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Peajes en Colombia o concesiones a perpetuidad. Vienen 34 peajes más

En audiencia pública, Comisión Quinta analizó la realidad de los peajes en Colombia. El senador Jorge Enrique Robledo, fundó el debate en los 145 peajes del país, sin contar algunos regionales o departamentales, y anunciando que están proyectados otros 34 más.

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Altos costos en los peajes, el estado de las vías y financiamiento de éstas, gravámenes regresivos, iniciativas privadas, peajes urbanos y desequilibrio económico, entre otros temas, fueron denunciados por el senador Jorge Enrique Robledo, durante la audiencia pública denominada ‘La verdad sobre los peajes en Colombia’ que convocó desde la Comisión Quinta del Senado de la República.

En su presentación, sobre las concesiones de los peajes en el país, el congresista del partido Dignidad indicó: “Esto en la práctica se está volviendo concesiones a perpetuidad, iniciativas privadas que están diseñadas para que no hayan licitaciones, que no haya competencia, que no haya concursos”.

Respecto a los altos costos, teniendo como ejemplo el trayecto de Barranquilla – Bogotá y Buenaventura-Bogotá, Robledo explicó “En la vía Barranquilla – Bogotá hay 13 peajes, un camión pequeño de 2 ejes categoría 4 paga $411.600 por viaje. Si es un camión de categoría 5 el viaje le cuesta $503.700” mientras que en la vía Buenaventura – Bogotá un camión pequeño gasta $283.500 por viaje y el grande paga $349.400.

Frente a esta perspectiva, Robledo aseguró que estos peajes le costaron a los colombianos en el 2019 $2.8billones de pesos.

Reacciones empresariales y gremiales

Luis Eduardo Gutiérrez, Vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) destacó algunos logros del país en infraestructura vial  “el programa de desarrollo de cuarta generación de concesiones, con  29 proyectos llegaron a 4.808 kilómetros de red nacional concesionada, lo cual mejoró la conectividad del país, aquí no se habla de proyectos individuales ni de iniciativas privadas”.

Gabriel Jurado Parra, Contralor delegado del sector de Infraestructura se refirió a los estudios que adelantan sobre variables esenciales como costos, inversión y desarrollo, “es importante tener la certeza que la remuneración que se está pagando por estas vías, en cuanto a la inversión que se hace para su construcción, operación y mantenimiento, corresponda a la realidad económica de los corredores”.

Collage audiencia peajesPor la Confederación Colombiana de Transportadores (CCP), se pronunció su presidente, Jorge García, quien manifestó que no hay una política clara respecto a la ubicación y distancia de los peajes.

A su turno, Gustavo Betancurt, presidente de la Cruzada Camionera dijo “Para nosotros los transportadores es muy importante tener nuestras vías pavimentadas», mencionó además inquietudes como «¿A qué costo y cómo nos lo van a cobrar?, teniendo en cuenta que ya hay la cantidad suficiente de peajes”.

“En el caso específico de Colombia, hay un peaje por cada 72 kilómetros, en Cartagena tenemos un peaje por cada 6.5 km, ya ese simple hecho, es una situación realmente preocupante para la ciudad”, fue la apreciación de Leonardo Jiménez, Director del Centro de estudios del Trabajo.

Opinaron los senadores

El senador Guillermo García Realpe (Liberal) centró su intervención en el manejo y criterio progresivo en el cobro de peajes, un tema fundamental para el país, considerando “que en los últimos días ha tenido circunstancias de crisis como el desarrollo de las últimas concesiones y de los peajes por la coyuntura que hoy se vive, en el impacto social y económico, lo que tiene es que promoverse para restituir el aparato reproductivo y el empleo nacional”.

Por la Alianza Verde, el congresista Jorge Eduardo Londoño expuso el caso de la calzada Briceño- Tunja- Sogamoso, una concesión que fue extendida a 30 años, denunciando que en este recorrido hay alrededor de 3 peajes y a través de los cobros, la concesión pudo haber recuperado su inversión.

“El tránsito promedio diario cuando inició la concesión era aproximado de 47 mil vehículos y según informes de la ANI aumentará el 34.2%” sostuvo Londoño.

Para el legislador Alejandro Corrales (Centro Democrático) los peajes son un método adecuado para financiar la construcción y el mantenimiento de las vías, pero asimismo considera que en Colombia “la reconcesión de las concesiones debe ser analizada con detalles”.

Al cierre de la audiencia el senador citante, Jorge Enrique Robledo, solicitó a la Contraloría revisar si hay un desequilibrio financiero que perjudica al estado y expuso como conclusiones:

  • Evaluar las tarifas.
  • Reducir el número de peajes.
  • Separar la parte de la construcción del mantenimiento.
  • Rediseñar las concesiones, debe haber competencias.
  • No sitiar las ciudades con peajes.

