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Ordenan visitas fiscales a seis entes territoriales que no reportan inicio del PAE

Después de haber requerido oficialmente a las entidades territoriales, por la falta de oportunidad en la ejecución del PAE, la Contraloría General de la República ordenó estas visitas fiscales a fin de recaudar insumos, que se trasladarán para adelantar las respectivas acciones fiscales que haya lugar. Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo, son las 6 ETC que serán visitadas.

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La Contraloría General de la República ordenó visitas fiscales a 6 entidades territoriales que, de acuerdo con información del Ministerio de Educación y su entidad adscrita Unidad de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender, aún no han reportado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) luego de haberse surtido los tiempos establecidos.

Con corte al 29 de marzo de 2021, de las 96 ETC que ya iniciaron calendario académico, 90 han reportado inicio de operación del PAE, quedando pendiente 6 ETC (Pitalito, Cauca, Popayán, Girardot, Villavicencio y Putumayo) por reportar fecha de inicio de atención.

Según el reporte del sistema integrado de matrícula SIMAT del Ministerio de Educación del año 2020, el programa debería beneficiar 5.692.734 estudiantes, pero hasta el momento se están atendiendo 5.378.833. Es decir que 313.901 estudiantes aún no estarían beneficiándose del PAE.

Desde el pasado 25 de marzo la Contraloría realizó requerimientos oficiales, con los que se solicitaba dar a conocer las razones del por qué, luego de haberse surtido los tiempos establecidos, no se había reportado inicio del programa y por ende no se estaría beneficiando la totalidad de beneficiarios del PAE.

“La Contraloría General, en primera medida y desde el carácter preventivo, ha venido realizando reiterados llamados a las entidades territoriales para que se atiendan y dispongan los equipos para ejecutar el PAE, pero casos como los de Pitalito, Cauca y Popayán preocupan al estar en riesgo la alimentación de 210.350 estudiantes. Por ello, tomamos la decisión de que nuestros funcionarios en las regiones correspondientes realicen visitas a las ETC y recauden todos los elementos que permitan adelantar las acciones fiscales que sean necesarias. Los recursos públicos y en este caso los de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, afirmó el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Los casos de Putumayo, Girardot y Pitalito 

De las 6 entidades que aún no estarían ejecutando el PAE, 4 dieron respuesta y se realizará seguimiento a los compromisos manifestados.

De acuerdo con las respuestas dadas, se pudo evidenciar que en el caso de Putumayo se adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública. Sin embargo, el mismo se declaró desierto mediante resolución No 0127 de fecha 22 de febrero del 2021 al haberse contado con un solo proponente, por lo que la entidad está adelantando las acciones para definir la mejor manera para desarrollar la contratación, aunque se aseguró que ya se dio la orden para iniciar la etapa precontractual a través de la modalidad de selección abreviada.

En cuanto a Girardot (Cundinamarca) explicaron que se publicó el proceso para conocimiento de los interesados desde el 9 de febrero del 2021, pero mediante resolución No 105 se declaró desierto el proceso y ya se publicó uno nuevo de selección abreviada de menor cuantía (004-2021), que se encuentra en espera de presentación de ofertas por parte de los oferentes y audiencia de cierre, para el día 30 de marzo del 2021. Aclaran que se prevé adjudicar el proceso entre los días 9 al 12 de abril.

El municipio de Pitalito (Huila) es una de las entidades que, en el año 2020, atendieron a los estudiantes a través del PAE 114 días por debajo de los 180 días esperados o del promedio nacional. Por lo tanto, debía tener excedentes monetarios por $666.957.780 para iniciar el programa.

Por otra parte, en el reporte del CHIP, se evidencia que el aporte de Pitalito para el programa en la vigencia 2019 fue de $435 millones y en el 2020 bajó a $272 millones.

Para el año 2020, el Ministerio de Educación aportó un total de $2.544 millones, y para la actual vigencia inicialmente $2.361 millones, faltando el aporte adicional, por lo que, para el Delegado de Participación Ciudadana, no se entiende cómo no se ha iniciado el programa: se tenían excedentes, se redujo el número de beneficiarios y además se ha retrasado el proceso.

