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Fiscalía acusó a tres altos funcionarios en retiro por magnicidio de Luis Carlos Galán

Foto de Diario La Piragua @DiarioPiragua de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder santandereano asesinado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, cuando hacía su campaña para llegar a la Presidencia de la República.

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El ex subcomandante de la Policía de Cundinamarca, Argemiro Serna Arias; el exdirector de la Dijin, Óscar Peláez Carmona; y el exdetective Héctor Ernesto Muñoz Hortúa deberán ir a juicio como presuntos responsables de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio.

La Fiscalía General de la Nación emitió la primera semana de junio de 2021 la resolución de acusación contra tres exfuncionarios de los cuerpos de seguridad e investigación del Estado, que habrían tenido distintos niveles de participación en la muerte del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez; así como en las heridas causadas al señor Pedro Nel Angulo Bonilla, el 8 de agosto de 1989.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró méritos suficientes para señalar que los generales en retiro de la Policía Nacional Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, y el exdetective de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Héctor Ernesto Muñoz Hortúa serían coautores de los delitos de homicidio con fines terroristas y tentativa de homicidio.

Respecto al general (r) Serna Arias, quien ostentaba el grado de teniente coronel para la época de los hechos, la Fiscalía estableció que, en su condición de subcomandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, fue designado por el comandante de esa unidad para coordinar y verificar el servicio policivo que debía garantizar la protección del líder político y de las personas que se congregarían en el parque central de Soacha (Cundinamarca).

En la investigación se estableció que esa orden estaba soportada por directrices de los entonces ministro de Defensa Nacional y director de la Policía Nacional, y tenía que cumplirse de acuerdo con los protocolos institucionales; sin embargo, el material de prueba indica que el subcomandante de la Policía de Cundinamarca, al parecer, no acató la instrucción ni actuó para que se pusieran en marcha las medidas de seguridad necesarias.

Asimismo, se pudo evidenciar que el general (r) Serna Arias tenía a su disposición el personal y los medios logísticos para organizar un esquema adecuado. Contrario a esto, supuestamente, ordenó que un grupo de contraguerrilla de 14 hombres se retirara de Soacha horas antes de que el excandidato político llegara al punto de concentración, pese a que su presencia era de vital importancia para custodiar el lugar.

De otra parte, el general en retiro Peláez Carmona, desde la dirección de la DIJIN de la Policía Nacional, junto al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Miguel Alfredo Maza Márquez, presuntamente, intentó desviar la investigación por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento e impulsó un operativo de captura contra varias personas que, años después, fueron declaradas inocentes.

Con esta actuación el oficial habría protegido a los verdaderos responsables del homicidio y mantuvo ocupado al aparato judicial en una causa que no era verídica.

Finalmente, en la investigación se estableció que el exdetective del DAS Muñoz Hortúa, al parecer, hizo parte del plan criminal orquestado por la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, para asesinar al líder político. Es así como, antes y después de ejecutarse la acción ilegal, ventiló detalles desconocidos sobre el cambio de escoltas del dirigente político, la participación de agentes del Estado y otros aspectos.

En la resolución de acusación la fiscal del caso mantuvo la medida no privativa de la libertad bajo caución a los en retiro Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona; mientras que Héctor Ernesto Muñoz Hortúa deberá seguir privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, informó la Fiscalía.

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‘El comercio es víctima del paro nacional’: petición de Fenalco a la Fiscalía

Ante la Fiscalía, Fenalco entregó las pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalismo y violencia durante el paro nacional. El ente gremial mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos.

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Conforme lo había anunciado recientemente, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado paro nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.

“Los hechos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la excusa de la protesta social. Con esta información, y las evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos» afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Para tal fin la Federación otorgó poder al reconocido abogado Francisco Bernate, que actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público.

De acuerdo con un Derecho de Petición presentado por Bernate Ochoa ante la Fiscalía General de la Nación, se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.

Mediante el mencionado documento Fenalco mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos. Así mismo, busca actuar como mediador entre el ente acusador y los afectados individualmente considerados, para que las investigaciones avancen, y se puedan materializar las decisiones judiciales que corresponden.

