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Sanción a Tránsito por ‘hacerse el pingo’ con el transporte ilegal

Superintendencia de Transporte adelantó investigación administrativa y comprobó que en la anterior administración municipal, la de Rodolfo Hernández, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga no utilizó las herramientas con las que cuenta para ejercer control en la prestación de un servicio de transporte ilegal.

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“Yo me comprometo a hacerme el pingo con los piratas”, “acabar con los piratas es como acabar con las prostitutas: no las acaba nadie, menos yo”, fueron algunas de las frases de Rodolfo Hernández Suárez, cuando era alcalde de Bucaramanga, las cuales se encuentran dentro del material probatorio de la Superintendencia de Transporte. Son declaraciones complacientes con el transporte ilegal por parte del exalcalde Rodolfo Hernández, dijo la Superintendencia, en una muestra clara de la falta de voluntad de esa administración en combatir este fenómeno en Bucaramanga.

Debido a lo anterior, la Superintendencia de Transporte declaró su responsabilidad y sancionó a este organismo de tránsito con multa y una serie de órdenes administrativas para implementar un control efectivo de la ilegalidad.

Tránsito como responsable

Mediante la Resolución No. 2444 del 14 de abril de 2021, la Superintendencia de Transporte declaró responsable a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga de no ejercer un control efectivo y eficiente durante la anterior administración municipal, para que la prestación del servicio público de transporte se realice bajo las políticas de legalidad establecidas por el Gobierno Nacional.

El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, destacó que “no realizar control al transporte ilegal ya ha causado investigaciones y condenas en varios municipios. Y es que no puede ocurrir que los mandatarios prometan no hacer controles o dejar de cumplir su deber frente a los ciudadanos de luchar contra el transporte ilegal en su jurisdicción”.

Órdenes de regularizar

Además de la imposición de una multa, la entidad emitió órdenes administrativas para regularizar el control del transporte ilegal en esa jurisdicción, que incluyen adoptar medidas para garantizar la inmovilización de vehículos particulares cuando se utilicen para realizar transporte público, así como para garantizar la cancelación de licencia de conducción cuando se sorprenda a un conductor reincidiendo en la prestación de transporte ilegal.

También se definió la emisión de una instrucción interna en la que se le prohíba a cualquier funcionario público de la administración municipal de Bucaramanga emitir declaraciones en las que se apoye la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal, o pueda generar dicha percepción en la comunidad; contar con un programa permanente para controlar el transporte ilegal e informal en la ciudad, sin limitarse al fenómeno del mototaxismo, y crear un cronograma anual donde se programen todos los operativos de control a la informalidad y la ilegalidad en Bucaramanga a realizar durante lo que queda de 2021, entre otros.

El incumplimiento de estas órdenes de la Superintendencia podrá ser sancionado con multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

Así fue el proceso

La Supertransporte realizó una visita administrativa de inspección los días 9 y 10 de abril de 2019 a las instalaciones de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con el objetivo de verificar todos los aspectos relacionados con la problemática de ilegalidad e informalidad en el transporte público que se presenta en esa jurisdicción.

En el proceso se demostró que, en relación con los prestadores de transporte ilegal, no se aplicaba la inmovilización en los casos en que se impone una orden de comparendo, ni se cancelan las licencias de conducción cuando existían los supuestos de hecho para el efecto. Asimismo, se comprobó que tuvo que ordenarse por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga que realizaran controles del mototaxismo debido a la ausencia de controles por parte de la autoridad municipal. Tampoco existía un control en su jurisdicción de la prestación del transporte público a través de automóviles particulares.