Aun así, en su respuesta del 29 de marzo a la Contraloría, la administración de Pitalito asegura que desde diciembre de 2020 ha venido estructurando el proyecto de pliego de condiciones.  Sostiene que “debido a la disminución de recursos asignados al municipio por parte del Ministerio de Educación para financiar el PAE y del SGP, se debió realizar un ajuste al presupuesto del proyecto y una disminución de cupos a atender en las diferentes sedes educativas del municipio, bajando la cobertura de 11.158 titular de derecho a solo 11.000”, algo que preocupa aún más, pues se estaría dejando de atender a estudiantes a través de la alimentación escolar.

Además. aseguraron que se radicó solicitud de inicio del proceso de contratación el 5 de febrero, la cual fue devuelta solicitando que su contratación se realice por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMB), la cual les manifestó que fue seleccionado el comisionista para que se adelante el proceso y en el cronograma para elección de operador se resalta que máximo el 6 de abril debería estar el vendedor seleccionado.

“Eso algo que esperamos como Contraloría se cumpla y a lo que haremos seguimiento de acuerdo al próximo informe del Ministerio de Educación”, advirtió el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

El caso del Cauca 

En cuanto al Cauca, la ETC respondió que el operador a quien se les adjudicó la licitación para la atención de la zona sur, macizo y centro, no había subido las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio, manifestando que la semana en curso adelantarían el alistamiento para iniciar con las entregas. En el caso del operador para la zona costa, están pendientes las pólizas de garantías para la suscripción del acta de inicio.

Los operadores indígenas ya se encuentran ejecutando los contratos y están realizando la segunda entrega de las raciones para preparar en casa -RPC. Y está pendiente iniciar proceso contractual con el operador Ozbesca, que atendería a los estudiantes indígenas de López de Micay y Timbiquí, por cuanto la representación legal venció el 3 de febrero del 2021 sin que a la fecha se haya efectuado la elección de la nueva junta directiva.

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Tribunal revive proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín

Un fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordena que en máximo 15 días se deben entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento de revocatoria del mandato de Daniel Quintero Calle.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia le dio un plazo de 48 horas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que reanude el proceso  de revocatoria en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con el fallo de tutela de segunda instancia en máximo 15 días deberán entregar las planillas para recolección de firmas a los representantes del movimiento.

El vocero del Comité Revocatorio, Andrés Rodríguez, dijo que ya no hay excusas para continuar con el proceso y recordó que en el menor tiempo posible, la Registraduría deberá definir los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud.

«Se le ordena a la Registraduría en no menos de 48 horas aplicar los protocolos de bioseguridad que ya están autorizados por el Ministerio de Salud, es decir, básicamente este proceso ya surtió efecto», indicó.

Este martes 11 de mayo, los voceros de la revocatoria harán un plantón en la sede de la Registraduría en las torres de Bomboná en Medellín para exigirles que cumplan con esa orden judicial y les entreguen en el menor tiempo posible los documentos para continuar con el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Daniel Quintero.

Comité de revocatoria

En febrero pasado, como una “calumnia” calificó el Comité de Revocatoria el trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desencadenó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitara investigar su financiación.

El mandatario publicó una carta de uno de los integrantes de esta iniciativa y escribió: “promotor de revocatoria denuncia a sus propios compañeros por irregularidades  en cuentas, contratos y financiación de mil 500 millones de pesos”.

El abogado Julio González, uno de los promotores, aseguró que en la misiva se dijo que la campaña costaba este dinero, pero nunca se habló de irregularidades ni tampoco de tener los recursos. Acusó al alcalde de tergiversar el texto y afirmó que responderán ante el órgano de control.

La carta fue escrita por Alejandro Posada, uno de los promotores, e iba dirigida a Alejandro Rodríguez, uno de sus compañeros.

Textualmente dice: “la campaña de la revocatoria costaba aproximadamente mil 500 millones de pesos, según cuentas que usted  había definido”. Y le cuestionó por la contratación de una reconocida firma de abogados: “Usted decidió sin que la ley ni mucho menos el Comité lo autorizara a contratar, dirigir y decidir cuestiones jurídicas”.

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Organizaciones de DD.HH. reportan la desaparición de 471 personas durante las protestas

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas han desaparecido durante las manifestaciones. De estas, 92 ya han aparecido, pero 379 aún siguen en paradero desconocido. Del lado institucional las cifras son más bajas, con un total de 89 desaparecidos.

