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Condenan a la ‘Santoto’ por acoso y maltrato laboral de una funcionaria

La Corte Suprema de Justicia logró constatar que ese acoso se presentó por parte de uno de sus jefes, que en ese caso era el vicerrector de la seccional de la institución en Tunja, quien golpeaba el escritorio, le gritaba y era displicente con su trabajo.

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La Corte Suprema de Justicia fallo a favor de una contadora que laboró por más de 10 años en la Universidad Santo Tomás, pero fue despedida al no ser renovado su contrato laboral en el 2013.

En los últimos años de labores, la mujer se desempeñó como Directora del Departamento de Sindicatura y Contabilidad, de la Seccional Tunja, cargo en el cual tuvo que desempeñar múltiples actividades, entre ellas “asesoría al Vicerrector Financiero en lo concerniente a la entrada y salida del dinero; vigilar los movimientos económicos, contables y financieros; proyectar el flujo de caja, y supervisar las actividades del personal de su departamento”.

La Corte encontró además que la trabajadora fue víctima de acoso y maltrato laboral por razones de género y de su lugar de nacimiento.

Según lo que constató la Corte, ese acoso se presentó, por parte de uno de sus jefes, que en ese caso era el vicerrector de una seccional de la institución, quien golpeaba el escritorio, le gritaba y era displicente con su trabajo.

Las pruebas entregadas por la defensa de la mujer constataron que a medida que se iba incrementando el acoso y pasaba el tiempo, ella empezó a sufrir de estrés, depresión, lloraba casi todos los días, no dormía pensando en su trabajo, lo que le ocasionó daños en su salud física y mental.

Incluso, los médicos la diagnosticaron con un trastorno mixto de ansiedad y depresión, obligándola a tomar medicinas y solicitar constantes incapacidades.

Al estudiar el caso, la Corte Suprema de Justicia, en su sala laboral, constató que a pesar de que la Universidad conocía de las afectaciones de salud de la empleada, decidió no renovarle el contrato sin contar con una autorización del Ministerio del Trabajo.

La Corte finalmente ordenó a la universidad reintegrar a la trabajadora e indemnizarla por el tiempo en el cual fue despedida. “Aun cuando el empleador no conozca el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del trabajador, en los casos en los que esta plenamente enterado de su enfermedad y cuando la discapacidad resulta evidente, le queda prohibido despedir o desvincular al empleado sin permiso del Ministerio de Trabajo”, concluyó la Corte sobre ese tipo de casos.

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Fallo de tutela en favor de Román no afecta -por ahora- la elección de Yulia

En la tutela, el Consejo de Estado advierte que fueron vulnerados derechos fundamentales durante el proceso al exalcalde de Girón, por lo que ahora, la Sección Quinta de ese mismo tribunal deberá revisar la decisión de segunda instancia teniendo en cuenta pruebas y argumentos que omitió y que derivó la anulación de la elección de Carlos Román y derivó a que el CNE convocara a nuevas elecciones.

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En toda una paradoja se ha convertido el fallo de segunda instancia de una Acción de Tutela proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que revoca la sentencia de primera instancia del 26 de mayo de 2021 y en la que se negó al exalcalde Carlos Alberto Román una solicitud de amparo en torno a su proceso que anuló su elección como alcalde de Girón.

Con esta providencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado -célula que dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y que deja por fuera del cargo de alcalde a Román- deberá revisar el proceso de nulidad y tener en cuenta testimonios, pruebas, que, según la defensa del exalcalde, pudieron incidir en el fallo.

La orden del juez de tutela es clara: “Revocar el fallo de tutela de primera instancia de 20 de mayo de 2021, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la presente solicitud de amparo. En su lugar, se dispone, amparar el derecho al debido proceso solicitado por el señor Carlos Alberto Román Ochoa, por las razones expuestas en esta providencia”.

En términos generales, explica la providencia – se “dejar sin efectos la Sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral No. 68001-23-33-000-2019-00867-02 y, en consecuencia, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda a lo expresado en esta decisión”.

A criterio de los magistrados, se encontraron configurados defectos fáctico y sustantivo, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso.

La nulidad de la elección de Román

Cabe recordar que el propio Consejo de Estado anuló la elección de Román Ochoa, quien había sido elegido en octubre de 2019 con 52.775 votos, a través de la coalición ‘Carlos Román Alcalde’. Inicialmente el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 28 de agosto de 2020, negó las pretensiones de los demandantes sobre una posible doble militancia.

Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado, al revisar el fallo, solo tuvo en cuenta las pruebas aportadas por el demandante, especialmente un video en el que se registra una reunión con un número significativo de personas que se observan al fondo, y aparece el candidato Román vistiendo un chaleco del Partido Político MIRA, haciendo una declaración.

En ese audiovisual se puede establecer el candidato dice: “Invitamos a todos a votar por la juventud, por propuestas nuevas, con gente nueva, hoy invitamos a votar por la doctora Ángela con el apoyo del partido MIRA y con el apoyo de todo el pueblo y votar por Carlos Román”.

El video permite identificar que la grabación hizo parte de la campaña a los comicios para autoridades locales 2020-2023, en los que tanto la señora Ángela Hernández como el señor Román participaron, luego de que se suscribiera el acuerdo de coalición para respaldar la candidatura de la exdiputada, en el que participó el Partido MIRA, lo que ocurrió el 25 de julio de 2019.

De hecho, la propia Procuraduría pidió la anulación de la elección de Román, al exponer que «Román Ochoa, al momento de recibir el aval del Partido Alianza Verde para inscribirse como candidato a la Alcaldía de Girón, aceptó su militancia en esa colectividad y, por tal razón, tenía prohibido apoyar a candidatos a las corporaciones públicas de diferente partido político, prohibición en la que incurrió».

Pruebas que no fueron tenidas en cuenta

Lo alegado en la Acción de Tutela por la defensa del exalcalde Román fue la indebida valoración de pruebas, como el formulario de inscripción E-6 AL; el formulario E-26 ALC; un formato que contenía información sobre candidatos y el Acuerdo de Coalición.

De hecho, no se tuvo en cuenta que antes de su inscripción como candidato a la alcaldía del Municipio de Girón, Román ya había presentado la renuncia al partido Alianza Verde, y que las pruebas presentadas por los demandantes en el proceso de nulidad no eran idóneas para demostrar su militancia en el referido partido.

Pese a eso, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que la Alianza Verde otorgó aval principal a Román como candidato a la alcaldía de Girón, el cual estuvo coaligado por otros partidos políticos, por lo que “existió una indebida valoración probatoria en el presente asunto”, dice el fallo de tutela.

“En el expediente de nulidad electoral se encuentra demostrado que el actor (Román) presentó su renuncia como militante e integrante del Partido Verde, el 20 de junio de 2018, y fue aceptada por el referido partido en esa misma fecha. Posteriormente se denota que los partidos políticos Alianza Verde, Cambio Radical, MAIS, AICO, Conservador, ASI y de la U, otorgaron su aval, para que el señor Carlos Alberto Román Ochoa participara en las elecciones a alcaldía del Municipio de Girón, en representación de una coalición”, destaca la providencia.

El formato E-6 AL de la Registraduría da cuenta que Román se inscribió el 24 de julio de 2019, como candidato por coalición de partidos políticos, pero se realizó una anotación consistente en que la filiación política del actor era el partido Alianza Verde. “De las mencionadas pruebas, era posible concluir que, para la fecha en que se inscribió la candidatura, ya no pertenecía al partido político Alianza Verde, en atención a su renuncia como militante de esa colectividad”, consigna.

De hecho -aclara el tribunal- que la inscripción de la candidatura se generó como miembro de una coalición de partidos, sin que el aval concedido implicara su pertenencia a ninguno de ellos. Pero, en el formato de inscripción como candidato se debía indicar su filiación política, de conformidad con el inciso 3 del artículo 2918 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

En el formato de inscripción de candidatos E-6 AL, se consignó que la filiación política de Román Ochoa era al partido Alianza Verde. Pero, “el referido formato E-6 AL no constituye prueba de la pertenencia al partido Alianza Verde, pues de conformidad con el artículo 220 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la militancia a un partido o movimiento político debía establecerse con la inscripción que realizara el referido candidato ante la respectiva organización política”, agrega.

Tutela no afecta la elección de Yulia, por ahora

El fallo de tutela tan solo ordena a la Sección Quinta del Consejo de Estado tener en cuenta argumentos y pruebas, que no fueron valoradas durante el proceso que terminó con la anulación de la elección de Carlos Román como alcalde de Girón. La providencia en nada afecta el proceso de elección de Yulia Rodríguez como nueva alcaldesa.

