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Siguen en el limbo los procesos de Alcalde en Simacota y en Girón

Temas puntuales de Simacota y de Girón no se pudieron definir durante la reunión que sostuvo el Secretario del Interior en Santander, porque hay procesos pendientes por fallar y aclarar. Habitantes a la expectativa.

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Este viernes 16 de abril de 2021 por lo menos 214.974 santandereanos estaban pendientes de la reunión que se concentró en la Gobernación de Santander. De esa reunión tendría que salir la definitiva para saber de qué forma y cuándo se define quién sigue de alcalde en propiedad en Girón y en Simacota.

Los 207.085 habitantes en Girón quedaron en el limbo con la salida de Carlos Román, por supuesta doble militancia. Tras conocerse la decisión por parte del Consejo de Estado, en el que se anula la elección de Carlos Alberto Román Ochoa como primer mandatario de los gironeses, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, procedió a nombrar un encargado. Eso sucedió el dos de febrero de 2021.

Mediante la resolución 06631 del 2 de febrero de 2021, fue designada Claudia Milena Jaimes Delgado como Alcaldesa Encargada, quien cumplía funciones como secretaria privada de despacho.

Mientras que los 7.889 habitantes de Simacota esperaban la razón de si su alcalde continuaría en el cargo, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia de fecha 13 de noviembre de 2020, revocó la candidatura del señor Nelson Orlando Ortiz Beltrán como alcalde del municipio de Simacota, dentro de la Acción de Nulidad Electoral de Lucila Franco Castillo contra Nelson Orlando Ortiz Beltrán como Alcalde del Municipio de Simacota.

Las decisiones fueron tomadas y los municipios continuaron con su día a día, pero ese encargado que no por ello es menos, no deja de ser una interinidad y muchos procesos no se firman por aquello de que como “apenas estoy por ahora”, los procesos se pueden retrasar y el municipio sigue en la cuerda floja.

La Gobernación de Santander lo entiende y los municipios de Girón y Simacota quieren una definitiva de inmediato, no obstante los mandatarios retirados no quieren irse sin luchar en el terreno jurídico.

Camilo Arenas Valdivieso, Secretario Departamental del Interior, encabezó la reunión de este viernes 16 de abril de 2021 y con verdadero sentimiento de impotencia tuvo que reconocer que: No se pudo definir nada, estamos a la espera de un fallo de tutela en el tema de Girón, igualmente de una aclaración en el tema de Simacota.

Dijo el alto funcionario que hasta que no me definan la situación ya actual de los dos procesos jurídicos y en cuanto a esos recursos que ellos interpusieron, no podemos nosotros tomar la decisión de fechas.

Dijo además que estamos a la espera, ya hablé con Registraduría, lo que sucedió fue que se socializaron los calendarios de las elecciones 2022, porque ya empiezan también inscripciones este año.

Reveló que la reunión sirvió para adelantar agenda porque se hablaron de muchos temas también que teníamos pendientes, pero temas puntuales de Simacota y de Girón no pudimos hablar porque efectivamente hasta que no se reciban esas tutelas no podemos tomar una decisión formal. Obviamente estamos muy pendientes sobre el asunto.

Los abogados de Román, alcalde de Girón, y de Ortiz Beltrán, alcalde de Simacota, no quieren aflojar ni un centímetro frente al proceso y lo que desean es que sus clientes regresen a sus cargos que lograron por elección popular.

La comunidad, esos 214.974 santandereanos de Simacota y Girón lo único que esperan es que las decisiones se tomen pronto y de nuevo sus municipios puedan volver a tener su Alcalde en propiedad.

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Tribunal revive proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín

Un fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordena que en máximo 15 días se deben entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento de revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio un plazo de 48 horas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que reanude el proceso  de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con el fallo de tutela de segunda instancia en máximo 15 días deberán entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento.

El vocero del Comité Revocatorio, Andrés Rodríguez, dijo que ya no hay excusas para continuar con el proceso y recordó que en el menor tiempo posible, la Registraduría deberá definir los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud.

«Se le ordena a la Registraduría en no menos de 48 horas aplicar los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud, es decir, básicamente este proceso ya surtió efecto», indicó.

Este martes 11 de mayo, los voceros de la revocatoria harán un plantón en la sede de la Registraduría en las torres de Bomboná en Medellín para exigirles que cumplan con esa orden judicial y les entreguen en el menor tiempo posible los documentos para continuar con el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero.

Comité de revocatoria

En febrero pasado, como una “calumnia” calificó el Comité de Revocatoria el trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desencadenó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitara investigar su financiación.

El mandatario publicó una carta de uno de los integrantes de esta iniciativa y escribió: “promotor de revocatoria denuncia a sus propios compañeros por irregularidades  en cuentas, contratos y financiación de mil 500 millones de pesos”.

El abogado Julio González, uno de los promotores, aseguró que en la misiva se dijo que la campaña costaba este dinero, pero nunca se habló de irregularidades ni tampoco de tener los recursos. Acusó al alcalde de tergiversar el texto y afirmó que responderán ante el órgano de control.

La carta fue escrita por Alejandro Posada, uno de los promotores, e iba dirigida a Alejandro Rodríguez, uno de sus compañeros.

Textualmente dice: “la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil 500 millones de pesos, según cuentas que usted  había definido”. Y le cuestionó por la contratación de una reconocida firma de abogados: “Usted decidió sin que la ley ni mucho menos el Comité lo autorizara a contratar, dirigir y decidir cuestiones jurídicas”.

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Organizaciones de DD.HH. reportan la desaparición de 471 personas durante las protestas

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones. De estas, 92 ya han aparecido, pero 379 aún siguen en paradero desconocido. Del lado institucional las cifras son más bajas, con un total de 89 desaparecidos.

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De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.

Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.

Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.

«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1390424185692897287

¿Infiltrados en las protestas en Colombia?

A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.

En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.

El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.

Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».

Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.

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Imputan cargos a exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga por irregularidades en contratación

La investigación penal, que también incluye a otra funcionaria de la entidad, tiene que ver con el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, suscrito con Rayco ltda,, por un monto $3.724.774.000, el cual presentaba múltiples irregularidades.

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Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana y a la exfuncionaria de la oficina de contratación de la misma entidad, Silvia Juliana Villareal Meza.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB y el representante legal Rayco ltda, ya investigado por estos hechos, el cual tenía un monto $3.724.774.000, presentaba múltiples irregularidades.

Dicho contrato tenía como objeto «la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes».

Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.

Por lo anterior, «durante las audiencias concentradas la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no aceptó», informó el ente acusador.

Entretanto, Villareal Meza deberá responder por los delitos de coautora dolosa en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales no se allanó.

Es de aclarar que por esta misma investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado de la AMB.

Mientras que el exrepresentante legal de Rayco ltda, Fernando Aristizábal fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la prohibición del salir del país.

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