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Desabastecimiento en algunas ciudades mientras avanzan bloqueos y protestas

Tras once jornadas consecutivas de protestas y menos de una semana de bloqueos en las carreteras de Colombia ante una diversidad de reclamos económicos y sociales al Gobierno, algunos departamentos afrontan escasez de alimentos, medicinas y combustible. Entretanto, el presidente Iván Duque anunció un diálogo enfocado por regiones para tratar de encontrar una salida a la crisis. Muchos siguen manifestándose y desconfían de una negociación con el Ejecutivo, al que acusan de incumplir compromisos adquiridos luego de las protestas de 2019.

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Colombia continúa los días más difíciles de su historia reciente. A la preocupante situación de violencia y las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas, se suma el desabastecimiento en algunas regiones del país.

La escasez de productos, especialmente de combustible, aumenta en Bogotá, la capital; en Cali y en el departamento de Boyacá, entre otros. Los bloqueos en algunas de las principales vías del país por parte de los manifestantes han impedido el paso de camiones cargados con víveres y suministros médicos para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Al término de un encuentro este sábado entre el presidente Iván Duque, gobernadores y alcaldes, fue emitida una declaración conjunta en la que pidieron levantar los cercos que “están afectando a millones de familias, productores campesinos, transportadores, comerciantes y ciudadanos en general», indicaron.

De igual forma, pidieron «garantizar el normal desarrollo de la vacunación masiva en el territorio nacional, con el fin de proteger la salud y la vida de los colombianos».

La situación es cada vez más difícil. Incluso, el pasado jueves la Defensoría del Pueblo habilitó 60 corredores humanitarios en 17 de los 32 departamentos del país con el fin de permitir el paso alimentos y medicinas, al igual que el transporte para movilizar médicos y personas heridas durante las protestas contra el Gobierno.

Una de las ciudades más afectadas es Cali, que a su vez ha llevado una de las peores partes de la violencia durante las manifestaciones. Allí se instauró un corredor humanitario desde el miércoles para pasar los elementos de primera necesidad.

El diario local ‘El Tiempo’, que citó a gremios económicos de la ciudad, reportó este sábado que en la tercera urbe de la nación se registran hasta el momento alrededor de 47.000 millones de dólares en pérdidas, por los alimentos que se malogran mientras permanecen estancados en las carreteras.

La problemática se extiende a las estaciones de suministro de gasolina, pues en varias regiones han sido violentadas, lo que ha ocasionado insuficiencia de combustible.

Duque regionaliza los diálogos          

Iván Duque anunció en las últimas horas un enfoque por regiones a la mesa de diálogo que intenta impulsar a nivel nacional para tratar de salir de la crisis. De acuerdo a lo abordado entre el presidente y autoridades regionales, a partir del próximo 10 de mayo quedarían instauradas las negociaciones, entre los mandatarios departamentales, representantes del Gobierno nacional, de los sindicatos, voceros de otros gremios, jóvenes y líderes de las manifestaciones, entre otros.

Según Duque, el objetivo es cubrir la mayor cantidad de departamentos y que desde allí se identifiquen y escalen sus necesidades para que puedan ser atendidas.

La Federación de Municipios, que representa a los alcaldes del país, pidió al Comité del Paro que se siente a dialogar con el Gobierno en la mayor brevedad posible.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Desde que el jefe de Estado anunció el pasado 5 de mayo la mesa de diálogo, la propuesta fue recibida con escepticismo por quienes se oponen a sus políticas.

La Minga Indígena, por ejemplo, ha asegurado que el gobernante “incumplió los acuerdos logrados con las Organizaciones y Pueblos Indígenas en relación al Capítulo Étnico de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad’ y de las múltiples Mingas Indígenas realizadas en el 2019”.

Estas comunidades también reclaman que cese lo que describen como “genocidio contra los pueblos indígenas”, debido a los numerosos asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, tras la firma del acuerdo de paz de 2016.

Decimoprimera jornada de protestas

Aunque con menor intensidad que en los primeros días de la protesta, los reclamos de diversos grupos continúan en las calles de varias ciudades para exigirle al Gobierno medidas contra la pobreza, la violencia policial y las desigualdades en los sistemas de salud y educación, entre otros asuntos.

Este sábado se unieron a las manifestaciones las madres de víctimas en el caso llamado “falsos positivos”, que es como se le conoce a las ejecuciones de civiles a manos de militares, quienes los presentaron como víctimas de combate en el conflicto interno contra guerrillas a pesar de que estos no eran combatientes.

