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La violencia causa malnutrición en indígenas y afros en Colombia: Estudio

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Chocó y Nariño lidian con la muerte, la discapacidad física y sicosocial y tienen «mayor riesgo para contraer enfermedades», además de afectaciones en su salud mental, destaca el estudio.

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El conflicto que repunta en Colombia tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC está causando graves problemas de malnutrición entre comunidades negras e indígenas del país, según un estudio de la ONG Médicos del Mundo y varias universidades difundido este viernes.

«Las dinámicas que imponen los actores armados en esos territorios como el confinamiento o la disposición de minas antipersonales y artefactos explosivos, o simplemente el miedo, hacen que las personas pierdan la capacidad de procurar alimentos», como parte de una «estrategia de guerra», dijo Nicolás Dotta, coordinador de la sección colombiana de Médicos del Mundo.

La ONG, junto con la Universidad Nacional de Colombia y la Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la Paz, entregaron el informe ‘La salud en el conflicto colombiano’ a la Comisión de la Verdad que indaga sobre los hechos más atroces del enfrentamiento interno.

El estudio reseña la situación que han enfrentado los afrodescendientes e indígenas en Chocó, en la frontera con Panamá, así como la etnia Awá, en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, entre otras.

Estas poblaciones lidian con la muerte, la discapacidad física y sicosocial y tienen «mayor riesgo para contraer enfermedades», además de afectaciones en su salud mental, señala.

En Chocó, los choques entre guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, debilitaron aún más el acceso a servicios como salud y empujaron al confinamiento a los pobladores.

A la desnutrición crónica se sumaron brotes de malaria y tuberculosis que persisten en esta región selvática y aurífera, con un 89% de población negra e indígena.

Hoy, «a pesar de la firma del acuerdo de paz», la violencia y el abandono hacen que se siga «vulnerando el derecho de las comunidades a la salud y a condiciones básicas como el acceso a los alimentos y al agua limpia», detalla el informe.

La estela del narco

Mientras que del otro lado del país, en las montañas selváticas de Nariño, los Awá sufren el despojo de sus tierras, situadas en zonas con narcocultivos y laboratorios para el procesamiento de la cocaína.

Durante un tiempo, «las aspersiones aéreas de glifosato (…) orientadas hacia la destrucción de cultivos de uso ilícito» y la presión de grupos armados «para continuar cultivando coca, en detrimento de los cultivos propios de (…) subsistencia» mermaron el acceso a alimentos de este grupo indígena, destaca el estudio.

Y ahora, a pesar de que se suspendió el uso del polémico herbicida, las masacres y desplazamientos masivos por cuenta de grupos que buscan quedarse con sus territorios ancestrales mantienen a los Awá «en riesgo de exterminio físico y cultural», reza el texto.

«En estos momentos nos encontramos en una situación de crisis humanitaria por la guerra que se recrudece» en nuestros territorios, reafirmó el representante de la etnia, Robinson Pai, durante la entrega del informe.

Víctimas frecuentes de la violencia, los indígenas y afrodescendientes esperaban pasar la peor página del conflicto con el desarme de los paramilitares (2006) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (2017).

Sin embargo, están envueltos en un nuevo ciclo de violencia ante la expansión del narcotráfico y los grupos armados herederos del paramilitarismo, disidentes que no se acogieron al pacto de paz y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El conflicto que persiste desde hace casi seis décadas en el país ha dejado más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

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Los últimos que serán vacunados son los jóvenes y adolescentes. Van los de 60

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, explicó en qué consisten los cambios que se aplicarán en el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, en el propósito de tratar de contener el virus.

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Ad portas de la publicación del Decreto que modifica las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, explica cuáles son los cambios.

Señaló que la modificación tiene que ver con el Artículo 7 del Decreto 109, el cual fija las bases del PNV y define las fases y etapas, por lo que, en este momento, se hace una actualización incluyendo poblaciones y comorbilidades que tienen mayor riesgo frente al virus.

“Los ajustes se hicieron basados en la evidencia científica, que permitió identificar nuevas comorbilidades con mayor riesgo frente al virus y otras poblaciones que, por su exposición, aumentan el riesgo de infección”, precisó Bermont.

