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Internacional

¿Le espera a Alemania un futuro político verde?

El buen desempeño del Partido Verde en las encuestas ha llevado a los alemanes a discutir si el país está cerca de dar un giro político sin precedentes a nivel nacional una vez la canciller Angela Merkel deje el poder.

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Las elecciones nacionales de septiembre en Alemania marcarán el final de la era de Angela Merkel tras 16 años en el poder.

Y si las encuestas se mantienen como están ahora, también podrían marcar un cambio de rumbo muy significativo para la principal potencia económica de Europa.

La razón es que por primera vez se está discutiendo la posibilidad real de que el próximo gobierno de Alemania sea liderado por el ascendente Partido Verde y su candidata, Annalena Baerbock.

Varias encuestas recientes ubican a los Verdes en el primer lugar con alrededor del 27 por ciento en intención de voto, mientras los conservadores de Angela Merkel se ubican en 24 por ciento.

Hace un año, la imagen era muy distinta: los conservadores no sólo tenían una ventaja de más de 20 puntos sobre los verdes en una de las principales encuestas, sino que también parecía claro que, tras la salida de Merkel, continuarían en el poder.

Un triunfo Verde marcaría una ruptura con la tradición política alemana, pues los gobiernos de la posguerra, primero en Alemania Occidental y luego de la Alemania reunificada, han sido liderados por uno de los dos grandes bloques políticos del país, los conservadores de la CDU/CSU y los socialdemócratas (SPD).

Los partidos más pequeños, como los Verdes o los Liberales del FDP, han sido socios minoritarios en coaliciones federales (como ocurrió con los Verdes entre 1998 y 2005), pero nunca han asumido la Cancillería en Berlín.

Los Verdes, sin embargo, sí tienen presencia actual en varios gobiernos regionales e incluso lideran el estado de Baden-Württemberg, en el sur del país.

Enfoque climático, capital de los verdes 

El buen momento político de los Verdes, un partido que se desarrolló en los años 80 como un movimiento ecologista y pacifista, se debe tanto a sus propios méritos como a las fallas de los conservadores y los socialdemócratas.

Mientras el bloque conservador de Merkel se ha visto afectado por escándalos de corrupción, fallas en el manejo de la pandemia y pugnas internas por el liderazgo en este año electoral, los verdes han mostrado una imagen muy distinta.

La elección de su candidata a canciller, Annalena Baerbock, una política joven y mediática, ocurrió sin mayores disputas públicas y se habla de un partido unido en torno a la candidata.

Además, los Verdes han sabido capitalizar la creciente preocupación por el cambio climático que, más allá de la pandemia, sigue siendo uno de los grandes temas políticos en el país.

“El interés público por el movimiento ‘Fridays for Future’, combinado con los veranos calurosos y secos, hizo que el tema de la protección climática se convirtiera en el centro del debate público y mediático”, le dijo a France 24 Ursula Münch, directora de la Academia de Educación Política en Tutzing, en el sur del país.

“A diferencia de los demás partidos, los Verdes gozan aquí de una gran credibilidad: desde su fundación a finales de los años 70 y principios de los 80, han defendido esta cuestión, que se ha convertido también en una preocupación del entorno conservador y de la clase media, especialmente en los últimos años”, agregó.

Pero este enfoque climático también ha generado nuevas preguntas sobre si los Verdes tienen el talante y el pragmatismo político para enfrentar también otros grandes desafíos de Alemania, como las relaciones con otras potencias, el desempeño económico o la recuperación tras la pandemia.

Este no es un reto nuevo, sino uno que ha resurgido a la par del crecimiento en las encuestas. Ya en 2018, el colíder de los verdes, Robert Habeck, lo había admitido: “Aún no hemos conseguido dejar claro a la opinión pública que también se nos puede confiar la seguridad de un país».

De ahí que en esta campaña los Verdes estén tratando de hacer énfasis también en otras áreas: desde una política exterior más asertiva hacia Rusia o China, hasta un mayor gasto público, más énfasis en el desarrollo digital o impuestos más altos para los ricos.

Estos enfoques, y sobre todo el costo potencial de sus programas en época de pandemia, pueden resultar problemáticos a la hora de buscar consensos con otros partidos tras las elecciones.

No hay que olvidar que, en Alemania, los gobiernos son generalmente de coalición.

Experiencia gubernamental

Otro desafío que enfrentan los Verdes -y que ha sido usado por sus contrincantes- es la falta relativa de experiencia de Annalena Baerbock.

De 40 años, Baerbock ha tenido un ascenso rápido dentro de su propio partido, pero no tiene experiencia gubernamental.

«Alemania es uno de los mayores y más exitosos países industrializados del mundo”, dijo recientemente Olaf Scholz, vicecanciller alemán, ministro de Finanzas y candidato de los socialdemócratas.

“Debería dirigirlo alguien que tenga experiencia en gobernar, que no sólo quiera gobernar, sino que pueda hacerlo de verdad», agregó.

A eso se suma que ha habido preguntas, para muchos incomprensibles y criticables, sobre si Baerbock podría combinar una potencial labor de canciller con su condición de madre de dos hijas pequeñas. Un medio incluso se preguntaba: “¿Puede una mamá ser canciller alemana?”

