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Con Decreto Gobierno limita participación ciudadana

Como contexto a la toma de esta decisión es necesario recordar que en julio de 2020 un juez del Tribunal Administrativo de Nariño ordenó que el Gobierno no podría poner en marcha el plan de licenciamiento para retomar las fumigaciones sin consultar a las comunidades indígenas, afro y campesinas de los territorios.

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Por: Beatriz E. Mantilla/ Solo el Consejo de Estado analizará acciones de tutela contra la Presidencia de la República que involucran erradicación de cultivos ilícitos o seguridad nacional. La medida se tomó esta semana, el 6 de abril de 2021 a través del Decreto 333, y deja sin competencia a los administradores de justicia regional que venían atendiendo dicho mecanismo de participación ciudadana y emitiendo sentencias a favor de comunidades afro, indígenas y campesinas, quienes reclamaron ser tenidos en cuenta en decisiones respecto al uso del glifosato en preservación de la vida y el medio ambiente.

La decisión del alto gobierno restringe la posibilidad de que cualquier persona ejerza su derecho constitucional de participación contemplado en el artículo 40 de la Carta Magna, y reglamentado por la Ley 134 de 1994, de acuerdo con el cual la Acción de Tutela es “…el mecanismo mediante el cual toda persona tiene derecho a interponer este recurso para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares”.

De acuerdo con lo anterior, la reciente expedición del Decreto 333 va en contra de la esencia misma de la Acción de Tutela de poder acudir a ella para que a su vez todo juez investido de competencia para gestionarla pueda pronunciarse y emitir sentencia. Dicho de otra manera, al parecer, se pretendería que las comunidades de región se vean obligadas a un desplazamiento hasta la sede de funcionamiento del Consejo de Estado para buscar la atención de un juez competente.

Como contexto a la toma de esta decisión es necesario recordar que en julio de 2020 un juez del Tribunal Administrativo de Nariño ordenó que el Gobierno no podría poner en marcha el plan de licenciamiento para retomar las fumigaciones sin consultar a las comunidades indígenas, afro y campesinas de los territorios.

La impugnación fue interpuesta por 93 personas y 88 organizaciones como la Asociación De Consejos Comunitarios Del Norte Del Cauca (ACONC), el Consejo Mayor Comunitario Del Río Anchicayá, Comisión Nacional De Territorios Indígenas, Consejo Regional Indígena Del Cauca (CRIC), Asociación De Cabildos Indígenas Del Municipio De Villagarzón (Putumayo) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y fue elaborada desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), contra la sentencia de tutela de fecha 27 de mayo de 2020. Las organizaciones manifestaron estar inconformes “frente a la orden de desvincular a todas las entidades diferentes a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Policía Nacional. Señala que se debe ordenar la vinculación del Ministerio del Interior”.

En ese momento y, en segunda instancia, el Tribunal confirmó la decisión que profirió un juez de Pasto en mayo y les dio la razón a las comunidades que impugnaron esta decisión parcialmente para que se incluyera en el fallo al Ministerio del Interior “dada la competencia y responsabilidad directa que le corresponde en la violación del derecho fundamental de consulta previa”.

Además, en dicha sentencia se ratificó la decisión que tomó el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspendió las licencias para retomar las fumigaciones hasta que se garantice el derecho a la participación de las comunidades y confirmó que no hay posibilidad de realizar audiencias y la consulta previa de manera virtual.

La sustentación jurídica considerada el año anterior, tuvo en cuenta en el fallo que se deben garantizar los “derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, a la participación y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y vulneración, en el desarrollo del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato(PECIG)”.

De igual forma, el pasado 13 de enero, el Tribunal Superior de Pasto suspendió una resolución del Ministerio de Interior, pues el despacho de Gobierno había certificado a 104 municipios del pacifico nariñense como núcleos geográficos en los cuales se pretender asperjar con el glifosato. El despacho judicial trabó la resolución, pues no se había tenido en cuenta la opinión de las comunidades afro e indígenas de la región. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? Entuteló, el pasado 8 de marzo, a la magistrada ponente del fallo, intentando proteger sus derechos al “debido proceso” y al “acceso a la administración de justicia”.

