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Internacional

Al menos 160 personas muertas en el ataque más mortífero en Burkina Faso

Con una cifra de al menos 160 personas muertas, la masacre en la ciudad de Solhan durante la noche de viernes a sábado es el ataque más mortífero de la historia reciente en Burkina Faso. Los hechos se producen cuando en el país vuelve a surgir el horror del yihadismo.

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Burkina Faso sigue pagando un alto precio en la lucha contra el extremismo. En la noche del viernes 4 al sábado 5 de junio, el norte del país fue golpeado con uno de los capítulos de violencia más oscuros de los últimos años cuando un grupo de yihadistas lanzó un ataque contra civiles en la aldea de Solhan, en la provincia de Yagha, en el Sahel.

Los extremistas dispararon de forma indiscriminada contra hombres, mujeres y niños e incendiaron decenas de casas, hospitales y el mercado, según informó el Gobierno.

Al menos 160 personas murieron, entre ellas 20 menores, y decenas más resultaron heridas. Muchas de ellas tuvieron que ser trasladadas hasta hospitales de la ciudad Dori y a Uagadugú, la capital del país.

«Hubo al menos 160 muertos. Esta cifra podría aumentar porque hay supervivientes que aún no tienen noticias de sus familiares o conocidos», dijo un oficial del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, quien pidió guardar su identidad.

Según fuentes de seguridad citadas por RFI, la edad de las víctimas varía entre los 8 meses y los 45 años. La gran mayoría son jóvenes. En Burkina Faso, alrededor del 80% de la población tiene menos de 35 años.

Un trabajador humanitario en Sebba, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguró que más de 40 personas sufrieron heridas de bala y quemaduras cuando trataban de escapar del ataque.

Además, cerca de 800 civiles huyeron a la ciudad cercana de Sebba, según un informe de trabajadores humanitarios en la zona.

Aumento de ataques yihadistas desde 2015

La noche de horror del viernes no corresponde a un hecho aislado sino al agravamiento del terror al que se han visto sometidos los civiles en el país, especialmente desde 2015.

Desde entonces, el Ejército mal equipado y poco capacitado de Burkina Faso ha estado luchando por detener una insurgencia yihadista, vinculada a al-Qaeda y al autodenominado Estado Islámico, pero con frecuencia no puede repeler los asaltos.

Si bien ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del mortífero asalto, los expertos en seguridad en el Sahel indican que este ataque probablemente fue llevado a cabo por el grupo vinculado a Al Qaeda, JNIM, que recientemente ha fortalecido su posición en el área y es el movimiento más influyente en la provincia. Así lo explicó Heni Nsaibia, investigador principal en el proyecto Armed Conflict Location and Event Data.

“Después del ataque en Solhan, los asaltantes también colocaron explosivos para evitar el acceso del Ejército, tanto el aspecto geográfico como el uso de explosivos de esta manera no es típico del Estado Islámico, sino el modus operandi del JNIM”, explicó.

El ataque se produce pocas semanas después de la visita a la región del ministro de Defensa de Burkina Faso, Chérif Sy, quien había elogiado una mejora en la situación de seguridad. “La secuencia es inquietante. Efectivamente, el ministro de Defensa había sido imprudente al observar una forma de retorno a la normalidad y también había visitado el destacamento de Sebba en esta ocasión”, explicó el periodista Vincent Hugeux a France 24.

En el reciente asalto, las fuerzas armadas habrían llegado una o dos horas después de la partida de los yihadistas. «Los masacradores pudieron realizar su trabajo de muerte sin ser molestados mientras hay unidades militares que se supone están a unos veinte kilómetros de distancia», agregó Hugeux.

El surgimiento de combatientes voluntarios 

Ante este panorama, en la zona han surgido combatientes voluntarios de la comunidad que intentan frenar a los extremistas con ayuda del Ejército.

Pero desde que el programa comenzó el año pasado, los voluntarios se han convertido tanto en perpetradores de agresiones contra civiles como en objetivos para los yihadistas, que los acusan de apoyar a los militares. Los civiles quedan atrapados en medio de esta espiral de violencia.

Se cree que en específico el ataque contra la aldea de Solhan fue respuesta de los yihadistas a las acciones de los combatientes de la comunidad. De hecho, el primer objetivo del asalto del viernes fue un puesto de los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), auxiliares de las Fuerzas Armadas en el marco de la lucha contra el terrorismo.

