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Organizaciones de DD.HH. reportan la desaparición de 471 personas durante las protestas

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones. De estas, 92 ya han aparecido, pero 379 aún siguen en paradero desconocido. Del lado institucional las cifras son más bajas, con un total de 89 desaparecidos.

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De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.

Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.

Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.

«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1390424185692897287

¿Infiltrados en las protestas en Colombia?

A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.

En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.

El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.

Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».

Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.

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‘El comercio es víctima del paro nacional’: petición de Fenalco a la Fiscalía

Ante la Fiscalía, Fenalco entregó las pruebas y cuantías de los daños que sufrieron los comerciantes del país durante las protestas, bloqueos, actos de vandalismo y violencia durante el paro nacional. El ente gremial mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos.

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Conforme lo había anunciado recientemente, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Fenalco, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación dónde se aportaron evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad penal de algunas de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado paro nacional, y que afectaron en gran medida los intereses de comerciantes y ciudadanos.

“Los hechos delictivos que rodearon el paro no pueden quedar impunes, ni tampoco se pueden volver a repetir, bajo la excusa de la protesta social. Con esta información, y las evidencias allegadas, esperamos que la Fiscalía presente ante los jueces a los responsables de estos hechos y a quienes están detrás de estos actos vandálicos» afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Para tal fin la Federación otorgó poder al reconocido abogado Francisco Bernate, que actuará en nombre de los empresarios y comerciantes, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva y los que además fueron objeto de amenazas relacionadas con la situación de orden público.

De acuerdo con un Derecho de Petición presentado por Bernate Ochoa ante la Fiscalía General de la Nación, se busca que las evidencias de afectación al comercio sean tenidas en cuenta en la indagación que existe en curso por cuenta de los bloqueos, saqueos y vandalismo durante las jornadas de protesta.

Mediante el mencionado documento Fenalco mostró su interés, como víctima directa, de participar de manera decidida en el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de los autores materiales, directos y los instigadores de estos actos delictivos. Así mismo, busca actuar como mediador entre el ente acusador y los afectados individualmente considerados, para que las investigaciones avancen, y se puedan materializar las decisiones judiciales que corresponden.

“Contrario a los que tomaron las vías de hecho generando afectaciones irrecuperables en la economía y bienestar de los colombianos, nosotros iremos a las instancias legales para que esto no se vuelva a repetir”, concluyó Cabal Sanclemente.

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Congresista Edwin Ballesteros es llamado a indagatoria por la Corte Suprema

Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros, por presuntos contratos irregulares cuando fue Gerente de la Esant.

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La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación penal al Representante a la Cámara por Santander por el Centro Democrático, Edwin Ballesteros, este lunes 21 de junio de 2021.

La misma Corte Suprema de Justicia en su cuenta de Twitter @CorteSupremaJ informó que su Sala de Instrucción “abre investigación penal contra el Representante a la Cámara, Edwin Ballesteros. Dispone vincularlo mediante indagatoria, por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander @EsantSantander”.

Al momento es solo la apertura de una investigación relacionada con otra que le hace la Corte Suprema de Justicia al exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, hoy Senador de la República, por el partido Cambio Radical.

Con esta apertura la Corte plantea investigar si Ballesteros incurrió o no en uno o varios delitos. Los delitos que están sobre el tapete son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.

En otras palabras al congresista santandereano Edwin Ballesteros le abre la Corte Suprema de Justicia una investigación penal por presuntos actos de corrupción. La investigación de la Corte se concentrará en particular en el tiempo en que Edwin Ballesteros fue Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander – Esant – noviembre de 2013 y enero de 2016, tiempo en el cual el Gobernador de Santander (2012-2015) era Richard Aguilar Villa.

Ballesteros podría ser vinculado – según informa la Corte – mediante indagatoria, “por hechos relacionados con presuntos contratos irregulares en la Empresa de Servicios Públicos de Santander”.

La Corte investiga al congresista santandereano por tres contratos. El primero es el 157 de 2014, un contrato suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S., cuyo representante legal es Octavio Reyes Sarmiento. Se suscribió contrato por 1.188 millones 804.830 pesos con el propósito recuperar y hacerle mantenimiento al alcantarillado en el sector El Casino en comprensión de Sucre, Santander. Así mismo reparar las filtraciones en otros tramos del mismo alcantarillado.

El 23 de febrero de 2015 se firmó el segundo contrato que investiga la Corte. Se firmó por 472 millones de pesos para la potabilización de agua en Enciso, Santander. Se suscribió con la Unión Temporal Enciso Potable, cuyo representante legal era Octavio Reyes Sarmiento.

El tercer contrato en cuestión es del 4 de diciembre de 2015 por 4.346 millones de pesos firmado con la Unión Temporal Enciso Potable. Se trataba de hacerle el acueducto al municipio de Landázuri, Santander.

La Corte Suprema de Justicia entró a investigar debido a la compulsa de copias de algunas partes de la investigación contra el Senador Richard Aguilar Villa que se adelanta en la misma Corte.

Se presume de la existencia de un acuerdo entre Aguilar y Ballesteros en donde se le entregarían dos de los contratos de la Esant a Octavio Reyes Sarmiento. Esos contratos serían los de la construcción de acueductos de Chipatá y Barichara. Del acuerdo se obtendrían 600 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia apenas le abrió investigación penal al congresista Ballesteros, quien mientras continúe con su calidad de congresista será investigado por esa instancia. Si Ballesteros renuncia al Congreso es probable que su investigación vaya a la Fiscalía en un caso similar al ocurrido con el expresidente Álvaro Uribe que al renunciar al Congreso su caso pasó a la Fiscalía General de la Nación.

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Archivan indagación disciplinaria contra miembros de Ejército por gastos reservados

El proceso disciplinario se inició en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido altos oficiales.

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La Procuraduría General de la Nación informó que fue archivada la indagación preliminar que adelantaba contra miembros del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de gastos reservados.

El proceso disciplinario se inició por parte de la delegada para las Fuerzas Militares, en el mes de diciembre del año 2017 y posteriormente, el 13 de marzo de 2018, se remitió la actuación al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional.

El pasado 4 de mayo de 2018, el despacho del procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces Juan Carlos Cortés para continuar la actuación.

El 18 de agosto de 2018, el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos, por presunto uso indebido de los gastos reservados, pero tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación, por un error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad y ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar.

Al reanudarse la investigación y el análisis del material probatorio, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas.

Durante este año y luego de revisar la irregular actuación del exprocurador Fernando Carrillo fue declarada nula esta indagación, por violar varios principios procesales, sumado a la falta de pruebas que no respaldaban la investigación, y por eso debió declararse el archivo.

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