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El falso acuerdo del DRMI: 471-2014

Estaríamos ante un fraude de marca mayor en donde presuntamente estaría involucrada la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, si revisamos los tiempos, en cabeza de dicha Curaduría estaba el arquitecto Jaime Peña, hoy secretario de planeación de Barrancabermeja.

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Por: Raúl Eduardo Barba Rueda/ El proceso que da origen al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Complejo Humedal San Silvestre se encuentra inmerso en el proyecto “Protección, Conservación y manejo del Humedal San Silvestre para garantizar el agua potable en el municipio de Barrancabermeja”

La Corporación Autónoma de Santander (CAS) en conjunto con la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. buscaron el mutuo apoyo para aunar esfuerzos en un esquema de ordenamiento y planificación, que, en el marco de la política de humedales continentales, pudieran identificar acciones preventivas, remediales y prospectivas para la gestión de esta área.

Fue así como mediante el Acuerdo Nº 058 de 2006 la CAS, declara y alinda el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables -DMI- Humedal San Silvestre en los Municipios de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí.

El 18 de junio de 2011, la CAS mediante el Acuerdo Nº181 homologa la figura de DMI a la de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) pasando a ser un área protegida de segundo nivel, es decir por debajo de la jerarquía de protección de un parque nacional natural, la cual podríamos considerar de primer nivel y con mayores restricciones.

Tras la homologación y al entrar en el registro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, su Plan de Manejo Ambiental y su zonificación se convierten en la hoja de ruta para disponer el territorio.

Para el caso del DRMI San Silvestre, como lo he denunciado en reiteradas ocasiones, la CAS ha sido incapaz e ineficiente en gestionar el instrumento de ordenamiento, siendo así que desde su creación como DMI en 2006 no posee Plan de Manejo Ambiental Aprobado.

La ausencia de un Plan de Manejo Ambiental hace que la administración y regulación del área protegida queden a la deriva, sin reglas de juego claras para todos los involucrados, cualquiera se va inventando reglas de juego.

Esa podría ser una explicación de como de manera sui generis, el DRMI San Silvestre tenga dos sustracciones de áreas para el desarrollo de dos proyectos de relleno sanitario, Anchicayá y Yerbabuena.

Aún más escandaloso, tendría una tercera sustracción que presuntamente seria falsa, revisamos el asunto con mayor detalle.

En el Acta Nº142 de 2016 de la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CAS, del 17 de junio de 2016, en el punto 8 de proposiciones varios, el secretario manifiesta lo siguiente en el numeral 3:

“…La semana antepasada tuve conocimiento que la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, licencio unos proyectos con base en el Acuerdo del Consejo Directivo N°471-2014, en el mismo aparece como presidente del Consejo el Dr. Edwin Ballesteros, y como secretario el Dr. Edwin Ávila, para lo cual solicite al secretario general certificara el numero del acuerdo en la fecha de los hechos (Noviembre 2014), doy lectura a la certificación expedida (se anexa al acta), entonces no puede haber un Acuerdo 471, cuando vamos hoy en el 306, el delegado del Gobernador para esa época fue el Dr. Mario Andrés Castañeda y actuó como Secretaria Encargada la Dra. Laura Torres, el señor secretario general de la CAS, expresa que el acuerdo no existe, me comunique con el Curador Urbano de Barrancabermeja y le comente la situación y le solicite que las decisiones a tomar con base a la autoridad ambiental nos las haga saber, con este supuesto acuerdo con el cual sustraen 79 kilómetros de un área del DRMI San Silvestre para construir un lavadero y un hotel…”

Estaríamos ante un fraude de marca mayor en donde presuntamente estaría involucrada la Curaduría Urbana de Barrancabermeja, si revisamos los tiempos, en cabeza de dicha Curaduría estaba el arquitecto Jaime Peña, hoy secretario de planeación de Barrancabermeja.

Continua en el Numeral 3, interviniendo el Dr. Jairo Jaimes Yañez: “en atención a lo expresado por la señora directora hemos procedido a presentar la respectiva denuncia penal con el fin que las autoridades competentes entren hacer las indagaciones sobre este tema que se ha presentado con este Acuerdo 471-2014 que no existe y la fecha que expresa la reunión del Consejo Directivo no concuerda con las que se hizo en la época, es decir frente a lo que tenemos estamos frente a una falsedad y ya serán las autoridades competentes las que entren a mirar la parte pertinente y de la utilidad del mismo y el cómo lograron ese acuerdo”.