“La militarización de la guerra contra el terrorismo ha creado más inseguridad que beneficios, y ambos bandos, yihadistas y milicias pro-estatales, están apuntando a civiles”, aseveró Tanguy Quidelleur, Ph.D. candidato del Instituto de Ciencias Sociales y Políticas, quien ha investigado sobre grupos de autodefensa en el Sahel.

El país había experimentado una relativa calma en los últimos meses, después de que se alcanzara un alto el fuego secreto entre el JNIM y el Gobierno. A principios de este año, los yihadistas señalaron que se les ordenó deponer sus armas y que no comprenden el reciente aumento de los combates.

«Creo que hay ataques nuevamente porque hay nuevas personas reclutadas por el grupo y (…) no todos los que dejaron sus armas regresaron a la comunidad», indicó a AP un exjihadista que abandonó el grupo en octubre.

En medio del estallido de violencia, la nación ha sufrido la crisis de desplazamiento forzado que ha crecido más rápidamente en el mundo, con más de 1,2 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Desde 2015, el yihadismo ha matado a más de 1.400 personas.

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Internacional

Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua tras la ola de arrestos

Los gobiernos de México y Argentina le pidieron a sus embajadores que regresen desde el país centroamericano hacia sus respectivos lugares de origen, para discutir «las preocupantes acciones políticas-legales» que está tomando Nicaragua. El llamado fue hecho en medio de la ola de arrestos contra opositores, incluida la reciente detención de un quinto aspirante presidencial que busca enfrentarse al mandatario Daniel Ortega, en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

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Los dos gobiernos de izquierda que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua por la persecución a opositores, ahora llaman a consultas a sus embajadores y dijeron estar preocupados.

En un comunicado conjunto, México y Argentina aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Ciudad de México y Buenos Aires afirman que «se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».

El pronunciamiento fue hecho luego de que el domingo, la Administración de Daniel Ortega ordenara el quinto arresto de un precandidato a la Presidencia. Esta vez se trata del periodista y empresario Miguel Mora, quien intenta retar al mandatario en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el pasado 15 de junio una resolución para condenar las restricciones y los arrestos en Nicaragua y pidió la liberación de todos los presos políticos. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se negaron a respaldar la medida, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

En las últimas semanas, la policía nicaragüense ha detenido a por lo menos una decena de opositores políticos y cinco precandidatos presidenciales, lo que prendió las alarmas de varios gobiernos y grupos de derechos humanos.

Ortega busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, con los que extendería sus 14 años en la Presidencia desde que regresó al poder en 2007. También lideró anteriormente al país desde 1979 hasta 1990.

La ONU y la CIDH exigen liberación de opositores

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) urgió este lunes al Gobierno de Nicaragua a «liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente» en el país.

El representante de Naciones Unidas destacó que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola» los derechos humanos de los arrestados.

«Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones», apuntó la OACNUDH.

A este llamado se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó las acciones de la Administración de Ortega como un “grave escalonamiento de la represión”.

El organismo de la OEA enfatizó en la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Casi todos estos líderes opositores y candidatos son acusados de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que aprobó la mayoría sandinista del Congreso en diciembre del año pasado y que se estrena con estas detenciones. A los aspirantes también les han allanado sus domicilios.

A esta lista ahora se suma el precandidato Miguel Mora, investigado por supuestos delitos contra la soberanía.

«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», indicó la organización, con sede en Washington, en un comunicado.

La Comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y el 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.

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Internacional

Juez rechaza el pedido para regresar a prisión preventiva a Keiko Fujimori

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, podrá seguir en libertad mientras es investigada por presunta corrupción, vinculada al caso Odebrecht. Así lo determinó un juez este lunes, tras rechazar el pedido de un fiscal que solicita hasta 30 años de prisión contra la líder política. La decisión se conoce en momentos en que Fujimori lucha por anular votos de las elecciones del pasado 6 de junio, frente al virtual ganador Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori se libra de volver a prisión preventiva. La líder de Fuerza Popular podrá continuar en libertad con sus intentos por refutar los resultados de las elecciones del 6 de junio, en las que disputó la Presidencia.

Este lunes, el juez Víctor Zuñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de regresar a Fujimori a prisión preventiva por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales anteriores en 2011 y 2016.

Dentro de las condiciones impuestas en 2020 a la candidata presidencial para que recuperara su libertad condicional está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que el fiscal asegura que Fujimori infringió.

