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Detectan irreglaridades por $183.940 millones en obras en cárceles de Girón e Ipiales

En la cárcel de Girón se invirtieron más de $99 mil millones y tuvieron que pasar 6 años para terminar sus obras de ampliación. Retrasos en la ejecución del contrato de la cárcel de Ipiales. No se ha hecho entrega de la obra al INPEC y se determinó un posible detrimento patrimonial de $84.659 millones. Se evidencia falta de coordinación de la USPEC y el INPEC con la consiguiente demora en la entrega de los proyectos.

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Una Actuación Especial de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) permitió determinar 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor total de $183.940 millones de pesos, relacionados con la ampliación y habilitación de nuevos cupos en las cárceles de Girón (Santander) e Ipiales (Nariño).

El hallazgo fiscal en el caso del establecimiento penitenciario de Girón es de $99.281 millones y en el de Ipiales llega a $84.659 millones.

Al momento de finalizar esta auditoría no se habían puesto en funcionamiento los nuevos pabellones de ambas cárceles. En las semanas siguientes a la liberación del informe, entró en operación la infraestructura de Ipiales y se espera que la próxima semana suceda lo mismo con la de Girón, lo que cambiaría estos hallazgos por beneficios de auditoría, explicó el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya.

Girón: 6 años de obra y $99 mil millones invertidos 

La no entrega oportuna de las obras de la cárcel de Girón (Santander) al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), estaba impidiendo la habilitación de 752 cupos de Personas Privadas de la Libertad (PPL) para disminuir los niveles de hacinamiento presentados, que en establecimiento presentan una tasa del 25%

Un hecho sobre el cual llamó la atención la Contraloría es que se presentó una falta de coordinación entre el USPEC e INPEC que hizo que, después de 6 años y $99 mil millones invertidos, no se hubiera hecho entrega de ningún cupo y se incumpliera el objeto social.

Al evaluar este proyecto, el organismo de control encontró debilidades en la consecución de permisos y licencias ambientales, así como deficiencias en su planeación, programación y supervisión.

Ipiales: hacinamiento del 61%  

En cuanto a la Actuación Especial a la USPEC sobre la ampliación de la cárcel de Ipiales y el avance presupuestal y físico del Proyecto de Sistema Modulares en las cárceles de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena e Itagüí, la Contraloría estableció un total de 10 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal (el de la cárcel de Ipiales).  

Los auditores realizaron seguimiento a la entrega de obra del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura de la cárcel de Ipiales (contrato 401 del 2014), con el fin de determinar si la contratación cumplió con los principios y finalidades de la función administrativa, así como los fines y principios de contratación.

Como resultado de la actuación especial realizada, la Contraloría General de la República encontró que ha habido retrasos en la ejecución de este contrato y no se ha hecho entrega de la obra al INPEC, razón por la cual no se encuentran habilitados a la fecha los 608 nuevos cupos previstos, por lo que se emitió un concepto no confome al no cumplir con la finalidad inicial de la contratación que era habilitar los mismos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados. La tasa de hacinamiento en este centro penitenciario es de del 61%.

Las obras se debían haber entregado el 31 de diciembre de 2019. Ya se terminaron, pero el Centro Penitenciario y Carcelario no se ha puesto en funcionamiento, debido a que el INPEC no recibió la obra como tal, por diferencias técnicas de forma y de fondo que se están subsanando.

 Cárceles modulares 

En cuanto a los hallazgos en los proyectos de Construcción y Dotación de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria Modular, se destacan los encontrados a las cárceles de Cómbita y Pereira.

En el caso de la cárcel de Cómbita, en desarrollo de la Actuación de la Contraloría se establecieron 6 hallazgos, de los cuales 1 tiene presunta connotación disciplinaria. Se detectaron deficiencias en la planeación del contrato al no definir el alcance de la necesidad y los recursos que demandaría, lo que ha conllevado a adiciones en tiempo y recursos para contratar nuevos ítems u obras inicialmente no previstas, lo que conllevó a incrementar el presupuesto inicial en el 575%.

Y en cuento a la nueva cárcel de Pereira, se encontró 1 hallazgo con presunta connotación disciplinaria. Se evidencian deficiencias en las actividades correspondientes a la etapa de planeación y en la supervisión e interventoría, lo cual ocasionó demoras en la ejecución de la etapa de pre-construcción y por ende del proyecto, haciendo más gravoso el hacinamiento carcelario en la región.

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‘El comercio es víctima del paro nacional’: petición de Fenalco a la Fiscalía

Ante la Fiscalía, Fenalco entregó las pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalismo y violencia durante el paro nacional. El ente gremial mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos.

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Conforme lo había anunciado recientemente, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado paro nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.