Sin embargo, una vez sean valoradas las pruebas y las argumentaciones, la Sección Quinta del alto tribunal deberá definir si confirma el fallo que anula la elección o, por el contrario, deja en firme el de primera instancia que profirió el 28 de agosto de 2020, que negó las pretensiones de los demandantes sobre una posible doble militancia.

VER: Fallo Acción de Tutela Carlos Román

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Abren investigación disciplinaria contra Carlos Caicedo, Gobernador del Magdalena

La Procuraduría anunció la investigación contra el mandatario seccional por haber salido recientemente en varias ocasiones del país, afirmando la existencia de amenazas en su contra por parte del Clan del Golfo, sin haber informado previamente al Ministerio del Interior.

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La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, por haber salido recientemente en varias ocasiones del país, afirmando la existencia de amenazas en su contra por parte del Clan del Golfo, sin haber informado previamente al Ministerio del Interior.

El ente de control disciplinario revisará si el mandatario seccional infringió las normas disciplinarias con las pruebas recopiladas.

Tras su salida del país el pasado 26 de agosto, varias organizaciones mostraron su apoyo al gobernador, como es el caso de la Comisión Colombiana de Juristas:

Aunque el gobernador había dicho que también existía un plan en contra suya por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mismo grupo se pronunció afirmando que no tenían ninguna relación con las amenazas en su contra.

La investigación se efectuó por presuntas irregularidades en las que incurrió el gobernador, decretando pruebas como copias de constancia de licencias, vacaciones, incapacidades y permisos concedidos al mandatario durante la presente anualidad.

Además, la entidad requirió el conocimiento del tramite del permiso y ante que autoridad fue efectuado.

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Superindustria formula cargos a Claro, Tigo, ETB, Virgin Mobile, Móvil Éxito y Avantel

La decisión se adoptó al haber desconocido el derecho que le asiste a los usuarios de escoger el operador, rechazar las solicitudes de portabilidad numérica de acuerdo con la regulación, acatar los plazos máximos y los pasos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación, realizar prácticas de recuperación de usuarios y desconocer el deber de suministrar la información requerida por la autoridad de manera exacta y completa.

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La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de los operadores de servicios móviles: Claro, Tigo, ETB, Virgin Mobile, Móvil Éxito y Avantel con el objeto de establecer la presunta violación del régimen de portabilidad numérica móvil.

La decisión se adoptó al haber desconocido el derecho que les asiste a los usuarios de escoger el operador, rechazar las solicitudes de portabilidad numérica de acuerdo con la regulación, acatar los plazos máximos y los pasos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación, realizar prácticas de recuperación de usuarios y desconocer el deber de suministrar la información requerida por la autoridad de manera exacta y completa.

En el caso de Comcel se le formuló pliego de cargos por presuntamente desconocer la obligación acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación, rechazar solicitudes de portabilidad como proveedor donante hacia otros operadores, sin el sustento probatorio respectivo para cada una de las causales y presuntamente realizó prácticas de recuperación de los usuarios solicitantes de portabilidad de salida.

La situación de Tigo hace referencia a que presuntamente no estaría remitiendo al administrador de base de datos dentro del proceso de portación, la prueba del rechazo de las solicitudes de portación recibidas en calidad de proveedor donante, de conformidad con las condiciones y lineamientos previstos en la regulación vigente.

La ETB porque presuntamente desconoció el derecho de los usuarios de escoger el operador, los planes y servicios; y rechazó las solicitudes de portación numérica sin justificar las mismas de acuerdo con lo establecido en la regulación vigente.

Referente al caso de Virgin tiene que ver con que presuntamente desconoció el derecho de los usuarios de elegir la fecha para que se efectuara la ventana de cambio dentro del proceso de portación,

La Superintendencia de Industria informó que, en lo relacionado con Avantel en proceso de reorganización, es porque presuntamente habría incumplido la obligación de rechazar o aceptar las solicitudes de portación según las condiciones establecidas en la regulación vigente y, en consecuencia, habría desconocido el principio de libre elección del usuario.

Y finalmente, en el caso de Almacenes Éxito Inversiones es porque presuntamente desconoció la obligación de acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del proceso de portación y de planear la ventana de cambio sin exceder el término regulatorio para el trámite de portación.

De confirmarse las irregularidades la sanción que tendría que pagar es del orden de los 15 mil salarios mínimos cada empresa y contra la decisión no procede ningún recurso.

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