Sin embargo, dichos avances por el respeto al derecho de participación e inclusión de las comunidades quedarían a un lado puesto que se les quitó la competencia a los juzgados regionales, que, en temas de erradicación, le había dado la razón a las comunidades que han exigido su derecho a la participación, al cuidado del medio ambiente y la preservación de la vida.

El documento recién expedido en las últimas horas modificó, a su vez, tres artículos del Decreto 1069 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Entre los cambios, por ejemplo, se estableció que las acciones de tutela contra el contralor general, procurador general, fiscal general, registrador nacional, defensor del Pueblo, auditor general, contador general, Consejo Nacional Electoral y las determinaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, serán competencia de los Tribunales Administrativos o Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Al respecto, hay reacciones encontradas dado que algunos juristas consideran que la eliminación de cultivos de droga es un fenómeno que afecta la seguridad nacional e incrementa la violencia en los territorios y por ello deben ser analizados por una alta corte que fortalezca la desconcentración de la administración de justicia; sin embargo, también hay quienes, como el experto santandereano Dr. Gerardo Martínez Martínez, manifiestan que “con ello se niega peor el acceso a la justicia y se crea un fuero en favor del presidente y del gobierno, al establecer que solo lo pueden demandar ante el Consejo de Estado que queda en Bogotá, cuando la vulneración de los derechos está ocurriendo (con las fumigaciones, por ejemplo) en los territorios donde la virtualidad también es precaria”.

“La filosofía de la tutela es que la conozca el juez del lugar de la vulneración, es decir, se acercó el juez al ciudadano. Ahora quieren acercarlo al presidente y los poderosos del Estado”. Por lo anterior para Gerardo Martínez es claramente inadmisible dado que no se pueden privilegiar los derechos con fueros especiales, en favor de los protagonistas del poder, cuando la tutela es en favor del ciudadano de a pie y no de los gobernantes.

Adicionalmente, advirtió Martínez, el asunto más grave es que se queda sin segunda instancia jerárquica porque el Consejo de Estado carece de superior lo cual se convierte en una estrategia de concentración de poder y presuntamente de evasión de justicia dado el contexto en el cual se ha gestionado controlar los órganos llamados a hacer contrapeso al ejecutivo como lo son la Fiscalía y Procuraduría.

Para finalizar es indispensable recordar que existen amplios y rigurosos estudios en el país y en otros territorios del planeta, en los que con suficiente evidencia científica se comprobó que las estrategias antidrogas como la del Plan Colombia —erradicación manual, control de precursores químicos y fumigación aérea—, y a la que más recursos han destinado los gobiernos, ha sido la de más baja o nula efectividad, pues el glifosato acaba con las hojas de coca pero no impide que las semillas germinen. Por el contrario, sus costos sociales son muy altos: desplazamiento de la población y efectos negativos en la salud humana —enfermedades de la piel, los ojos, respiratorias, endocrinas y abortos—, que se traducen en menor calidad y expectativa de vida, y en reducción de la productividad en general. Además, tiene consecuencias negativas para el medio ambiente: contamina las aguas, contribuye a la deforestación, disminuye la disponibilidad de alimentos y afecta la fauna. Como si fuera poco, en 2001 la Comisión Europea clasificó el glifosato como “tóxico para los organismos acuáticos” y como un producto que puede “acarrear efectos nefastos para el ambiente en el largo plazo”. Aún todos esos efectos el Gobierno Decretó restringir la participación de las comunidades.

*Comunicadora Social organizacional y periodista; docente universitaria y consultora en asuntos corporativos y de Responsabilidad Social Empresarial.

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Pensar en positivo

Es posible ver como formas de solidaridad han aparecido en medio de la presente crisis y la conciencia social ha despertado para hacer frente a problemáticas sociales y económicas. Cientos de familias, empresas, líderes han aplicado haz el bien y no mires a quien.