En respuesta a este tipo de comentarios, Baerbock ha dicho que «las mujeres y las madres deberían poder realizar cualquier trabajo en este país».

Al mismo tiempo, sus seguidores y algunos analistas han señalado ciertas semejanzas con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien no sólo llegó al poder sin mayor experiencia gubernamental sino que también ha combinado su carrera política con su condición de madre.

Algunos incluso hablan de un posible “efecto Ardern” en Alemania, aunque por supuesto faltan cinco meses para ver si Baerbock puede seguir el ejemplo de la primera ministra neozelandesa.

Y esto es importante, pues la pregunta clave es si el buen momento de los Verdes es puntual o si se puede mantener hasta septiembre 26, fecha de las elecciones federales.

O, dicho de otro modo, la cuestión es si los alemanes, normalmente tan propensos a favorecer la estabilidad y la continuidad, darán el salto político para elegir a los Verdes como principal fuerza del país.

Parte de la respuesta radicará en si los Verdes y en particular Baerbock logran presentarse de manera convincente como una alternativa viable de centro izquierda, capaz no sólo de captar votantes indecisos sino también de liderar una potencia como Alemania.

La otra parte está, en gran medida, fuera de sus manos: “La fuerza de los Verdes depende sobre todo de la actuación de los demás partidos”, explicó Ursula Münch.

“Si se mantienen los recientes avances en la lucha contra la pandemia, la posición de la CDU/CSU ante el electorado volverá a subir. Al fin y al cabo, Alemania es un país bastante conservador con una población muy orientada a la seguridad”, concluyó.

No está claro, por tanto, si los Verdes logren su objetivo de suceder a Merkel y a los conservadores en la Cancillería en Berlín.

Sin embargo, lo que parece evidente, a juzgar por la situación actual, es que mejorarán su resultado de hace cuatro años, cuando terminaron en sexta posición con apenas el 8.9 por ciento de los votos.

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Internacional

Argentina y México llaman a consultas a sus embajadores en Nicaragua tras la ola de arrestos

Los gobiernos de México y Argentina le pidieron a sus embajadores que regresen desde el país centroamericano hacia sus respectivos lugares de origen, para discutir «las preocupantes acciones políticas-legales» que está tomando Nicaragua. El llamado fue hecho en medio de la ola de arrestos contra opositores, incluida la reciente detención de un quinto aspirante presidencial que busca enfrentarse al mandatario Daniel Ortega, en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

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Los dos gobiernos de izquierda que se rehusaron a respaldar la semana pasada una resolución de la OEA contra Nicaragua por la persecución a opositores, ahora llaman a consultas a sus embajadores y dijeron estar preocupados.

En un comunicado conjunto, México y Argentina aseguran que “instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Ciudad de México y Buenos Aires afirman que «se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua (…) Y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».

El pronunciamiento fue hecho luego de que el domingo, la Administración de Daniel Ortega ordenara el quinto arresto de un precandidato a la Presidencia. Esta vez se trata del periodista y empresario Miguel Mora, quien intenta retar al mandatario en las elecciones del próximo 7 de noviembre.

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el pasado 15 de junio una resolución para condenar las restricciones y los arrestos en Nicaragua y pidió la liberación de todos los presos políticos. No obstante, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández se negaron a respaldar la medida, con el argumento de la «no intervención en asuntos internos».

En las últimas semanas, la policía nicaragüense ha detenido a por lo menos una decena de opositores políticos y cinco precandidatos presidenciales, lo que prendió las alarmas de varios gobiernos y grupos de derechos humanos.

Ortega busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cinco años, con los que extendería sus 14 años en la Presidencia desde que regresó al poder en 2007. También lideró anteriormente al país desde 1979 hasta 1990.

La ONU y la CIDH exigen liberación de opositores

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) urgió este lunes al Gobierno de Nicaragua a «liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente» en el país.

El representante de Naciones Unidas destacó que «la prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola» los derechos humanos de los arrestados.

«Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones», apuntó la OACNUDH.

A este llamado se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó las acciones de la Administración de Ortega como un “grave escalonamiento de la represión”.

El organismo de la OEA enfatizó en la liberación de los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Casi todos estos líderes opositores y candidatos son acusados de «traición a la patria» bajo la Ley 1055, que aprobó la mayoría sandinista del Congreso en diciembre del año pasado y que se estrena con estas detenciones. A los aspirantes también les han allanado sus domicilios.

A esta lista ahora se suma el precandidato Miguel Mora, investigado por supuestos delitos contra la soberanía.

«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», indicó la organización, con sede en Washington, en un comunicado.

La Comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y el 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri, José Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.

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Internacional

Juez rechaza el pedido para regresar a prisión preventiva a Keiko Fujimori

La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, podrá seguir en libertad mientras es investigada por presunta corrupción, vinculada al caso Odebrecht. Así lo determinó un juez este lunes, tras rechazar el pedido de un fiscal que solicita hasta 30 años de prisión contra la líder política. La decisión se conoce en momentos en que Fujimori lucha por anular votos de las elecciones del pasado 6 de junio, frente al virtual ganador Pedro Castillo.

