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Internacional

Kamala Harris sobre migración en Centroamérica: «Si vienen, serán devueltos»

Durante su primera visita en el extranjero y tras la reunión con el mandatario de Guatemala, la vicepresidenta de Estados Unidos anunció un grupo de trabajo regional para luchar contra la corrupción en Centroamérica e instó a los migrantes guatemaltecos a que no viajen «de forma ilegal» a Estados Unidos.

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Un expectante primer viaje al extranjero y una seguidilla de anuncios. La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala inició con problemas, después de detectarse unos fallos en el avión oficial en el que viajaba, teniendo que realizar un cambio de nave, para finalmente aterrizar en Ciudad de Guatemala a última de la tarde del domingo 6 de junio.

¿Las razones de su visita? Abordar temas de gran relevancia para la Casa Blanca como son la migración, la seguridad y la corrupción en la región. Para ello, Harris se reunió durante la mañana de este lunes 7 de junio con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. La alta funcionaria estadounidense viajará esta noche a México, donde también se reunirá con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador y concluir así su primera misión en el exterior.

Durante las conversaciones con Giammattei, Harris le transmitió la importancia de su encuentro para la Administración Biden: “Somos vecinos y la posición de Estados Unidos es que, por tanto, estamos interconectados. Compartimos lazos familiares, compartimos lazos históricos, y es importante que, al embarcarnos en una nueva era, reconozcamos el significado y la importancia de esta relación como vecinos”.

«Construir muros de prosperidad» 

Discutir y avanzar las prioridades “compartidas” de ambas naciones es la misión de Harris, según dijo a en una rueda de prensa conjunta en el Palacio Nacional de la Cultura, después de una reunión de aproximadamente tres horas en la sede del Ejecutivo guatemalteco.

“Nuestro interés colectivo es que trabajemos juntos allí donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas que vienen de lejos, problemas que se basan tanto en causas profundas como en factores agudos”, recalcó la política.

Por su parte, el mandatario guatemalteco dijo que se necesitan “construir muros de prosperidad”.

Los primeros anuncios, de hecho, llegaron antes de la comparecencia de Harris y Giammattei. El fiscal general de Estados Unidos emitió un comunicado anunciando nuevas medidas tomadas por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir la trata de personas, el contrabando y la corrupción.

Tarea conjunta para combatir la corrupción

La proclama más importante fue la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, un órgano dedicado a perseguir la corrupción a nivel regional. Dicho aparato, que ya había sido mencionado anteriormente, estará coordinado con los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de Estados Unidos junto con el apoyo de los fiscales centroamericanos. “Las redes transnacionales de tráfico y trata de personas representan una seria amenaza criminal”, dijo el fiscal general Merrick Garland en el comunicado.

A través de esta Fuerza de Tarea, el Ejecutivo de Biden apoyará “judicializaciones para quienes se atreven a realizar actividades corruptas”, pero también empleará recursos en beneficio de empresarios sobre los que no pesa la sombra de la corrupción.

En su intervención, la vicepresidenta expresó que las conversaciones al respecto con el jefe del Ejecutivo de Guatemala fueron “sólidas, sinceras y profundas” y habló del grupo de trabajo conjunto para castigar la corrupción en la región, un tema que preocupa especialmente a Washington. “El presidente y yo discutimos la importancia de la lucha contra la corrupción y la importancia de un poder judicial independiente”, señaló Harris.

Varios periodistas preguntaron durante la rueda de prensa sobre las sospechas de corrupción que pesan sobre funcionarios guatemaltecos del Ejecutivo de Giammattei, fuertemente criticado por sus laxas medidas para frenar la corrupción local.

Sin embargo, el mandatario defendió su trabajo contra la corrupción, alegando que los sobornos no eran un problema exclusivo de los políticos y que el narcotráfico debe ser parte de la lucha. “¡Más información, las redes sociales transmiten información errónea!”, respondió el mandatario. «¿De cuántos casos de corrupción he sido acusado? Le puedo dar la respuesta: cero”, reiteró.

Y es que la Casa Blanca ve la corrupción regional como una de las causas subyacentes de la violencia y la pobreza endémica en el país centroamericano, siendo el motivo por el que miles de migrantes abandonan sus hogares y ponen rumbo al norte del continente cada año. Una situación agravada en el último año por la pandemia de Covid-19 y las crisis económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria.

«Si vienen (…) serán devueltos»

En el tema migratorio, la política demócrata se mostró contundente, valiéndole las críticas en las redes sociales después de unas polémicas palabras dirigidas a aquellos ciudadanos que tienen pensado emigrar “de forma ilegal”. “No vengan. Estados Unidos seguirá aplicando nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras”, les advirtió Harris.

Cada año, al menos 300.000 personas intentan cruzar a Estados Unidos por los pasos fronterizos, valiéndose –en muchas ocasiones– de las mafias y traficantes para su ingreso a la nación norteamericana, con el propósito de lograr un futuro más digno para sus familias. Miles de guatemaltecos abandonan cada año su país debido a la pobreza –el 53% de los guatemaltecos viven en esa situación–, las desigualdades o la violencia.