“Los hechos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la excusa de la protesta social. Con esta información, y las evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos» afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Para tal fin la Federación otorgó poder al reconocido abogado Francisco Bernate, que actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público.

De acuerdo con un Derecho de Petición presentado por Bernate Ochoa ante la Fiscalía General de la Nación, se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.

Mediante el mencionado documento Fenalco mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos. Así mismo, busca actuar como mediador entre el ente acusador y los afectados individualmente considerados, para que las investigaciones avancen, y se puedan materializar las decisiones judiciales que corresponden.

“Contrario a los que tomaron las vías de hecho generando afectaciones irrecuperables en la economía y bienestar de los colombianos, nosotros iremos a las instancias legales para que esto no se vuelva a repetir”, concluyó Cabal Sanclemente.

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Congresista Edwin Ballesteros es llamado a indagatoria por la Corte Suprema

Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros, por presuntos contratos irregulares cuando fue Gerente de la Esant.

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La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, este lunes 21 de junio de 2021.

La misma Corte Suprema de Justicia en su cuenta de Twitter @CorteSupremaJ informó que su Sala de Instrucción “abre investigación penal contra el Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros. Dispone vincularlo mediante indagatoria, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander @EsantSantander”.

Al momento es solo la apertura de una investigación relacionada con otra que le hace la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, hoy Senador de la República, por el partido Cambio Radical.

Con esta apertura la Corte plantea investigar si Ballesteros incurrió o no en uno o varios delitos. Los delitos que están sobre el tapete son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

En otras palabras al congresista santandereano Edwin Ballesteros le abre la Corte Suprema de Justicia una investigación penal por presuntos actos de corrupción. La investigación de la Corte se concentrará en particular en el tiempo en que Edwin Ballesteros fue Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander – Esant – noviembre de 2013 y enero de 2016, tiempo en el cual el Gobernador de Santander (2012-2015) era Richard Aguilar Villa.

Ballesteros podría ser vinculado – según informa la Corte – mediante indagatoria, “por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander”.

La Corte investiga al congresista santandereano por tres contratos. El primero es el 157 de 2014, un contrato suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S., cuyo representante legal es Octavio Reyes Sarmiento. Se suscribió contrato por 1.188 millones 804.830 pesos con el propósito recuperar y hacerle mantenimiento al alcantarillado en el sector El Casino en comprensión de Sucre, Santander. Así mismo reparar las filtraciones en otros tramos del mismo alcantarillado.

El 23 de febrero de 2015 se firmó el segundo contrato que investiga la Corte. Se firmó por 472 millones de pesos para la potabilización de agua en Enciso, Santander. Se suscribió con la Unión Temporal Enciso Potable, cuyo representante legal era Octavio Reyes Sarmiento.

El tercer contrato en cuestión es del 4 de diciembre de 2015 por 4.346 millones de pesos firmado con la Unión Temporal Enciso Potable. Se trataba de hacerle el acueducto al municipio de Landázuri, Santander.

La Corte Suprema de Justicia entró a investigar debido a la compulsa de copias de algunas partes de la investigación contra el Senador Richard Aguilar Villa que se adelanta en la misma Corte.

Se presume de la existencia de un acuerdo entre Aguilar y Ballesteros en donde se le entregarían dos de los contratos de la Esant a Octavio Reyes Sarmiento. Esos contratos serían los de la construcción de acueductos de Chipatá y Barichara. Del acuerdo se obtendrían 600 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia apenas le abrió investigación penal al congresista Ballesteros, quien mientras continúe con su calidad de congresista será investigado por esa instancia. Si Ballesteros renuncia al Congreso es probable que su investigación vaya a la Fiscalía en un caso similar al ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe que al renunciar al Congreso su caso pasó a la Fiscalía General de la Nación.

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Archivan indagación disciplinaria contra miembros de Ejército por gastos reservados

El proceso disciplinario se inició en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido altos oficiales.

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La Procuraduría General de la Nación informó que fue archivada la indagación preliminar que adelantaba contra miembros del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de gastos reservados.

El proceso disciplinario se inició por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional.

El pasado 4 de mayo de 2018, el despacho del procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces Juan Carlos Cortés para continuar la actuación.

El 18 de agosto de 2018, el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos, por presunto uso indebido de los gastos reservados, pero tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación, por un error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad y ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.

Al reanudarse la investigación y el análisis del material probatorio, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.

Durante este año y luego de revisar la irregular actuación del exprocurador Fernando Carrillo fue declarada nula esta indagación, por violar varios principios procesales, sumado a la falta de pruebas que no respaldaban la investigación, y por eso debió declararse el archivo.

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