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Por: Carmen Elisa Balaguera Reyes/ La llegada de la emergencia sanitaria, social y económica generada por el coronavirus ha traído miles de situaciones adversas para la mayoría de personas, pero también hay quienes se han ingeniado para que esta pandemia no genere aspectos negativos en sus vidas.

Soy de las personas que trato de pensar en positivo, ver el vaso medio lleno y no vacío, ahora tenemos tiempo para compartir más en familia, así no la tengamos con nosotros, son nuestros seres queridos los motivos de nuestro devenir en el día a día, tiempo para pensar y para compartir de verdad con los nuestros, con nuestra familia y nuestros seres más queridos. Un tiempo que ha llevado a revisar el orden de las prelaciones que estábamos aplicando en nuestras vidas y ordenar el orden de prioridades.

Es posible ver como formas de solidaridad han aparecido en medio de la presente crisis y la conciencia social ha despertado para hacer frente a problemáticas sociales y económicas. Cientos de familias, empresas, líderes han aplicado haz el bien y no mires a quien. En todo caso lo que vemos caracteriza a las crisis de este tipo, las cuales activan a todo el potencial de cooperación entre ciudadanos y que ya se había preguntado el dramaturgo español Benito Pérez Galdós “¿No es triste considerar que sólo la desgracia hace a los hombres hermanos?”.

Me gustaría relatar una experiencia que hace poco tuve la oportunidad de presenciar y que demuestra todo lo positivo que se puede rescatar de estos tiempos tan difíciles.

Hace unos días saliendo a la calle muy de madrugada encontré a un vendedor de tintos y quien al regresarme una hora más tarde noté que algunos vecinos saludaban con mucha cordialidad. No me percate sino hasta un poco después, que se trataba de un vecino que hacía pocos meses vendía sus productos en un pequeño local y donde se tomaban a la media mañana, empanadas, pasteles, café con leche, chocolate. Vaya sorpresa la que me lleve cuando me di cuenta que era mi vecino, al que hace mucho tiempo deje de ver.

La solidaridad del vecindario se había hecho presente, ya no se consumían los alimentos dentro de la tienda, sino fuera de ella. El vecino dispuso un carro de metal de esos que encontramos en los supermercados, con todos los productos que tradicionalmente tenía en su negocio distribuidos de una manera muy especial llamando así la atención del cliente.

Preguntarle qué había pasado me pareció inapropiado, pero entre murmullo y murmullo, comentario tras comentario, escuche que unos decían que era bueno que este señor no se hubiese quedado esperando ayudas del gobierno, él mismo se creó su propio emprendimiento y se está ahorrando lo del arriendo que le costaba el local.

El que no se juzgará negativamente esta nueva forma de atención y él que se siguiera apoyando, me pareció sumamente valioso. La adaptación de un emprendimiento y la adaptación de ese público creo que permite pensar en lo que podemos llevar a aprender de estos tiempos difíciles.

Una compañera de trabajo siempre decía en época de crisis nos ponemos a llorar o vendemos pañuelos, pero la adaptabilidad permite responder a preguntas como: ¿Por qué unos negocios han prosperado tanto? y que pensamiento debe guiarnos en los años que vienen.

Desde mi punto de vista, se debe pensar y replantear las cosas en positivo y continuar desde la acción construyendo mientras se exige una adecuada atención por parte del gobierno. Y a esta hora no existe argumento válido para que Colombia sea el único país que piense en poner a andar una Reforma Tributaria.

Se necesitan más cerebros conectados con la realidad, y a nosotros nos corresponde pensar más en seguir adelante cuidándonos y pidiéndole a Dios que nos de sabiduría, nos guarde y que su infinita misericordia este siempre con nosotros.

*Socióloga.

Correo: celisabreyes2008@hotmail.com

Twitter: @celisabalaguera

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Importancia del personal idóneo del concurso de méritos

Uno de los componentes determinantes de los concursos de mérito es el equipo de equipo de trabajo relacionado con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud de las actividades de consultoría.