“Si vienen a nuestra frontera, serán devueltos”, añadió. Un mensaje en el que muchos han encontrado similitudes con los discursos electorales del expresidente Donald Trump, cuya dura política anti-inmigración fue muy criticada y con la que el presidente Joe Biden quiere romper, prometiendo una política migratoria “más humana”.

Millonarias ayudas para empoderar a indígenas

En su visita, Harris se reunió también con grupos de la sociedad civil y organizaciones para tratar otros temas de la agenda como la crisis climática, los derechos de las mujeres o la inseguridad alimentaria, asegurando que su viaje busca “darle a la gente un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino, de que si se quedan las cosas mejorarán”.

Entre los 18 líderes comunitarios participantes en el encuentro con la vicepresidenta demócrata se encontraba Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz (1992) y destacada lideresa indígena. Harris les pidió sinceridad sobre las preocupaciones y necesidades que atraviesan sus comunidades, instando a los líderes a que la ayuden a diseñar «un enfoque que aborde esas barreras judiciales y hable verdaderamente de las necesidades y los deseos de la gente».

Harris prometió al menos 40 millones de dólares durante tres años para ayudar con el empoderamiento de las mujeres jóvenes guatemaltecas, mostrando un especial interés por afianzar a las mujeres como fuerza del cambio social a través de emprendimientos culturales y liderazgos de las comunidades indígenas. Mujeres que «son parte de la cultura y la economía, que cuentan con extraordinarias habilidades y por lo tanto tienen la capacidad de vivir bien y ser parte del crecimiento de la comunidad», recalcó en un comunicado oficial la primera vicepresidenta mujer de Estados Unidos.

Los fondos del programa servirán para «fortalecer los esfuerzos orientados a prevenir y combatir la práctica extendida de violencia de género y trata de personas desde zonas con altos niveles de migración de salida, al tiempo que se amplía el acceso a las oportunidades económicas y de justicia y educación».

Críticas a su visita antes de partir a México

A lo largo del día, un pequeño grupo de personas salieron a las calles con pancartas para protestar por la visita de Harris a la nación centroamericana, muchos de ellos partidarios de Donald Trump.

«Ella viene a manipularlos políticamente, con sus políticas de izquierda, de socialismo y nosotros no comulgamos con eso», expresó un manifestante.

Después de este último encuentro, Harris viajará a México, un día después de una histórica jornada de comicios en el país fronterizo, y concluirá así su primer viaje como vicepresidenta de Estados Unidos fuera de la nación.

Internacional

Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua tras la ola de arrestos

Los gobiernos de México y Argentina le pidieron a sus embajadores que regresen desde el país centroamericano hacia sus respectivos lugares de origen, para discutir «las preocupantes acciones políticas-legales» que está tomando Nicaragua. El llamado fue hecho en medio de la ola de arrestos contra opositores, incluida la reciente detención de un quinto aspirante presidencial que busca enfrentarse al mandatario Daniel Ortega, en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

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Los dos gobiernos de izquierda que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua por la persecución a opositores, ahora llaman a consultas a sus embajadores y dijeron estar preocupados.

En un comunicado conjunto, México y Argentina aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Ciudad de México y Buenos Aires afirman que «se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».

El pronunciamiento fue hecho luego de que el domingo, la Administración de Daniel Ortega ordenara el quinto arresto de un precandidato a la Presidencia. Esta vez se trata del periodista y empresario Miguel Mora, quien intenta retar al mandatario en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el pasado 15 de junio una resolución para condenar las restricciones y los arrestos en Nicaragua y pidió la liberación de todos los presos políticos. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se negaron a respaldar la medida, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

En las últimas semanas, la policía nicaragüense ha detenido a por lo menos una decena de opositores políticos y cinco precandidatos presidenciales, lo que prendió las alarmas de varios gobiernos y grupos de derechos humanos.

Ortega busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, con los que extendería sus 14 años en la Presidencia desde que regresó al poder en 2007. También lideró anteriormente al país desde 1979 hasta 1990.

La ONU y la CIDH exigen liberación de opositores

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) urgió este lunes al Gobierno de Nicaragua a «liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente» en el país.

El representante de Naciones Unidas destacó que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola» los derechos humanos de los arrestados.

«Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones», apuntó la OACNUDH.

A este llamado se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó las acciones de la Administración de Ortega como un “grave escalonamiento de la represión”.

El organismo de la OEA enfatizó en la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Casi todos estos líderes opositores y candidatos son acusados de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que aprobó la mayoría sandinista del Congreso en diciembre del año pasado y que se estrena con estas detenciones. A los aspirantes también les han allanado sus domicilios.

A esta lista ahora se suma el precandidato Miguel Mora, investigado por supuestos delitos contra la soberanía.

«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», indicó la organización, con sede en Washington, en un comunicado.

La Comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y el 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.