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De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, que presentó junto a 26 organizaciones de derechos humanos un reporte, quedan en este momento 379 personas desaparecidas de ese total de 471 en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Todos casos documentados desde el 1 de mayo, con la ubicación por ahora de 92 personas.

Sin embargo, las cifras oficiales están muy por debajo de las reportadas por estas entidades. El conteo de la Defensoría del Pueblo muestra que existen hasta el momento 89 desaparecidos, de los cuales, según dice la policía, han sido hallados 47.

Varios de los desaparecidos fueron personas detenidas por las fuerzas policiales, por lo que la Unidad de Búsqueda de desaparecidos ha instado al cuerpo de agentes a compartir las listas de detenidos para poder cotejar la información.

«La Unidad (de Búsqueda), en el marco de sus competencias y como ente encargado de la dirección y coordinación de la búsqueda de desaparecidos, ha convocado a la Defensoría y a la Fiscalía General de la nación a una reunión, a fin de articular los esfuerzos del Estado que den con mayor celeridad una respuesta a miles de familias que están buscando a sus seres queridos», dijo la directora de la entidad, Luz Marina Monzón.

En su más reciente informe, la ONG local Temblores indica que desde las 6.00 del 28 de abril y hasta las 10.00 del 6 de mayo han registrado 1.728 casos de violencia policial, 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 934 detenciones arbitrarias, 37 muertes por violencia policial y 11 casos de violencia sexual por parte de los agentes.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1390424185692897287

¿Infiltrados en las protestas en Colombia?

A medida que avanzan las protestas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza se hacen más notorias. En las redes sociales se han multiplicado los videos de agentes policiales abriendo fuego en manifestaciones, en su mayoría pacíficas. De acuerdo con Temblores, se han producido 98 casos de disparos de fuego por parte de la policía desde el inicio de las protestas.

En diversas ciudades y municipios se han producido denuncias por la irrupción de la fuerza pública y por la dispersión de marchas, incluso tratándose de pequeños actos.

El Gobierno culpa de la violencia y justifica la represión de las Fuerzas Armadas con la idea de una supuesta acción de grupos criminales, entre los que señala a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC (disuelta en 2017 tras la firma de los Acuerdos de Paz con el antiguo Gobierno en 2016), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de narcotraficantes.

Por otro lado, las altas cortes del país, incluidas la Corte Suprema y la Corte Constitucional, realizaron este 6 de mayo un comunicado conjunto luego de una reunión con el presidente colombiano Iván Duque en el que dieron su apoyo «al orden institucional y democrático» como garante de la paz y en el que rechazaron «los actos criminales de violencia, de terrorismo y de vandalismo».

Sin embargo, hasta el momento ni el Gobierno ni la policía han aportado pruebas de que tras el accionar de los actos vandálicos en la ciudad se encuentren los grupos armados mencionados por el Ejecutivo. Sin embargo, otras entidades como el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) han denunciado la presencia tanto de policías como de paramilitares que se habrían infiltrado en las protestas vestidos de civiles para arremeter contra los manifestantes.

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Imputan cargos a exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga por irregularidades en contratación

La investigación penal, que también incluye a otra funcionaria de la entidad, tiene que ver con el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, suscrito con Rayco ltda,, por un monto $3.724.774.000, el cual presentaba múltiples irregularidades.

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Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Rodolfo Torres Puyana y a la exfuncionaria de la oficina de contratación de la misma entidad, Silvia Juliana Villareal Meza.

De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB y el representante legal Rayco ltda, ya investigado por estos hechos, el cual tenía un monto $3.724.774.000, presentaba múltiples irregularidades.

Dicho contrato tenía como objeto «la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes».

Se estableció que la adición del contrato por un valor de 397’131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista.

Por lo anterior, «durante las audiencias concentradas la Fiscalía le imputó a Torres Puyana los delitos de coautor doloso del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con interés indebido en la celebración de contratos, los cuales no aceptó», informó el ente acusador.

Entretanto, Villareal Meza deberá responder por los delitos de coautora dolosa en calidad de cómplice del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y coautora dolosa de falsedad ideológica en documento público, a los cuales no se allanó.

Es de aclarar que por esta misma investigación, en marzo pasado, tras la solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gilberto Moreno Ardila, exdirector encargado de la AMB.

Mientras que el exrepresentante legal de Rayco ltda, Fernando Aristizábal fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en la prohibición del salir del país.

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