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Por: Camilo Iván Rincón León/ Frente a la modalidad de selección objetiva que demanda el concurso de mérito por regla general se establecen entre otras condiciones definitivas la “descripción de la forma como se puede satisfacer la necesidad con el propósito de atender las necesidades de la entidad contratante”. Con la ejecución del proyecto de consultoría, se plantea una solución integral a las necesidades a contratar.

La elaboración de los análisis, procesamientos y estudios, generaran un esquema de inversiones, proporciona una herramienta fundamental y estratégica de planeación y ejecución de proyectos requeridos para suplir las necesidades de la entidad contratante.

Uno de los componentes determinantes de los concursos de mérito es el equipo de equipo de trabajo relacionado con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. Dentro del contexto de las actividades a desarrollar y teniendo en cuenta la magnitud de las actividades de consultoría.

Dependiendo de la necesidad a contratar, objeto y alcance contractual, la entidad requiere contar con un grupo de profesionales, técnicos, tecnológicos y en general con recurso humano que garanticen el cumplimiento de especificaciones y normas técnicas vigentes, actividades administrativas, legales, contables financieras, ambientales y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones, velando porque éstos se realicen, de la manera que fueron planeados y se alcancen las metas previstas.

Conforme a lo anterior, para la ejecución de las actividades de consultoría, se requiere que el proponente cuente con el siguiente equipo de personal:

Plan de cargas de trabajo: La entidad ha establecido para la ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección, un equipo humano mínimo requerido, con la formación académica, experiencia específica dedicación requerida, para dar cumplimiento tanto en plazo como en calidad el objeto contratado. Conforme a lo anterior, el plan de cargas de cada uno de los proyectos corresponde a:

Funciones y responsabilidades del equipo mínimo requerido: Como puede observarse el factor de evaluación con mayor puntuación dentro del Concurso de Méritos es precisamente la relacionada con el equipo profesional.

Factores de evaluación Con el propósito de realizar los estudios y análisis comparativos de las propuestas y teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, se han adoptado los siguientes criterios para la ponderación de las propuestas:

(…) Experiencia específica adicional puntuable del equipo profesional evaluable. Máximo 590 puntos. Para la valoración de la experiencia específica adicional del equipo profesional evaluable se tomarán como referencia la formación académica adicional a la habilitante, así como los contratos aportados como evaluables y se asignará la puntuación con base a lo establecido para cada caso.

El proceso de selección objetiva del Concurso de Méritos cuando es adjudicado es gracias entre otros aspectos a los siguientes aspectos: Personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, plan de cargas de trabajo, experiencia específica adicional puntuable del equipo profesional evaluable, funciones y responsabilidades del equipo mínimo requerido.

Conforme a las anteriores consideraciones, es importante concluir las siguientes advertencias para el control y vigilancia:

1- El contrato de consultoría está definido en la Ley 80 de 1993 como aquel que tiene por objeto, entre otras actividades, la realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, la asesoría y la dirección, y se caracteriza, en palabras del Consejo de Estado, porque “sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias”.

2- “El pliego de condiciones está definido como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del contrato. Es un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la de ejecución y en la fase final del contrato. Si el proceso licitatorio resulta fundamental para la efectividad del principio de transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, el pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá el correspondiente contrato. Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato. En cuanto a la elaboración del pliego, la Sala ha precisado que la entidad licitante tiene a cuenta suya la carga de claridad y precisión dispuesta, entre otras normas legales, en el artículo 24, numeral 5, literales b, c y e de la Ley 80 de 1993, ya referido, que garantiza la selección transparente y objetiva del contratista”. Nota de Relatoría Consejo de Estado”: Se cita la sentencia 12344 del 3 de mayo de 1999.

3- Consejo de Estado Sección III E-10779 de 2004 «(…) la regla general es que adjudicatario y entidad se sometan a lo dispuesto en el pliego de condiciones, incluso respecto del contenido del contrato que han de celebrar, porque el mismo rige no sólo el procedimiento de selección del contratista, sino también los elementos del contrato que ha de celebrarse. Sin embargo, es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato, se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato, definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se pruebe la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados en favor de la entidad y el adjudicatario. (…)»

*Abogado especialista en derecho administrativo y contratación estatal. 