Según Domingo Pérez, Fujimori violó las restricciones por comunicarse con el abogado y excongresista, Miguel Torres, a quien la candidata presentó recientemente como vocero de su partido político en medio de las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Pérez aseguró que Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el pasado 3 de septiembre. Entonces, solicitó que se le revocara a Fujimori la orden de comparecencia con restricciones y se le dictara de nuevo prisión preventiva.

Sin embargo, este lunes y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez determinó que el reclamo «no tenía fundamento», pues no se le había dado una advertencia y no se había extendido la fianza de Fujimori.

Por su parte, la defensa señaló que, si bien Torres es testigo en el caso, no está vinculado directamente con las acusaciones de lavado de dinero, por lo que la restricción no tendría validez.

No obstante, la prensa local reportó que el juez pidió el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado como condición para la excarcelación de Fujimori. Por tanto, la dirigente política no podrá comunicarse con Miguel Torres ni otros testigos hasta que concluya el proceso judicial en su contra.

De no cumplirse, el fiscal Pérez podrá solicitar de nuevo que la candidata sea detenida.

Las acusaciones contra Fujimori

La audiencia contra la candidata de la derecha peruana representó un punto de inflamación potencial en un momento de ya alta tensión por los comicios en segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Fujimori se enfrentó al socialista Pedro Castillo, quien se declaró ganador luego de obtener 44.058 votos más, terminado el escrutinio.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular se ha negado a admitir la derrota y ha solicitado la inhabilitación de hasta 200.000 votos por presunto fraude, aunque las autoridades electorales aseguran que no ha aportado pruebas contundentes.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de ambos candidatos salieron a las calles para expresarles su respaldo y exigir al jurado electoral que revisa el reclamo de fraude de Fujimori que se pronuncie pronto.

Los comicios enfrentaron a Castillo, un maestro y líder sindical con mayor apoyo en las áreas rurales y pobres del país, contra la postura del libre mercado de Fujimori, proveniente de una familia poderosa cuyos patrocinadores incluyen a la mayoría de la élite urbana del país.

Los inversionistas extranjeros, y particularmente los mineros, observan el proceso de cerca con preocupación por las políticas previamente descritas por Castillo, que incluyen aumentar los impuestos sobre sus operaciones y reescribir la constitución.

Por su parte, Fujimori detendría y dilataría el proceso judicial en su contra al menos hasta el final de su Gobierno, en caso de ganar las elecciones.

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Internacional

Poder Judicial de Perú revisará el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En la audiencia de este lunes, el Poder Judicial de Perú analizará el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial, hecho por un fiscal. Fujimori está acusada de presuntamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación en su contra por corrupción.

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Mientras Perú sigue sin definir presidente, luego de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio, la justicia se prepara para procesar a la candidata Keiko Fujimori. Un eventual triunfo de la aspirante de la derecha peruana le evitaría pasar tras las rejas los próximos años.

Este lunes, a partir de las 15:00 (hora local), iniciará la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente haber violado las restricciones impuestas durante una investigación por corrupción.

El fiscal pide hasta 30 años de cárcel contra Fujimori, por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de varios empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Las prohibiciones que habría violado

Como primera medida, Pérez solicita que a la acusada se le revoque la excarcelación que se le otorgó en el año 2020. Hasta entonces, la líder de derecha estaba en prisión preventiva mientras era investigada por el caso mencionado.

El fiscal pide que a la candidata “se (le) dicte nuevamente prisión preventiva”, debido a que supuestamente infringió reglas que le impusieron para poder quedar en libertad. Una de esas normas era que no podía comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que Pérez asegura que Fujimori infringió.

En concreto, el fiscal se refiere al abogado Miguel Torres, a quien Fujimori presentó recientemente en una rueda de prensa como vocero político de su partido, en medio de la revuelta por las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Según el fiscal, Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

El pasado 11 de junio, antes de confirmarse la audiencia de este lunes, pero cuando se supo del pedido del fiscal, Keiko Fujimori calificó la solicitud de “absurda”. Ella sostiene que la participación de Miguel Torres en su campaña data desde varios meses antes y que, por ende, no puede considerarse como una violación a las reglas.

Además, consideró que con este pedido el fiscal busca distraer la atención y «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral».

El domingo 20 de junio, la defensa de la líder de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.

En una carta enviada al juez Santos Benites del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, su abogada Giulliana Loza indicó que, pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19 es necesario que Fujimori pueda defenderse, de lo que consideró “un pedido arbitrario”.

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