Frente a esto, el funcionario explicó que la etapa 1 no tendrá modificaciones, mientras que en la etapa dos se adicionará personal de otras líneas de atención en salud. “En la etapa 2 estará incluido todo el talento humano en salud que labora en las EPS, órganos de control y diferentes organizaciones que asisten, acompañan y validan todo el proceso de atención y manejo del covid”, mencionó Bermont, por ejemplo.

En el caso de la etapa 3 serán incluidas nuevas comorbilidades que, como ya se dijo, la evidencia científica sugiere que tienen un mayor riesgo ante covid-19 y, además, se incluirá a la población de 50 a 59 años. “Antes este grupo estaba en la etapa cinco y pasará a la etapa tres como prioridad por edad, teniendo en cuenta que la edad sigue siendo el factor de mayor riesgo”.

En la etapa 4 se incluye la población de 40 a 49 años y todos los grupos de socorro. “Inicialmente esta etapa tenía todos los órganos de control, pero incluimos este grupo de edad”.

Entretanto, la etapa 5 tendrá la población de 16 a 39 años sin comorbilidades. “Con estas modificaciones le damos mayor relevancia a la protección de la vida y el riesgo en el marco del PNV”, concluyó Bermont.

Fases y etapas

Las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19:

Etapa 2. Población entre 60 y 79 años de edad. Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obligatorio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia – servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de los servicios brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se encuentren clasificados en la etapa 1.

Talento humano en salud y apoyo que atiende a pacientes en prestadores de servicios de salud. Médicos tradicionales, sabedores ancestrales y agentes de salud propia. Estudiantes del área de la salud en práctica clínica. Talento humano que apoya la respuesta a la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación, el Plan Ampliado de Inmunización y de Inspección, Vigilancia y Control. Talento humano en salud que atiende a pacientes o visita prestadores en espacios diferentes a las IPS. Talento humano que labora en bancos de sangre, órganos y tejidos.

Etapa 3 • Población entre 50 y 59 años. • Población entre 16 y 59 años, que presente al menos una de las siguientes condiciones: Enfermedades hipertensivas Enfermedad isquémica aguda del corazón. Insuficiencia cardiaca. Arritmias cardíacas. Enfermedad cerebrovascular. Diabetes. Insuficiencia renal. VIH. Cáncer. Tuberculosis. EPOC. ASMA. Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal > 30). En lista de espera de trasplante de órganos vitales.

Post trasplante de órganos vitales. Desórdenes neurológicos. Síndrome de Down. Inmunodeficiencia primaria. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes. Autismo. Trastorno bipolar. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática.

Fibrosis quística. Agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por ICBF. Docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y educación superior. Cuidadores de poblaciones de especial protección.

Fuerza pública. Guardia indígena y guardia cimarrona. Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres. Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas. Personal de Migración Colombia. Máxima autoridad de Policía y Sanitaria nacional, municipal, distrital y departamental. Personal de la Fiscalía General de la Nación.

Etapa 4. Población privada de la libertad. Personal que por sus funciones está en contacto directo con población privada de la libertad. Personal de primera respuesta en la gestión del riesgo. Habitantes de calle. Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la atención de población en situación de calle. Pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos y tripulación de barcos internacionales de transporte de carga. Personal aeronáutico de alto riesgo.

Talento Humano de las Comisarías de Familia encargadas de la atención y protección a población víctima de violencia intrafamiliar. Personal de talento humano de atención de campo de emergencias y desastres de la UNGRD. Población de 40 a 49 años.

Etapa 5. Población de 16 años y más que no se encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 30 y 39 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación.

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Escalada de violencia tras protestas contra el gobierno de Iván Duque

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, describió la noche del martes 4 de mayo como «trágica y dolorosa». En la capital, grupos de ciudadanos incendiaron tres Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía. En el interior de uno de ellos había al menos 10 uniformados que finalmente lograron huir de las llamas. En Cali denunciaron arremetidas con disparos en el barrio Siloé, al igual que en otras ciudades del país. La ONG Temblores ha documentado 31 víctimas mortales y más de 1.400 casos de violencia policial en el marco de unas manifestaciones que siguen su curso este miércoles.

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Lejos de descansar, la violencia en Colombia siguió en aumento en el séptimo día de protestas tras la convocatoria de paro nacional el pasado miércoles 28 de abril.

