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Internacional

Kamala Harris y López Obrador acuerdan reforzar la cooperación para frenar la migración

Kamala Harris prometió inversiones para corregir la violencia y la pobreza en México, en el marco de un acuerdo de cooperación para frenar la migración desde Centroamérica hacia EE.UU. En 2021, la cifra de personas migrantes en situación irregular detenidas en la frontera sur estadounidense fue la más alta desde el 2000. Escenario que motivó que el primer viaje oficial de Harris al extranjero fuera a México y Guatemala, donde pidió a los centroamericanos que «no vengan» a EE.UU.

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La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, alcanzó varios puntos de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reforzar la cooperación entre ambos países en materia migratoria. Harris y López Obrador establecieron un plan para abordar las “razones de raíz” que fuerzan a las personas a desplazarse de sus territorios en Centroamérica.

Ambos mandatarios testificaron la firma de un memorando que incluye la expansión de los  proyectos mexicanos Sembrando Vida (ofrece un ingreso público a los habitantes de zonas rurales a cambio de plantar y cuidar árboles) y el de becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Tras sellar el memorando en el Palacio Nacional de México, Harris y López Obrador mantuvieron encuentros privados en los que abordaron cuestiones de  “vacunas, pandemia, y migración”, según declaró a la prensa la vicepresidenta de EE.UU.

El punto de partida de las conversaciones fue un “interés mutuo en materia de seguridad y economía”, afirmó Harris, encargada de la llamada “crisis migratoria” estadounidense. La mandataria calificó la discusión de “muy importante y productiva” y aseguró que la relación entre Estados Unidos y México entra “en una nueva era”.

Washington promete inversiones 

Los líderes abordaron no solo las cuestiones que afectan a los dos países limítrofes, sino también al llamado Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Puesto que muchas personas que huyen de la violencia y de la pobreza en estos territorios transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Entre los compromisos acordados, destaca un plan de inversiones de 250 millones de dólares que Washington promete atraer al sur de México, “mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales como el cacao, el café y el ecoturismo”, explicó Harris. Estados Unidos también desarrollará un plan de vivienda e infraestructura en el sur del país vecino, aseguró, así como un plan de préstamos y créditos con el objetivo de “crear empleo y reducir la desigualdad”.

Ambos países también acordaron «trabajar juntos para reducir los homicidios y las muertes relacionadas con las drogas» e «intercambiar información» para frenar el tráfico de personas.

Otra de las inversiones prometidas por Washington en México son 130 millones de dólares destinados a fomentar la «asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años» para garantizar los derechos laborales y la libertad sindical fruto de la reforma laboral mexicana de 2019.

El nuevo código de trabajo mexicano fue una exigencia del Partido Demócrata de Estados Unidos como condición a la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC). La Casa Blanca aspira a que la mejora de las condiciones económicas frenen la necesidad de muchos mexicanos de migrar en busca de mejores oportunidades sociales.

Por otro lado, la vicepresidenta estadounidense prometió ayuda en materia de formación para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, una cifra que alcanza las 82.000 según las autoridades mexicanas.

Harris habló de las preocupaciones compartidas por ambos gobiernos, poniendo en el mismo saco al tráfico de drogas y el de personas. Una lógica dialéctica, también empleada por los gobiernos europeos, basada en la objetivización de las personas migrantes al atribuirles la condición de víctima de “las mafias de personas” en lugar de reconocerles la voluntad de desplazarse por cualquier vía. Cerradas las legales, las ilegales son la única alternativa para la mayoría.

«No vengan a EE.UU.»

En Estados Unidos, así como en Europa, la retórica es uno de los pilares de la actual política migratoria. La deshumanización y la etiqueta de amenaza, visibilizada con la militarización de las fronteras, son condiciones previas a la legitimación de la violencia que implica la política de fronteras.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recoge que en abril 178.120 personas en situación administrativa irregular fueron detenidas en la frontera sur del país, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2000. Una situación que Washington pretende frenar. El presidente Biden encargó a Harris gestionar la respuesta a la llamada “crisis migratoria” y la vicepresidenta ha visitado en su primer viaje oficial al extranjero a sus vecinos de Centroamérica.

La estrategia es, en el exterior, invertir para corregir la pobreza y la violencia en los territorios de donde migran las personas y trasladar el control migratorio a México, que este año ya frenó 90.000 personas que se dirigían a Estados Unidos, según agencias internacionales. En el interior, deportar a las personas en situación administrativa irregular y militarizar la frontera sur del país. Preguntada por la prensa, Harris aseguró que visitará la zona fronteriza durante su mandato, pero que este viaje a Guatemala y México tenía por objetivo tratar los temas “de raíz” que  generan la migración forzada.