Continua en el Numeral 3, interviniendo el Dr. Luis Alberto Flórez: “hay que solicitar a la curaduría la revocatoria de las licencias porque dicho acto administrativo fue de manera ilícita e ilegal, de acuerdo con la Ley 1437 de revocatoria directa de ese tipo de actos administrativos…”

Ante monumental fraude solicitamos desde la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial a la CAS, el pasado 21 de Julio la siguiente información:

Copia de la certificación del numero de acuerdos en la fecha de los hechos (noviembre de 2014) relatados en el Acta N°142 de 2016, punto 8 Numeral 3 y el cual se anexo al Acta.

Copia de la respectiva denuncia penal a las autoridades competentes sobre las irregularidades en relación con el Acuerdo 471 de 2014 que no existe y a la fecha que expresa la reunión del Consejo Directivo no concuerda con la que se hizo en la época

Copia de la solicitud a la Curaduría Urbana de Barrancabermeja para que revoque las licencias soportadas en dicho acto administrativo (Acuerdo 471 de 2014).

Copia de la comunicación al municipio de Barrancabermeja, a la procuraduría y demás entes de control acerca de la no expedición de este acuerdo y que las actuaciones hechas sobre el mismos son ilegales.

El pasado 6 de septiembre recibo por parte de la CAS, la siguiente respuesta al derecho de petición, el cual anexo a esta columna:

“…De conformidad con el asunto de la referencia me permito informar que esta secretaria instauro denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la pérdida de las carpetas donde obran las actuaciones adelantadas ante el Consejo Directivo de la CAS para las fechas de su petición…”

Tal parece que en la CAS también sucede como en la Procuraduría en Bucaramanga, donde se desaparecen los expedientes y las carpetas.

*Especialista en Medio Ambiente y Geoinformática. Experiencia en Gestión Social para el sector Oil & Gas. Director de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial.

Facebook: Raul Barba

Correo: rauledo.barba@gmail.com

Twitter: @rebarba23

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Código Electoral, ley nueva con mañas viejas

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos.

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Por: Reinaldo Pérez Flórez/ Cada vez que se acercan los comicios electorales, las fuerzas políticas y los factores reales de poder, comienzan a planificar cuales deben ser las ventajas electorales que ellos deben seguir teniendo frente al constituyente primario, solo para que los barones electorales puedan seguir perpetuando su voluntad en los cargos de elección popular; para ellos ser elegidos debe seguir siendo privilegio de pocos, solo es que esos factores reales de poder se pongan de acuerdo, y las empresas electorales que todos conocen, activan las ventajas burocráticas del voto mecánico, ventajas como las del código electoral que no había sido modificado desde el año 1986.

Desde el año 91, a los colombianos nos rige una constitución política basada en principios, en especial el de la dignidad humana, el código electoral es una ley creada en una época y con una constitución política obsoleta para las necesidades sociales del territorio, la de 1886, donde el único principio que se imponía era el de los auxilios parlamentarios que mantenían los privilegios a los varones electorales del país. En el nuevo código electoral que debe entrar en vigor para las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, tiene cosas extraordinarias como la paridad electoral en las listas de elegibles, pero no afronta los problemas reales del sistema electoral creando cargos innecesarios y burocratizando aún más la planta de la Registraduría.

Según el (Cepal), la Comisión Económica de América Latina se necesitaría un plan Marshall Postcovic para Latinoamérica «Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad» si esta es la realidad que viven los países de Latinoamérica en esta época de pandemia que aún no termina, el seguir fortaleciendo la burocratización de la planta de la Registraduría, con el mensaje de urgencia que le dio el presidente de la república,  es un despilfarro de recursos públicos; la planta de la Registraduría y las demás instituciones electorales lo que necesitan es más principios y menos corrupción.

El sistema electoral ya cuenta con dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, ¿entonces quieren más? Las elecciones de Juntas de Acción Comunal no cuentan con el respaldo económico en las jornadas electorales, necesario para que tengan una verdadera independencia frente a los tradicionales varones electorales, ellos compran todo, estos caciques se apoderan de la voluntad de sus candidatos por una sencilla razón, su elección no cuenta con la misma financiación y respaldo de las instituciones electorales, como si lo tienen las elecciones a presidente, congreso, alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales; las bases sociales de las juntas de acción comunal son el eslabón más débil de toda la dinámica electoral.

Lo que le encanta a estas instituciones electorales es la provisionalidad, la carrera administrativa no es de su interés, así es prácticamente imposible blindar el ejercicio más importante en una democracia, es el de poder elegir y ser elegidos, pero como ya lo dijimos con anterioridad, son pocos los que tienen derecho a ser elegidos, la provisionalidad termina siendo un sistema de clientalización de un comisión electoral, el nuevo código no le da prelación a los cargos de carrera, este código es una ruta para seguir empoderando el clientelismo en una de las instituciones más importante para el funcionamiento del Estado y el equilibrio de poderes del mismo.