De forma pacífica marcharon por las calles de Bogotá, junto a grupos de defensoras de los derechos de las mujeres. «Nosotras como madres, como mujeres, como hermanas, como hijas, estamos diciendo que no parimos para la guerra, no parimos para que nuestros hijos e hijas, o nosotras mismas, seamos asesinados por protestar, por ejercer el derecho, por pedir libertad, autonomía, vida digna, buen Gobierno”, dijo Claudia Rodríguez mientras participaba en la protesta.

El Ejército colombiano llevó a cabo al menos 6.400 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, un número significativamente más alto de lo estimado anteriormente, según señaló la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga los crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre las tropas gubernamentales y la exguerrilla de las FARC.

Entretanto, en Cali, las manifestaciones de esta jornada también exigieron esclarecimiento de los disparos que se produjeron casi de forma simultánea en al menos tres puntos distintos de la ciudad, en la noche del viernes. Videos difundidos por testigos a través de sus redes sociales mostraron que al menos algunos de los tiroteos se produjeron desde vehículos particulares y, posteriormente, los manifestantes encontraron uniformes de la Policía dentro de los vehículos.

Los manifestantes también siguen exigiendo esclarecimiento por los presuntos abusos de las fuerzas de seguridad, que según la ONG Temblores dejan 47 personas muertas, de las cuales 39 habrían sido a manos de la fuerza pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo habla de 27 muertes. Además, sigue sin conocerse el paradero de al menos 379 personas desaparecidas tras las movilizaciones, según la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia.

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¿Cuándo una entidad debe reconocer los intereses a las cesantías?

Las entidades deberán reconocer los intereses a las cesantías solamente de los períodos en que el empleado estuvo en comisión de servicios o encargo en vigencia del régimen anualizado de cesantías. Los empleados al servicio de la Nación tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año.

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Según concepto jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública las entidades deberán reconocer los intereses a las cesantías solamente de los periodos en que el empleado estuvo en comisión de servicios o encargo en vigencia del régimen anualizado de cesantías.

De acuerdo con el concepto, “los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año. Todos estos servidores extendiéndose a los trabajadores de Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios”.

El régimen de liquidación de cesantías por retroactividad se caracteriza por su reconocimiento con base en el último salario realmente devengado, o el promedio de lo percibido en el último año de servicios, en caso de que durante los últimos tres meses de labores el salario devengado hubiera sufrido modificaciones

Un ejemplo para comprender la liquidación de cesantías del régimen retroactivo puede ser, un servidor realizó una comisión por el término de dos años y se pretenden liquidar definitivamente, el salario de la comisión se tiene en cuenta por los dos años y el resto se tienen en cuenta con el último salario devengado por el servidor en el empleo del cual es titular. Este procedimiento, debe aplicarse precisamente para evitar saldos negativos a favor de la administración

Por otro lado, las entidades deben reconocer los intereses, correspondientes al 12% anual, a las cesantías solamente de los periodos en que el empleado estuvo en comisión de servicios o encargo en vigencia del régimen anualizado de cesantías. Este derecho se ve reservado solo a los servidores públicos vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 afiliados a fondos privados o al Fondo Nacional del Ahorro.

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Conozca cómo aprovechar los nuevos mecanismos de condonación de deudas de la ADR

Ana Cristina Moreno, presidenta de la entidad, recordó que el artículo 10 de la Ley 2071 de 2020 sobre Alivios para el Sector Agropecuario faculta a la Agencia de Desarrollo Rural para otorgar mecanismos de descuentos en capital y condenación total de los intereses. Sobre el particular se profirió la Resolución 107 de 2021 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Inició el primer período establecido para que los usuarios de los distritos de Adecuación de Tierras, cuyos predios registren obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2020 y que sean actualmente exigibles, expresen la intención de acogerse a los beneficios de condonación que permite la Ley de Alivios.

A quienes deseen ponerse al día entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2021, se les condonará el 20% de capital y la totalidad de intereses, de cada obligación en mora.

“En clave de reactivación económica y pensando en nuestros productores, los usuarios de los distritos de riego de propiedad de la ADR y gracias a la Ley aprobada por el Congreso, invitamos a todos a que aprovechen esta gran oportunidad,” dijo Ana Cristina Moreno, presidente de la ADR.

Sin embargo, aquellos usuarios que no puedan hacer pagos durante esta primera etapa, tendrán otras dos oportunidades para acceder a los beneficios:

Segundo período: entre el 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se le condonará el 10% del capital y la totalidad de intereses, de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.

Tercer período: entre el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, se le condonará la totalidad de los intereses de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020, pero, no el capital.

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