Sin mencionar la libertad de circulación y a pesar de que corregir las causas estructurales que generan masivos desplazados forzados puede llevar décadas, Harris fue muy clara al expresar la actual posición de Washington: “No vengan” exclamó en Guatemala, la parada previa a México. La que fue celebrada como la primera mujer negra en ejercer la vicepresidencia de la primera potencia mundial pidió a la audiencia que desalentara a familiares y amigos de emprender un viaje “tan peligroso” porque en Estados Unidos serían rechazados.

Las declaraciones levantaron críticas incluso por parte de miembros del Partido Demócrata. La congresista Alexandra Ocasio-Cortez calificó el discurso de «triste» de oír y recordó que Estados Unidos ha desestabilizado continuamente la región. «No podemos incendiar la casa de alguien y luego después culparle por huir», escribió en su cuenta de Twitter.

La Casa Blanca alegó que Washington trabaja en vías legales para permitir la inmigración al país.

Internacional

Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua tras la ola de arrestos

Los gobiernos de México y Argentina le pidieron a sus embajadores que regresen desde el país centroamericano hacia sus respectivos lugares de origen, para discutir «las preocupantes acciones políticas-legales» que está tomando Nicaragua. El llamado fue hecho en medio de la ola de arrestos contra opositores, incluida la reciente detención de un quinto aspirante presidencial que busca enfrentarse al mandatario Daniel Ortega, en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

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Los dos gobiernos de izquierda que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua por la persecución a opositores, ahora llaman a consultas a sus embajadores y dijeron estar preocupados.

En un comunicado conjunto, México y Argentina aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Ciudad de México y Buenos Aires afirman que «se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».

El pronunciamiento fue hecho luego de que el domingo, la Administración de Daniel Ortega ordenara el quinto arresto de un precandidato a la Presidencia. Esta vez se trata del periodista y empresario Miguel Mora, quien intenta retar al mandatario en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el pasado 15 de junio una resolución para condenar las restricciones y los arrestos en Nicaragua y pidió la liberación de todos los presos políticos. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se negaron a respaldar la medida, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

En las últimas semanas, la policía nicaragüense ha detenido a por lo menos una decena de opositores políticos y cinco precandidatos presidenciales, lo que prendió las alarmas de varios gobiernos y grupos de derechos humanos.

Ortega busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, con los que extendería sus 14 años en la Presidencia desde que regresó al poder en 2007. También lideró anteriormente al país desde 1979 hasta 1990.

La ONU y la CIDH exigen liberación de opositores

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) urgió este lunes al Gobierno de Nicaragua a «liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente» en el país.

El representante de Naciones Unidas destacó que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola» los derechos humanos de los arrestados.

«Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones», apuntó la OACNUDH.

A este llamado se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó las acciones de la Administración de Ortega como un “grave escalonamiento de la represión”.

El organismo de la OEA enfatizó en la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Casi todos estos líderes opositores y candidatos son acusados de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que aprobó la mayoría sandinista del Congreso en diciembre del año pasado y que se estrena con estas detenciones. A los aspirantes también les han allanado sus domicilios.

A esta lista ahora se suma el precandidato Miguel Mora, investigado por supuestos delitos contra la soberanía.

«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», indicó la organización, con sede en Washington, en un comunicado.

La Comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y el 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.

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Internacional

Juez rechaza el pedido para regresar a prisión preventiva a Keiko Fujimori

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, podrá seguir en libertad mientras es investigada por presunta corrupción, vinculada al caso Odebrecht. Así lo determinó un juez este lunes, tras rechazar el pedido de un fiscal que solicita hasta 30 años de prisión contra la líder política. La decisión se conoce en momentos en que Fujimori lucha por anular votos de las elecciones del pasado 6 de junio, frente al virtual ganador Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori se libra de volver a prisión preventiva. La líder de Fuerza Popular podrá continuar en libertad con sus intentos por refutar los resultados de las elecciones del 6 de junio, en las que disputó la Presidencia.

Este lunes, el juez Víctor Zuñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de regresar a Fujimori a prisión preventiva por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales anteriores en 2011 y 2016.

Dentro de las condiciones impuestas en 2020 a la candidata presidencial para que recuperara su libertad condicional está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que el fiscal asegura que Fujimori infringió.