El presidente Iván Duque dio marcha atrás el pasado domingo a su reforma tributaria, pero las manifestaciones –que han dejado al menos 19 víctimas mortales según la Defensoría del Pueblo y 31 de acuerdo a la ONG Temblores– no cesan.

Bajo estas circunstancias, Bogotá, la capital del país, vivió el 4 de mayo una noche “trágica y dolorosa”, en palabras de la alcaldesa Claudia López. “El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra los ciudadanos, contra nuestros bienes públicos, contra nuestra policía, es realmente insólito”, aseveró.

Estas afirmaciones hacen referencia al ataque contra 25 centros de Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía. Tres de ellos fueron incinerados por completo. Especialmente fuerte fue el ataque contra el CAI de la Aurora, en la localidad de Usme, al sur de la ciudad, en donde al menos 10 policías se encontraban en su interior en el momento de ser incendiado por manifestantes.

“Lo que ocurrió con nuestros uniformados es inadmisible. Yo le ruego a Bogotá y a Colombia que paremos, que deliberemos y dialoguemos. Acabar con la ciudad o acabarnos entre nosotros, no puede ser una causa”, señaló López en un comunicado en torno a las 2:00 a.m. Los enfrentamientos dejaron 72 civiles y 19 policías heridos, según la Alcaldía de la capital.

Duque culpa a los grupos criminales y habla de diálogo

«Bogotá sufre esta noche el ataque de criminales organizados que están siendo enfrentados por nuestra fuerza pública. Rechazamos enfáticamente estos atentados contra integrantes de la Policía», manifestó en la medianoche del martes el presidente colombiano, Iván Duque.

Anteriormente, durante la tarde del mismo martes, el presidente había hecho un llamado a respaldar a la fuerza pública en el que, sin embargo, no hubo ninguna mención explícita a las acusaciones de violaciones de los derechos humanos que han hecho diversas organizaciones humanitarias ni a las más de 30 víctimas mortales.

«Por el pasado de violencia que conocemos, más contundente debe ser nuestro compromiso con la vida (…) esa es la misión de nuestra fuerza pública y por eso debemos apoyarla, al mismo tiempo que exigimos de ella el mayor rigor en el cumplimiento de su misión constitucional», afirmó.

En esa misma declaración Duque instó a los diferentes partidos, así como a movimientos sociales y empresariales del país a iniciar un diálogo “sin diferencias ideológicas”. «Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones (…) en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas sino nuestro más profundo patriotismo», expresó.

Sin embargo, algunos partidos ya rechazaron esta invitación al diálogo hasta que el Gobierno no retire al Ejército de las calles.

El subdirector del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, el politólogo Ariel Ávila, reconoció la dificultad de confiar en el diálogo ofrecido por el presidente dada la falta de compromiso con lo acordado tras las conversaciones ofrecidas después del paro nacional de 2019.

Protestas y desmanes en otras ciudades

Las protestas en la noche del martes no se circunscribieron solamente a la capital. En Cali, numerosos ciudadanos denunciaron a través de redes sociales que se volvieron a escuchar disparos en el barrio Siloé, donde se registró una gran tensión en la noche del lunes, que dejó varios muertos a manos de las fuerzas policiales.

Asimismo se registraron denuncias de cortes de luz e Internet en varios puntos de la ciudad.

En Medellín, la segunda más importante del país, hubo fuertes enfrentamientos en el icónico Parque de Los Deseos, donde un profesor fue herido en uno de sus ojos por un proyectil.

Se registraron otros altercados en ciudades como Neiva, al sur del país, en donde algunos grupos de personas quemaron el peaje de entrada a la ciudad en la carretera de comunicación con Bogotá.

Este miércoles 5 de mayo Colombia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones, cumpliendo así una semana de protestas en las que la violencia y las denuncias de violaciones a los derechos humanos llaman la atención de la comunidad internacional.

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El grito del barrio popular de Siloé en la noche más trágica de protestas en Cali

La noche del 3 de mayo quedará en el recuerdo para los habitantes de Siloé, en Cali. Tres jóvenes fallecieron, según la comunidad, en uno de los días más sangrientos desde que iniciaron las protestas en Colombia contra la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque. El estallido llega hasta barrios populares, de gran tejido social, que gritan contra la desigualdad.

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La entrada al barrio de Siloé, en Cali, está cerrada al tráfico. 50 metros antes de la glorieta principal hay una estación de policía. La tensión en el ambiente hace que todas las personas que pasen por el lugar miren a sus espaldas.