Esto evidencia la alteración de la prestación del servicio público de transporte en esa ciudad, pues existieron acciones y omisiones frente a la problemática de la ilegalidad e informalidad. Además, no se reportó la información correspondiente a las licencias de tránsito canceladas y suspendidas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Sumado a lo anterior, ex-Alcalde Rodolfo Hernández, dio declaraciones públicas como las siguientes: “yo me comprometo a hacerme el pingo con los piratas”; “acabar con los ‘piratas’ es como acabar con las prostitutas No las acaba nadie, menos yo”, entre otras. En este caso cabe aclarar, que los funcionarios no pueden emitir declaraciones en las que se apoye directamente la prestación del servicio público de transporte informal o ilegal o, y que pueda generar dicha percepción en la comunidad.

Recursos

Contra la decisión procede el recurso de reposición y subsidiariamente el recurso de apelación. Se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa.

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Tribunal revive proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín

Un fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordena que en máximo 15 días se deben entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento de revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio un plazo de 48 horas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que reanude el proceso  de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con el fallo de tutela de segunda instancia en máximo 15 días deberán entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento.

El vocero del Comité Revocatorio, Andrés Rodríguez, dijo que ya no hay excusas para continuar con el proceso y recordó que en el menor tiempo posible, la Registraduría deberá definir los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud.

«Se le ordena a la Registraduría en no menos de 48 horas aplicar los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud, es decir, básicamente este proceso ya surtió efecto», indicó.

Este martes 11 de mayo, los voceros de la revocatoria harán un plantón en la sede de la Registraduría en las torres de Bomboná en Medellín para exigirles que cumplan con esa orden judicial y les entreguen en el menor tiempo posible los documentos para continuar con el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero.

Comité de revocatoria

En febrero pasado, como una “calumnia” calificó el Comité de Revocatoria el trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desencadenó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitara investigar su financiación.

El mandatario publicó una carta de uno de los integrantes de esta iniciativa y escribió: “promotor de revocatoria denuncia a sus propios compañeros por irregularidades  en cuentas, contratos y financiación de mil 500 millones de pesos”.

El abogado Julio González, uno de los promotores, aseguró que en la misiva se dijo que la campaña costaba este dinero, pero nunca se habló de irregularidades ni tampoco de tener los recursos. Acusó al alcalde de tergiversar el texto y afirmó que responderán ante el órgano de control.

La carta fue escrita por Alejandro Posada, uno de los promotores, e iba dirigida a Alejandro Rodríguez, uno de sus compañeros.

Textualmente dice: “la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil 500 millones de pesos, según cuentas que usted  había definido”. Y le cuestionó por la contratación de una reconocida firma de abogados: “Usted decidió sin que la ley ni mucho menos el Comité lo autorizara a contratar, dirigir y decidir cuestiones jurídicas”.

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Organizaciones de DD.HH. reportan la desaparición de 471 personas durante las protestas

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones. De estas, 92 ya han aparecido, pero 379 aún siguen en paradero desconocido. Del lado institucional las cifras son más bajas, con un total de 89 desaparecidos.

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De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.

Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.

Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.

«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1390424185692897287

¿Infiltrados en las protestas en Colombia?

A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.

En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.

El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.

Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».

Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.

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Imputan cargos a exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga por irregularidades en contratación

La investigación penal, que también incluye a otra funcionaria de la entidad, tiene que ver con el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, suscrito con Rayco ltda,, por un monto $3.724.774.000, el cual presentaba múltiples irregularidades.

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Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana y a la exfuncionaria de la oficina de contratación de la misma entidad, Silvia Juliana Villareal Meza.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB y el representante legal Rayco ltda, ya investigado por estos hechos, el cual tenía un monto $3.724.774.000, presentaba múltiples irregularidades.

Dicho contrato tenía como objeto «la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes».

Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.

Por lo anterior, «durante las audiencias concentradas la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no aceptó», informó el ente acusador.

Entretanto, Villareal Meza deberá responder por los delitos de coautora dolosa en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales no se allanó.

Es de aclarar que por esta misma investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado de la AMB.

Mientras que el exrepresentante legal de Rayco ltda, Fernando Aristizábal fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la prohibición del salir del país.

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