Twitter: @CamiloRincon_10

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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Sostenibilidad empresarial

Ser sostenible implica, promover relaciones sociales trasparentes y proteger los recursos que han tardado siglos en formarse, una empresa sostenible crea valor económico, ambiental y social, contribuyendo y participando en el crecimiento del bienestar y el progreso de generaciones presentes y futuras al conservar, proteger y preservar la naturaleza y la biodiversidad.

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Por: Martin Camilo Carvajal Cámaro/ Una empresa sostenible genera valores económicos, sociales y medioambientales a corto y largo plazo, contribuyendo en el crecimiento del bienestar y el progreso de las generaciones presentes y futuras, haciendo de su gestión, una acción responsable con los recursos al establecer parámetros de medición respecto a cómo se utilizan sus recursos financieros, humanos y operacionales y cómo se tratan sus recursos tangibles; insumos, materiales y residuos.

La sostenibilidad empresarial permite gestionar recursos y hacerlos más eficientes  para la empresa, sociedad y el ambiente, de esta forma al evaluar y controlar el consumo responsable de insumos como energía eléctrica, agua, gas y papel entre otros, manejar responsablemente sus residuos, generar buenas prácticas ambientales y establecer un contacto permanente con la comunidades, se logra reducir costos y aumentar ingresos, fomentando con este ejercicio el crecimiento económico y la competitividad.

Invertir en tecnologías, implementar prácticas comerciales respetuosas con el ambiente, economizar recursos energéticos, aprovechar los recursos cercanos, implementar principios de economía circular, cumplir con la legislación y evaluar los impactos sociales de la producción y la actividad empresarial debe ser un compromiso serio e inaplazable de los empresarios, con la participación activa de todos sus colaboradores y el apoyo, acompañamiento y seguimiento del Estado.

Las empresas que invierten en tecnologías y prácticas comerciales amigables y respetuosas del ambiente tienen mayores posibilidades de garantizar su permanencia en el mercado y mejorar su posicionamiento.

Ser sostenible implica, promover relaciones sociales trasparentes y proteger los recursos que han tardado siglos en formarse, una empresa sostenible crea valor económico, ambiental y social, contribuyendo y participando en el crecimiento del bienestar y el progreso de generaciones presentes y futuras al conservar, proteger y preservar la naturaleza y la biodiversidad. Las evidentes consecuencias del cambio climático y de la actividad humana en el planeta tierra, necesariamente nos conducen a la toma de medidas que permitan vivir en un entorno lo más saludable posible.

Todo negocio debe tener en cuenta los límites ambientales, pues contaminar y deforestar sin responsabilizarse ya no es un modo válido para crecer, aunque en el ámbito empresarial se consideraban las exigencias de responsabilidad ambiental como gastos, hoy día los empresarios reconocen que con una gestión ambiental responsable en una organización se pueden derivar impactos financieros positivos y crear oportunidades para la organización, las que no se adapten a los constantes cambios que exige el mercado actual para ser competitivo corren el riesgo de desaparecer.

La visión del desarrollo sostenible en las empresas debe ir más allá del cumplimiento  de las regulaciones ambientales y de la implementación de conceptos de producción más limpia, en este sentido, el Estado Colombiano bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales vienen de manera acertada promocionando y ejecutando en todo el país el Plan Nacional de Negocios Verdes, el cual como ellos lo definen, “contempla actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.”

Los Negocios Verdes permiten visibilizar las empresas, abrir mercados nacionales e internacionales, promover patrones de producción y consumo sostenibles, facilitar la toma de decisiones a los consumidores y fomentar una cultura alineada con principios ambientales, sociales y éticos.

*Abogado, Especialista en Gerencia Pública.

Twitter: @martincarvaja65

Facebook: Martin Camilo Carvajal Camaro

(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).

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