Para entrar en la glorieta, un grupo de líderes sociales y de defensores de derechos humanos del barrio sale a nuestro encuentro. La seguridad para los periodistas en las protestas de Cali está en riesgo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recogía entre el 28 de abril y el 3 de mayo 76 periodistas víctimas de agresiones. El 62% fueron por la fuerza pública y autoridades.

En la glorieta hay varios centenares de personas. Están reunidas para un homenaje a las víctimas. En la noche del viernes, líderes del barrio aseguran que murieron tres jóvenes y alrededor de 20 fueron heridos de bala. Los vecinos que acuden, encienden velas, llevan flores y dejan mensajes para que cese la violencia.

Hay poca prensa. Algún medio independiente y un equipo de la televisión pública. La presencia de un medio internacional llama la atención. Los vecinos de Siloé quieren hablar. Es el pedido de atención para una comunidad acostumbrada al olvido. Lo demuestra un dato demoledor: 1 de cada 5 niños del barrio está en situación de pobreza extrema.

Un barrio nacido del conflicto armado

Siloé es un barrio de loma. Las casas suben por la montaña de Cali. Empezó siendo de invasión, creado por desplazados de la violencia, entre los que se encuentran un gran número de indígenas y afrodescendientes.

El tejido social fue la única opción para el barrio, que con el tiempo se fue politizando y contó con presencia de la guerrilla urbana del M-19. En 1985, ya hubo una operación militar llamada “Cali, Navidad Limpia”. Querían acabar con la presencia del grupo armado. El resultado fueron 17 muertos, en su mayoría civiles. A David Gómez, líder social del barrio, la noche del 3 de mayo le recuerda a aquel día.

Por un altavoz, distintos voceros tratan de encontrar consuelo, mientras una madre, que ha perdido a su hijo se abraza a Francia Márquez, activista ganadora del Premio Goldman (el Premio Nobel del Medioambiente) y candidata a la presidencia de Colombia para las elecciones de 2022. Por sus ojos caen las lágrimas de una sociedad demasiado acostumbrada que las madres se queden huérfanas de hijos.

Los vecinos critican el abandono, pero también la discriminación y la violencia policial. Muchos jóvenes como Lizz desprenden rabia en sus declaraciones. Asegura que está harta de limpiar la sangre de los suyos

El uso de las armas en Cali

En la escena hay escombros. Y también balas. Nos muestran una. Pero no es de pistola, es de arma larga. Vídeos de redes sociales muestran disparos de la fuerza pública en el barrio. La policía denuncia que también hay posesión de armas en Siloé y que han sido objeto de disparos.

Gustavo Gutiérrez, fundador de la iniciativa social Biblioghetto, explicaba el contexto así, en Twitter: “Han desatado una guerra. Se olvidan que adentro de Cali hay un subestado armado, con rabia y con falta de oportunidades”.

Coincide la periodista María Camila Hernández. Para ella, las causas de lo que sucede en Cali vienen de la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Causas para las que un peluquero del barrio, en un momento del homenaje, quiere dar respuesta: ellos solo quieren trabajar.

En este contexto de tensión social, además, las armas afloran, en una ciudad que fue uno de los principales centros de operación del narcotráfico en el pasado. Armas que también se encuentran en los barrios de mayor poder adquisitivo.

Se han visto vídeos de vecinos del acomodado barrio de Ciudad Jardín, con camionetas de alta gama y camisetas blancas, portando armas. Aseguran que, para defenderse y evitar el desabastecimiento de una ciudad, donde ya escasean alimentos, gasolina y medicamentos.

La reforma tributaria enfadó a los más vulnerables

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil. Y la pandemia ha generado una crisis económica, que ha aumentado la brecha, dejando en 2020, un 15% de desempleo, en un país en el que la informalidad laboral está cerca del 50%.

Las protestas empezaron el 28 de abril, contra un proyecto de ley de reforma tributaria, presentado por el Gobierno del conservador Iván Duque, que afectaba a clases medias, principalmente, aunque también en servicios básicos a las clases populares.

Fue la gota que colmó el vaso, para unos jóvenes, que en Siloé, están dispuestos a seguir adelante con las protestas, aseguran, hasta que haga falta, y aunque les cueste la muerte.

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