“Contrario a los que tomaron las vías de hecho generando afectaciones irrecuperables en la economía y bienestar de los colombianos, nosotros iremos a las instancias legales para que esto no se vuelva a repetir”, concluyó Cabal Sanclemente.

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Congresista Edwin Ballesteros es llamado a indagatoria por la Corte Suprema

Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros, por presuntos contratos irregulares cuando fue Gerente de la Esant.

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La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, este lunes 21 de junio de 2021.

La misma Corte Suprema de Justicia en su cuenta de Twitter @CorteSupremaJ informó que su Sala de Instrucción “abre investigación penal contra el Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros. Dispone vincularlo mediante indagatoria, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander @EsantSantander”.

Al momento es solo la apertura de una investigación relacionada con otra que le hace la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, hoy Senador de la República, por el partido Cambio Radical.

Con esta apertura la Corte plantea investigar si Ballesteros incurrió o no en uno o varios delitos. Los delitos que están sobre el tapete son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

En otras palabras al congresista santandereano Edwin Ballesteros le abre la Corte Suprema de Justicia una investigación penal por presuntos actos de corrupción. La investigación de la Corte se concentrará en particular en el tiempo en que Edwin Ballesteros fue Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander – Esant – noviembre de 2013 y enero de 2016, tiempo en el cual el Gobernador de Santander (2012-2015) era Richard Aguilar Villa.

Ballesteros podría ser vinculado – según informa la Corte – mediante indagatoria, “por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander”.

La Corte investiga al congresista santandereano por tres contratos. El primero es el 157 de 2014, un contrato suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S., cuyo representante legal es Octavio Reyes Sarmiento. Se suscribió contrato por 1.188 millones 804.830 pesos con el propósito recuperar y hacerle mantenimiento al alcantarillado en el sector El Casino en comprensión de Sucre, Santander. Así mismo reparar las filtraciones en otros tramos del mismo alcantarillado.

El 23 de febrero de 2015 se firmó el segundo contrato que investiga la Corte. Se firmó por 472 millones de pesos para la potabilización de agua en Enciso, Santander. Se suscribió con la Unión Temporal Enciso Potable, cuyo representante legal era Octavio Reyes Sarmiento.

El tercer contrato en cuestión es del 4 de diciembre de 2015 por 4.346 millones de pesos firmado con la Unión Temporal Enciso Potable. Se trataba de hacerle el acueducto al municipio de Landázuri, Santander.

La Corte Suprema de Justicia entró a investigar debido a la compulsa de copias de algunas partes de la investigación contra el Senador Richard Aguilar Villa que se adelanta en la misma Corte.

Se presume de la existencia de un acuerdo entre Aguilar y Ballesteros en donde se le entregarían dos de los contratos de la Esant a Octavio Reyes Sarmiento. Esos contratos serían los de la construcción de acueductos de Chipatá y Barichara. Del acuerdo se obtendrían 600 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia apenas le abrió investigación penal al congresista Ballesteros, quien mientras continúe con su calidad de congresista será investigado por esa instancia. Si Ballesteros renuncia al Congreso es probable que su investigación vaya a la Fiscalía en un caso similar al ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe que al renunciar al Congreso su caso pasó a la Fiscalía General de la Nación.

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Archivan indagación disciplinaria contra miembros de Ejército por gastos reservados

El proceso disciplinario se inició en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido altos oficiales.

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La Procuraduría General de la Nación informó que fue archivada la indagación preliminar que adelantaba contra miembros del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de gastos reservados.

El proceso disciplinario se inició por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional.

El pasado 4 de mayo de 2018, el despacho del procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces Juan Carlos Cortés para continuar la actuación.

El 18 de agosto de 2018, el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos, por presunto uso indebido de los gastos reservados, pero tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación, por un error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad y ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.

Al reanudarse la investigación y el análisis del material probatorio, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.

Durante este año y luego de revisar la irregular actuación del exprocurador Fernando Carrillo fue declarada nula esta indagación, por violar varios principios procesales, sumado a la falta de pruebas que no respaldaban la investigación, y por eso debió declararse el archivo.

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