todos estos delitos”, remarcó.

Bogotá, Santa Marta y Barranquilla

Sobre el plan para la ampliación de la capacidad penal en Bogotá y otras ciudades colombianas, con la construcción de nuevos centros de reclusión, el funcionario afirmó que la política trazada en este aspecto responde a la decisión del Presidente Iván Duque y su preocupación por el tema de Bogotá y del país en esta materia.

Dijo que, en días pasados, se firmó con la Alcaldesa de la ciudad, Claudia López, un convenio marco para que La Picota pueda albergar a 12 mil internos, y reveló la próxima construcción de la Cárcel Distrital 2, en inmediaciones de la misma Picota.

“Los alcaldes y gobernadores tienen el deber, según la ley 65 de 1993, de ayudar a construir centros de reclusión transitorios. Las URI no son para albergar a peligrosos delincuentes a largo plazo. Por eso, propuestas como la de la alcaldesa bogotana son bienvenidas”, añadió.

Dijo que, en los próximos días, junto con sus colegas de Interior, Daniel Palacios; y de Defensa, Diego Molano, radicarán el proyecto de ley de seguridad ciudadana, con el fin de enviar a la cárcel a quienes cometen delitos de menor impacto y son reincidentes. “Por tanto, necesitamos de una buena estructura carcelaria”, añadió.

El Ministro reveló que se avanza en la construcción del centro de reclusión en Sabanas de San Ángel, a una hora de Santa Marta, y el de La Candelaria, de Barranquilla, que albergará entre 2.500 a 5.000 internos.

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Centros Poblados: Nuevos hallazgos que están bajo la lupa de las autoridades

En tiempo récord, tres de las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados y dedicadas a construir vías de ferrocarril y edificios, ampliaron su objeto social para poder instalar infraestructura relacionada con Internet. 

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La ampliación del objeto social y una presunta inflación de patrimonio para cumplir con los requisitos en el proceso de adjudicación, están entre los hechos bajo la lupa de las autoridades que investigan el caso Centros Poblados.

En los miles de documentos que hoy son analizados en el proceso por el caso de Centros Poblados hay dos hechos que tienen la atención de organismos de control y autoridades.

El primero está marcado con la fecha 18 de agosto de 2020. Ese día se publicó la oferta del contrato del Ministerio de las TIC para la interconexión de zonas rurales y creció el patrimonio de Omega Buildings de 5’000.000 a 23.000 millones de pesos.

El incremento patrimonial en cerca de 18.000 millones de pesos se constituyó en una situación a favor de la intención de la unión temporal por hacerse al contrato.

En los mismos registros se constató que la empresa es la única de las cuatro de Centros Poblados que nunca había contratado con el Estado, hasta el pasado mes de diciembre.

Los datos son públicos, están en el Registro Único Empresarial y no fueron advertidos antes.

El segundo hecho bajo la lupa de las autoridades tiene que ver con lo ocurrido entre el mes de octubre de 2020, días antes de la presentación de ofertas del contrato MinTIC y el mes de diciembre, previo a la adjudicación.

Entre esas fechas, tres de las cuatro empresas que hacen parte de Centros Poblados y dedicadas a construir vías de ferrocarril y edificios, ampliaron su objeto social para poder instalar infraestructura relacionada con Internet.

En la investigación las autoridades ya cuentan con las denominadas mallas empresariales con las que intentan averiguar hasta donde llegaba el poder y cobertura de contratación de Centros Poblados.

La Unión Temporal Centros Poblados está integrada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); Intec de la Costa; ICM Ingenieros, y Omega Buildings.

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