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Keiko Fujimori se libra de volver a prisión preventiva. La líder de Fuerza Popular podrá continuar en libertad con sus intentos por refutar los resultados de las elecciones del 6 de junio, en las que disputó la Presidencia.

Este lunes, el juez Víctor Zuñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de regresar a Fujimori a prisión preventiva por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales anteriores en 2011 y 2016.

Dentro de las condiciones impuestas en 2020 a la candidata presidencial para que recuperara su libertad condicional está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que el fiscal asegura que Fujimori infringió.

Según Domingo Pérez, Fujimori violó las restricciones por comunicarse con el abogado y excongresista, Miguel Torres, a quien la candidata presentó recientemente como vocero de su partido político en medio de las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Pérez aseguró que Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el pasado 3 de septiembre. Entonces, solicitó que se le revocara a Fujimori la orden de comparecencia con restricciones y se le dictara de nuevo prisión preventiva.

Sin embargo, este lunes y tras escuchar al fiscal y a la defensa, el juez determinó que el reclamo «no tenía fundamento», pues no se le había dado una advertencia y no se había extendido la fianza de Fujimori.

Por su parte, la defensa señaló que, si bien Torres es testigo en el caso, no está vinculado directamente con las acusaciones de lavado de dinero, por lo que la restricción no tendría validez.

No obstante, la prensa local reportó que el juez pidió el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado como condición para la excarcelación de Fujimori. Por tanto, la dirigente política no podrá comunicarse con Miguel Torres ni otros testigos hasta que concluya el proceso judicial en su contra.

De no cumplirse, el fiscal Pérez podrá solicitar de nuevo que la candidata sea detenida.

Las acusaciones contra Fujimori

La audiencia contra la candidata de la derecha peruana representó un punto de inflamación potencial en un momento de ya alta tensión por los comicios en segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Fujimori se enfrentó al socialista Pedro Castillo, quien se declaró ganador luego de obtener 44.058 votos más, terminado el escrutinio.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular se ha negado a admitir la derrota y ha solicitado la inhabilitación de hasta 200.000 votos por presunto fraude, aunque las autoridades electorales aseguran que no ha aportado pruebas contundentes.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de ambos candidatos salieron a las calles para expresarles su respaldo y exigir al jurado electoral que revisa el reclamo de fraude de Fujimori que se pronuncie pronto.

Los comicios enfrentaron a Castillo, un maestro y líder sindical con mayor apoyo en las áreas rurales y pobres del país, contra la postura del libre mercado de Fujimori, proveniente de una familia poderosa cuyos patrocinadores incluyen a la mayoría de la élite urbana del país.

Los inversionistas extranjeros, y particularmente los mineros, observan el proceso de cerca con preocupación por las políticas previamente descritas por Castillo, que incluyen aumentar los impuestos sobre sus operaciones y reescribir la constitución.

Por su parte, Fujimori detendría y dilataría el proceso judicial en su contra al menos hasta el final de su Gobierno, en caso de ganar las elecciones.

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Internacional

Poder Judicial de Perú revisará el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

En la audiencia de este lunes, el Poder Judicial de Perú analizará el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial, hecho por un fiscal. Fujimori está acusada de presuntamente haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación en su contra por corrupción.

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Mientras Perú sigue sin definir presidente, luego de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio, la justicia se prepara para procesar a la candidata Keiko Fujimori. Un eventual triunfo de la aspirante de la derecha peruana le evitaría pasar tras las rejas los próximos años.

Este lunes, a partir de las 15:00 (hora local), iniciará la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente haber violado las restricciones impuestas durante una investigación por corrupción.

El fiscal pide hasta 30 años de cárcel contra Fujimori, por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de varios empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Las prohibiciones que habría violado

Como primera medida, Pérez solicita que a la acusada se le revoque la excarcelación que se le otorgó en el año 2020. Hasta entonces, la líder de derecha estaba en prisión preventiva mientras era investigada por el caso mencionado.

El fiscal pide que a la candidata “se (le) dicte nuevamente prisión preventiva”, debido a que supuestamente infringió reglas que le impusieron para poder quedar en libertad. Una de esas normas era que no podía comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que Pérez asegura que Fujimori infringió.

En concreto, el fiscal se refiere al abogado Miguel Torres, a quien Fujimori presentó recientemente en una rueda de prensa como vocero político de su partido, en medio de la revuelta por las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Según el fiscal, Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

El pasado 11 de junio, antes de confirmarse la audiencia de este lunes, pero cuando se supo del pedido del fiscal, Keiko Fujimori calificó la solicitud de “absurda”. Ella sostiene que la participación de Miguel Torres en su campaña data desde varios meses antes y que, por ende, no puede considerarse como una violación a las reglas.

Además, consideró que con este pedido el fiscal busca distraer la atención y «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral».

El domingo 20 de junio, la defensa de la líder de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.

En una carta enviada al juez Santos Benites del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, su abogada Giulliana Loza indicó que, pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19 es necesario que Fujimori pueda defenderse, de lo que consideró “un pedido arbitrario”.

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