Desde su creación se dice que estas instituciones son el cuarto poder del Estado, los cargos de libre nombramiento y remoción con la clientalización, son las rutas con la que los barones electorales se reparten este cuarto poder, esperemos que la revisión de la Corte Constitucional tenga en cuenta estos aspectos ya mencionados, desafortunadamente se ha conocido que en un primer borrador se aprueba todo su articulado.

*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo. 

Correo: reyinaldpf77@gmail.com

Twitter: @reyinaldf77

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sin invitación

Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

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Por: Andrea Guerrero/ Hace dos semanas una situación un tanto vergonzosa sucedió: muchos de los escritores más reconocidos de Colombia no fueron invitados a la Feria del Libro en Madrid. Aquello no es ni siquiera lo verdaderamente sorprendente del asunto, falta leer lo que dijo el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, sobre el porqué de no invitar a autores tales como William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pablo Montoya, Fernando Vallejo…

El periódico La Tercera señaló que Plata “aseguró que no conocía las razones de por qué los mencionados nombres no habían sido considerados”, acto seguido dijo «Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra». Algunos escritores se alegraron de que no les llegara la invitación, “no fui invitado gracias al cielo y a los burócratas del régimen” dijo el escritor Faciolince. Otros declinaron la invitación luego de escuchar las declaraciones del embajador, tal fue el caso de Melba Escobar, quien además escribió una columna refiriéndose con gran claridad al asunto de cosas neutrales que menciona el embajador, llegando a concluir que “Las declaraciones del Embajador dan a entender que la selección de autores que asistirán a la Feria fue definida con base en afinidades políticas al Gobierno o, al menos, que se rechazó a quienes explícitamente han sido sus críticos”. (Cosas Neutrales)

Ahora bien, considero que se ha discutido ampliamente en otros escritos la parcialidad de esta selección, puesto que hubo una censura de los escritores que, según el gobierno, son parte de “una feria política”. Por mi parte, quiero recalcar algunas cosas. Este episodio demuestra que el gobierno solo gusta de escuchar a quien le endulce el oído, pero bueno… eso es entendible si es que casi nunca te dicen nada bonito; así como también me imagino que les resultara muy cansón invitar a los escritores que les han dado palo, decisión que se asemeja a la de un niño pequeño que rechaza hacerse en grupo con su compañerito porque no le cae bien.

Finalmente, el pensamiento del embajador refleja cierta hipocresía que en otras columnas he mencionado, puesto que al optar por una supuesta neutralidad terminaron fue excluyendo perspectivas enriquecedoras para cualquiera que las lea. Lastimosamente, los escritores brillaron por su ausencia en la Feria del Libro, pero podemos estar orgullosos de saber que el talento mismo de aquellos los catapulta y hace que sus historias sean leídas en los rincones más recónditos del planeta… no les hace ni falta la invitación del gobierno.

*Estudiante

Instagram: @andreagguer

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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La impunidad, camino a la ruina de la sociedad colombiana…

La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables.

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Por: Irving Herney Pinzón/ Siempre se ha dicho que el hombre es curioso por naturaleza, motivo por el cual, siente admiración por todo lo que sucede a su alrededor. Situación que lo lleva a plantearse una serie de preguntas que buscan dar una respuesta o explicación a los acontecimientos que suceden a su alrededor; dentro de estos temas aparece la justicia, el delito, las consecuencias y la responsabilidad que se convierten en un gran interrogante como lo es: ¿por qué un delito puede quedar impune? Teniendo en cuenta este cuestionamiento el gran filósofo Platón, inventa y lo plasma en su libro la Republica, un mito denominado “el anillo de Giges” muy útil para entender, por qué en la vida cotidiana se produce tal cantidad de casos de corrupción, prevaricación, incumplimiento de las leyes y violencia encubierta, que pueden llevarnos a entender, más no a justificar, el proceder del hombre.

Cuenta la leyenda, que un pastor llamado Giges, tras una tormenta y un terremoto, encontró en el fondo de un abismo, en lo más profundo, un caballo de bronce con un cuerpo sin vida, el cual, tenía un anillo de oro, y por su belleza decidió tomarlo, sin imaginar lo mágico que podría resultarle. Al darle la vuelta, el anillo le daba el poder a Giges de ser invisible. No tardó mucho en descubrir la magia del anillo y lo utilizó para seducir a las más bellas mujeres, entre ellas, la reina, y en su intento por apoderarse del reino la convenció de matar al Rey. Esta leyenda, nos ejemplifica el hecho, de que, el ser humano no es injusto desde su nacimiento, como se piensa, pero que, basta que nadie lo observe, es decir, se haga “invisible” para supuestamente corromperse, en virtud de que no lo hace, si se encuentra ante la mirada expectante de la sociedad, por el miedo al reproche de la misma.