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Internacional

Juez rechaza el pedido para regresar a prisión preventiva a Keiko Fujimori

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, podrá seguir en libertad mientras es investigada por presunta corrupción, vinculada al caso Odebrecht. Así lo determinó un juez este lunes, tras rechazar el pedido de un fiscal que solicita hasta 30 años de prisión contra la líder política. La decisión se conoce en momentos en que Fujimori lucha por anular votos de las elecciones del pasado 6 de junio, frente al virtual ganador Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori se libra de volver a prisión preventiva. La líder de Fuerza Popular podrá continuar en libertad con sus intentos por refutar los resultados de las elecciones del 6 de junio, en las que disputó la Presidencia.

Este lunes, el juez Víctor Zuñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de regresar a Fujimori a prisión preventiva por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales anteriores en 2011 y 2016.

Dentro de las condiciones impuestas en 2020 a la candidata presidencial para que recuperara su libertad condicional está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que el fiscal asegura que Fujimori infringió.

Según Domingo Pérez, Fujimori violó las restricciones por comunicarse con el abogado y excongresista, Miguel Torres, a quien la candidata presentó recientemente como vocero de su partido político en medio de las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Pérez aseguró que Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el pasado 3 de septiembre. Entonces, solicitó que se le revocara a Fujimori la orden de comparecencia con restricciones y se le dictara de nuevo prisión preventiva.

Sin embargo, este lunes y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez determinó que el reclamo «no tenía fundamento», pues no se le había dado una advertencia y no se había extendido la fianza de Fujimori.

Por su parte, la defensa señaló que, si bien Torres es testigo en el caso, no está vinculado directamente con las acusaciones de lavado de dinero, por lo que la restricción no tendría validez.

No obstante, la prensa local reportó que el juez pidió el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado como condición para la excarcelación de Fujimori. Por tanto, la dirigente política no podrá comunicarse con Miguel Torres ni otros testigos hasta que concluya el proceso judicial en su contra.

De no cumplirse, el fiscal Pérez podrá solicitar de nuevo que la candidata sea detenida.

Las acusaciones contra Fujimori

La audiencia contra la candidata de la derecha peruana representó un punto de inflamación potencial en un momento de ya alta tensión por los comicios en segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Fujimori se enfrentó al socialista Pedro Castillo, quien se declaró ganador luego de obtener 44.058 votos más, terminado el escrutinio.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular se ha negado a admitir la derrota y ha solicitado la inhabilitación de hasta 200.000 votos por presunto fraude, aunque las autoridades electorales aseguran que no ha aportado pruebas contundentes.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de ambos candidatos salieron a las calles para expresarles su respaldo y exigir al jurado electoral que revisa el reclamo de fraude de Fujimori que se pronuncie pronto.

Los comicios enfrentaron a Castillo, un maestro y líder sindical con mayor apoyo en las áreas rurales y pobres del país, contra la postura del libre mercado de Fujimori, proveniente de una familia poderosa cuyos patrocinadores incluyen a la mayoría de la élite urbana del país.

Los inversionistas extranjeros, y particularmente los mineros, observan el proceso de cerca con preocupación por las políticas previamente descritas por Castillo, que incluyen aumentar los impuestos sobre sus operaciones y reescribir la constitución.

Por su parte, Fujimori detendría y dilataría el proceso judicial en su contra al menos hasta el final de su Gobierno, en caso de ganar las elecciones.

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Internacional

Poder Judicial de Perú revisará el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En la audiencia de este lunes, el Poder Judicial de Perú analizará el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial, hecho por un fiscal. Fujimori está acusada de presuntamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación en su contra por corrupción.

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Mientras Perú sigue sin definir presidente, luego de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio, la justicia se prepara para procesar a la candidata Keiko Fujimori. Un eventual triunfo de la aspirante de la derecha peruana le evitaría pasar tras las rejas los próximos años.

Este lunes, a partir de las 15:00 (hora local), iniciará la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente haber violado las restricciones impuestas durante una investigación por corrupción.

El fiscal pide hasta 30 años de cárcel contra Fujimori, por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de varios empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Las prohibiciones que habría violado

Como primera medida, Pérez solicita que a la acusada se le revoque la excarcelación que se le otorgó en el año 2020. Hasta entonces, la líder de derecha estaba en prisión preventiva mientras era investigada por el caso mencionado.

El fiscal pide que a la candidata “se (le) dicte nuevamente prisión preventiva”, debido a que supuestamente infringió reglas que le impusieron para poder quedar en libertad. Una de esas normas era que no podía comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que Pérez asegura que Fujimori infringió.

En concreto, el fiscal se refiere al abogado Miguel Torres, a quien Fujimori presentó recientemente en una rueda de prensa como vocero político de su partido, en medio de la revuelta por las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Según el fiscal, Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

El pasado 11 de junio, antes de confirmarse la audiencia de este lunes, pero cuando se supo del pedido del fiscal, Keiko Fujimori calificó la solicitud de “absurda”. Ella sostiene que la participación de Miguel Torres en su campaña data desde varios meses antes y que, por ende, no puede considerarse como una violación a las reglas.

Además, consideró que con este pedido el fiscal busca distraer la atención y «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral».

El domingo 20 de junio, la defensa de la líder de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.

En una carta enviada al juez Santos Benites del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, su abogada Giulliana Loza indicó que, pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19 es necesario que Fujimori pueda defenderse, de lo que consideró “un pedido arbitrario”.

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