Según Domingo Pérez, Fujimori violó las restricciones por comunicarse con el abogado y excongresista, Miguel Torres, a quien la candidata presentó recientemente como vocero de su partido político en medio de las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Pérez aseguró que Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el pasado 3 de septiembre. Entonces, solicitó que se le revocara a Fujimori la orden de comparecencia con restricciones y se le dictara de nuevo prisión preventiva.

Sin embargo, este lunes y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez determinó que el reclamo «no tenía fundamento», pues no se le había dado una advertencia y no se había extendido la fianza de Fujimori.

Por su parte, la defensa señaló que, si bien Torres es testigo en el caso, no está vinculado directamente con las acusaciones de lavado de dinero, por lo que la restricción no tendría validez.

No obstante, la prensa local reportó que el juez pidió el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado como condición para la excarcelación de Fujimori. Por tanto, la dirigente política no podrá comunicarse con Miguel Torres ni otros testigos hasta que concluya el proceso judicial en su contra.

De no cumplirse, el fiscal Pérez podrá solicitar de nuevo que la candidata sea detenida.

Las acusaciones contra Fujimori

La audiencia contra la candidata de la derecha peruana representó un punto de inflamación potencial en un momento de ya alta tensión por los comicios en segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Fujimori se enfrentó al socialista Pedro Castillo, quien se declaró ganador luego de obtener 44.058 votos más, terminado el escrutinio.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular se ha negado a admitir la derrota y ha solicitado la inhabilitación de hasta 200.000 votos por presunto fraude, aunque las autoridades electorales aseguran que no ha aportado pruebas contundentes.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de ambos candidatos salieron a las calles para expresarles su respaldo y exigir al jurado electoral que revisa el reclamo de fraude de Fujimori que se pronuncie pronto.

Los comicios enfrentaron a Castillo, un maestro y líder sindical con mayor apoyo en las áreas rurales y pobres del país, contra la postura del libre mercado de Fujimori, proveniente de una familia poderosa cuyos patrocinadores incluyen a la mayoría de la élite urbana del país.

Los inversionistas extranjeros, y particularmente los mineros, observan el proceso de cerca con preocupación por las políticas previamente descritas por Castillo, que incluyen aumentar los impuestos sobre sus operaciones y reescribir la constitución.

Por su parte, Fujimori detendría y dilataría el proceso judicial en su contra al menos hasta el final de su Gobierno, en caso de ganar las elecciones.

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Internacional

Poder Judicial de Perú revisará el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En la audiencia de este lunes, el Poder Judicial de Perú analizará el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial, hecho por un fiscal. Fujimori está acusada de presuntamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación en su contra por corrupción.

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Mientras Perú sigue sin definir presidente, luego de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio, la justicia se prepara para procesar a la candidata Keiko Fujimori. Un eventual triunfo de la aspirante de la derecha peruana le evitaría pasar tras las rejas los próximos años.

Este lunes, a partir de las 15:00 (hora local), iniciará la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente haber violado las restricciones impuestas durante una investigación por corrupción.

El fiscal pide hasta 30 años de cárcel contra Fujimori, por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de varios empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Las prohibiciones que habría violado

Como primera medida, Pérez solicita que a la acusada se le revoque la excarcelación que se le otorgó en el año 2020. Hasta entonces, la líder de derecha estaba en prisión preventiva mientras era investigada por el caso mencionado.

El fiscal pide que a la candidata “se (le) dicte nuevamente prisión preventiva”, debido a que supuestamente infringió reglas que le impusieron para poder quedar en libertad. Una de esas normas era que no podía comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que Pérez asegura que Fujimori infringió.

En concreto, el fiscal se refiere al abogado Miguel Torres, a quien Fujimori presentó recientemente en una rueda de prensa como vocero político de su partido, en medio de la revuelta por las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Según el fiscal, Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

El pasado 11 de junio, antes de confirmarse la audiencia de este lunes, pero cuando se supo del pedido del fiscal, Keiko Fujimori calificó la solicitud de “absurda”. Ella sostiene que la participación de Miguel Torres en su campaña data desde varios meses antes y que, por ende, no puede considerarse como una violación a las reglas.

Además, consideró que con este pedido el fiscal busca distraer la atención y «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral».

El domingo 20 de junio, la defensa de la líder de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.

En una carta enviada al juez Santos Benites del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, su abogada Giulliana Loza indicó que, pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19 es necesario que Fujimori pueda defenderse, de lo que consideró “un pedido arbitrario”.

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