La sensación de impunidad, es el anillo de Giges, que hoy en día toma formas muy diversas. Puede ser el intercambio de favores con los que tienen el poder de castigar para que miren hacia otro lado o deriven el asunto en complicados entramados, de los que, los ciudadanos no entienden nada. La corrupción y la impunidad rampante, donde miles de millones de pesos destinados para el servicio de la comunidad son utilizados por los mal llamados servidores públicos, que solo se mueven por sus intereses egoístas, a la caza inmediata de coronar un cargo público, para buscar que sus arcas crezcan con dineros que deberían ser utilizados para la salud, porque detrás de cada muerte que se genere por la prestación o demora de un servicio médico, ellos son responsables. Un corrupto, no debería solo ser juzgado por corrupción, sino por homicidio agravado, con sentencias que no tuvieran ninguna rebaja de penas, con medidas intramurales y que perdieran cualquier beneficio. El ser humano, que convive en una sociedad que se rige por normas y valores sabe que es antiético e ilegal y, aun así, lo hace sin importar cuanto afecta negativamente a esa sociedad.

El anillo también puede tomar otra forma muy curiosa, y es la de quienes calculan lo que les va a costar la multa por dañar a otros si se les descubren, o el paupérrimo tiempo de cárcel que podrían pagar con penas irrisorias, y piensan que todavía salen ganando, al poder utilizar el dinero para disfrutarlo una vez en libertad. Los culpables deberían pagar con sus bienes o los de sus familiares más cercanos sus delitos cuando utilizan los recursos que no les pertenecen para su beneficio personal, aun sabiendo que están cometiendo actos de corrupción.

La impunidad, es uno de los principales problemas en el sistema judicial colombiano. Varios abogados han dicho que lo que perpetúa los delitos es, entre otras cosas, que el delincuente sabe que es muy posible que nada le pase, es decir, que la justicia no lo alcance. Muchos juristas han explicado que el problema no es alargar las penas, sino hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen estos delitos. Pero, para ello hay que modificar el sistema, no solo con la aceptación de nuevos delitos y sus respectivas penas, sino solucionar los diferentes obstáculos, tales como: que las instituciones judiciales no cuentan con los recursos suficientes para hacer las investigaciones pertinentes; la escasez de cárceles en el país; que los delincuentes obtienen el beneficio de casa por cárcel porque el tráfico de influencias y favores políticos que por debajo se tejen.

Esta situación se debe a la ineficiencia y negligencia del aparato judicial, como se evidencia con las libertades por vencimiento de términos; también en ocasiones la falta de recursos dificulta la gestión para obtener evidencias; en otras, porque los operadores judiciales se dejan intimidar y, a causa de la corrupción de las autoridades judiciales, que aceptan sobornos de los sindicados o incluso los presionan para que compren sus decisiones, lo que se demuestra, con las graves acusaciones de corrupción, en que, se han visto comprometidos magistrados de las altas cortes.

Por esta razón, se presenta impunidad y la justicia envía un deplorable mensaje a la sociedad: que el crimen paga. Y así, la ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones por falta de pena, brinda oportunidades y alicientes para violar la ley. De esta forma, se hace atractivo delinquir, puesto que, el riesgo de ser castigado es mínimo, lo que aumenta el beneficio que obtiene el delincuente por cometer un delito. Así, el no castigo de los crímenes cometidos, se constituye en uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia, la inseguridad y la violencia, fortalece la corrupción y brinda mecanismos para reproducirla. Abre cauce a la justicia privada, motiva a que la ley no se cumpla, contribuye al menoscabo de la justicia y de sus valores éticos, aporta al deterioro y descrédito de las instituciones y corroe la reputación y la confianza de los colombianos en la justicia.

Se podría, a manera de conclusión, que, a ejemplo del mito del anillo de Giges, que todo ello tiene su origen, al parecer, en la sensación de impunidad de quienes actúan así, en la convicción de que nadie les ve y por eso pueden dañar sin que se les castigue. He ahí, el meollo del asunto y la gran importancia de seguir creyendo e invirtiendo en la educación integral desde la familia, como un factor preponderante en el cambio de mentalidad y que la justicia nos asegure realmente que el que la hace, de verdad la va a pagar y con creces.

*Magister en Educación, Docente Investigador Filosofía y Ciencias Sociales y Candidato a Doctor en Educación.

Facebook: Irving Herney Pinzón T

Twitter: @Irvingherney

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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